Mal pronóstico para el país, las libertades políticas y económicas. Las élites son un desastre y conducen al país al descalabro sin que las fuerzas vivas pensantes reaccionen y den la voz de alerta o le pongan un estáte quieto a la morralla que nos impregna. Habrá que esperar un milagro político de acá al 2026, para que el país recupere la cordura y las mayorías silenciosas del Perú se impongan sobre la radicalidad obtusa y el extremismo autoritario.
La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.
Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.
Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.
Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.
Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.
[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).
Sin embargo, al parecer también está en juego la Junta Nacional de Justicia, la presidencia del Tribunal Constitucional y la nueva presidencia del Congreso en julio.
Pero, lo más insólito de todo esto, es que la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuando estaba la votación en 86 votos, cambia su votación en abstención, dándole así la mayoría a la candidatura de Josué Gutiérrez.
¿Qué está pasando en el Congreso para que personas tan disímiles y partidos tan diferentes lleguen a un acuerdo de esta naturaleza?, la realidad es que los congresistas de nuestro país, están de acuerdo en dar reelección a ellos mismos y teniendo mayoría lo pueden lograr.
Urge en nuestro país una nueva generación de políticos que crean en la meritocracia y que defiendan nuestra constitución para que el futuro de todos los peruanos puedan encauzar en un país moderno global en las próximas décadas …
El gobierno, sin embargo, ha guardado cínico silencio al respecto, quizás porque cree que así también se beneficiará del amedrentamiento a quienes lo investigan. Se ha cogido de la mano con la izquierda de Perú Libre, autora del proyecto, y a quien anima, sin duda, un ánimo de revancha respecto del papel e incidencia de los medios de comunicación independientes en la caída de Pedro Castillo.
Ya la democracia peruana está bastante dañada por las tropelías cometidas por la administración anterior, como para ahondar su desmedro. De paso, haría bien este gobierno en mover sus fichas políticas para lograr que la mayoría del Congreso recapacite, se libere del mangoneo de la izquierda autoritaria y no llegue a buen puerto una burda maniobra, denunciable constitucionalmente, en contra de una de las libertades esenciales en el ámbito político.
Si el Congreso no se percata de su descrédito y que es inadmisible, política y socialmente, que haya solo elecciones presidenciales y ellos quedarse hasta el 2026, será el primer y gran responsable de que la crisis social escale al punto de que la demanda principal ya no sea solo que se cierre el Legislativo sino que se convierta en protagónica una demanda que hoy aún es marginal, como es el pedido de una Asamblea Constituyente.
En momentos como éste, las reacciones deben ser rápidas. Corresponde que esta semana el Parlamento tome cartas en el asunto y apruebe la iniciativa presidencial, sumando esfuerzos para que se aplaque la protesta social y dejar sin piso a los azuzadores radicales que quieren ganar espacio político en esta crisis para capitalizar luego electoralmente la situación. Un Congreso miope y terco solo hará que la perspectiva del país se vaya en picada.
La represión sola- sin embargo- no solucionará esta crisis, o lo haría aun costo altísimo de vidas peruanas. Si Dina Boluarte decidió asumir las riendas del gobierno, tiene que hacerse cargo de lo que ha heredado. Es su responsabilidad establecer un dialogo urgente con los gobiernos regionales, organizaciones civiles, sindicatos, entre otros, y restablecer el orden. El Ejecutivo ha actuado tarde y pasivamente: debió dar una respuesta inmediata al primer brote de protesta, pero lo dejó crecer.
Podemos estar o no de acuerdo con quienes protestan y con el pedido generalizado de adelanto de elecciones, pero la realidad es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados mirando como el país arde. No nos habrá llegado a nosotros aún el desastre, pero si no se hace nada, pronto lo hará.
El Perú tiene 2 caminos: sumirse en la anarquía, o hacer valer el Estado de derecho, apelando primero al dialogo. El ejecutivo tiene el deber de liderar con mensajes claros esta transición. El Congreso tiene en sus manos demostrar que no está de espaldas a la crisis, y aprobar el proyecto de adelanto de elecciones, así como plantear cuales son las principales reformas que se debatirán que justifican que estas sean en el 2024.
No más violencia. No más muertos. La gran mayoría de peruanos queremos paz.
Seguiremos en lo mismo, lamentablemente, con un Ejecutivo y un Congreso torpes y mediocres, sin ninguna reforma importante en curso, sin ninguna política pública decente, con una degradación irreversible de la atmósfera política y una parálisis económica segura (Castillo, según frase del economista Elmer Cuba, es el equivalente a un fenómeno del Niño para la economía nacional).
Y lo preocupante, no nos cansaremos de decirlo, es que ese escenario construye los cimientos psicosociales necesarios para que surja y crezca una opción disruptiva y antiestablishment una vez más en los próximos comicios electorales. Y mientras el centro y la derecha andan dormidos creyendo que la campaña debe empezar pocos meses antes de la elección, Antauro Humala ya recorre el país de palmo a palmo y se despliega en medios de comunicación regionales, que son los que en el Perú, fuera de Lima, realmente inciden e influyen. Ese es el peligro mayor que la mediocridad vigente incuba.
Hoy, que el gobierno parece empecinado en ahondar la crisis y llevarlo a niveles terminales, es hora de que el Legislativo haga política en serio, que la cosa no está para tafetanes ni para aguas tibias. Se viene, según todos los indicios (salvo que Palacio esté jugando con una irresponsabilidad de polendas con el tema, solo para atarantar al Legislativo), un golpe de Estado perpetrado por Castillo, y el mayor poder democrático de contención radica en el Parlamento. Es tiempo difícil y recio, pero es allí cuando se ve la templanza y entereza moral de quienes están en el momento justo en el lugar debido. Ese es el preciso sitio en donde están ahora sentados los congresistas electos por el pueblo.
Le ocurriría probablemente lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso adverso, que efectivamente lo quería vacar, para terminar siendo vacado por el nuevo Legislativo convocado por elecciones ad hoc (aunque, claro, Vizcarra cometió el grueso error de no presentar lista congresal, quedando inerme frente al poder de la plaza Bolívar).
La pataleta anticonstitucional del premier Aníbal Torres está conduciendo al presidente al abismo político, a una situación de zozobra mayor (¿alguien, por ejemplo, va a invertir si disuelve el Congreso y convoca nuevas elecciones parlamentarias?) y a un riesgo que no figuraba en su horizonte político real (acabar su mandato antes del 2026).
Porque es claro que, tal como están dadas las cosas, Castillo va a culminar su mandato. No hay ni los votos ni la intención real de la oposición congresal de sacarlo de Palacio y correr el riesgo de anticipar elecciones generales. La lógica tácita es que se queden todos.
Pero si Castillo patea el tablero, disuelve inconstitucionalmente el Congreso y convoca nuevas elecciones, abre una caja de Pandora, que lo más probable es que termine por hacer realidad su temor de ser expectorado de Palacio antes del plazo original de su mandato.
