Por: Luisa García y Lilia Saúl

 

«Estoy un poco nervioso. Soy trabajador, tengo dos cánceres, uso pañales para trabajar, y mi pregunta es la siguiente: quiero saber si Sebastián Piñera está actuando como presidente o como empresario”, dijo Alonso Ortiz (63 años) intentando evitar el temblor de su voz frente a un reportero de televisión que tomaba el pulso del transporte público en los primeros días del estallido social en Chile. Era octubre de 2019.

Su pregunta venía desde una herida abierta, desde las secuelas de un modelo de pensiones, el de la capitalización individual, que ha financiado el crecimiento económico del país sureño pero no jubilaciones suficientes para cubrir gastos básicos. Pensiones de vejez que no alcanzan o pensiones de invalidez que son negadas incomprensiblemente como en el caso de Ortiz, mientras las grandes empresas privadas reciben financiamiento o los gobiernos salen de apuros financieros con el dinero de las pensiones. Y es que mientras Ortiz daba vueltas a Santiago al volante de un bus de transporte público; el dinero de su jubilación circulaba entre los grupos económicos más poderosos de Chile, el país donde se inició, en 1981, la privatización de las pensiones que luego se extendería por América Latina.

Los trabajadores de nueve países de América Latina han ahorrado alrededor de 500 mil millones de dólares para sus pensiones, esto a partir de cuentas individuales administradas por firmas privadas en su gran mayoría. Las conocen como AFP en Chile, Perú, Colombia, El Salvador y República Dominicana; como AFAP en Uruguay, Afore en México y OPC en Costa Rica. Reciben cada mes un porcentaje del sueldo del trabajador, y una comisión por rentabilizar los fondos de jubilación a través de sus decisiones de inversión.

¿Dónde han invertido el dinero exactamente? ¿Es posible saber a quiénes han financiado los trabajadores por años? A dónde va mi pensión, una investigación regional ejecutada por periodistas, especialistas en fondos de inversión, programadores, entre otros, arrancó con esas dos preguntas fundamentales y hoy ofrece esta herramienta que permite fiscalizar la ruta del dinero de las pensiones.

Del análisis de los números, dos patrones en los perfiles de inversión fueron identificados. Por un lado, un bloque sudamericano, compuesto por Chile, Perú y Colombia, que ha colocado el dinero de las pensiones fundamentalmente en el sector privado local y extranjero; y por otro lado, uno centroamericano, conformado por El Salvador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, que se ha dedicado reiterativamente a comprar deuda pública local, convirtiéndose en un gran financista de gobiernos. Otro bloque más pequeño, Uruguay y México, representa un punto medio en cuanto a la inversión entre los sectores público y privado pero una postura sin medias tintas en contra de la transparencia de las inversiones.

Los grupos económicos locales y multinacionales ciertamente tienen un lugar especial en las inversiones del bloque sudamericano. Pero, además, A dónde va mi Pensión de la mano de 13 medios de la región -entre ellos Sudaca- revela hoy casos de empresas que probablemente no habrías querido financiar de poder decidirlo.

Por ejemplo, en Chile, 36 empresas financiadas por los fondos de jubilación acumularon casi 3.500 multas de regulador laboral, directamente o a través de sus filiales, solo en los últimos cinco años, descubrió La Pública.

Accidentes graves, agresiones sexuales no investigadas, malas condiciones de seguridad y obstáculos a la fiscalización, fueron algunas de las razones. La regionalmente conocida Cencosud fue una de esas empresas. Por otra parte, otras diez grandes firmas que operan en Chile han sido sancionadas o están siendo investigadas por infracciones a las leyes medioambientales, al tiempo que recibían dinero de los fondos de pensiones. Aes Gener, Celco, Codelco, Enel Generación y SQM son algunas de ellas.

En Colombia, las AFP tienen una inclinación reiterativa por invertir en empresas de su propio grupo económico. Financiaron proyectos como la Ruta del Sol (Odebrecht), los Bonos de Agua o la Triple A, que beneficiaron a dos de los grupos económicos más grandes del país: el Grupo AVAL y el GEA, ambos dueños de AFP que a febrero de 2021 tenían “autoinversiones” por $11.5 billones en empresas de sus propios grupos, documentó Cuestión Pública. Una práctica anteriormente prohibida, pero que fue desregularizada en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Pero hay otro tipo de inversión que tampoco debería pasar desapercibido. Tanto en Chile como en Perú, las AFP han decidido invertir, respectivamente, más del 35% y 40% del total de fondos en productos de administradoras de fondos del extranjero. Por invertir en ellos, los trabajadores pagan una segunda comisión que suelen desconocer, con cargo a sus fondos de pensiones. Solo en los últimos cinco años, los afiliados peruanos pagaron cerca de 400 millones de dólares en este tipo de comisiones, según investigó Sudaca.pe (ver aquí). En Chile años atrás se inició un debate público sobre si deberían o no ser asumidas en su totalidad por el trabajador. Hoy abrimos el debate en Perú, donde estas comisiones no son publicadas por el regulador ni tienen topes máximos como sí se logró en el país sureño.

Del otro lado, El Salvador lidera el bloque centroamericano, con alrededor del 80% de los fondos de jubilación invertido en deuda gubernamental y un afán de mantener el dinero en el terreno local. Por increíble que parezca, en 2006 el gobierno salvadoreño obligó a las AFP a comprarles, con el dinero de los trabajadores, certificados de deuda para obtener liquidez y cubrir las pensiones de su antiguo sistema público. Por varios años, ofreció a las AFP tasas de interés excesivamente bajas a cambio del dinero prestado. Y aunque en 2014 fueron declaradas inconstitucionales; hasta hoy, las bajas tasas acordadas previamente merman los fondos de jubilación, encontró El Economista.

En Costa Rica, cerca del 60% de los recursos administrados por las operadoras de pensiones está invertido en deuda del gobierno, y más de un condicionamiento normativo provocan que los ahorros de los trabajadores acaben fondeando el creciente y abultado déficit fiscal estatal del país centroamericano, de acuerdo con Interferencia y La Voz de Guanacaste.

En República Dominicana, más del 70% de los fondos de pensiones está invertido también en deuda del gobierno, pero hay otro punto neurálgico en el país: la laxa regulación sobre conflictos de interés entre las administradoras de pensiones y las empresas de su grupo económico. De manera sistemática, el contrato del seguro de discapacidad y sobrevivencia que por ley deben pagar los trabajadores ha sido asignado a las compañías de seguros del mismo grupo económico de la mayoría de administradoras de pensiones. Un problema que vivieron tanto Chile como Perú años atrás y que resolvieron a partir de cambios normativos.

Por otra parte, dos países han coincidido en el bloqueo de la información. Ni en Uruguay ni en México los afiliados a las administradoras de pensiones pueden conocer en qué compañías son invertidos sus fondos de jubilación ni qué tipo de instrumento financiero fue el que le compraron a la compañía de su interés.

El Banco Central de Uruguay respondió a un primer pedido de información para esta investigación que “la Superintendencia de Servicios Financieros no dispone de información elaborada respecto a los portafolios de las AFAP con el grado de detalle requerido en su solicitud”. Ante una insistencia su argumento varió: “(…) la información requerida se encuentra clasificada confidencial”. Al cierre de esta edición, la Unidad de Acceso a la Información Pública tenía abierto un expediente al respecto, y le había solicitado explicaciones al regulador de pensiones en Uruguay, reportó Sudestada.

En el caso de México tampoco puedes conocer en qué empresas se invierte tu dinero, ni siquiera con un periodo de rezago, como sí sucede en Chile o Perú. El camino legal recorrido como parte de A dónde va mi pensión ha sido arduo y ha tomado más de un año y medio.

Diversas solicitudes de información fueron presentadas desde 2019, pero hasta la fecha no fue brindada la información requerida. La misma que está a un clic de distancia en las páginas web de los reguladores de pensiones de Costa Rica, Chile, Colombia o Perú. En México esta data es considerada confidencial y ha sido negada con el argumento de que podría incluso “desestabilizar” a los mercados financieros.

Al día de hoy están en curso dos amparos (protecciones legales) en contra de las respuestas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que niegan la información. Y es que aunque esté demostrado a nivel internacional que no causa ningún daño financiero el dar a conocer esta información, en México las autoridades y las mismas Afores -agrupadas en la Amafore, Asociación Mexicana de Afores- se resisten a revelarla, según constató A dónde va mi pensión.

Después de más de un año de espera, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó a la CONSAR entregar información relacionada con las carteras o portafolios de inversión de cada una de las diez Afore. Esto no ocurrió, pues la CONSAR se amparó contra la decisión del INAI, al considerar que está impedida por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) a compartir la información. Argumentan que esta es reservada y confidencial y que de hacerse pública, se podría afectar a los portafolios de inversión y en general, a la competencia que hay entre las Afores. Los amparos aún están pendientes de resolverse en los próximos meses.

Octavio Ballinas, vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dijo a A dónde va mi pensión que toda la información que entregan las Afores “está bajo el marco del artículo 91 de la Ley del SAR, que implica que las Afores, porque es su información, nos dan esa información bajo el precepto de confidencialidad. Eso está normado por la ley del SAR, no lo digo yo”.

—Y en aras de la transparencia, en su opinión ¿no cree que sería benéfico [abrir la información]?

—Habría que cambiar la Ley del SAR. Ahí ya estás hablando de meterte a la vida interna de las empresas. Es como si le pidieras la minuta del consejo de administración de Televisa—concluyó el funcionario.

Esa es la situación en el país que en 24 años ha logrado sumar fondos de jubilación casi tan voluminosos como Chile en 40 años del sistema.

 

Ilustración de portada: Héctor Huamán.

 

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La salida del fiscal Luis Arce Córdova del Jurado Nacional de Elecciones no habría significado un revés al proceso electoral si el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hubiese cumplido con elegir a su representante en esta instancia, que revisa el festival de apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

 

Finalmente ayer el suplente de Arce, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza -también investigado por sus vínculos con Los Cuellos Blanco- juramentó en el cargo. Pero la autoridad electoral vivió momentos de zozobra porque, hasta que esto ocurriese, no podían seguir evaluando las actas sobre las que el fujimorismo y su staff de abogados han pedido nulidades. Un trámite que se viene decantando en contra de los intereses de la tienda naranja.

Para elegir a su miembro ante el JNE, todos los abogados habilitados del CAL -es decir, los que estén al día en sus pagos- tienen derecho a votar. Estos suman unos 35.000, de los más de 76.000 abogados registrados. Según Nancy Miranda, una de los tres miembros del comité electoral del CAL y secretaria de este órgano, desde el año pasado vienen solicitando un padrón completo a la Junta Directiva que preside la decana María Elena Portocarrero, pero siempre les ponen trabas.

“Los encargados de elaborar este padrón son los directivos del CAL, de acuerdo a sus funciones. La decana tiene que organizarse y decir que elaborará esto, que es trabajo de la Dirección de Informática. Son cinco veces que el padrón ha sido observado por la ONPE”, dice Miranda a Sudaca.

El pasado 30 de marzo, por ejemplo, la ONPE remitió una carta al comité electoral donde señala lo siguiente: “Reiteramos nuestra observación sobre el padrón electoral, en el sentido que dicho instrumento no reúne las condiciones mínimas de confiabilidad que aseguren la participación plena de todos sus agremiados […] resulta necesario contar con un padrón debida y totalmente actualizado, fidedigno e inobjetable, para poder llevar a cabo unas elecciones óptimas”. 

Portocarrero -que debió dejar el cargo a fines del 2019- admite una demora del proceso y confirma las observaciones hechas por la ONPE. Pero aduce que, en gran parte, la responsabilidad fue de este organismo electoral porque no dejó claro, desde el primer momento y específicamente, qué información necesitaba.

“Las actualizaciones fueron por partes. Primero referente a los datos hábiles e inhábiles. Luego requirieron la actualización de correos electrónicos, la última observación fue referente al reglamento. Estas observaciones pudieron efectuarse de manera conjunta para agilizar el proceso”, dice Portocarrero para este informe.

La decana señala que ella propuso contratar una empresa privada para llevar a cabo las elecciones, luego de que, por las demoras, se suspendiera la votación programada para inicios de marzo de este año. Pero no sabe precisar por qué se frustró aquella alternativa.

“Les dije al comité electoral que, con la data que se tenía, se haga la elección con una empresa privada de veedores, de manera formal, pero querían confiar en el respaldo de la ONPE. La Junta Directiva no participa de las elecciones. El comité electoral es autónomo. Las propuestas [de empresas privadas] han debido de llegar al comité electoral. Yo no manejo la mesa virtual. Si ha llegado un documento y se ha remitido, yo no me acuerdo”, apunta.

Hacia fines de abril, el comité electoral finalmente consiguió un padrón subsanado.  Entre idas y venidas, el 13 de mayo este comité le indicó a la ONPE que señale una fecha para la elección electrónica, que se desarrollaría de manera gratuita gracias a la entidad electoral. Pero no ha habido respuesta. Una vez se tenga una por parte de la ONPE, recién correrán 45 días para la preparación del software que utilizarán para los comicios. 

“La ONPE tiene una agenda y recién han estado con las elecciones presidenciales. No por ser el CAL nos van a atender de inmediato. Esperemos que sea pronto [determinar la fecha de elecciones], estamos trabajando en eso y en estos días se nos va a señalar cuándo. Pero el comité electoral no tiene responsabilidad alguna con el tema del padrón”, insiste Miranda.

Actualmente hay ocho candidatos a ser miembros del JNE. Por reglamento, la persona que sea elegida asume el cargo por un período de cuatro años. 

Según el experto electoral José Manuel Villalobos -quien confiesa que aspira a ser el elegido de este proceso-, el marco legal del JNE no contempla el problema de no designación de un miembro por parte del CAL. Además, recordó que en elecciones nacionales anteriores no se registraron tantas apelaciones. PPK, por ejemplo, fue proclamado el 28 de junio de 2016. 

Decana de facto

Que no se haya podido nombrar hasta ahora al representante en el JNE también tiene un telón de fondo caótico. El Comité Electoral y la Decana del CAL se llevan pésimo. El punto de quiebre en dicha relación se habría dado hacia fines del 2019, previo a las elecciones internas al decanato de aquel año. Según fuentes colegiadas, en una asamblea ordinaria se reveló un audio de un miembro del comité electoral donde se hablaba sobre una supuesta preferencia hacia uno de los candidatos.

Fue a raíz de eso que los tres miembros del comité, incluida Nancy Miranda, fueron removidos. Le pedimos más detalles a Portocarrero, pero dijo que no podía hablar del caso al ser un proceso abierto.

Como fuese, las elecciones para el nuevo decano se dieron luego de aquel incidente, llevado a cabo por otro comité electoral, en noviembre de aquel año. A la segunda vuelta habían llegado Javier Villa Stein y César Castañeda Serrano. Según fuentes del CAL, la figura de Villa Stein no es del agrado de Portocarrero. Pero no fue ella quien finalmente frustró su designación. Lo cierto es que las elecciones no fueron avaladas por ninguna entidad.

De hecho, la ONPE no participó del proceso y hasta la notaría contratada para dar el visto bueno a la jornada tuvo que retirarse en medio de denuncias públicas de fraude. A pedido de uno de los participantes en los comicios, el Poder Judicial emitió una medida cautelar que suspendía cualquier elección hasta que no se resuelva si los comicios de noviembre eran o no válidos.

En setiembre del 2020, sin embargo, el comité electoral destituido logró -via judicial- ser repuesto. A pesar de la medida cautelar que impedía la elección, ese setiembre el comité convocó a otro proceso. Javier Villa Stein se llevó la victoria. Muchos de los candidatos, sin embargo, se negaron a participar alegando que les habían avisado con apenas 48 horas de anticipación. Incluso el notario “desistió de dar fe a cualquier acto electoral”, según reveló Hildebrandt en sus Trece.

Esta es la historia del caos de lo que alguna vez fue uno de los colegios profesionales más prestigiosos del país.

 

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CAL, Elecciones 2021, JNE, Jurado Nacional de Elecciones

Cuando todos pensábamos que el laberinto de las elecciones al fin encontraría salida al esclarecerse los reclamos infundados del fujimorismo estas últimas semanas después del 6 de junio, nos llega la noticia de los Vladi-audios, que nos retrocede treinta años en la historia nacional y vuelve a hundirnos en la vergüenza histórica.

El “Doc” se las había ingeniado todo este tiempo para manejar sus redes desde la cárcel dorada de la Base Naval del Callao y manipular el futuro político del Perú. Y, de paso, la salvación de su fortuna mal habida y el destino del clan Fujimori.

¿Hasta qué niveles de abyección debe llegar la clase política peruana para que el pueblo se levante enardecido?

La pregunta cae por su propio peso, pues el desenmascaramiento de los partidarios de “la chica” Keiko ya es demasiado evidente. Apoyarla a estas alturas es coquetear con el golpe de estado, sea rápido (mediante un alzamiento militar) o lento (a través de leguleyadas congresales). Esta última opción es la que se ha practicado en Honduras, Paraguay y Brasil y se ha puesto de moda entre las Derechas Brutas y Achoradas de nuestros sufridos países.

Sin embargo, debemos recordar que no hay nada nuevo bajo el sol. El Perú adolece de una historia en que siempre se impuso por la fuerza la “república de españoles”, como se le llamaba durante la colonia a la minoría europea y neoeuropea que dominaba sobre la inmensa “república de indios”. La versión actualizada de esa “república de españoles” es nuestra endeble república criolla, que en doscientos años ha sido parásita de las masas indígenas y mestizas, con el cuento de formar todos parte integral de una gaseosa identidad peruana.

Pero en el caso de los sectores radicales y racistas de la criollada política ya no se puede hablar de conciencia nacional ni nada por el estilo. Aquí simplemente van por la suya, prefiriendo el crimen y el narcotráfico a que suba el profesor Castillo, quien según todas las instancias de observadores internacionales y hasta el mismo Departamento de Estado norteamericano ha ganado limpiamente las elecciones.

Los gritos y rezos públicos de “la chica” Fujimori me hacen recordar la tristemente célebre anécdota de los oligarcas limeños que pedían el ingreso de las tropas chilenas a sus haciendas antes que permitir que los trabajadores negros, indios y chinos tomaran sus propiedades.

Vladimiro Montesinos encarna esa miasma moral que hunde al país mediante el soborno, el asesinato y la prepotencia. El simple hecho de que pueda darse el lujo de hacer decenas de llamadas para arreglar desde su celda los resultados de las elecciones nos pone sobre el tapete la fragilidad de nuestro sistema legal y electoral.

Ya no se trata aquí de simple criollada. Esto bien merece llamarse traición a la patria. Y el castigo lo conocemos todos.

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Vladimiro Montesinos

A puertas de conmemorarse un nuevo Día del Orgullo LGBTI+, Anabella Cordero, gerente de Recursos Humanos de IBM en Perú, Ecuador y Bolivia, reconoce que todavía hay mucho camino por recorrer para tener una sociedad con igualdad de oportunidades. Sin embargo, también resalta que cada vez más empresas se suman a iniciativas como “Pride Connection”, una red que empezó a funcionar en el 2017 en el Perú y busca promover ambientes laborales inclusivos para esta comunidad. Asegura que desde las organizaciones se pueden implementar y promover políticas a favor de esta comunidad sin tener que esperar se den leyes por parte del Estado.

¿Qué tan importante está siendo el tema de diversidad e inclusión ante todos los retos que está planteando la pandemia?, ¿este problema ha pasado a segundo plano?

En IBM desde el 2002 hemos incluido todo lo que es la política de género, identidad y orientación, por el lado global, y en IBM Perú, se lanzó hace varios años seguros para parejas del mismo sexo. Siempre IBM se preocupó por hacer cosas antes de que salgan las leyes. Ese es nuestro compromiso en términos de equidad. Para nosotros, pase lo que pase, este tema es prioritario porque es parte de nuestra cultura.

Para una empresa sin esa cultura, ¿cómo acercarse a esto teniendo en cuenta las limitaciones que tiene la pandemia?

La pandemia trajo consigo que sí o sí, de la noche a la mañana, nos metieron a todos en la casa y las empresas tuvieron que buscar mecanismos para que todos se conectaran. Si hay alguna virtud que esto ha traído es que no había que estar presentes para que las cosas sucedan. Utilizando la tecnología las empresas pueden poner a disposición capacitaciones y recursos para sus empleados. En nuestro caso, actualmente, cualquier capacitación en diversidad que pueda haber en Chile o Colombia, podemos seguirla también en Perú.

Implementar estas políticas, ¿genera también un mayor interés del público externo por pertenecer a la organización?

Diría que no solo de la comunidad LGBTI+. Los jóvenes que están entrando a las compañías se preguntan por el tema de la diversidad e inclusión. Hay mucha conciencia social en las generaciones jóvenes. Es super importante para ellos que se trabaje en políticas de inclusión y diversidad. Para mí, es un elemento diferenciador. Si una persona tiene que escoger entrar o no en una empresa, se irá por la que tenga políticas de diversidad e inclusión, lo aseguro.

En un reciente estudio de la organización Más Igualdad, con apoyo del congresista Alberto De Belaunde, se encontró que profesionales de la comunidad LGBTI+ que se fueron del país lo hicieron para no sufrir discriminación, ¿cómo ven esta ‘fuga de talento’ desde las empresas?

Si nos fijamos en las razones, la principal era por desarrollo profesional y después, por falta de los recursos necesarios. En primera instancia, es una pena que las personas sientan que no puedan desarrollarse. En IBM eso no ocurre, pero es cierto que ocurre en otras compañías. Hay esfuerzos que se están haciendo como el “Pride Connection”, una red de empresas que comparte las mejores prácticas en temas LGBTI+. Esa red empezó con 5 empresas y hoy son más de 30. Entonces, hay un largo camino por recorrer, pero estamos dando pasos importantes en cuidar al talento LGBTI+ de nuestras empresas.

Entonces, es muy posible implementar estas iniciativas, ¿incluso si las políticas públicas no acompañan el esfuerzo?

Así es. Si nos ponemos a ver, no depende de la política pública. Algunas cosas sí, pero las empresas pueden ir más allá de lo que la política pública diga. Hay muchas empresas que están en “Pride Connection” y ofrecen los seguros para personas del mismo sexo. Son cosas con las que uno puede marcar la diferencia independientemente de la regulación. Igual es duro, por ejemplo, que la pareja no pueda ingresar al hospital. Ahora, tenemos también bancos que ofrecen productos para dos personas sin ningún tipo de vínculo. Son pequeñas cosas que van abriendo el camino, por más que la ley ahora no lo permita.

Como persona que aboga por estos temas y trata de promoverlos en el sector en el que se desarrolla, ¿cómo se siente que en la última campaña electoral ni siquiera se haya tocado mucho el tema?, ¿es frustrante?

Quitando el tema político de lo que no nos pronunciamos, creo que a todos nos gustaría, y sobre todo a quienes trabajamos en empresas, que creemos en la diversidad e inclusión, nos gustaría vivir en un mundo igual para todos. Es un tema de justicia y de trato igualitario y todos deberíamos apuntar a eso.

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Anabella Cordero, Día del Orgullo, IBM

El 27 de agosto de 1930, el teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro encabezó un golpe de Estado contra el dictador Augusto Leguía, poniendo así fin a su largo gobierno autoritario que iniciara el 4 de julio de 1919. Con Sánchez Cerro al mando, la incertidumbre se apoderó del país, las asonadas militares y civiles se multiplicaban unas tras otras por lo que decidió dejar el poder a la junta presidida por David Samanez Ocampo y Gustavo Jiménez, quienes apelaron a las viejas y olvidadas formas de la República para resolver el impase: las elecciones.

Sin embargo, las cosas habían cambiado tras once años de dictadura civil. Leguía había sido muy represivo con las masas que ya desde la década de 1910, y a principios de la de 1920 se organizaban sindicalmente y comenzaban a irrumpir en la política. Durante su mandato, se clausuraron las universidades populares que fundara Haya de la Torre al iniciarse la década, y se reprimió duramente al movimiento obrero organizado.

Para las elecciones convocadas en 1931, Leguía no estaba, pues purgaba prisión. Por otro lado, penosamente había muerto José Carlos Mariátegui, el rival ideológico de Haya de la Torre en la izquierda, con lo cual la suma de los movimientos anarquista, sindicalista, entre otros, migraron sin mayores contratiempos hacia el APRA y en cuestión de meses se había formado el primer partido de masas del Perú, que nació fuerte y organizado, y con una agenda política reformista, aunque no socialista.

Por su parte, la oligarquía asistía, aterrorizada, a las primeras elecciones a las que las masas concurrían con partido propio y con grandes posibilidades de vencer. Fue así como se gestó la alianza oligárquico-militar, que mantuvo su vigencia en el Perú prácticamente hasta el golpe de Velasco del 3 de octubre de 1968. En sus orígenes, la finalidad de esta alianza era evitar a como dé lugar que los “aprocomunistas”, como entonces se les llamaba, llegasen al poder. El primer fruto de esta alianza, fue el apoyo oligárquico a la candidatura del teniente-coronel Luis Sánchez Cerro, quien finalmente se impuso en las elecciones de 1931.

Lo que siguió fue la violencia política, el APRA protestaba en las calles a través de los sindicatos obreros que estaban bajo su control y, apenas asumió la presidencia, Sánchez Cerro decidió que lo más sano para el Perú era exterminarla, para lo cual declaró el estado de emergencia e inició una sangrienta e implacable persecución que, entre sus consecuencias principales,  contó con la deportación del país de la célula parlamentaria aprista, y el encarcelamiento de Haya de la Torre en el panóptico de Lima, todo en los primeros meses de 1932. Las bases apristas respondieron tomando Trujillo desde el 7 de julio del mismo año. Fue una danza de la muerte. Al batirse en retirada, la turba masacró una veintena de oficiales del ejército que se encontraban confinados en una celda de la prisión de Trujillo. Como represalia, la milicia fusiló a miles de apristas en las ruinas de Chanchán.

Esta historia, teñida con sangre, se prolongó por décadas y fue conocida como la secular enemistad entre el APRA y el ejército. Debido a ella, el Perú no pudo construir una democracia en circunstancias normales prácticamente hasta 1980, cuando elegimos por segunda vez a Belaúnde presidente del Perú, y esa democracia duró apenas doce años. Otro Fujimori, el padre, Alberto, la sepultó con el autogolpe del 5 de abril de 1992, y no la recuperamos hasta el 19 de noviembre de 2000 cuando el patricio Valentín Paniagua se puso la banda presidencial. Será por todo eso que hasta hoy nos cuesta tanto pensar y actuar democráticamente.

Acabo de hablarles de un proceso que duró 50 años, como tal, no es comparable con la coyuntura actual. Pero centrémonos en sus orígenes: la oligarquía (poder económico) + las fuerzas armadas, + la prensa (diario El Comercio) se unieron para evitar que una fuerza política que estaba fuera de su control asuma el gobierno del Estado. El precio que ha pagado la historia del Perú y, por consecuencia, nuestra ciudadanía por esa decisión es no poder disfrutar, hasta hoy, de un país plenamente democrático, inclusive en sus costumbres y en el desempeño de sus élites y de sus actores más influyentes

Escribo esta larga reflexión, porque tengo el mal presentimiento de que ayer, cuando el representante del Ministerio Público en el pleno del JNE, Luis Arce Córdoba, declinó formar parte del ente electoral, dejándolo sin posibilidad de seguir sesionando y de concluir el proceso electoral, cruzamos el punto de no retorno. El tema se complica, pues le correspondería ser reemplazado por el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, de la misma línea política por lo que se esperaría de él, similar actuación.  La intención detrás de la maniobra es dilatar la proclamación de Pedro Castillo, intentar que no asuma el 28 de Julio y preparar el terreno para un golpe de Estado. De esta manera, una alianza entre Fuerza Popular, el poder económico, las fuerzas armadas y la prensa, impediría, como tantas veces en el siglo XX, que una fuerza política emergente, acceda al poder por la vía democrática. Asistimos, así, al nacimiento de una neoalianza oligárquico-militar y la historia, una vez más, se repite.

La idea me venía rondando la cabeza. Velasco no acabó con la oligarquía, esta apenas se adormiló por un tiempo, pero en los noventa volvió con nuevos bríos. En las dos primeras décadas del siglo XXI no tuvo mayores problemas con los presidentes de turno, se inquietó un poco con Alejandro Toledo y con Ollanta Humala pero, finalmente, ambos resultaron funcionales a sus intereses. En cambio, Pedro Castillo sí es un problema, y lo es no porque vaya a estatizarlo todo, ni porque se haya propuesta encarnar una apocalíptica distopía hollywoodense con Pol Pot y Abimael Guzmán de coprotagonistas, sino porque hará reformas, reformas como las de Joe Biden -no les dice algo que Washington acabe de darle el espaldarazo- y esas reformas sacan a nuestros grupos económicos de su zona de confort. No más oligopolios con las APF, no más concertación de precios, no más grandes negociados en las licitaciones con el Estado.

50 años duró, en el siglo XX, la alianza oligárquico-militar erigida para impedir que las masas organizadas alcancen el poder a través de un partido político. Lo paradójico de la situación, es que no “resolvimos” el impase con democracia, sino con la dictadura de Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez (1968-1980), quienes nos sumieron en la noche autoritaria por otros doce largos años.

Ayer, cuando Luis Arce Córdova presentó su renuncia a formar parte del pleno del JNE, superamos el punto de no retorno. La pregunta que queda por hacernos es qué páginas de la historia escribiremos a partir de hoy, cuando falta tan poco para celebrar el Bicentenario de la República. ¡Ay Perú! eres un país que se resiste a ser patria.

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Haya de la Torre, Juan Velasco, Sánchez Cerro

Se trata de desconocer a la mala el triunfo de Pedro Castillo en las urnas. El juego está claro y la cancha está trazada. Felizmente, predominan en nuestras Fuerzas Armadas sectores racionales e institucionalistas que han puesto rápido coto en la interna a los llamados golpistas de sus ex compañeros de armas.

Pero ahora toca que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones apuren su trabajo y eviten, de su parte, el golpe blando que los sectores más recalcitrantes de la derecha quieren perpetrar para postergar e impedir la juramentación de Castillo, en el peor de los casos, o para teñir su gobierno de ilegitimidad social cuando finalmente asuma, en el mejor.

Y le corresponde también a los partidos de centro marcar distancia de las pretensiones de la derecha cada vez más bruta y cada vez más achorada (hasta Montesinos se ha sumado a la conspiración) que es incapaz de reconocer a la democracia como un sistema superior a cualquier voluntad propia. Acción Popular, Alianza para el Progreso, básicamente, pero también Somos Perú, Podemos y los morados, debieran pronunciarse claramente contra el propósito golpista y ejercer opinión en el sentido favorable al camino de moderación que todavía con timidez despliega el candidato ganador.

La ultraderecha  va a terminar por hacer que su profecía se cumpla. Arrinconando de la forma en lo que está haciendo a Castillo no solo lo obliga a radicalizarse sino a no despegarse de quien le puede asegurar alguna capacidad de movilización social de defensa política, como es el inefable Vladimir Cerrón.

Corresponde estar alertas y vigilantes. La democracia no puede verse interrumpida por un grupo minoritario aunque poderoso, que no acepta su derrota electoral y es capaz de hacer lo que sea para evitar la legal proclamación del ganador.

No soy de los que se alegra por el triunfo de Castillo. Ojalá me equivoque respecto de mis pronósticos de un desmadre gubernativo (esperemos que Castillo entienda que su ruta debe ser la que la marca Pedro Francke y la renuncia a la Asamblea Constituyente), pero aún ese mal pronóstico no es argumento que permita justificar el trasiego político que se pretende para impedir que Castillo sea el Presidente del bicentenario.

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JNE, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Muchas veces, el amor es lo que nos da la fuerza para avanzar y seguir adelante. Para Claudia Bermúdez, periodista y maestra chocolatera, el amor es la razón de todo. “Migré por amor y me quedé por amor”, cuenta Claudia, quien en 2011 se mudó a Chile y años después formaría una familia en ese país que la recibió con los brazos abiertos.

Chocoletto, la chocolatería de Claudia, nace después de una dura crisis económica que enfrentaron como familia. “Ya me había casado, tenía a Facundo de 1 año 8 meses y Paula que venía en camino. David, mi esposo, no encontraba trabajo y nuestros ahorros se estaban terminando. Al estar acostumbrada a mi independencia económica tuve que ingeniármelas y empecé a hacer trufas de chocolate para venderlas”, cuenta Claudia.

La periodista ya había hecho un curso de chocolatería por hobby algunos años atrás en Lima. Las trufas fueron tan bien recibidas, que la idea de dedicarse por completo a los chocolates empezó a dar vueltas, hasta que en 2017 finalmente se concretó. “Mis hijos iban creciendo y con ellos naciendo Chocoletto”, recuerda la chocolatera quien tuvo que renunciar a su trabajo como periodista para dedicarse por completo a su emprendimiento.

La primera vez que hizo chocolate fue con cacao de Huánuco que su madre le envió. “Había que honrar las raíces y ese fue el primer origen que usamos. Recuerdo pasar horas con el molino de café moliendo pasta de cacao. Fue agotador pero el resultado glorioso. Recuerdo nuestra primera venta en el Mall Plaza aquí en Iquique. Fue todo un éxito. A la gente le gustó mucho”, cuenta Claudia.

Chocoletto empezó con tabletas de chocolate con almendras usando moldes para cupcakes. Luego, Claudia elaboró saquitos de arpillera para presentar los chocolates. De ese punto en adelante, la propuesta de valor de la marca fue tomando forma, hasta lograr comprar refinadoras y conchadoras del proceso “Bean to bar” o “del grano a la barra” para la producción.

 Chocoletto     

Chocolate peruano

Chocoletto usa dos tipos de cacao: Chuncho nativo proveniente del Cusco y cacao de origen criollo de Tingo María, Huánuco. “La idea es más adelante probar con diversos orígenes ya que hay tanta variedad en Perú que queremos aprovechar. Nosotros compramos el grano como nibs de cacao. Gracias a la relación directa y precio justo que tenemos con los cacaoteros, ellos procesan el grano a la temperatura y requerimiento que pedimos”, cuenta Bermúdez.

La marca de chocolates cree en la multiculturalidad y honrar las raíces. David, esposo de Claudia y de origen chileno, se encarga de la logística. Aurea y Claudia, ambas peruanas, trabajan los chocolates. El equipo completo también tiene integrantes en Venezuela con la Comunity Manager, Geraldine y Ely Montaño la chocolatier asesora que vive en Miami. Además están sus proveedores cacaoteros en Cusco: la familia Laura. “Sin ellos y el gran trabajo que hacen en su fundo Nueva Esperanza en el Vraem, Chocoletto no existiría”, cuenta.

Superar las crisis

El punto más crítico para la empresa se dio durante el estallido de protestas en Chile en 2019. Chocoletto lo perdió todo pues el carrito de ventas, exhibidores, y productos fueron quemados por manifestantes que – por entonces- habían radicalizado sus protestas que tuvieron como origen el alza de los pasajes del metro y que derivó en toques de queda, evasión del metro, marchas históricas y abuso policial.

“Yo estaba destrozada porque cada cosa que teníamos lo habíamos comprado de a poco. Lloré un día entero de la rabia y la tristeza. Me sentía realmente muy afectada. Pero a veces las cosas malas traen bendiciones. Al ser nosotros pyme, nuestro caso se visibilizó en varios medios. Emprendedores y amigos alzaron su voz de protesta ‘A las Pymes no se toca’ y recibimos ayuda de todos lados”, recuerda Claudia.

Incluso, recuerda que una minera muy conocida en Iquique la ayudó económicamente. “Así logramos mejorar mil veces todo lo que perdimos. Resurgimos de las cenizas literalmente. La desgracia permitió que todo el mundo nos conociera. La vida hace lo suyo, sin duda”, dice.

Ahora, y tras recuperarse, abrió nuevas sucursales de Chocoletto. Además de Iquique tiene puntos de venta en otras regiones de Chile como Arica, Antofagasta, Copiapó y Santiago. “Estamos a punto de abrir un punto pick up para retiro de productos en nuestro laboratorio de chocolates. Con la pandemia nos tuvimos que adaptar. Abrimos nuestra tienda on line y participamos en todas las plataformas de market place a nivel nacional”, explica y -asegura que viene planificando su ingreso a mercados extranjeros como Estados Unidos, o Europa.

“Desde aquí queremos dar a conocer el duro trabajo de los cacaoteros y sobre todo valorar su esfuerzo pagando lo justo. Perú es mi patria y siempre voy a volver a mis orígenes esté donde esté”, finaliza la orgullosa chocolatera peruana.

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Chile, Chocoletto, Claudia Bermúdez, Iquique

El pasado 11 de junio el Congreso de la República aprobó en mayoría el dictamen del Proyecto Ley General de Museo. Dicho dictamen constituye una grave amenaza al potencial crítico del arte, la producción cultural y al ejercicio de la libre expresión.

De acuerdo al dictamen son consideradas infracciones muy graves, sujetas a penalidades y multas, los siguientes puntos:

  •  La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades que busquen tergiversar la verdad de los hechos o situaciones pasadas, con el fin de modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía.
  • La implementación de exposiciones y/o la ejecución de actividades relacionadas a una apología al terrorismo (alabanza, defensa o justificación).
  • La implementación de las exposiciones que contravengan a las buenas costumbres en la exposiciones y actividades de los museos.

Resulta sumamente preocupante que la interpretación de la norma recaiga en la subjetividad y arbitrariedad de los funcionarios que la aplican. Cabe preguntarse qué significa “modificar maliciosamente la memoria colectiva de la ciudadanía”, “realizar actividades relacionadas a una apología al terrorismo”, o ir en contra de “las buenas costumbres”.

Cabe preguntárselo en un país con una historia reciente de censuras, persecuciones y acusaciones a piezas y exposiciones de arte. En 2015, la obra de teatro La Cautiva fue investigada bajo la figura de apología al terrorismo; en 2017 ocurrió lo mismo con un mural y una cerámica del Museo de la Memoria de ANFASEP y con la serie de Tablas de Sarhua, Piraq Causa (¿Quién es el culpable?).

Las investigaciones y acusaciones prescribieron, pues las piezas claramente tenían una posición crítica frente a la violencia, tanto a la de las organizaciones subversivas como la que ejercieron las fuerzas del orden.

Preocupa que uno de los ámbitos de acción de la norma sea precisamente el Lugar de la Memoria (LUM), cuyo director fue separado por el Ministro de Cultura en el 2017 debido a una exposición crítica de la dictadura fujimorista, la Carpeta Colaborativa Resistencia Visual 1992-2017. Preocupa más, porque en 2018 todos los contenidos del LUM fueron revisados debido a las acusaciones de apología al terrorismo del ex congresista fujimorista, actualmente en prisión por corrupción, el señor Edwin Donayre.

Un argumento de la acusación de Donayre fue que el camino de piedras para entrar al LUM era un “sendero” que estaba “iluminado”. Para el entonces congresista, eso encerraría un mensaje de apología.

Las piezas, proyectos culturales y espacios mencionados tienen mensajes claros en   contra de la violencia por lo que no queda duda que las investigaciones fueron interpretaciones antojadizas y maliciosas frente a propuestas que comparten una visión crítica y de denuncia frente a las responsabilidades que tuvo el Estado durante el periodo de violencia.

La memoria sobre el conflicto armado interno en nuestro país es un tema doloroso y complejo que aún como sociedad no hemos procesado. Eso no quiere decir que no existan verdades históricas, cuerpos, sentencias, ausencias, así como criminales en prisión. El arte y su potencial crítico y provocador han servido para sanar, pero también para colocar en el debate público dichas verdades.

Los funcionarios que tienen en sus manos la potestad de normar sobre la libre expresión en el ámbito de la cultura deben hacerlo con ética y responsabilidad, en especial en una sociedad fracturada por un pasado de violencia y cuyo tejido social debe recomponerse de la mano de la libertad de pensar y reflexionar sobre aquello por lo que nuestro país atravesó.

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Arte y cultura, Congreso, Museos

Si el CBGB -legendario local de conciertos, en la zona más bohemia de Nueva York a mediados de los setenta -hubiera sido un salón de colegio, los Talking Heads tendrían que ser el equivalente a los nerds, los chancones de la clase. En medio de la rabia de los Ramones, la sensualidad de Blondie y la fibra rockera de Television y Patti Smith, el cuarteto conmocionó a la efervescente escena neoyorquina con una música sofisticada y bailable, vestimenta común y corriente, ritmos inspirados en el funk y letras inteligentes acerca de relaciones humanas, reflexiones sociopolíticas y personajes controversiales.

Tras casi dos décadas de su última aparición pública -en el 2002 se reunieron, por primera vez desde 1984 para tocar en la ceremonia de su inducción al Salón de la Fama del Rock And Roll-, tres hechos han reactivado el interés mundial por esta banda, pionera de la new wave: el estreno en Broadway, en octubre del 2019, de American Utopia, un musical de David Byrne elaborado sobre la base de diversos éxitos del grupo y de su prolífica carrera en solitario (que también existe como documental, dirigido por Spike Lee); el Grammy por sus logros artísticos (Lifetime Achievement Award) que recibieron este año; y la publicación de Remain in love, autobiografía de Chris Frantz publicada en julio de 2020, libro en el que cuenta la historia de Talking Heads y las dificultades que produjeron su agria separación, en 1989.

Byrne, compositor creativo, guitarrista y cantante de voz atenorada y amplio registro, nació en Escocia pero vivió en Maryland, EE.UU., desde los 10 años. En la escuela de arte y diseño de Baltimore conoció a una inquieta pareja de músicos, el baterista Chris Frantz y la bajista/guitarrista Tina Weymouth. Los tres se mudaron a Nueva York y formaron The Artistics. Al poco tiempo se les uniría Jerry Harrison, guitarrista y tecladista que acababa de salir de la formación original de The Modern Lovers, la misteriosa banda de Jonathan Richman. Pronto, cambiaron su nombre a Talking Heads y, de la mano del productor Seymour Stein (cabeza de Sire Records), consiguieron ser parte del cartel del CBGB, cuna del punk norteamericano.

Para muchos, el mayor aporte de Talking Heads es haber tendido un puente entre la música popular anglosajona con la riqueza sonora y polirrítmica del África, primero a través de sus derivados afroamericanos -funk, soul-, evidente en su primeras dos producciones Talking Heads: 77 y More songs about buildings and food (1977 y 1978); y, luego, con el afrobeat, género que Fela Kuti trajo desde Nigeria, con álbumes como Fear of music (1979) y, principalmente, Remain in light (1980) y Speaking in tongues (1983). Basta con escuchar temas como I Zimbra (con Robert Fripp, de King Crimson, como invitado en guitarra), Cities o Slippery people para entender eso.

Para mí, Talking Heads hizo, además de esta extraordinaria colección de canciones que van de lo divertido a lo experimental, de lo oscuro a lo sarcástico, de lo africano a lo marciano, una contribución muy especial con sus videoclips, alterando las imágenes para crear situaciones imposibles y mundos paralelos, al estilo de Peter Gabriel o David Bowie. Pensemos por ejemplo en Burning down the house, éxito de su quinto álbum Speaking in tongues (1983); la extraordinaria And she was (LP Little creatures, de 1986, cuyo coro es usado por Soda Stereo como coda de Picnic en el 4to. B durante su gira de despedida Me verás volver) o Blind, de Naked, su octavo y último disco, de 1988, en que ya asoman los ritmos latinos que luego Byrne desarrollaría, en extenso, en su álbum de 1989, Rei Momo.

Gran parte de este multicolor estilo proviene de la personalidad excéntrica y, a la vez, introvertida de David Byrne. De aspecto frío y desconectado, el creador de clásicos de finales de los setenta como Psycho killer (1977) o Heaven (1979)– es el principal responsable de la evolución del grupo. Si bien es cierto el trabajo de composición era 100% colectivo, Byrne se encargaba de las letras y de definir la estética visual y sonora de Talking Heads. Como narra Frantz en su interesante libro, David fue, desde el principio, el motor del grupo pero también su más grande problema, debido a que su excesivo control lo llevó a desconocer los aportes de los otros tres. De hecho, fue esta actitud díscola la que motivó el quiebre final, en momentos en que gozaban de enorme aceptación entre el público y la crítica especializada. Byrne trata de justificar la pésima conducta que tuvo con sus ex compañeros, aduciendo que padece de una «modalidad funcional de autismo». Tina Weymouth lo describió alguna vez como «una persona incapaz de retribuir la amistad que se le ofrece».

David Byrne, cuyo comportamiento social y aspecto físico podrían haber inspirado a los creadores de Sheldon Cooper, el genio antisocial de The Big Bang Theory, ha tenido una muy exitosa carrera como solista, a la que podríamos dedicar un artículo completo, con exploraciones musicales que lo llevaron, entre otras cosas, a formar el sello Luaka Bop Records y descubrir al mundo de la música internacional a artistas de la talla del brasileño Tom Zé o nuestra Susana Baca. En cuanto a los miembros restantes, jamás dejaron de hacer música, aunque no alcanzaron la resonancia comercial de su extraño camarada. Mientras que Harrison se dedicó a la producción de conocidas bandas alternativas noventeras como Violent Femmes, Crash Test Dummies o Live; la pareja Weymouth/Frantz se mantuvo activa con su propio grupo, Tom Tom Club, además de producir los discos que lanzaron a la fama al hijo de Bob Marley, Ziggy, entre 1987 y 1990. Los tres lanzaron, en 1996, el álbum No Talking just Heads, con un elenco de destacados vocalistas invitados: Debbie Harry (Blondie), Johnette Napolitano (Concrete Blonde), Michael Hutchence (INXS), entre otros. La aventura les costó una denuncia de parte de Byrne, quien consideró que era “un obvio intento por hacer caja con el nombre de Talking Heads”.

Otra de sus innegables contribuciones fue acercar géneros aparentemente disfuncionales -new wave, post-punk, electrónica, funk, rock, afrobeat- y convertirlos en una amalgama natural y agradable al oído. La asociación, desde su segundo LP, con el productor, compositor y multi-instrumentista Brian Eno fue fundamental para ello, tanto como la inclusión del guitarrista Adrian Belew y del tecladista Bernie Worrell, legendario integrante de Parliament Funkadelic, así como de un colectivo de músicos y coristas afroamericanos que ampliaron el formato de la banda, convirtiéndola en una máquina de ritmos contagiosos y orgánicos, como podemos comprobar en Stop Making Sense, película dirigida por el cineasta Johnatan Demme en 1984. El concierto, filmado en diciembre de 1983 en el Teatro Pantages de Hollywood, California, es una vibrante experiencia audiovisual que muestra a los Talking Heads en su mejor momento, durante la que se convertiría en su última gira oficial.

Un repaso por su catálogo nos permite entender esa amplitud de estilos. Once in a lifetime (Remain in light, 1980), por ejemplo, con aquel video en el que Byrne ironiza sobre las ridículas actitudes de los tele-evangelistas, sirve también para exhibir su fascinación por los ritmos y cosmovisiones africanas. En Road to nowhere (Little creatures, 1985), juega con el country y los coros gospel y grafica, en su respectivo videoclip, la evolución de la clásica familia perfecta. Y en Wild wild life (True stories, 1986) hace una divertida parodia de los artistas y estilos de moda, en clave de estricto pop-rock ochentero. Este video es una de las escenas de True stories, largometraje que Byrne urdió para criticar, con un estilo de humor agudo y surrealista, el estilo de vida de los Estados Unidos, y que hoy forma parte de la prestigiosa colección Criterion, que lanzó el film en DVD el año 2018.

Por cierto, hay una razón más por la cual el legado de Talking Heads regresó a las notas sobre música y cultura de importantes medios alrededor del mundo: los 40 años que cumplió su cuarta producción discográfica, Remain in light, la que cimentó su estilo integrador de estilos electrónicos y étnicos. El disco, considerado el mejor de 1980 por la revista especializada Sounds, contiene los éxitos Once in a lifetime y House in motion, además de intensos temas como Crosseyed and painless, The great curve o Listening wind. Para celebrar este aniversario, el guitarrista/tecladista Jerry Harrison había anunciado una serie de conciertos en el que estaría acompañado de Adrian Belew –que participó de las grabaciones originales- y Turkuaz, una sensacional banda de jazz y funk integrada por diez jóvenes egresados de la prestigiosa escuela de música de Berklee. Lamentablemente, la pandemia frustró estas presentaciones, canceladas hasta nuevo aviso. Pero aquí los podemos ver, en cuarentena, tocando Psycho killer y Houses in motion.

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