El «yo no fui, fue teté» entre la Marina y Repsol por el derrame de petróleo. La empresa dice que no se considera responsable. ¿Y cuándo una elección al TC bien hecha?
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Lima – Perú
Backus, hoy propiedad de la transnacional belga AB InBev, se acaba de ahorrar S/340.372,74 por el agua subterránea que usó en junio del 2012. El mes pasado, con los votos de Augusto Ferrero, Manuel Miranda y Ernesto Blume, el Tribunal Constitucional le dio la razón a la cervecera más grande del país en un largo proceso contra Sedapal. Dicho fallo, sin embargo, no quedará acotado solo a un mes. La compañía empleó el mismo criterio legal para cuestionar los pagos durante un periodo mucho más largo: del 2010 al 2015.
Según Sedapal, la controversia se saldó recién en agosto del 2015, cuando entró en vigencia un decreto legislativo que zanjaba años de discusiones sobre el tema. En total, entonces, ¿cuánto le ganaría la cervecera a las arcas públicas desde el 2010 hasta la aparición de aquella norma?
Sedapal no respondió esta pregunta. Pero un cálculo rápido nos ayuda a ponerlo en perspectiva: si ampliamos la cifra perdonada de junio del 2012, Backus se ahorraría aproximadamente S/20 millones por agua subterránea en esos años. De hecho, desde Sedapal señalan que, del 2015 en adelante, la cervecera desembolsa S/6 millones anuales por dicho recurso.
¿Los cinco años anteriores? El agua usada por Backus podría ser gratuita gracias al TC. En un país como el Perú, donde hay más de 7 millones de ciudadanos sin agua potable, según cifras del INEI, eso no es poca cosa.
“Se acumula el agua en tan pocas manos, que tenemos que despojar a una población de este recurso. Se prioriza dar agua para fines comerciales cuando hay otras comunidades más pequeñas que necesitan abastecerse de agua”, critica el ingeniero Juan Víctor Béjar Saya, especialista en temas hídricos e investigador en gestión social del agua. A continuación, la historia.
En la asociación de vivienda La Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, los vecinos no tienen agua potable. Para que el comedor popular de la zona pueda abastecerse del líquido y ayudar a las 45 familias que la conforman, deben comprar el agua a los ‘aguateros’.
Antes de la pandemia, cada tanque de 1.100 litros les costaba S/25. Duraba tres días. Ahora les están dando el agua gratis, pero solo hasta que termine diciembre. Ya les han avisado que a partir del próximo año volverán a pagar por un recurso que, muchas veces, no es apto para el consumo. «El agua no viene tan limpia, a veces encontramos pajitas o restos de pintura seca”, se queja una de las vecinas.
En el extremo opuesto de la capital, las 40 familias que viven en el centro poblado “Shalom Maná”, a la espalda del penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, son otro ejemplo de precariedad. Todos los jueves, se turnan desde la madrugada para recolectar el agua de un caño público que está instalado en una comunidad vecina. Cada familia paga S/25 mensuales, pero a veces no logran abastecerse lo suficiente.
“En total somos ocho comunidades que no tenemos agua y a veces con lo que recolectamos en nuestra agrupación no nos damos abasto para la semana”, cuenta Ninan Gamonal, presidenta de la olla común de Shalom Maná.
Sudaca hizo un cálculo teniendo en cuenta la capacidad de los tanques y las semanas de consumo. El resultado es que cada familia (de dos miembros a más) tiene que conformarse con 8,8 m³ de agua al mes, en el mejor de los casos. En el peor, solo pueden recolectar la mitad de esa cifra. Según el INEI, en Lima el promedio de consumo para una sola persona es de 7,5 m³ mensuales.
Nada de esto se compara con los más de 263.000 m³ del subsuelo peruano que Backus usó solo en junio del 2012 para elaborar gaseosas, cervezas y aguas embotelladas. Sedapal emitió seis resoluciones para que la empresa pague por haber usado aquel recurso, pero la hoy subsidiaria de AB InBev llevó el caso ante el Tribunal Fiscal (un organismo del Ministerio de Economía que es la última instancia administrativa para decidir la validez de cobros tributarios y multas).
El argumento de Backus fue que había precedentes de que esos cobros eran inconstitucionales. La compañía reconoce a Sudaca que, así como la de junio del 2012, impugnó las resoluciones de Sedapal entre el 2010 y el 2015.
¿Por qué Backus argumentó la inconstitucionalidad de aquel cobro? En sencillo: la controversia gira en torno a si el agua subterránea se debe pagar como un tributo o como una retribución económica por el uso del recurso natural. La cervecera se ha beneficiado de la inconstitucionalidad de la primera interpretación.
Para calcular la tarifa por el agua subterránea, Sedapal se basó en un decreto supremo -el cual regula a un decreto legislativo- que dio pie a interpretar que el dichoso cobro era un tributo. Y según anteriores sentencias del Tribunal Constitucional (a favor de Gloria, el Jockey Club y la Compañía Inmobiliaria los Constructores), cobrar por el uso del agua en calidad de tributo era inconstitucional porque ello debía estar explícito en el decreto legislativo y no regulado solo en un decreto supremo.
Tomando en cuenta los fallos previos del TC, en diciembre de 2012 el Tribunal Fiscal le dio la razón a la cervecera. ¿Qué implicancias tuvo esto? Que se deje sin efecto la cobranza de los más de S/340.000 que Sedapal le requirió para junio de ese año.
Desde entonces, Backus y Sedapal se enfrascaron en una batalla judicial que ha durado casi 10 años. La cervecera, de hecho, perdió en la vía judicial. El 2017, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema emitió una sentencia en la que señaló que, más allá de la discusión de si el pago por el uso del agua subterránea es o no un tributo, “Sedapal está autorizado por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural”.
Luego de que el Poder Judicial le diera la razón a Sedapal, la cervecera no se quedó de brazos cruzados. Tras las apelaciones de rigor, en septiembre de este año llevó el caso hasta el TC.
En noviembre de este año, con los votos de Ferrero, Miranda y Blume, el TC resolvió anular la sentencia del Poder Judicial. Marianella Ledesma y Eloy Espinoza-Saldaña, por su parte, votaron para que la demanda interpuesta por Backus sea declarada improcedente.
El principal argumento de Ledesma fue que los jueces que vieron el caso sí revisaron lo establecido anteriormente por el TC y que, al mismo tiempo, explicaron adecuadamente sus razones para que Backus asuma “el costo del aprovechamiento del recurso natural”.
Espinosa-Saldaña sostuvo, a su vez, que el Poder Judicial era competente para resolver estos temas y que en el caso de Backus no correspondía aplicar el mismo criterio que las anteriores sentencias. Además, advirtió que el voto mayoritario de los otros tribunos traería repercusiones con casos similares que tuviesen que ver con el pago de la tarifa del agua subterránea. En otras palabras, marcaría un mal precedente. En el caso de Backus, favorecería al resto de sus impugnaciones del periodo 2010-2015.
“Ha habido todo un debate sobre este tema. Muchas empresas han llevado a juicio a Sedapal para no pagar, porque ha habido vacíos legales que se los permitieron. Normalmente sí se debe pagar por esto”, dice Aldo Cárdenas Panduro, especialista en recursos hídricos y exconsultor de la Autoridad Nacional del Agua.
De hecho, aunque el problema de la constitucionalidad del cobro se zanjó en el 2015 gracias al nuevo decreto legislativo que regula el uso del recurso subterráneo, varios casos anteriores a este año siguen en disputa, según dijo a Sudaca Francisco Dumler Cuya, presidente del directorio de Sedapal.
Consultada por Sudaca, Backus respondió que no es correcto hablar de montos impagos porque en el 2009 «el Tribunal Constitucional determinó que los cobros eran ilegítimos e inconstitucionales”. Además, recalcó que lo que hizo ahora el TC fue reafirmar su posición de que “Sedapal no puede cobrar tarifas como tributo por uso de agua subterránea, puesto que el Decreto Legislativo 148 y su Reglamento [el Decreto Supremo No. 008-82-VI] en el que se basaba es inconstitucional”.
Agregaron que, a la fecha, seguirán realizando “los pagos que por derecho de uso de aguas subterráneas le corresponde”.
“Normalmente no se prioriza el agua para uso poblacional. Eso se puede ver en la construcción de las ciudades, zonas donde no llega el agua potable y son alimentadas por cisternas o tienen que abastecerse ellos mismos. Hay una problemática en el acceso equitativo al agua”, dice el ingeniero Béjar Saya, experto en la gestión social del agua.
Cárdenas Panduro, exconsultor de la ANA, explica que aproximadamente el 20% del total del agua poblacional de Lima viene del subsuelo. Y si es que hubiese escasez de agua superficial –aquellas que se encuentra en ríos, lagos, estanques–, el porcentaje de agua subterránea para uso poblacional aumentaría hasta un 60%.
“Por eso es importante cuidarla y regular su uso, porque el agua subterránea es la próxima fuente de reserva de agua natural si es que se acaba el agua superficial”, sostiene Cárdenas.
Pero la explotación de este recurso natural no solo tiene implicancias en el acceso desigual del agua, sino que la sostenibilidad de los ecosistemas también está en riesgo. “Si yo extraigo el agua de un lado, estoy quitando agua a otro lugar”, explica Béjar. Y en esa lucha por el agua, hay claros vencedores y vencidos.
Para la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, sería interesante que los nuevos magistrados evalúen el concepto de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial, ya que esta figura no está orientada a sancionar delitos.
Ledesma también resaltó que un cambio de constitución es un proceso complejo, por lo que podrían ajustarse algunos puntos en la carta magna sin hacer un cambio total. Además, resaltó que los pensamientos radicales de izquierda y derecha son peligrosos, por lo que es importante que los nuevos magistrados sean personas capaces de apartarse de sus pasiones y tener mucho raciocinio y sabiduría.
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Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 61.
Hoy vence el plazo de tachas para los postulantes al Tribunal Constitucional, y el ex presidente de la institución – Víctor García Toma – indicó que la labor de esta entidad se ha dimensionado más debido a la estructuración del Congreso.
Además explicó que la elección es importante porque este grupo de magistrados tiene el mandato vencido y sus opiniones están divididas ya que al analizar las sentencias no se muestran elementos argumentativos del por qué de sus decisiones.
También conversamos con el abogado laboralista Ricardo Herrera sobre el régimen CAS. El especialista indicó que, hasta el momento con el fallo del TC, estos trabajadores pasarían a plazo indefinido pero no a la planilla del Estado.
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El régimen va a insistir con la Asamblea Constituyente. Si no es por angas será por mangas. Ya lo ha dicho el factótum partidario del gobierno, Vladimir Cerrón: se intentará, primero, por el Congreso, mediante una propuesta de reforma del artículo 206; si no prospera, Perú Libre ya junta firmas con la pretensión de que el Ejecutivo convoque directamente a un referéndum que instale la Asamblea referida.
Lo cierto es que el segundo camino es inviable. La inmensa mayoría de constitucionalistas señala que el artículo 206 es taxativo y que “toda” reforma constitucional requiere dos legislaturas de 87 votos o una de 66 que dé pase luego a un referéndum validatorio. Así se junten diez millones de firmas. No hay otra. Y si Castillo, estimulado por Cerrón, se atreve a convocar de facto un referéndum sin pasar por el Congreso lo más probable es que, previo recurso, el Tribunal Constitucional lo rechace, o que, por ese acto, se abra el camino de la vacancia por incapacidad moral.
El gran problema, sin embargo, es que en medio ya de una situación de incertidumbre de la inversión privada -motor de la economía nacional, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza-, ésta se hallará ahora en mayor suspenso a la espera de ver qué rumbo político-legal tomará el gobierno.
Una posibilidad que se abría es de que conviviera una fraseología populista radical con un gobierno económicamente tecnocrático (Francke-Velarde) que, mal que bien, asegurase estabilidad macroeconómica y algún resquicio para animarse a relanzar proyectos de inversión de toda magnitud. Sería un gobierno mediocre, por la medianía del aspecto político, pero siquiera albergaría la posibilidad de seguir manteniendo en movimiento esa espiral virtuosa de la inversión privada.
Pero la advertencia política de Cerrón, de querer llevar a cabo a toda costa la Constituyente (no hacerlo sería, en sus palabras humalizar o caviarizar a Castillo), penderá como una espada de Damocles sobre la sociedad inversora conformada por millones de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Peor aun si se tiene en cuenta la naturaleza corporativista de la Asamblea que Castillo y Cerrón pretenden instalar, conformada solo en parte por el voto directo de la ciudadanía (lo que de por sí también ameritaría un recurso de inconstitucionalidad).
En mala hora el país votó por quienes aseguran una mezcla explosiva de impericia e improvisación, con rigidez ideológica y prejuicios políticos. En el mejor de los casos, nos esperan cinco años de zozobra política, parálisis económica y probable convulsión social.
Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.
En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.
El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.
“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.
Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.
Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.
Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.
Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.
Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.
Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.
“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.
Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.
La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.
El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.
Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.
El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.
Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.
“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC.
Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.
Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.
Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.
Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.
Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja.
Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».
El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso.
“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.
Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.
Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.
Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo.
Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.
Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.
Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.
Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.
*Fotoportada por Leyla López
¿En qué momento decidió solicitar la medida cautelar?
Yo estaba viendo cómo se desarrollaba el proceso. Lo último que supe es que en noviembre del 2020 los mismos grupos políticos hicieron un mea culpa. pidieron desactivar esta comisión y dijeron que sea el nuevo Parlamento el que elija el nuevo Tribunal Constitucional (TC). Pero de un momento a otro, de manera sospechosa, continuaron con el concurso. Luego veo que no publican los fundamentos del puntaje y, esto sí es algo subjetivo, me puse a analizar: ¿por qué tanta desesperación en una cuarta legislatura que para mí es ilegal? Yo tengo una tesis: estos señores han querido capturar el TC para buscar la impunidad de sus líderes políticos. No olvidemos que toda detención se puede librar con un habeas corpus y en última instancia resuelve el TC. No olvide el peligro de que un Congreso sea cerrado y un presidente sea vacado. Entonces dije: de repente quieren capturar el TC para que las leyes que emita el nuevo gobierno sean obstruidas por acciones de inconstitucionalidad en el Parlamento. Y vienen preguntas que eran sospechosas: por ejemplo, un congresista le pregunta a un candidato qué pensaba sobre la disolución del Congreso.
¿Piensa entonces que hay un plan desde el Congreso para blindarse de un gobierno de Castillo y, más bien, mellar sus poderes?
Yo lo que pensé es una tesis, no estoy afirmando: que quisieron capturar el TC para convertirlo en un caballo de Troya y destruir la democracia en el Perú. Uno: buscar impunidad para sus líderes políticos; y dos: que en caso de que un presidente llegue al poder, presentar acciones de inconstitucionalidad sobre leyes o una vacancia por incapacidad moral. El TC es un bastión que pudo haber tomado el fujimorismo con sus aliados políticos. No olvidemos que en un momento el Consejo Nacional de la Magistratura fue tomado; que el Ministerio Público, con Pedro Chávarry, fue tomado; que el Poder Judicial, con César Hinostroza, fue tomado; y que en el Parlamento había 73 congresistas de Fuerza Popular. También estuvo tomado. Y me animo a decir que el propio Colegio de Abogados de Lima (CAL) también estuvo vinculado a Fuerza Popular. No se olvide que, cuando yo quería sacar la medida cautelar [se refiere a un recurso administrativo del CAL] para suspender a Pedro Chávarry, decían que no choque con Fuerza Popular. Y parece mentira que tenía la razón, porque me dijo que me iban a perseguir. Y ahora hay medios de comunicación que me están difamando, que tratan de dañar mi imagen.
Es cierto que no es la primera vez que usted interpone esta medida. La obtuvo para detener las elecciones del CAL y también emitió una medida cautelar para suspender a Pedro Chávarry.
Yo fui presidente del consejo de ética [del Colegio de Abogados de Lima], y en el consejo de ética vemos la conducta de los abogados. Si un abogado no respeta el código de ética, siendo autoridad, siendo juez o fiscal, incurre en una falta. En ese momento abrí una investigación de oficio contra los miembros del CNM, contra Pedro Chávarry, y muchos más agremiados, muchos árbitros vinculados a Odebrecht. Entonces, tuve muchas personas que querían impedir mi labor, pero puse mano dura y suspendí colegiaturas. Le suspendí la colegiatura a Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gustavo Pebe, Rodolfo Orellana, César Hinostroza y Pedro Chávarry. Y justo por haberle quitado la colegiatura a Chávarry, este deja de ser Fiscal de la Nación, porque él estaba enquistado y nadie lo podía sacar.
Hay congresistas que creen que no terminarán procesados por haber desacatado la orden judicial que suspende la elección de magistrados del TC. ¿Usted cree que sí es posible [que los procesen]? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra?
La medida cautelar dice que se suspendan las elecciones programadas para el 7 y 8 de julio hasta que termine el proceso de amparo, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas, de acuerdo a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. Como ellos no han acatado la orden, han entrado en rebeldía, entonces se tiene que hacer efectivo ese apercibimiento. Ya no recomendarles. Lo que estoy pidiendo es que se aplique la medida menos gravosa, que sería la multa. Hoy he presentado un escrito en el que pongo de conocimiento a la jueza que primero tiene que multarles. Una multa de 10 URP (unidad de referencia procesal), que son más de S/4.000 a cada congresista. Y como se mantienen en la posición de continuar con la elección, he pedido que hagan un apercibimiento nuevo que diga que, si continúan sesionando, va a destituir a cada congresista. Un juez tiene la potestad de destituir a un funcionario público así haya sido elegido por voluntad popular.
¿La multa sería un paso previo a un proceso por desacato o van por vías distintas?
No. Sin perjuicio de la multa, estoy pidiendo que se manden copias al Ministerio Público, porque el delito ya se cometió. Así paguen sus multas, así sean destituidos. Se tiene que abrir una investigación para determinar que se cometió el presunto delito. Y quien tiene que determinar eso es un juez.
¿Los candidatos al TC que no renuncian a su candidatura también estarían en problemas?
Yo pienso que sí, porque se están prestando al juego. Y la tipología penal establece cómplices primarios, secundarios. Ya el Ministerio Público tiene que ver en qué supuesto están calzando estos candidatos. Pero pienso que los postulantes que se han sometido a un proceso que al comienzo era irregular y que ahora es ilegal se encuentran descalificados para ser miembros del TC. Para mí, con esto han sepultado su carrera hacia el TC. Si se vuelven a presentar, ya han demostrado que se someten a un proceso irregular, que se someten a preguntas donde hay conflicto de intereses. ¿Con qué confianza pensaríamos que estos señores van a estar administrando justicia en el más alto tribunal del Perú?
El problema es que el nuevo Congreso no va a ser mejor y tendrá la facultad de elegirlos.
Justamente ahí puede intervenir la sociedad civil, así como ahora hemos intervenidos nosotros. Ahora la sociedad civil ya sabe quiénes son los que se han sometido a este proceso irregular.
Para usted, ¿cuál sería el mejor mecanismo de selección de nuevos magistrados?
No olvidemos que los líderes de los grupos políticos que representan al pueblo en el Congreso están cuestionados o procesados por corrupción: José Luna, César Acuña, Keiko Fujimori, este señor vinculado a Antauro Humala [José Vega]. Algunos incluso han estado con detención [preventiva]. Con esta calidad de políticos, no tenemos un filtro para escoger gente que pueda elegir a los miembros del TC sin cálculo político a futuro. Lo mejor sería que la Junta Nacional de Justicia u otro organismo que no esté vinculado al Congreso [los elija], porque vemos que los parlamentarios no tienen cultura jurídica y sus líderes están vinculados a casos de corrupción.
Finalmente [después de varios días] se publicaron los argumentos que sustentan las votaciones de los congresistas. ¿Qué opina de lo que ha podido leer?
Ni un estudiante de Derecho de primer año… No hay motivación, han copiado y pegado, otros están vacíos. Yo he sido juez, he trabajado en el Poder Judicial cerca de 20 años, y cuando uno hace una sentencia, motiva. Usted leerá mis resoluciones y se fundamentan en un análisis lógico, jurídico. Si ellos no están en la capacidad de hacerlo, al menos que consulten con sus asesores. Pero ni siquiera eso han hecho. Un alumno de la facultad de Derecho, de primer año, argumenta mejor.
¿No hay una valla que impida que se sustenten así las elecciones? Si no, cualquiera puede poner tres palabras y cumplir con el requisito de la transparencia.
Si usted revisa en Internet, el Tribunal Constitucional ya ha establecido qué es una motivación: tiene que argumentarse cuáles son las fundamentaciones, el razonamiento con el cual uno llega a una conclusión. No es solamente decir: ‘bueno, por su trayectoria le pongo 11’. No han dicho nada.
Entonces, ¿las motivaciones que han presentado los congresistas son inválidas? ¿Cómo las calificamos?
No ha habido motivación. En algunos casos han puesto frases que no constituyen una motivación. La demanda y la acción de amparo tuvieron tres fundamentos, pero lo irregular es que la misma comisión [de selección de magistrados] hace un reglamento y no cumplen con eso. No cumplieron con motivar su decisión ni con publicar esta motivación. Ha habido falta de transparencia porque la sociedad civil no pudo conocer cuáles han sido los fundamentos para ponerle las notas. Como consecuencia de la no publicación, la sociedad civil no ha podido participar.
El congresista César Combina dice que detrás de esta movida están los amigos de Cerrón, de Castillo o Vizcarra. ¿Usted es amigo de alguno de ellos?
No, no soy amigo de nadie. Al señor Vizcarra lo conozco por la televisión, al señor Cerrón tampoco lo conozco. Al único que conozco es al señor Castillo, porque me llamó, quizá enterado de mi trayectoria en el tema anticorrupción, para aclararme que el señor no quiere convertir al Perú en un país comunista. Le pregunté qué pensaba del señor Bermejo que tuvo frases infelices y de ahí me retiré. Ahora se me está vinculando diciendo que soy su alfil, que soy amigo del señor Palacín, a quien sí conozco porque él también fue postulante para decano al CAL. Pero nada más.
¿Esa comunicación con Castillo ocurrió para que sea parte del equipo técnico?
Sí. Él en ese momento me pidió que lo apoye a su equipo técnico, pero no he tenido participación. Fue después de la segunda vuelta. Pero no hubo más comunicación.
Foto: IDL.
El pasado 21 de junio el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 641/2021, la cual abre la puerta para traer abajo una de las instituciones patriarcales más naturalizadas que tenemos: la obligatoriedad de poner el apellido paterno en primer lugar.
La máxima instancia judicial del país, a través del análisis de un caso concreto, establece que, cuando el artículo 20 del Código Civil señala “que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre”, no puede interpretarse una jerarquía, por lo tanto, no debe obligarse a las personas a usar como primer apellido el paterno.
Es interesante notar como el TC, en su argumentación, reconoce que existe un contexto histórico de discriminación hacia las mujeres; por lo que la práctica de generar un orden de prelación entre los apellidos responde a lógicas de exclusión que el Estado debe enfrentar para garantizar el derecho a la igualdad en el ámbito familiar y el derecho a la identidad.
En concreto, el TC señala que los padres y las madres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, por lo que exhorta al Congreso a modificar el artículo 20 del Código Civil, estableciendo los mecanismos para la resolución de discrepancias entre los progenitores.
Con estas definiciones se abre una gran oportunidad para que las y los congresistas se comprometan con la igualdad y recuperen los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso – desde el 2017- sobre esta materia.
Recordemos que, la primera legisladora que plantea esta iniciativa fue la ex congresista Marisa Glave, quién advirtió lo discriminatorio de la norma y su impacto sobre la vida de miles de personas. A su proyecto de ley le siguieron otros que acumulados lograron un dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer y opiniones favorables de diversos sectores. A la luz de la actual sentencia del TC se requiere exonerar de dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que la propuesta sea priorizada y pase directamente al pleno, sea debatida y – esperemos- aprobada; garantizando que el contenido y los mecanismos para la solución de discrepancias entre las partes, respondan a criterios de no discriminación.
A pocos días del bicentenario este Congreso tiene una última pero gran oportunidad para contribuir con la igualdad, modificando una norma patriarcal y que ha perpetuado relaciones desiguales en las familias, así como limitado el derecho a la identidad. Muchas madres, padres, hijos e hijas, lo agradecerán.
Es tiempo de garantizar #ApellidosEnIgualdad.
