Además, los participantes podrán comprender mejor cómo adaptarse y cumplir con las nuevas regulaciones existentes, así como identificar nuevas formas de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en sus organizaciones.
El XII Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio en el Swissotel de San Isidro. Más información contactando a: eventos@asbanc.com.pe
Nuevos involucrados
Sin embargo, la nueva información que se ha conocido sobre este caso también presenta a nuevos involucrados. Uno de ellos es Cristopher Leonel Urbina Bazán, quien es señalado como socio de Alex Jackson Morales Cahuana en la empresa Chemical Advances Corp Perú que registra una deuda con Sunat por cincuenta mil soles y que, además, constituyó la empresa Crizafer en el año 2015.
Al igual que las otras empresas involucradas, Importadora y Comercializadora Crizafer y Chemical Advances Corp Perú se han dedicado a las importaciones y ambas han tenido a Urbina Bazán como registrado en el puesto de gerente general.
El escenario inusual en que se han desempeñado las empresas en cuestión ha llevado a que, desde el 18 de agosto del 2022, la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos de Lima aborde el caso y se inicie una investigación preliminar al considerar como operaciones inusuales las importaciones de los involucrados.
Además, los informes del caso han llevado a que se solicite la resolución fiscal que permita recoger información sobre las personas y empresas involucradas. Con ello se contaría con la colaboración de los datos que puede brindar Sunarp, la Dirección de Migraciones, Sunat, Digemid e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS y AFP’s.
Alex Jackson Morales Cahuana, Smith Morales Cahuana, Jacqueline Salinas Meléndez y Cristopher Leonel Urbina Bazán son los involucrados por el momento. Sin embargo, las autoridades todavía se encuentran atentos a identificar otras personas que, según lo que sospechan, habrían colaborado con ellos para insertar bienes y capital de origen desconocido al sistema financiero.
Con el material existente, los encargados de las investigaciones parecen encontrarse convencidos de la existencia de un importante caso de lavado de activos y ahora dependerá de los involucrados mostrar las pruebas que puedan demostrar que las inusuales operaciones que han registrado sus empresas se deben a su astucia en el mundo de los negocios y no a su participación en algún tipo de actividad ilícita.
PRECIOS SOSPECHOSOS
Pero, además de estos extraños incrementos de capital, los montos manejados por estas empresas en las importaciones realizadas también han sido motivo de sorpresa para las autoridades que sospechan de un caso de lavado de activos. Tras haber iniciado operaciones con presupuestos austeros, las empresas de Morales Cahuana han registrado números inusuales a lo que se esperaría en el mercado.
Aunque sin duda otro de los factores que hoy ponen a estas personas bajo la lupa es el monto por el que venden los productos importados y que especialistas del sector califican como precios lo suficientemente bajos como para que la empresa no pueda justificar el buen momento económico que en los últimos años les ha permitido incrementar notablemente su capital e importaciones.
La investigación preliminar hace mención a un presunto caso de lavado de activos además de presuntos actos de conversión, tenencia, ocultamiento y transferencia de bienes y capital en agravio del Estado. Ante este panorama, Alex Jackson Morales Cahuana y sus socios deberán demostrar cómo lograron este milagro económico que hoy tiene a sus empresas manejando cifras tan inusuales para el mercado farmacéutico.
Enrique Ocrospoma Pella es investigado por presunto lavado de activos desde julio del año pasado. Un informe policial enviado al Ministerio Público indica que el exalcalde de Jesús María habría diseñado una estrategia para desviar dinero de ese municipio, originado mediante corrupción, con el que luego compró una serie de propiedades. A partir de dicho documento, la Fiscalía decidió iniciar la pesquisa.
Pese a ello, hoy Ocrospoma pretende regresar a la alcaldía de Jesús María con Avanza País. Hace tres semanas, la página de Facebook de ese partido publicó una foto donde se le ve junto a otros políticos que asumirán candidaturas municipales. Entre ellos están Carlos Bruce (Surco), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Luis Molina (Lima Metropolitana). «Reunión avancista para afinar los próximos eventos partidarios», dice la leyenda de la imagen.
El fiscal que dispuso abrir la investigación preliminar a Ocrospoma es Richard Rojas Gómez, quien también está a cargo de la carpeta sobre los aportes de campaña de Perú Libre. Para el fiscal, el caso de Ocrospoma es complejo y corresponde que sea investigado por ocho meses. Este plazo finalizará en marzo, que es cuando decidirá si formaliza la indagación o la archiva.
Esta no es la primera vez que el exalcalde está metido en líos judiciales. En el 2014 afrontó un juicio tras haber sido acusado de peculado doloso por hechos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, la Fiscalía decidió apartarlo de la acusación y el Poder Judicial aceptó el pedido.
Sudaca revisó la disposición fiscal, emitida el 5 de julio del 2021, con la que se da inicio al caso. Esta dice que, cuando estuvo en la municipalidad de Jesús María, en los periodos 2007-2010 y 2011-2014, Enrique Ocrospoma habría diseñado una estrategia ilícita con la finalidad de desviar dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor total de US$400.000 y S/300.000. Según la información policial, estos montos «no se condicen con sus ingresos durante [ambos] periodos de su gestión como alcalde», que alcanzaron apenas «un total de S/374.400».
En el caso también aparece implicada Rossana Montero Cancino, esposa de Ocrospoma, de quien se presume habría adquirido inmuebles para «facilitar el traspaso e insertación de los activos de capital ilícito en el sector empresarial y/o económico formal, con el fin de eliminarse toda fuente de procedencia ilícita de tales activos». Es decir, lavar el dinero.
La Fiscalía sostiene que ella es propietaria -junto con Ocrospoma- del inmueble ubicado en la Calle Islas Alautianas N°397-399, La Portada de la Planicie-La Molina, el mismo que fue comprado por US$400.000 y luego transferido en anticipo de herencia a sus dos hijos en el 2011.
En el esquema que plantea el fiscal Rojas aparecen tres personas jurídicas (Raggazzi EIRL, Instituto Seguridad y Convivencia, y Milec Servicios Educativos SAC) que habrían sido creadas para darle la apariencia de legalidad a la plata. Según los documentos, se trata de «empresas presuntamente constituidas con el fin de dar un aparente origen lícito al dinero proveniente de actividades ilegales (corrupción de funcionarios) con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, todos adquiridos durante el periodo ejercido ejercido como burgomaestre en el distrito de Jesús María».
La Fiscalía dice también que, en general, el modus operandi en el delito de lavado de activos tiene como punto de partida la creación de empresas, supuestamente formales, que puedan efectuar rápidamente la conversión o transferencia de los activos ilícitos.
La investigación fiscal tiene su origen en el informe policial N 115-2021-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-DMINA, remitido por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado.
El informe policial señala que como alcalde de Jesús María, Ocrospoma recibió un ingreso mensual de S/7.800, lo que significa que durante todo su periodo le depositaron un total de apenas S/374.400. Eso «no le habría permitido la adquisición de bienes por un monto de US$400.000,00 y S/300.000,00», apuntan.
Además, dicen que Ocrospoma habría formado las empresas ya mencionadas para usarlas como fachada en la adquisición de propiedades. La Fiscalía considera que, ante todos los indicios, «resulta importante investigar si la constitución de dichas empresas guardan relación con el dinero maculado apropiado por el investigado proveniente del delito de corrupción de funcionarios, y perteneciente a la comuna de Jesús María».
La Policía informó que, en total, habrían sido 14 los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el presunto desvío de dinero.
Y la misma institución también recordó que Enrique Ocrospoma y su esposa ya han sido investigados por presunto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de concusión, por la 54° Fiscalía Provincial Penal de Lima.
En el 2018, Ocrospoma postuló sin éxito la alcaldía de Lima, por el partido Perú Nación. Su historial partidario incluye a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional y Somos Perú. Sudaca se comunicó con él para que brinde su descargo. Sin embargo, al ser consultado por la investigación fiscal, cortó nuestra llamada indicando que se encontraba en una reunión de trabajo. No volvió a contestar nuestros mensajes.
