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El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.

Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.

Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.

La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).

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Es una barbaridad que el MEF haya recortado en 60% el presupuesto de las escuelas de Bellas Artes, Ballet Nacional, Artes Dramáticas y de Folklore. En casi todas las democracias avanzadas del mundo, el desarrollo de la cultura es promovido por el Estado de manera activa, porque se entiende que contribuye a la densidad cívica y, por ende, al fortalecimiento de las libertades y finalmente de la democracia. Es una inversión ciudadana.

Acabo de estar en Buenos Aires. En esta ocasión visité tres Centros Culturales, el Borges, el Kirchner y el Recoleta, los tres excelentemente curados, con atención digna de cualquier museo privado, limpieza impecable, atención prolija, gratuitos y, por ende, con gran afluencia de público. Y hablamos de un Estado como el argentino que está prácticamente quebrado.

Al gobierno peruano le sobra el dinero. Los ingresos fiscales del 2022 han marcado récord en la historia presupuestal nacional. Y los del 2023 van en la misma línea. ¿Este gobierno no es capaz de entender la valía cívica que contiene invertir en cultura? ¿Nadie, con dos dedos de frente, los asesora? ¿Nunca han salido del país los responsables del despropósito? ¿No ven cómo y cuánto se invierte en cultura en otros países?

La cultura, por cierto, no es políticamente rentable. Por el contrario, las artes en general son contestatarias y su esencia de libertad las lleva, por lo común, a cuestionar el poder y el orden establecido. Eso podría explicar por qué algunos gobiernos sienten la tentación de quitarles financiamiento y subsidios.

Pero en perspectiva global, es un despropósito que afecta, sobre todo, las posibilidades de que peruanos, y particularmente jóvenes, de escasos recursos accedan a una formación cultural de calidad en un ámbito que, a su vez, es comercialmente muy complicado de sostener.

El MEF debe reconsiderar. Ha declarado ante las críticas que eventualmente ello se podría subsanar a mediados de año, pero ya el perjuicio estaría hecho, porque las proyecciones de las entidades culturales afectadas se manejan con un presupuesto inicial y si éste se ve recortado, muchas actividades se recortarán de antemano.

La vida cultural activa de un pueblo requiere soporte estatal. Ya de por sí el presupuesto que la cultura recibe del Estado peruano es paupérrimo. Constatar por ello su recorte solo genera honda irritación y rechazo.

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La jugosa última encuesta del IEP trae consigo una pregunta sobre la Constitución y, aunque de manera indirecta, la mentada Asamblea Constituyente. Preguntada la ciudadanía respecto de qué corresponde hacer frente a la actual Constitución del 93, un mayoritario 47% estima que corresponde hacerle algunos cambios; 34% cambiar a una nueva Constitución (estos serían los que encajarían con la solicitud de una Asamblea); y 14% señala que no se debería cambiar nada.

Pese al inmenso desprestigio del Ejecutivo y del Congreso, percibidos como un pacto derechista, no crece el ánimo antisistema de patear el tablero y tirar la actual Constitución por los suelos, para ingresar a una espiral de refundación social, política y económica.

Datos colaterales interesantes: en el sur, la región más levantisca e izquierdista del país, empatan en 43% quienes quieren algunos cambios y quienes optan por un cambio total. Entre quienes se definen de centro -el conglomerado ideológico mayoritario del país- un significativo 54% opta por hacer algunos cambios y un reducido 29% por cambiar toda la Constitución (entre los izquierdistas, claro está, el 48% pide cambio total y el 39% algunos cambios). Otro dato importante: entre los que desaprueban a Boluarte, la mayoría (46%) opta por solo hacerle algunos cambios y 39% por cambios totales, es decir no se está produciendo un trasvase entre el rechazo al statu quo actual y el espíritu de reforma radical.

Es una buena noticia que la narrativa izquierdista referida a la Asamblea Constituyente, que probablemente llevaría al país, de hacerse efectiva, al despeñadero, no logre predominancia. No son los resultados de esta encuesta, suficiente predictores para considerar que el tema está zanjado y que no retomará bríos definitorios en las elecciones presidenciales venideras, pero de por sí es saludable apreciar que la mayoría del país no se lanza a apoyar propuestas radicales.

Es de esperar que esa masa crítica proestablishment se mantenga y permita que el 2026 (o antes, si se adelantan las elecciones), triunfe una opción de centroderecha, sea liberal o conservadora, que emprenda los cambios que hay que hacer, pero en el sentido correcto que nuestra sociedad requiere y que la historia demanda.

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El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, es un buen mediocampista defensivo. Es serio y va a evitar cometer tropelías o que el populismo nos meta goles en nuestra propia valla. Pero la situación económica del país requiere de alguien que haga pases en profundidad, que juegue verticalmente y finalmente haga goles.

La desconfianza empresarial y la parálisis de las inversiones privadas es de tal envergadura que este o cualquier gobierno que lo suceda va a necesitar varios goles para calentar la tribuna empresarial.

Majes-Siguas, Chavimochic (hay que cargarle la responsabilidad a Alan García de haberles dado vela en estos megaproyectos a los gobiernos regionales), San Gabán, tranquilizar Las Bambas, Tía María (es irracional la oposición al proyecto), por mencionar algunos ejemplos, es lo que se necesita para que el empresariado vuelva a los niveles de apuesta por el futuro pre-Castillo (ni la pandemia golpeó tanto como el nefasto régimen castillista).

En la última encuesta del IEP, se le pregunta a la ciudadanía cuáles son los principales problemas del país y la respuesta no sorprende: primero, la economía (27%); segundo, la corrupción (25%); tercero, la inseguridad/delincuencia (17%).

Se necesita un shock de inversiones privadas, un sacudón capitalista a la vena, para lograr que la economía vuelva a crecer a niveles históricos recientes (por encima de 3% como mínimo), y de esa manera, que se atempere la inflación, aumente el empleo y, sobre todo, se reduzca la pobreza.

Como bien dijo Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía: “si ha estado atento a la información económica, sabrá que el Banco Central (BCR) redujo su pronóstico de crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 2,6% a 2,2% para este año. A primera instancia, pareciera que no fuera gran cosa reducir algo en 0,4%, hasta que recordamos que esto es el equivalente a perder 4.000 millones de soles, o unos 400 soles al año por hogar”.

Aparentemente, es imposible pensar que Dina Boluarte o Alberto Otárola se animen a replantear el tema económico y eventualmente busquen un ministro más generador de seguridad inversora, pero no por ello se debe dejar de insistir en lo relevante: sin recuperación de la confianza y la inversión privada, no hay crecimiento posible.

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Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.

No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.

Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.

Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.

Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.

Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.

No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.

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Según la última encuesta del IEP, la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado su mayor nivel de desaprobación desde que inició su mandato, en diciembre del 2022. En su primera medición, la desaprobaba el 71% de la ciudadanía; hoy la desaprueba el 80%.

Llama la atención la respuesta a la pregunta de si gobierna igual, mejor o peor que Pedro Castillo. Un 51% estima que peor y un 27% que igual; solo el 19% considera que gobierna mejor. Adicionalmente, un 31% considera que en sus primeros seis mese ha sido un gobierno muy malo, y un 36% lo califica de malo.

Hay una grosera desinformación y distorsionada percepción de la gente. Claramente, el régimen de Boluarte es mejor y más eficiente que el desastre colectivo que fue el régimen castillista, donde el Estado fue destruido casi en toda instancia pública, pero ello amerita, en lugar de lamentos, reflexionar sobre los alcances y causas de la percepción pública.

Dos son, a mi juicio, las razones que explican la distancia entre la ciudadanía y el régimen. Uno, la hasta ahora ausente respuesta política y judicial a la muerte de varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la asunción al mando de Dina Boluarte. Eso pesa en la mochila gubernativa y mientras no halla una suficiente explicación, una política de sanciones y de reparaciones, seguirá taponeando cualquier posibilidad de que se genere mayor empatía entre gobierno y ciudadanía.

Dos, la parálisis reformista del régimen, su acusada “vizcarrización”, es decir una política sistemática de anuncios grandilocuentes y cero efectividad posterior respecto de lo anunciado. La mecida como consigna. Solo se salvan dos o tres ministros que sí parecen haberse tomado sus responsabilidades en serio.

Y lo que cabe hacer en tres años de mandato que, en principio le restan a Boluarte, es mucho e importante. Reformas de segunda generación de mercado y promoción de la inversión privada, reformas de la salud y la educación públicas, desmontaje de la fallida regionalización, política masiva de construcción de infraestructura popular, etc., son algunas de las muchas tareas que le corresponderían a cualquier gobierno en un país golpeado por la crisis económica y política como el Perú.

Apostilla: no se puede soslayar, como factor explicativo adicional, que la cercanía del Ejecutivo con el Congreso contribuya a su desprestigio. El Legislativo, según la misma encuesta del IEP, es desaprobado nada menos que por el 91% de ciudadanos y solo aprobado por el 6%.

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Una de las escasísimas reformas que se emprendieron durante el largo periodo de la transición democrática (2000-2016), fue la reforma universitaria, y dentro de ella la creación de la Sunedu, una entidad encargada de supervisar la calidad universitaria y exigir cualificación institucional a aquellas entidades que se habían acostumbrado a ser una fábrica de títulos bamba y carreras sin fundamento.

Por ejemplo, se necesitaba autorización expresa de la Sunedu para gestionar y aprobar la creación de facultades, maestrías y cursos de especialización. Con ello, se buscaba desterrar el engaño terrible a los alumnos que esforzadamente dedicaban su tiempo y su dinero a formarse, cuando, en verdad, no lo hacían y los papeles que obtenían no servían luego para nada en el mercado.

Pues bien, ahora, gracias a la labor punible y cómplice del Legislativo y el Ejecutivo, la Sunedu ha sido desmantelada y minimizada en su rol supervisor, cediendo a las presiones de los conglomerados universitarios. Baste decir que ahora se pueden crear facultades y programas de estudio, a sola cuenta de la universidad, solo informando, con posterioridad, a la Sunedu de ello, en un acto meramente administrativo.

Con el pacto aprobado entre el fujimorismo y el cerronismo, se ha permitido el retorno de los dinosaurios, como bien ha titulado un reciente editorial de La República. Los portavoces del antiguo statu quo, fábricas de dinero fácil, logradas en base al engaño de cientos de miles de estudiantes, han vuelto a sentar sus reales aposentos sobre la dignidad de los jóvenes universitarios.

Las consecuencias van a ser dramáticas. Pronto veremos el festival de títulos sin valor, años desperdiciados de jóvenes pagando matrículas para estudiar carreras sin sustento ni estándares mínimos de calidad, millones embolsicados por traficantes de esperanzas juveniles. En suma, capitalismo salvaje en un mercado que, como el educativo, que además confiere títulos a nombre de la nación, debería estar supervisado y regulado.

Y cuando eso ocurra, habrá que recordarle a Keiko Fujimori, de reciente reaparición, que difícilmente puede hablar de querer ser la representante de una derecha liberal y moderna, cuando sus mastines parlamentarios actúan por el contrario y lo vienen haciendo desde que en el gobierno de Kuczynski, se desembalsaron todos los instintos autoritarios soterrados de la opción ideológica que en verdad representa Fuerza Popular.

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La combinación de una situación política que empieza a alterarse a causa de la distancia paulatina que la derecha está anteponiendo respecto del gobierno (habiendo sido las declaraciones de Keiko Fujimori las más impactantes al respecto) y la débil reacción de los indicadores macroeconómicos (todos los especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para este año), puede poner en riesgo la confiada declaración de la presidenta en el sentido de que su mandato culminará el 2026, “ni un día antes ni un día después”.

Eventual crisis política y mayor empobrecimiento de las clases medias (“el desempeño de la actividad económica obligaría no solo a revisar las cifras de junio, sino también las proyecciones para el segundo trimestre. El PBI crecería 1.3%, lejos de la previsión de 2% de marzo, de acuerdo con el Focus Economics Consensus Forecast de junio. Y, para el 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1.9%”, señala Semana Económica), son el telón de fondo propicio para que cualquier gobierno democrático se tambalee. Y si tomamos en consideración que, en el caso peruano, el Ejecutivo carece de bases parlamentarias, sufre una tremenda desaprobación, los conflictos sociales están a flor de piel y la desconfianza es generalizada, podemos vislumbrar que el camino político de acá a tres años no está necesariamente allanado.

Dina Boluarte tiene que andar con pies de plomo a la hora de arriesgar políticamente o dar declaraciones presuntuosas, pero ser muy ágil y dinámica en cuanto a la administración de la cosa pública. Y bueno, pues, parece que lo está haciendo al revés. Comete groseros dislates verbales y políticos y, a la vez, víctima de lo que hemos considerado su vizcarrización, ha plantado al Estado, salvo en los sectores en los que la calidad particular de los titulares de los pliegos ministeriales rompe con la inercia a la que el Ejecutivo parece encadenado.

No hay forma de que de persistir ese talante, el gobierno no esté libre de un zamaquón callejero o parlamentario que se lo lleve de encuentro. La política peruana es imprevisible, pero sí se puede prever que un gobierno mediocre tiene pocas posibilidades de durar.

La del estribo: notable la puesta en escena de Nací para quererte, el musical, producido por Denisse Dibós, codirigido por Juan Pablo Lostaunau y Tommy Párraga, con la dramaturgia de Mateo Chiarella, y un gran elenco de actores y actrices, además de bailarines, entre los que destacan Paul Martin, el querido Hugo Salazar, Sandra Muente, etc. Va en el Teatro Municipal y solo quedan cuatro funciones, desde hoy hasta el domingo. Entradas en Teleticket.

 

 

 

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Dos grandes desafíos geopolíticos tiene que resolver la Cancillería en el corto y mediano plazo. Hasta el momento, la canciller Ana Gervasi se viene manejando con solvencia y profesionalismo y digitando correctamente ambos ejes de acción, pero es preciso trazar un derrotero que luego sigan los eventuales futuros ministros de Relaciones Exteriores y también los próximos gobiernos.

Uno de ellos, el de corto plazo, es el desafío que plantea la hostilidad manifiesta de los gobiernos de México y Colombia, socios de la Alianza del Pacífico, cuyos mandatarios, Manuel López Obrador y Gustavo Petro, se niegan a reconocer la legitimidad constitucional de Dina Boluarte e insisten en la ilusión de que Pedro Castillo regrese al poder, soslayando el rol corrupto, mediocre y golpista del correctamente encarcelado exmandatario.

Frente a ello, prudencia, mantenimiento de las relaciones comerciales y gestos diplomáticos de protesta reiterados, es lo que corresponde. Como López Obrador y Petro responden a una lógica ideologizada, no van a entrar en razón, pero el Perú debe actuar en función de sus propios intereses sin esperar que reconvengan dos gobernantes insensatos.

A mediano plazo es que se juega la alta diplomacia, y corresponde al lugar que debe ocupar el Perú frente al choque de dos potencias globales como los Estados Unidos y China, ambos con intereses económicos y geopolíticos en América Latina y con mayor agresividad la potencia oriental (aunque ya con mañas punibles como las que acaba de denunciar la ministra de Transportes).

¿Nos toca alinearnos con una de ellas? Todo parece indicar que el Perú debe jugar a mantener una prudente distancia respecto de un conflicto del que no somos parte y frente al que nos conviene guardar la mayor neutralidad posible (tanto los Estados Unidos como China son nuestros principales socios comerciales). Hay mayor cercanía geopolítica con Washington que con Beijing, pero la ascendente potencia económica de China debe llevarnos a una mirada pragmática y centrada en los intereses de Estado del país.

Se espera que el profesionalismo institucional de nuestra Cancillería, probado en reiteradas ocasiones (acuerdo de paz con Ecuador, tratados de libre comercio, fallo de La Haya con Chile, etc.), se mantenga y sepamos dar los pasos pertinentes en función de los intereses nacionales y no de los gobiernos, siempre pasajeros.

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