GRAN NEGOCIO, GRANDES RIESGOS

Los casinos y tragamonedas fueron parte de ese paquete reformista, que buscaba abrir más espacios para la inversión privada y ofrecía a cambio una reducida o inexistente regulación. Por ese lado, es innegable que la idea funcionó. Actualmente, existen en el Perú 17 salas de casino y 713 salas de máquinas tragamonedas, según cifras oficiales del Mincetur. A ellas habría que sumar los establecimientos informales y las máquinas ilegales que, por lo menos hasta hace unos años proliferaban por todo el país, antes de que se popularizaran los juegos en línea. Tampoco se puede negar que han generado mucho empleo: cuando la pandemia obligó a cerrar las salas de juego durante más de un año, sus trabajadores salieron a reclamar y bloquearon la Vía Expresa. En esa ocasión sus voceros aseguraron que era importante reabrir pronto las salas, porque eran unos 85,000 puestos de trabajo los que estaban en riesgo.

Sucesivas leyes han intentado poner algo de orden y regular este negocio que tiene varias externalidades negativas: ofrece oportunidades para el lavado de dinero, sinergias con actividades ilícitas y causa ludopatía. Esto último no es menor: las apuestas sin control son un auténtico problema de sanidad pública que no se está enfrentando con la seriedad debida. Estudios internacionales señalan que la prevalencia de ludopatía en una población asciende a 1.8%, señala Carlos Bromley Coloma, especialista de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. “Pero esos datos pueden estar desactualizados”, advierte. Otras fuentes señalan que la prevalencia puede estar entre 1% y 3%. Aun así, si damos por buena la cifra de Bromley, estaríamos hablando de no menos de 400 mil peruanos que podrían tener algún grado de adicción al juego. Sin embargo, al 8 de junio de 2022, el registro que lleva el Mincetur de personas prohibidas de acceder a casinos y tragamonedas apenas tiene 1,274 personas. Es voluntario, y casi nadie se apunta.

Tenemos poca evidencia a la mano, pero la que tenemos da cuenta de un preocupante incremento de los casos de ludopatía entre la población peruana. Según Carlos Bromley, hace pocos años los establecimientos de salud del Minsa atendían un promedio de entre 800 y 900 pacientes por adicción a las apuestas. El año pasado la cifra se multiplicó por tres: fueron 2,710 personas, y en lo que va de este año van 775. Estas cifras, admite Bromley, dan cuenta de un subregistro: hay muchos más ludópatas, y los que llegan a la consulta médica son, generalmente, los que ya lo han perdido todo, están endeudados o arruinados.

Llama la atención, también, la presencia de niños que son llevados por su padres, y que generalmente juegan a través de algún adulto. En 2021 fueron 117 niños y 1,120 adolescentes. Y en lo que va del 2022, han sido atendidos 62 y 268, respectivamente. Aunque sea como hipótesis de trabajo, cabe preguntarse si este en este incremento de la prevalencia de casos serios de ludopatía, sobre todo entre la gente más joven, tiene algo que ver el aluvión de publicidad de casas de apuestas en los medios de comunicación, así como la normalidad con la que ahora se aborda el tema, sin distingo de horarios ni advertencias de ningún tipo. Al respecto, Bromley considera que la publicidad de estos negocios debería estar sometida a restricciones similares a las de otros productos que representan potenciales riesgos a la salud pública, como el tabaco y las bebidas alcohólicas. Pero, al menos de momento, esa regulación en el Perú aún no existe. En lo que se refiere a las apuestas deportivas, no hay nada siquiera parecido a los octógonos que alertan sobre los riesgos de consumir ciertos alimentos.

Casos Minsa ludopatía

El perfil típico del ludópata, explica Bromley, es un varón joven (en comparación, las mujeres empiezan a apostar mucho después). El estrés y la presión social de grupo son dos factores determinantes para que las personas incursionen en el mundo de las apuestas. Queda claro que la forma tan natural y carente de advertencias con que se aborda este tema de un tiempo a esta parte puede terminar agravando un problema de salud pública. Ya no se considera inmoral apostar, y eso está bien. Pero quizás habría que poner un poco de paños fríos: que ‘poner todo’ por tu equipo o tu selección no se convierta en una frase literal. Que siga siendo una alegre alegoría

 

 

(*) Un especial agradecimiento a mis amigos Miguel Villalobos y Jerónimo Pimentel, que aportaron referencias que ayudaron a enriquecer este texto.

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Casa de apuestas, Minsa

La posibilidad de poder decidir adecuadamente sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo es un derecho elemental. Quizá en el Perú existan personas que prefieran que sean otros que tomen decisiones, pero para el resto del mundo eso se llama sometimiento y sólo ocurre cuando hablamos de gobiernos religiosos fundamentalistas. No de una república democrática como supuestamente somos, que debiera estar comprometida con el derecho a nuestra libertad.

Pero no es sólo eso, se puede entender que un conjunto de congresistas (dentro del cual las mujeres coautoras han recibido una mala o ninguna formación de educación superior a diferencia de los coautores hombres)  presente un proyecto de Ley de este tipo, pero que la Comisión de Mujer “y Familia” apruebe un dictamen de estas características, sin mayor base legal que proyectos de Ley anteriores basados en sus creencias religiosas, nos lleva a pensar que hay algo detrás más profundo que una mera agenda, que hay unas ganas de mostrarle al país que son capaces de fomentar que nuestras niñas crezcan sometidas, con el control de su cuerpecito sometido al placer y al poder de sus familiares. 

Es el horror. Y para colmo, lo celebran sus seguidores fundamentalistas mediante una marcha por las calles. ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo? ¿Realmente queremos eso? ¿Qué daño nos han hecho nuestras niñas para que les demos la espalda con tamaña crueldad? ¿Por qué las mujeres no podremos decidir sobre si queremos morir o seguir viviendo? ¡Qué clase de vida dicen que debemos celebrar! 

Que se enteren todas las mujeres del Perú del daño que nos quieren infligir, porque nosotras no vamos a dejar que nos dañen a nuestras niñas ni que dejemos de decidir sobre nuestros cuerpos. Ni un paso más a ninguna crueldad.

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Democracia, Perú

Todo ello debería expresarse por fin en las calles, superando las ralas convocatorias que hasta ahora han logrado las marchas de protesta en Lima. Si cambian la agenda (en lugar del absurdo “No al comunismo” o “No a la Constituyente”, invocar “No al alza del costo de vida” o “No a la corrupción”) y, además, permiten que sean los propios ciudadanos de a pie los que se organicen y movilicen mediante los grupos activistas que ya existen y desechan a los políticos tradicionales desprestigiados que suelen trepar a los estrados, la calle se podría volver un actor protagónico que sume en el esfuerzo político mayor que corresponde hoy a todo ciudadano demócrata de a bien, como es lograr sacar a Castillo de Palacio de Gobierno.

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Pedro Castillo

5.-Ser un mejor profesional: Este es el objetivo que muchos trabajadores desean tener. Llegar a la excelencia sólo es posible en base a conocimientos adquiridos y a una capacitación continua que te dará la constante capacitación.

Al tomar en cuenta que los principales objetivos que se plantea un profesional se basan en conocimientos, cobran gran relevancia los cursos virtuales, especialmente para aquellos que trabajan.

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cursos online

Cuarto caso: las actas la firmaron comuneros que no eran comuneros calificados sino solo comuneros empadronados. Es decir, se cumple con las firmas de 2/3 comuneros, pero estas son firmas de los comuneros empadronados, pero no de los comuneros calificados. A diferencia de un comunero empadronada que solo tiene voz en la asamblea, los comuneros calificados tienen derecho a una parcela familiar, y tienen no solo voz sino voto en la asamblea comunal.

Quinto caso: las actas o las firmas de los comuneros calificados están falsificadas pues no figuran en el padrón de las comunidades. Aparentemente se han obtenido las firmas son de los 2/3 de los comuneros calificados, sin embargo, luego de ver el padrón de comuneros calificados de la comunidad, se advierte que las firmas han sido falsificadas.    

Sexto caso: cuando se ha pagado poco dinero por las tierras. En este caso es manifiesta la no correspondencia entre las prestaciones (precio por tierras), o cuando lo pagado por las tierras no corresponde de forma clara y manifiesta con el valor de las tierras para las comunidades, en atención al principio de indemnidad patrimonial. Deberá probarse que más que un contrato o un convenio celebrado en ejercicio de la libertad contractual de ambas partes, estamos ante la imposición de un contrato de la minera a las comunidades campesinas. Este es el caso más complejo de revertir por la dificultad para determinar a partir de qué monto estamos ante una manifiesta no correspondencia. Deberá probarse en definitiva que no hubo autonomía de la voluntad, que se ha pactado contra los derechos fundamentales, que se pactó contra los derechos fundamentales, que se ha obligado a las comunidades campesinas a renunciar a sus derechos fundamentales (art. 26.2 de la Constitución); y deberá probarse que estamos ante un supuesto de abuso del derecho (art. 103 de la Constitución).

Para evitar todo este tipo de abusos, se hace muy necesario de la aprobación de una ley de debida diligencia en el Parlamento Europeo. Ese es el sentido de una campaña que hemos iniciado días atrás llamada “Espinar no puede esperar”.

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