La salida de Pedro Castillo fue Constitucional y justificada. El presidente intentó dar un golpe de estado, y merece ir preso por eso. Las cosas son así y más nada, a pesar de que ahora la izquierda busque relativizar lo indefendible.
El orden Constitucional se respetó: Dina Boluarte perteneció al partido ganador de las elecciones, quienes votaron por Castillo votaron por una plancha que la incluía a ella, y ha asumido como indica la Constitución. No hay nada ilegal en ello.
Sin embargo, la salida de Castillo ha desatado una crisis, nos parezca justificada o no. Y aunque por ahora en Lima no nos afecte y sigamos pensando en la navidad, de no atenderse, escalará. Ya tenemos 7 peruanos muertos, bloqueadas las principales vías del país, además de actos de violencia vandálica contra la propiedad privada y más de 20 policías heridos.
Como siempre, la mirada sobre las movilizaciones ciudadanas es totalmente miope y polarizada: hay quienes han tildado a absolutamente todos los protestantes de “terrucos”, sin reconocer que para muchos Pedro Castillo sí era un líder representativo, al cual se trató de sacar desde el primer día. En este momento se movilizan en Cusco grupos estudiantes, movimientos ciudadanos, organizaciones sociales, entre otros grupos, mayormente de forma pacífica.
Pero, por otro lado, lo que se ha visto ayer ha sido una película de terror. Secuestro de policías, toma de un aeropuerto, incendios en instituciones públicas y empresas privadas, saqueos, entre otros actos vandálicos. En muchas zonas, las protestas sí vienen siendo violentas, y esto es repudiable y amerita que las fuerzas del orden utilicen todo el peso de la ley, y esto no vulnera en el derecho a la protesta.
La represión sola- sin embargo- no solucionará esta crisis, o lo haría aun costo altísimo de vidas peruanas. Si Dina Boluarte decidió asumir las riendas del gobierno, tiene que hacerse cargo de lo que ha heredado. Es su responsabilidad establecer un dialogo urgente con los gobiernos regionales, organizaciones civiles, sindicatos, entre otros, y restablecer el orden. El Ejecutivo ha actuado tarde y pasivamente: debió dar una respuesta inmediata al primer brote de protesta, pero lo dejó crecer.
Podemos estar o no de acuerdo con quienes protestan y con el pedido generalizado de adelanto de elecciones, pero la realidad es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados mirando como el país arde. No nos habrá llegado a nosotros aún el desastre, pero si no se hace nada, pronto lo hará.
El Perú tiene 2 caminos: sumirse en la anarquía, o hacer valer el Estado de derecho, apelando primero al dialogo. El ejecutivo tiene el deber de liderar con mensajes claros esta transición. El Congreso tiene en sus manos demostrar que no está de espaldas a la crisis, y aprobar el proyecto de adelanto de elecciones, así como plantear cuales son las principales reformas que se debatirán que justifican que estas sean en el 2024.
No más violencia. No más muertos. La gran mayoría de peruanos queremos paz.
