[INFORMES] El 8° Juzgado de Familia de Chorrillos, especializado en violencia contra la mujer, ha ordenado al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta la devolución inmediata de las pertenencias personales de su expareja, Tamara Alexandra Gutiérrez Mendoza, en el marco de un proceso por violencia familiar. La resolución, emitida el 3 de abril de 2025, establece un plazo máximo de tres días hábiles para que el denunciado cumpla con la medida.
La orden judicial forma parte del expediente 03459-2024, en el que Gutiérrez Mendoza es reconocida como víctima de violencia por parte de quien, hasta hace poco, fue una figura clave del aparato de seguridad del país. Jorge Chávez Cresta fue titular del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Dina Boluarte, y su rol en la respuesta militar frente a protestas sociales ha sido ampliamente cuestionado.
La violencia no solo es institucional: también es doméstica
Según consta en la resolución judicial, las pertenencias retenidas incluyen ropa, documentos y otros objetos personales que estarían bajo control del exministro en el inmueble ubicado en la urbanización Las Brisas de Villa, en Chorrillos. El juez a cargo, Wilbert García Violeta, ha dispuesto que la entrega sea acompañada por la Policía Nacional del Perú, garantizando la seguridad de la víctima durante el proceso.
Esta medida se dicta en respuesta a escritos presentados por la denunciante y el Centro de Emergencia Mujer de Chorrillos, que advirtieron sobre la retención injustificada de los bienes como una forma más de violencia patrimonial. En caso el denunciado considere que algún objeto no corresponde a Gutiérrez Mendoza, deberá probarlo por la vía judicial, pero no podrá negarse a la devolución de forma unilateral.
Sin derecho a posesión del inmueble, pero sí a sus derechos básicos
El juzgado también aclaró que esta medida no otorga a la agraviada derechos sobre el inmueble ni permite resolver, en esta vía, posibles conflictos de usurpación o tenencia. La orden es clara: el enfoque está puesto en los derechos fundamentales de la denunciante, no en una disputa patrimonial.
El caso ya fue elevado al Ministerio Público
De forma paralela, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos —Tercer Despacho— ha solicitado copias certificadas de todas las resoluciones y medidas dictadas en favor de la víctima. El juzgado respondió que ya se han remitido los documentos pertinentes, lo que confirma que el caso ha entrado en la órbita penal.
Una señal política y judicial
El caso cobra especial relevancia no solo por el contexto de violencia de género, sino por el perfil del denunciado. Jorge Chávez Cresta es un militar en retiro con amplio poder en el sector Defensa, que ocupó altos cargos en los gobiernos de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y más recientemente, de Dina Boluarte. Durante su paso por el Ministerio de Defensa, fue vocero de la intervención militar durante las protestas de 2022-2023, y su nombre se asoció a operativos de seguridad controvertidos.
Ahora, enfrenta una denuncia por violencia dentro del ámbito familiar, en un proceso que ya derivó en medidas de protección para la denunciante y que pone a prueba el compromiso del Estado con la erradicación de la violencia de género, incluso cuando involucra a exfuncionarios de alto nivel.
Violencia patrimonial: una forma de control invisible
Este tipo de medidas judiciales reflejan un entendimiento más amplio de la violencia de género, donde no solo se considera el daño físico o verbal, sino también las acciones que buscan controlar o empobrecer emocional y materialmente a la víctima. Negarle sus pertenencias no es un simple conflicto doméstico: es una forma de retener poder, de castigar, de seguir violentando.
La resolución N.° 12 marca un precedente importante: ni el rango militar ni el cargo político otorgan impunidad ante la justicia cuando se trata de proteger a víctimas de violencia.
