ex ministro Gallardo

Se hizo una el Congreso de la República al censurar al inefable e incompetente ministro de Educación, Carlos Gallardo. Como habíamos señalado en anteriores columnas no era admisible que el Legislativo se abocara, entusiasta, a buscar la vacancia del Presidente y no haya sido capaz, en más de 130 días, de haber siquiera censurado a uno de los tanto ministros impresentables que este gabinete alberga.

En el caso de Gallardo, se trataba de un ministro comprometido con la reversión de la reforma magisterial y universitaria, sospechoso de haber filtrado la prueba docente de manera corrupta, ligado a un sindicato como el Fenatep, de filiación filosenderista, empeñado exclusivamente en destruir el tejido sindical del Sutep antes que en desvelarse, por ejemplo, por el reinicio de las clases presenciales. Muy bien censurado. Más bien, lo criticable es que no se haya hecho mucho antes.

La lista de próximos censurados cae por su propio peso. Juan Silva, ministro de Transportes, entre otros, resalta por su incapacidad y por su manejo sinuoso del portafolio. Ha destruido lo poco que se había avanzado en materia de reforma del transporte, entregándole cuotas de poder a las mafias del transporte informal, orondo e impune.

Eduardo Gonzáles, ministro de Energía y Minas, cómplice de la destrucción de la actividad minera que este gobierno está dejando que se produzca, ausente, cuasi responsable delictivo. El propio ministro ha llegado a hacer declaraciones contemplativas con los autores de los desmanes violentos que ya han paralizado varios proyectos mineros (ayer nomás han incendiado las instalaciones de la mina Anabi, en Chumbivilcas, Cusco).

El propio ministro del Interior, Avelino Guillén, merece, al menos, una interpelación. ¿Cómo es posible que las fuerzas policiales no intervengan en el levantamiento de los ilícitos y extorsivos bloqueos de carreteras, o que no actúen respecto de los ataques a la propiedad privada que hemos visto en varios campamentos mineros, sin que se haya producido siquiera una acción de custodia o de investigación posterior? La policía, al parecer por órdenes del ministro, ha decidido no actuar.

¿El Congreso quiere recuperar sus fueros y su legitimidad? Que acentúe su labor de fiscalización de un Ejecutivo que no da la talla. Eso no es obstruccionismo. Por el contrario, al hacerlo, el Parlamento colabora con la escasa gobernabilidad que un Presidente tan mediocre como Pedro Castillo despliega.

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