Las elecciones del 2026 constituirán una de las encrucijadas más cruciales en la historia republicana del Perú. No exagero cuando digo que está en juego el alma de este país; debemos regresar a un patrón de capitalismo democrático que, a pesar de todos sus defectos, ofrece el crecimiento económico más sostenido y la mayor reducción de pobreza que hemos logrado en la historia moderna. Ese modelo, aunque fue arduamente ganado y contra las probabilidades desde sus raíces en las reformas de los años 90, luego consolidado bajo el régimen de Toledo y el segundo mandato de Alan García, fue muy probablemente el experimento modernizador más exitoso que el Perú ha visto en generaciones.
Sin embargo, esa trayectoria fue interrumpida y luego lentamente desgarrada con la desviación populista y estatista que comenzó con el gobierno de Ollanta Humala. La política económica ha estado bajo el control de una combinación letal de oportunismo, mediocridad y dogmatismo desde entonces. Con la propagación del estancamiento social y la debilidad de las funciones del estado, incluso llega el 2021 la peligrosa fase del discurso antisistema en la que se entroniza el escepticismo ciudadano y la fatalidad.
Es en este sentido que el país necesita más que un buen gobierno. Se requiere un ciclo de al menos dos presidentes consecutivos guiados por una visión liberal moderna, de respeto ilimitado por el estado de derecho, de apertura económica y reformas estructurales que liberen las energías creativas de los peruanos. Solo de esta manera podremos sacudirnos el subdesarrollo y construir un país verdaderamente libre, próspero y justo.
Para lograrlo, se debe invocar un proyecto político que pueda persuadir no solo a las élites ilustradas, sino a los sectores populares, que están cansados de la exclusión, pero susceptibles a los cantos de sirena de líderes mesiánicos.
Si los liberales democráticos no responden a este desafío con audacia y generosidad, estamos perdidos. Las elecciones del 2026 serán una cita con la historia. La elección ahora es clara: o volvemos al camino de la libertad o descendemos al abismo del retroceso y el autoritarismo.
[INFORMES] El 8° Juzgado de Familia de Chorrillos, especializado en violencia contra la mujer, ha ordenado al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta la devolución inmediata de las pertenencias personales de su expareja, Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza, en el marco de un proceso por violencia familiar. La resolución, emitida el 3 de abril de 2025, establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el denunciado cumpla con la medida.
La orden judicial forma parte del expediente 03459-2024, en el que Gutiérrez Mendoza es reconocida como víctima de violencia por parte de quien, hasta hace poco, fue una figura clave del aparato de seguridad del país. Jorge Chávez Cresta fue titular del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Dina Boluarte, y su rol en la respuesta militar frente a protestas sociales ha sido ampliamente cuestionado.
La violencia no solo es institucional: también es doméstica
Según consta en la resolución judicial, las pertenencias retenidas incluyen ropa, documentos y otros objetos personales que estarían bajo control del exministro en el inmueble ubicado en la urbanización Las Brisas de Villa, en Chorrillos. El juez a cargo, Wilbert García Violeta, ha dispuesto que la entrega sea acompañada por la Policía Nacional del Perú, garantizando la seguridad de la víctima durante el proceso.
Esta medida se dicta en respuesta a escritos presentados por la denunciante y el Centro de Emergencia Mujer de Chorrillos, que advirtieron sobre la retención injustificada de los bienes como una forma más de violencia patrimonial. En caso el denunciado considere que algún objeto no corresponde a Gutiérrez Mendoza, deberá probarlo por la vía judicial, pero no podrá negarse a la devolución de forma unilateral.
Sin derecho a posesión del inmueble, pero sí a sus derechos básicos
El juzgado también aclaró que esta medida no otorga a la agraviada derechos sobre el inmueble ni permite resolver, en esta vía, posibles conflictos de usurpación o tenencia. La orden es clara: el enfoque está puesto en los derechos fundamentales de la denunciante, no en una disputa patrimonial.
El caso ya fue elevado al Ministerio Público
De forma paralela, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos —Tercer Despacho— ha solicitado copias certificadas de todas las resoluciones y medidas dictadas en favor de la víctima. El juzgado respondió que ya se han remitido los documentos pertinentes, lo que confirma que el caso ha entrado en la órbita penal.
Una señal política y judicial
El caso cobra especial relevancia no solo por el contexto de violencia de género, sino por el perfil del denunciado. Jorge Chávez Cresta es un militar en retiro con amplio poder en el sector Defensa, que ocupó altos cargos en los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y más recientemente, de Dina Boluarte. Durante su paso por el Ministerio de Defensa, fue vocero de la intervención militar durante las protestas de 2022-2023, y su nombre se asoció a operativos de seguridad controvertidos.
Ahora, enfrenta una denuncia por violencia dentro del ámbito familiar, en un proceso que ya derivó en medidas de protección para la denunciante y que pone a prueba el compromiso del Estado con la erradicación de la violencia de género, incluso cuando involucra a exfuncionarios de alto nivel.
Violencia patrimonial: una forma de control invisible
Este tipo de medidas judiciales reflejan un entendimiento más amplio de la violencia de género, donde no solo se considera el daño físico o verbal, sino también las acciones que buscan controlar o empobrecer emocional y materialmente a la víctima. Negarle sus pertenencias no es un simple conflicto doméstico: es una forma de retener poder, de castigar, de seguir violentando.
La resolución N.° 12 marca un precedente importante: ni el rango militar ni el cargo político otorgan impunidad ante la justicia cuando se trata de proteger a víctimas de violencia.
[INFORMES] La actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú se ve inmersa en una nueva polémica tras encargarle dos direcciones a una exfuncionaria del Ministerio del Interior sin mayor experiencia el sector.
Los recientes escándalos que involucran a las esferas más altas del poder político en el Perú han acaparado la mayoría de portadas y la atención de los peruanos. Sin embargo, mientras estas disputas y polémicas tienen como protagonistas a Dina Boluarte y los congresistas, otros funcionarios vienen aprovechando este interminable caos para manejar algunas instituciones a su antojo.
Una de estas instituciones afectadas es la prestigiosa e histórica Biblioteca Nacional del Perú que, una vez más, vuelve a ser noticia por los manejos irregulares por parte de quienes hoy en día tienen en sus manos el destino del patrimonio cultural documental bibliográfico de nuestro país.
Sudaca pudo conocer por medio de fuentes confiables los detalles de las sospechosas decisiones que se vienen tomando en dicha institución y que ponen en serio riesgo a la Biblioteca Nacional del Perú y sus más de doscientos años de historia.
ESTO ES UN CRIMEN
Uno de estas decisiones cuestionadas con respecto a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) tuvo lugar a inicios del presente mes de junio. En una resolución jefatural del martes 3 de junio, la jefa institucional de la BNP designó a Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.
Sin embargo, algo que habría pasado desapercibido, o decidieron ignorar, es la experiencia laboral de Garrido Gonzáles para un puesto tan importante. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el campo para el cual se encuentra preparada esta directora que ha sido beneficiada con este cargo de confianza poco o nada tiene que ver con las políticas bibliotecarias. Según su propio perfil, Garrido se dedica a la criminología.
La suerte de Garrido Gonzales mejoraría dos semanas después. El miércoles 18 de junio, como figura en el sitio web de la propia Biblioteca Nacional del Perú, la criminóloga tuvo a su cargo una nueva dirección. En esta oportunidad, Keila Garrido tendría bajo su responsabilidad la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria.
DEL MININTER A LA BIBLIOTECA
Sudaca pudo acceder al manual clasificador de cargo de la Biblioteca Nacional del Perú y pudo revisar los requisitos que se exigen para una persona que pretende ocupar el cargo de director, tal como es el caso de Keila Garrido Gonzales. Según este documento, que ha sufrido modificaciones en los últimos años, para ocupar una dirección se debe contar, por lo menos, con cuatro años de experiencia en la función y dos años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo.
Este medio revisó los más recientes trabajos de Keila Miroslava Garrido Gonzales y pudo encontrar que su experiencia laboral previa a su llegada a la Biblioteca Nacional fue ocupando una dirección pero en un área totalmente diferente en el que se viene desempeñando actualmente.
Entre 2022 y 2023, justo antes de empezar a trabajar en la Biblioteca Nacional, Keila Garrido ocupaba una dirección pero en el Ministerio del Interior. Bajo la gestión de Vicente Romero como titular del Mininter, Garrido Gonzales sí ejercía su especialización en criminología y estaba al frente de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado.
En el sitio web de Transparencia Económica también se puede encontrar que la experiencia de esta nueva directora de la Biblioteca Nacional en el sector público fue únicamente con el Ministerio del Interior, sector con el cual registra más de doscientos mil soles en contratos entre los años 2015 y 2023.
Incluso en el registro de títulos se puede encontrar que la vida profesional de Garrido Gonzales se encontraba direccionada a la criminología. En la siguiente imagen se puede observar que, en el año 2022, Keila Garrido obtuvo un grado de master en una universidad de Reino Unido en el campo de la criminología y la justicia penal.
Cabe señalar que el nombre de Garrido había causado escándalo en el ambiente de la Biblioteca Nacional en noviembre del año pasado cuando la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, la nombró en el cargo de confianza de asesora e incluso para dicho cargo no contaba con la experiencia que se esperaba.
Aunque la crisis política del país recibe un merecido porcentaje de la atención de los peruanos, una de las instituciones más antiguas y claves para la historia del Perú, como es el caso de la Biblioteca Nacional, hoy reclama por mayor supervisión ante este tipo de decisiones que, más temprano que tarde, pueden poner en riesgo parte del patrimonio nacional y décadas de cuidadoso trabajo por parte de quienes sí se han especializado en este sector.
[ENTRE BRUJAS] La gran mayoría de la población conoce algún caso de violencia contra las mujeres, ya sea en el entorno de pareja, en el espacio público o en el entorno familiar. Lamentablemente, se trata de un problema cotidiano, común y doloroso.
Aunque en el país se han logrado importantes avances en la prevención y sanción de estos crímenes, aún son insuficientes. Las cifras lo evidencian: miles de denuncias anuales por violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas, así como feminicidios —162 en el año 2024— cada vez más crueles, reflejan una realidad terrible, que nos golpea a diario y contra la que debemos seguir luchando.
Durante años, no solo quienes nos identificamos como feministas, sino también muchas otras mujeres y hombres, han asumido un firme compromiso en esta lucha, generando una corriente de rechazo y preocupación que no debe detenerse ni debilitarse. Aunque la marcha Ni Una Menos no fue la primera en la historia de nuestro país, sí fue la más multitudinaria y diversa, al reunir a personas de diferentes estratos socioeconómicos, identidades, generaciones y roles en la sociedad. Definitivamente, fue un hito que marcó un punto de inflexión, generando la esperanza de reducir la tolerancia hacia la violencia de género en nuestro país.
Sin embargo, la actual crisis democrática y los retrocesos en materia de igualdad impulsados desde el Congreso, con el silencio o aval del Ejecutivo, afectan directamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En este contexto, el congresista Alejandro Muñante, de la agrupación política Renovación Popular, ha presentado el proyecto legislativo N.º 11561/2021-CR, con el cual se busca amedrentar y criminalizar a las sobrevivientes de violencia de género y violencia familiar. La situación es grave, y la ciudadanía no puede permanecer ajena ante un escenario que podría tener un fuerte impacto en sus vidas y en las de sus seres queridos o entorno.
En concreto, esta absurda propuesta plantea sancionar a quienes supuestamente presentan “denuncias falsas”, promoviendo nuevamente el mito de que las víctimas mienten. Además, propone sanciones e inhabilitación para abogados, médicos, peritos o cualquier otro especialista involucrado en una denuncia, en caso de que esta sea considerada falsa. Es decir, si un especialista emite una opinión o certificado y luego la denuncia no prospera, podría ser sancionado.
Esta iniciativa, completamente misógina y con tintes revanchistas por parte de agresores, solo logrará que menos mujeres se atrevan a denunciar por miedo a ser criminalizadas. También empeorará la ya deficiente atención de los operadores de servicios y justicia, quienes actuarán no solo desde la desinformación, sino ahora también desde el temor.
Según la ENDES 2024, del total de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja, solo el 29 % denuncia, precisamente por temor a la estigmatización y porque sienten que denunciar no da resultados. Por otro lado, un estudio del Poder Judicial reveló que entre 2018 y 2023, solo el 1 % de las denuncias llegó a una sentencia favorable a las víctimas. Así de dramática es la situación.
Esto no significa que las denuncias sean falsas, sino que el sistema les falla a las víctimas. Además, muchas abandonan los procesos por factores ajenos a la veracidad de los hechos, en un contexto de desprotección, estigmatización y hostilidad que las presiona constantemente.
Cualquiera que conozca a una mujer que ha sufrido violencia y ha tenido el valor de denunciar, sabe lo difícil que es el camino que enfrentar y acceder a la justicia: largo, hostil y lleno de dudas.
Las agresiones físicas, psicológicas y los delitos sexuales quedan impunes en nuestro país, sumiendo en la impotencia y el dolor a las víctimas y sus familias. Esta impunidad convierte al Estado en una entidad lejana y aumenta la desconfianza en las autoridades. Cada agresor que queda impune representa un riesgo para todas.
La mayoría de agresores sexuales de niñas —incluso aquellos que las asesinaron— ya tenían antecedentes de violencia contra otras mujeres o niñas. Denuncias previas que fueron desestimadas, delitos que no se sancionaron. La impunidad solo refuerza al criminal y a su poder.
No hay nada más miserable e indignante que utilizar este contexto de impunidad y de regreso de lógicas machistas, para proponer una norma como la mencionada. Intentar desalentar las denuncias y criminalizar a quienes no logran probar los hechos es una forma vil de quitarles a las mujeres el derecho a defenderse, a denunciar, a acceder a la justicia y a preservar su dignidad.
No solo los congresistas, sino toda la ciudadanía debe rechazar propuestas como esta, por su carácter absurdo y la falta de sustento técnico, pero sobre todo porque representan vehículos de impunidad y mecanismos para despojar de dignidad a todas las mujeres y niñas que sufren violencia en este país.
El pasado del Perú está lleno de paradojas, pero pocas son tan tristemente patéticas como la que ahora se desarrolla en vista del 2026. La izquierda, esa torre de Babel ideológicamente centrífuga, en la que todas las distintas facciones hablan sus propios idiomas mientras llueven anatemas con el mismo entusiasmo con que otros denuncian el imperialismo, por una vez ha hecho algo que hasta ahora parecía impensable: van llegando a consensos. Y no hablamos solo de una mera coalición electoral, sino de un entendimiento práctico que podría traducirse en un segundo intento viable de tomar el poder por parte del populismo radical, como ya sucedió el 2021.
Mientras tanto, a su lado, la derecha y el centro, con un apoyo mayoritario según las encuestas, mantienen una mirada fija, aunque marcada por el combate entre sí, en esta guerra de locura y orgullo, con una atmósfera histérica de desconfianza mutua. Sus líderes, la mayoría de los cuales son decentes y bien intencionados, parecen ignorar una verdad fundamental: las elecciones venideras no las gana sino quien logre armar frentes coaligados. Y hoy, esa virtud táctica ha sido apropiada por la izquierda.
No es que la izquierda radical haya refinado su propuesta, o incluso su discurso. La historia allí sigue siendo la misma: estatista, autoritaria, simpatizante de líderes mesiánicos, hostil a las instituciones. Lo que ha cambiado es su instinto político. Han comprendido que en un país que ya ha tenido suficiente con la esperanza, donde la indignación popular la ha suplantado, cualquier promesa de cambio se vuelve atractiva. Y si a eso se le suma el desempeño necio de sus contrincantes, entonces el camino al poder se despeja con facilidad.
Sobre todo, en un Perú que tiene una necesidad tan urgente de una alternativa moderna, democrática y liberal, solo corre el riesgo de volver a caer en la pesadilla de los extremismos. La izquierda no avanza porque haya conquistado los corazones de muchos, sino porque sus adversarios están, a través de sus acciones, regalándole el futuro.
Si no responden, el 2026 no será simplemente una elección fallida; será una repetición del error. Y, como ocurre tan a menudo en nuestro país, el pueblo pagará el precio.
[INFORMES] La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha presentado una apelación formal contra la Resolución Directoral N.º 00010-2025-OEFA/DSIS, emitida el pasado 3 de abril, en la que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó la elaboración de un Plan de Cierre integral para el relleno sanitario El Zapallal en Carabayllo. Según la comuna, dicha orden impone de forma “arbitraria e ilegal” responsabilidades que corresponderían a la empresa privada Innova Ambiental S.A., antigua concesionaria del sitio.
¿Qué dice la Municipalidad?
El núcleo del argumento municipal gira en torno a lo siguiente: la responsabilidad de los daños ambientales, como filtración de lixiviados y mal manejo de residuos, corresponde exclusivamente a la empresa Innova, quien operó El Zapallal desde 1996 hasta el 30 de mayo de 2024 bajo un contrato de concesión. La MML señala que solo recibió la infraestructura “bajo protesta”, advirtiendo desde el primer momento que no asumía titularidad ni compromisos ambientales derivados de esa gestión.
La apelación se basa en principios clave del Derecho Administrativo: legalidad, debido procedimiento y verdad material. La comuna afirma que la Resolución 10-2025 carece de motivación técnica suficiente, no cumple con los requisitos legales para variar una medida administrativa y viola el derecho a defensa al haber sido emitida en un procedimiento donde la MML no fue parte.
La versión de los hechos según la MML
De acuerdo al recurso de apelación:
Innova Ambiental fue responsable de operar El Zapallal bajo un contrato de concesión que finalizó oficialmente el 30 de mayo de 2024.
Desde 2016, Innova tenía la obligación expresa de presentar un Plan de Cierre, según la Resolución Directoral N.º 2261-2016/DSA/DIGESA/SA. No lo hizo.
En 2023, OEFA emitió la Resolución N.º 00107-2023-OEFA/DSIS con requerimientos ambientales dirigidos a Innova. Sin embargo, en 2025, OEFA modifica esta decisión mediante la Resolución 10-2025 y traslada la obligación a la MML, sin sustento técnico ni legal.
Para la Municipalidad, esto constituye una traslación arbitraria de responsabilidades ambientales, ignorando que fue Innova quien generó los pasivos durante su tiempo de operación. Además, la comuna recalca que Innova nunca realizó una entrega formal de la infraestructura con un instrumento ambiental aprobado que garantice el proceso de cierre, como lo exige la normativa vigente.
¿Por qué rechaza la resolución del OEFA?
El documento de apelación detalla varios puntos:
Falta de motivación suficiente: La resolución del OEFA no sustenta técnicamente por qué se unificaron los requerimientos previos en uno solo, ni por qué se asigna a la MML su cumplimiento. Según la norma, toda modificación debe estar debidamente sustentada, incluyendo análisis técnico, evaluación de pertinencia, comparación normativa y análisis de impacto ambiental. Nada de esto se incluyó.
Violación del debido procedimiento: La MML no fue parte del expediente original que dio lugar a las medidas ambientales dictadas en 2023. Por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa ni ser notificada conforme a ley.
Inversión pública injustificada: La comuna advierte que asumir el costo del cierre del relleno significaría usar recursos públicos para cubrir una obligación que le corresponde a una empresa privada, lo cual constituye una afectación directa al presupuesto municipal y al principio de “quien contamina, paga”.
Falta de entrega formal: Innova no entregó el relleno sanitario con un Plan de Cierre validado ni con un instrumento ambiental aprobado, por lo cual la MML no puede considerarse legalmente como titular de la operación.
Conflicto con el principio de verdad material: El OEFA no habría verificado adecuadamente los hechos ni actuado pruebas que acrediten que la MML asumió la infraestructura como responsable ambiental. Por el contrario, existe acta de entrega bajo protesta que lo desmiente.
¿Qué busca la MML?
Con esta apelación, la Municipalidad solicita que se revoque o declare nula la Resolución Directoral N.º 10-2025-OEFA/DSIS. Además, demanda que cualquier medida ambiental posterior se dirija a Innova Ambiental S.A., empresa que, según la propia OEFA en resoluciones previas, sigue siendo responsable por los impactos ocasionados.
La comuna también se reserva el derecho de presentar nueva documentación técnica y legal complementaria, y advirtió que cualquier obligación futura sin sustento podría ser impugnada también por la vía judicial.
¿Qué está en juego?
Este caso marca un punto de inflexión en la forma en que se determina la responsabilidad ambiental post concesión en el país. Si el OEFA mantiene su resolución, establecería un precedente donde el Estado, vía gobiernos locales, termina asumiendo pasivos ambientales generados por empresas privadas, aun cuando estas no cumplieron con sus compromisos legales previos.
La controversia también expone deficiencias en los mecanismos de fiscalización del Estado frente a concesiones públicas, especialmente en servicios como el manejo de residuos sólidos, donde las consecuencias ambientales pueden extenderse por décadas.
Uno de los espectáculos más tristes de la política peruana contemporánea es la claudicación de una izquierda que alguna vez soñó y lideró aspiraciones de modernidad, reformismo democrático y justicia social dentro del marco de instituciones. Esa última izquierda parece haberse rendido. En su lugar aparece una caricatura de sí misma, dispuesta a hacer acuerdos con los representantes de lo peor del autoritarismo criollo: Pedro Castillo y Antauro Humala.
Juntos por el Perú, que pretendía estar a favor del progresismo, con una vocación institucional y sensibilidad social, ha elegido sumergirse en el pantano del caudillismo más primitivo. La futura alianza con el golpista y desacreditado expresidente Castillo, cuyo mandato fue una debacle ética e intelectual, y con el violento etnocacerista Antauro Humala, cuyo discurso militar racista recuerda el peor delirio fascista, es un gesto no solo de desesperación política, sino de una alarmante regresión ideológica.
Lo que estas alianzas revelan es más que ineptitud estratégica. Muestran una traición a los principios democráticos más básicos. Porque, a pesar de sus consignas igualitarias y su retórica política sobre el pueblo, estos personajes — y los que hacen tratos con ellos — odian la libertad, desconfían del pluralismo y apuestan por el caos, en lugar de por el institucionalismo. Son, en el fondo, antidemócratas, enemigos de la crítica, la disidencia y la ley.
Lo que el Perú requiere es una izquierda moderna, similar a la que tuvo éxito en Chile, Uruguay o incluso Colombia. Una izquierda que pueda hacer propuestas serias, sin incendiar la economía ni derribar todas las instituciones. Pero en el Perú, un sector de la izquierda parece empeñada en su autoaniquilación, cayendo en las trampas populistas y autoritarias de antaño, y aglutinándose tras sus peores elementos.
La tragedia es que en este abrazo con la barbarie arrastra tras de sí las pocas esperanzas de verdadera renovación política. La izquierda que pacta con Castillo y Antauro no es digna de gobernar. Ni siquiera merece representar a alguien.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha emitido una orden urgente que pone en evidencia un problema ambiental latente en el norte de Lima. A través de la Resolución N.° 00010-2025-OEFA/DSIS, la entidad ha dispuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elabore y presente un Plan de Cierre completo para el relleno sanitario “El Zapallal”, tras constatar condiciones críticas de contaminación, gestión inadecuada de residuos y omisiones técnicas que comprometen gravemente la salud ambiental del área y el abastecimiento de agua subterránea.
La resolución, emitida el 3 de abril de este año, reemplaza dos medidas administrativas previas con una única exigencia clara y contundente: diseñar un Plan de Cierre integral que incluya todas las celdas de disposición de residuos —tanto municipales como de centros de salud—, así como sus componentes auxiliares. Este plan deberá detallar medidas para el tratamiento de lixiviados, control de gases, cobertura final de los residuos, monitoreo ambiental posterior al cierre, y, si es viable, el uso futuro del terreno.
¿Qué es “El Zapallal” y por qué está en el centro de la discusión?
El Zapallal es un relleno sanitario ubicado en la quebrada del mismo nombre, en el distrito de Carabayllo, entre los cerros Campana y Cabrera, en el margen derecho del río Chillón. Esta infraestructura fue creada en 1990 y funcionó durante más de tres décadas, recibiendo miles de toneladas de residuos sólidos cada día.
En sus inicios, estuvo a cargo de la Municipalidad de Lima y luego pasó por distintos concesionarios privados, como Relima y posteriormente Innova Ambiental S.A. En mayo de 2024, el sitio volvió a manos de la MML, según consta en documentos oficiales.
A pesar de que su operación fue oficialmente paralizada en febrero de 2023, OEFA detectó que siguen ocurriendo procesos que generan impactos ambientales —como la producción y recirculación de lixiviados— sin un plan de cierre ejecutado. Esta condición lo convierte en una fuente de riesgo ambiental permanente.
Parte de la resolución del OEFA sobre la problemática
¿Qué encontró OEFA en sus visitas de supervisión?
Las inspecciones técnicas revelaron un panorama preocupante. El relleno está dividido en tres celdas:
Celda de la quebrada N.º 1: destinada a residuos municipales. Su permiso de funcionamiento venció en 2021, pero continuó operando hasta 2023. Superó ampliamente su capacidad autorizada.
Celda para residuos hospitalarios: diseñada para manejar residuos peligrosos de centros de atención médica. También operó por encima del límite aprobado.
Celda de la quebrada N.º 2: fue implementada sin contar con instrumento ambiental aprobado (IGA), lo que implica que operó al margen de la ley.
Las tres celdas comparten vías de acceso, zonas administrativas y sistemas de drenaje, pero no tienen una estrategia de gestión ambiental unificada. Esto impide una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos.
Uno de los principales hallazgos fue la ausencia de impermeabilización en las bases de las celdas, lo que permite la infiltración de lixiviados —líquido tóxico generado por los residuos— hacia el subsuelo. Además, se verificó que el terreno donde se ubican las celdas no cumple con las características de una “barrera geológica natural”, es decir, no impide que estos contaminantes lleguen a fuentes de agua subterránea como el acuífero del río Chillón.
Lixiviados sin control y biogás en fuga
Durante la supervisión más reciente (enero de 2025), OEFA documentó la existencia de al menos 10 pozas de recirculación de lixiviados, ocho de ellas operativas. Estos líquidos estaban siendo movilizados mediante camiones cisterna hasta zonas elevadas para ser vertidos nuevamente sobre los residuos, en un ciclo que solo prolonga el problema en lugar de resolverlo.
Además, se evidenciaron grietas, canales erosionados y afloramientos de lixiviados al pie de los taludes, lo que genera riesgo de deslizamientos, proliferación de vectores sanitarios y emisiones de gases contaminantes como el metano o el sulfuro de hidrógeno.
Tampoco se ha instalado un sistema de captación de biogás adecuado, ni existe cobertura vegetal o material de sellado sobre los residuos, lo que multiplica los impactos ambientales y reduce cualquier posibilidad de rehabilitación del terreno.
Disposición del OEFA sobre la Municipalidad de Lima
¿Por qué OEFA exige un nuevo Plan de Cierre?
Las medidas anteriores, dictadas en 2023, solicitaban planes específicos para cada celda. Sin embargo, OEFA consideró que ese enfoque fragmentado no garantiza una gestión adecuada ni evita los impactos acumulativos. Por ello, mediante esta nueva resolución, exige una visión integral bajo principios de indivisibilidad y complementariedad ambiental.
El nuevo Plan de Cierre debe contemplar:
Cobertura final de las celdas con materiales adecuados.
Instalación de sistemas para la captura y tratamiento de lixiviados.
Manejo seguro de biogás.
Programa de monitoreo ambiental de largo plazo.
Medidas de contingencia postcierre.
Proyecto de uso del área posterior al cierre (si es factible).
Además, el documento señala que el incremento sostenido en el volumen de residuos —que llegó a duplicar la capacidad prevista— redujo drásticamente la vida útil proyectada del sitio y empeoró los riesgos de impacto ambiental. OEFA también subraya que no se han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios para las modificaciones introducidas, ni existe una hoja de ruta para la clausura progresiva.
Plazos y responsabilidades
La Municipalidad de Lima deberá presentar el Plan de Cierre en un plazo de 120 días hábiles desde la notificación de la resolución. Además, tiene solo 15 días hábiles para acreditar la contratación de una empresa especializada que se encargue de elaborarlo.
La resolución también deja abierta la posibilidad de ordenar nuevas medidas administrativas si se detectan más riesgos o incumplimientos en futuras inspecciones.
¿Por qué esto debería importarte?
El Zapallal no es solo un caso técnico. Es un espejo de cómo se manejan —o se desatienden— los residuos de una ciudad de casi 10 millones de habitantes. También es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la infraestructura pública carece de fiscalización efectiva y visión de largo plazo.
Además, pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando los residuos que generamos siguen afectando nuestro ambiente incluso después de ser “desechados”? El riesgo no es hipotético. Si los lixiviados continúan infiltrándose en el suelo, podrían contaminar aguas subterráneas que abastecen a sectores del norte de Lima.
En resumen, el caso de El Zapallal es un llamado urgente a repensar la política pública sobre residuos, a exigir transparencia a nuestras autoridades y a fortalecer la fiscalización para que el medio ambiente —y la salud pública— no sigan siendo los últimos en la lista de prioridades.
Defender a Montesinos, ser exfuncionario de Cerrón, fomentar la homofobia y ser aportante de un partido parecen ser los requisitos para cobrar un sueldo en el Congreso. Sudaca revisó los pagos del mes de mayo y encontró una peculiar lista de beneficiados.
Los actuales inquilinos del Congreso de la República están escribiendo un nuevo e infame capítulo. Además de ser los responsables de promulgar leyes que terminan favoreciendo a la criminalidad y ser duramente cuestionados por la opinión pública, los parlamentarios han decidido utilizar el presupuesto del Legislativo para darle una mano a integrantes y socios estratégicos de sus partidos políticos.
En lo que se podría interpretar como una posición desafiante a las críticas de sus propios votantes, los partidos políticos con representación en el Congreso vienen aprovechando los recursos públicos para darle trabajo a sus militantes, aportantes y hasta aliados. Pero no conformes con ello, en el parlamento incluso los contratan para oficinas en las que tienen a su cargo funciones que poco o nada tienen que ver con su experiencia profesional.
Sudaca pudo revisar los contratos que viene pagando el Congreso de la República durante los últimos meses y ha podido encontrar numerosos casos que ponen en evidencia esta situación que, sin lugar a dudas, suma al deterioro de la imagen del Congreso.
PODEMOS DAR TRABAJO
En el Congreso tiene lugar el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias, el cual tiene como objetivo garantizar que todos los peruanos puedan acceder a la información sin que su forma de comunicarse sea un obstáculo. Sin embargo, lejos de darle a dicha área la importancia que merece en un país en el cual se habla una gran variedad de lenguas, quienes hoy tienen poder en el Legislativo han decidido utilizar estos puestos para darle trabajo a sus aliados.
Este parece ser el caso de Kiradia Lucy López Lavy, quien durante el pasado mes de mayo recibió más de tres mil soles por desempeñarse como auxiliar en el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Congreso de la República.
Esta información podría pasar desapercibida de no ser porque López Lavy no sólo carece de experiencia en esta área sino que, casualmente, ha integrado desde hace aproximadamente siete años las filas de Podemos, la agrupación política de José Luna, y gracias a ellos desde 2023 empezó a desempeñarse como regidora en la Municipalidad de Los Olivos.
Al revisar la situación actual de esta área también se puede encontrar que quien se desempeña como jefa de esta es Shadia Elizabeth Váldez Tejada, quien no sólo es militante del partido Podemos sino que trabajó para el despacho del propio José Luna y figura como aportante de esta agrupación política. Al igual que en el caso de López Lavy, Shadia Valdez tampoco registra una trayectoria relacionada con el área que tiene a su cargo.
LA CUOTA FUJIMONTESINISTA
Patricia Juárez representa la cuota fujimorista en la actual Mesa Directiva del Congreso. Pero, para el partido de Keiko Fujimori, esto no parecer ser suficiente. Por ello, la oficina de la primera vicepresidenta decidió contratar como asesora a una exparlamentaria naranja para que apoye el trabajo de Juárez.
La persona en cuestión es María Del Carmen Lozada Rendón y su nombre es recordado debido a que el propio Vladimiro Montesinos señaló haber aportado veinte mil dólares para su reelección como congresista durante la época del régimen fujimorista. Pese a ello, Keiko Fujimori no tuvo problemas en incluirla en su equipo cuando fue candidata presidencial.
Además, Lozada, quien fue pareja de un exintegrante del Servicio de Inteligencia encabezado por Montesinos, no ha tenido reparos en mostrarse abiertamente como una defensora de Montesinos y, años atrás, señaló ante la prensa que “no hay que satanizar más a la persona del señor Montesinos”.
Por el trabajo que viene desempeñando de la mano de Patricia Juárez en la oficina de la vicepresidenta del Congreso, la excongresista Lozada ha recibido más de dieciséis mil soles durante el pasado mes de mayo.
HERMANDAD CONSERVADORA
A inicios del mes de marzo de este año, el Congreso dio luz verde para que se conforme una comisión que tendría a su cargo investigar los detalles con respecto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Este pedido fue impulsado, principalmente, por parlamentarios de la bancada de Renovación Popular.
Sin embargo, pese a que en sus discursos intentan mostrar una imagen de suma preocupación por combatir los actos de corrupción vinculados con esta empresa brasilera, en la práctica pareciera que las prioridades son otras. Esto debido a que la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la mejor opción para brindarle asesoramiento legal a esta comisión era uno de sus aliados conservadores.
Justo Fernando Balmaceda Quirós, quien durante el pasado mes de mayo recibió un pago de más de cuatro mil soles por asesorar a la comisión que encabeza el congresista Muñante, es un reconocido militante del colectivo denominado “Padres en Acción”, el cual saltó tomó notoriedad en 2019 por su decidida lucha contra el enfoque de género debido a que temían que la implementación del mismo en la educación peruana podría “homosexualizar” a los estudiantes.
LOS CERRÓN
Aunque la bancada de Perú Libre sufrió numerosas bajas y tanto su candidato a la presidencia como su vicepresidenta terminaron muy distanciados de la agrupación que los llevó al poder, los que todavía quedan en el partido de Vladimir Cerrón no han dudado en aprovechar cuanta oportunidad aparece para beneficiarse de sus cargos en el Congreso.
Este es el caso de Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, que actualmente ostenta el cargo de segundo vicepresidente y desde esta posición privilegiada le está dando una mano a uno de los allegados de su hermano Vladimir que por una asesoría está cobrando más de trece mil soles al mes.
Esto se ha podido observar en la lista de pagos hechos por el Legislativo en el mes de mayo y entre los cuales figura el nombre de Efraín Cerrón Luján, quien ahora ejerce como asesor de la segunda vicepresidencia pero antes fue director regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos e investigaciones.
Aunque el Perú vivió un mayo marcado por la interminable crisis política y social, en el Congreso parece haber sido otro mes para no sólo despilfarrar en los numerosos privilegios que gozan quienes ocupan una curul sino que también fue un mes para ayudar a que sus aliados disfruten con el dinero de los peruanos.
