[La columna deca(n)dente] En un acto de flagrante desvergüenza, el ministro de Educación, Morgan Quero, pronunció una declaración que atenta contra los principios fundamentales de un Estado democrático y refleja la naturaleza autoritaria del gobierno de Dina Boluarte: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Con estas palabras, Quero intentó justificar la ejecución extrajudicial de 49 ciudadanos a manos de las fuerzas del orden, despojándolos de su dignidad y presentándolos como enemigos a eliminar.
Esta afirmación no solo refleja un profundo desprecio por la vida humana, sino que también busca legitimar el uso de la violencia por parte del Estado, un patrón característico de los regímenes autoritarios. En un país que aspira a respetar los derechos humanos, un alto funcionario público debería ser un defensor inquebrantable de la dignidad y el respeto hacia todos los ciudadanos sin distinción. Sin embargo, al recurrir a un lenguaje deshumanizador, Quero se posiciona como un apologista del abuso de poder, alimentando un discurso que justifica la impunidad y perpetúa la violencia institucionalizada.
La historia ha demostrado que las palabras tienen consecuencias, especialmente cuando provienen de quienes ejercen el poder. Al calificar de “ratas” a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Quero recurre a una retórica que despoja a las personas de su humanidad, creando un contexto en el que la eliminación de “los otros” parece legítima. Este tipo de discurso desvía la atención de las responsabilidades legales y morales del Estado, presentando las víctimas como prescindibles y, por ende, justificando su exterminio. Esta estrategia de deshumanización tiene un paralelismo directo con la utilizada por regímenes totalitarios del siglo XX, como los de Pinochet y Videla, quienes emplearon discursos similares para trivializar masacres, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Las palabras de Quero no deben quedar impunes. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones y los partidos políticos democráticos condenen enérgicamente estas declaraciones. Asimismo, es necesario que los organismos internacionales de derechos humanos presten atención a este caso, el cual refleja una alarmante deriva autoritaria del gobierno de Boluarte. En este sentido, deben activarse mecanismos de rendición de cuentas, incluyendo la exigencia de disculpas públicas por parte de Quero y la implementación de sanciones por las instituciones correspondientes.
Los derechos humanos son universales, sin excepciones ni condicionamientos. Cuando un ministro de Educación justifica la exclusión de ciertos grupos de estos derechos, no solo atenta contra las víctimas de hoy, sino que pone en peligro los principios democráticos que deberían protegernos a todos en el futuro. Si dejamos que este tipo de discursos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un futuro en el que la violencia estatal sea vista como una herramienta legítima de control social.
