La centroderecha liberal, que anteriormente era el último refugio de la sensatez en medio del populismo y la fanfarronería y la regla de la muchedumbre, ahora se encuentra en pedazos, comprometida por la infantilidad de sus vanidades y la cobardía de sus vacilaciones.
Mientras la derecha bruta y achorada avanza con confianza, vociferando eslóganes primitivos, movilizando el miedo, anhelando dictaduras y odiando todo lo que huela a pluralismo o modernidad, los corderos liberales, incapaces de formular una fórmula común, se encuentran estancados en sus disputas mutuas.
Las encuestas lo gritan unánimemente: el extremo no es popular por sí mismo, sino debido a la falta de una alternativa. Es el vacío el que crea los monstruos. Esa mayoría silenciosa que, en otros momentos, habría buscado refugio en una alternativa razonable y democrática está siendo llevada —en algunos casos, apremiada; en otros, arrastrada— a proyectos autoritarios que priorizan el orden sobre la libertad.
No hay excusa posible. Las vanidades personales, viejos resentimientos o incluso pequeñas discrepancias ideológicas no son pretexto para este naufragio colectivo. La tibieza no es eximida por la historia. Los liberales necesitan unirse o resignarse a expresar su consternación mientras el país es nuevamente entregado al hechizo de los líderes.
Esta irresponsabilidad terminará costándonos caro: en derechos, en instituciones, en convivencia. La centroderecha liberal no puede jugar a las escondidas y debe asumir su deber histórico. No queda más tiempo. El destino de Perú depende en gran medida de que recupere el coraje y la visión que ahora le falta. Pues, si no puede salvarnos de la barbarie, ¿para qué sirve?
El Despacho Presidencial ha emitido órdenes de servicio por más ochocientos mil soles para diversos especialistas. Sin embargo, en la presidencia parecen no estar sacando provecho del trabajo que se paga con el dinero de los peruanos.
El gobierno de Dina Boluarte continúa en el ojo de la tormenta ante las deficientes gestiones de sus ministros para atender los problemas más importantes del país y algunos gastos que rozan la excentricidad. Aunque desde el Ejecutivo se opta por un discurso de victimización, la opinión pública ha permanecido indiferente ante estas excusas y ha dictado un veredicto muy severo sobre lo que les genera la actual conducción del país.
Pero estas críticas no sólo se limitan al desempeño de quienes tienen a su cargo el funcionamiento de los diversos ministerios. La figura de Dina Boluarte ha sido identificada no sólo como la máxima responsable de esta crisis sino como un personaje desafiante que encuentra comodidad al rodearse de funcionarios cuestionados y tomar decisiones que no reflejan las prioridades del país.
Sudaca ha podido revisar el entorno laboral de la mandataria y se ha encontrado una sorprendente cifra destinada a numerosos contratos de empleados que integran el despacho de Dina Boluarte y podrían haber evitado la actual crisis política o, al menos, ayudado a conducir los destinos del país sin tantos errores.
FILTROS DESACTIVADOS
En esta fallida gestión de la presienta han existido oportunidades de remediar todos los errores que se evidenciaron desde diciembre del año 2022. Sudaca ha podido encontrar una serie de trabajadores del Despacho Presidencial que podrían haber actuado como filtros en las decisiones que se tomaban desde la presidencia y ayudado a Dina Boluarte a evitar los errores más groseros de su gobierno.
Por ello sorprende encontrar que, durante el mes de abril, el Despacho Presidencial pagó una orden de servicio por el monto de veinticuatro mil soles a una persona cuyo trabajo se centraba en las contrataciones del Estado y por el cual se vienen emitiendo numerosas órdenes de servicios desde hace varios años.
Estas órdenes de servicio figuran a nombre de Antuhaned Erica Leandro Reyes y desde el mes de marzo del año 2023 ha trabajado para el Despacho Presidencial por lo que ha recibido un total de S/. 206,000 por desempeñarse como analista en contrataciones del Estado, servicio especializado en contrataciones públicas y asistencia en adquisiciones y contrataciones.
Pero Antuhaned Leandro Reyes no es la única persona que tiene este encargo. También desde el año 2023, Emerson Inca Huamán brinda un servicio especializado en procedimientos de selección y contrataciones del Estado por el cual ha facturado veintisiete mil soles durante el pasado mes de abril y un total de S/. 256,500 durante dos año.
Lucía Genoveva Alcántara Domínguez es otra de las trabajadoras que registra órdenes de servicio por una labor relacionada con las contrataciones del Estado por parte de la oficina presidencial. Desde el año 2024 hasta la fecha, Alcántara ha acumulado un total de S/. 64,000 por este trabajo.
Una cuarta persona en esta lista de expertos en contrataciones públicas es Sara Giuliana Lengua Huachua. En los últimos meses ha recibido órdenes de servicio por un total de sesenta mil soles por trabajos relacionados con las contrataciones públicas en el Despacho Presidencial.
LOS VIAJES DE DINA
Sin lugar a duda, los constantes pedidos de permiso de la presidenta Boluarte para viajar al extranjero llevaron a que el descontento con el gobierno aumente. Que estos pedidos ocurrieran en contextos críticos para el país e incluso, como lo expuso Sudaca en un informe reciente, que la mandataria incluya en la lista de viajeros cuyos gastos salen del erario público a personal que no era indispensable lograron exacerbar los ánimos todavía más.
Pero, además de estos gastos, la oficina de la presidenta ha contratado a una persona para que se encargue exclusivamente de gestionar los viáticos de los viajes presidenciales. El elegido para este encargo fue Edwin Oswaldo Mallqui Gamarra y en menos de un año ha recibido S/. 34,900 por ello.
Para cerrar esta lista de personas contratadas por el despacho de Dina Boluarte que debían ayudar a una buena gestión podemos encontrar, paradójicamente, órdenes de servicio por un trabajo especializado en presupuesto. Mientras en Palacio se despilfarran miles de soles de los peruanos en banquetes, una nutricionista y hasta viajes para el fotógrafo de la presidenta, su oficina ha gastado S/. 224,000 en un servicio especializado en la gestión, programación y seguimiento del presupuesto público.
Si bien la mayoría de estas órdenes de servicio corresponden a puestos de trabajo que son necesarios para el adecuado funcionamiento de un gobierno, el deficiente trabajo del Ejecutivo invita a creer que, una vez más, Dina Boluarte y quienes la rodean han decidido ignorar a quienes podrían ser una gran ayuda y seguir manejando el país de forma improvisada y usando el dinero público como un botín a despilfarrar hasta 2026.
En política, como en la vida, hay decisiones que se pagan caro. El reciente voto de confianza otorgado por el fujimorismo al gabinete de Eduardo Arana —un primer ministro anodino al servicio de una presidenta ilegítima— es uno de esos actos que sellan con fuego la memoria del electorado. ¿Qué puede haber motivado semejante acto de suicidio político? ¿El afán desesperado de no perder cuotas de poder en un régimen que se desmorona? ¿La compulsión histórica del fujimorismo por abrazar el autoritarismo cuando el país más necesita decencia y claridad?
Keiko Fujimori, la eterna candidata, puede que logre el 2026, como en anteriores elecciones, pasar a segunda vuelta. Pero el costo será nuevamente el mismo: el rechazo visceral de una mayoría que la percibe —con razón— como garante del continuismo, de la impunidad y del oportunismo más vil. Apoyar a Dina Boluarte es respaldar un gobierno cuya legitimidad no proviene de las urnas sino de un pacto tácito con el Congreso más desprestigiado de nuestra historia republicana.
Lo más patético es que el fujimorismo parece no aprender. Cree que la historia se repite como en los noventa, cuando bastaba el miedo al caos para mantener el control. Pero el Perú ha cambiado. La calle, esa fuerza que derribó presidentes y desafió al poder con dignidad, no olvida. Y si algo castiga con vehemencia es la traición.
El fujimorismo, al votar la confianza, no salvó a Boluarte. Se hundió con ella. Selló un nuevo pacto con la impopularidad, y quizás —ojalá— con la irrelevancia histórica. Porque el país no necesita más cinismo ni más caudillos reciclados. Necesita, con urgencia, moral, visión y coraje. Todo lo que el fujimorismo, una vez más, ha decidido abandonar.
Con su torpeza habitual, el Congreso de la República ha dado su primer voto de aprobación a una ley -la 7549/2023-CR- que —si el decoro no lo impide— se unirá a la triste galería de la infamia: amnistía para soldados, policías y miembros de grupos de autodefensa que combatieron el terrorismo entre 1980 y 2000. La justificación: “reconciliación nacional”. El objetivo real: impunidad.
¿Puede la democracia ofrecer amnistía por los crímenes que la mancharon? ¿Puede una república soportar que personas que, vistiendo su uniforme, estuvieron detrás de masacres, desapariciones forzadas, tortura, violación sistemática de los derechos humanos, queden impunes sin juicio? Lo que incluso el más esclerótico fujimorismo no se atreve a decir —que la barbarie era necesaria— lo ha aprobado con votos y cinismo.
Esto no significa que no hubiera heroísmo en la lucha contra Sendero Luminoso. Hubo. Pero también hubo horrores cometidos en nombre del orden —horrores que deben ser investigados, juzgados y castigados, no simplemente borrados con un acto grotesco de amnistía.
No llamaremos acto de justicia a esta ley, sí un retroceso en el progreso de la civilización. Es la legalidad del olvido, el olvido forzado de las mentiras y el triunfo de la violencia mucho después de que la ley fue pisoteada hasta la muerte. ¿Qué tienen que pensar los deudos de Accomarca, La Cantuta o Santa? ¿Daño colateral deseable por una causa moralmente justificada?
Un perdón que no es precedido por la verdad y que no involucra justicia es como escupir sobre las tumbas. Consagra la supremacía de los fusiles sobre la ley. Y, sobre todo, es una ofensa a esa democracia por la cual tanto se sacrificaron muchos en los días más oscuros del Perú.
Después no aleguen ignorancia. No se sorprendan si los juicios internacionales regresan para acecharnos con lo que intentamos enterrar bajo las leyes. La memoria, después de todo, no está, como la política, en venta a través de un trasiego de votos.
Los medios de comunicación que se comprometen con la lucha contra la violencia hacia las mujeres deben hacerlo con ética y respetando la dignidad de la víctima y el dolor de sus familiares. Informar o hacer reportajes sobre casos no puede ser un acto sensacionalista e irresponsable, sino un aporte a la lucha contra este problema que cobra la vida de cientos de mujeres y deja en la orfandad a niños/as y en el dolor a familias enteras.
La libertad de expresión es fundamental en toda democracia. Sin embargo, esta no puede confundirse con libertad para dañar, revictimizar, estigmatizar y vulnerar la dignidad de las familias. Este derecho fundamental tiene límites y se encuentra en el derecho de las personas a vivir libres de discriminación y sin violencia.
El programa que emite América TV, llamado «Evidencia Oculta», el pasado domingo 18 de mayo ha emitido un reportaje sobre el caso de Solsiret Rodríguez, víctima de desaparición y feminicidio, cuyo caso litiga el CMP Flora Tristán. Lamentablemente, lejos de informar, el “reportaje” ha difundido información inexacta y, con absoluta crueldad e irresponsabilidad, ha atentado contra la dignidad de sus familiares al brindar afirmaciones estigmatizantes de la víctima.
Este no es un hecho aislado; otras emisiones del mismo programa, sobre otros casos, han seguido el mismo camino, vulnerando derechos y difamando a quienes ya no tienen voz, burlándose, así, del dolor de las familias.
Frente a ello, la organización que litiga el caso desde hace años, tratando de encontrar justicia y acompañando a la familia, ha emitido un comunicado que comparto a continuación.
No es solo rating, es machismo, es indiferencia, es indolencia. Luchar contra la violencia hacia las mujeres es un acto transformador, que amerita mucha responsabilidad y posturas éticas. Programas como el descrito hacen tanto daño como la violencia misma.
Por un lado una ONG extranjera y sus operadores afirmando que las pesqueras industriales quieren ingresar a pescar prácticamente en la costa de la zona natural protegida de Paracas.
Y por el otro, los industriales peruanos afirmando que lo único que quieren es pescar, como siempre, después de la milla 5.
Te contamos todo los detalles de esta nueva confrontación que hoy amenaza una de las actividades productivas más importantes de nuestro país.
[OPINIÓN] En los últimos días, algunos rincones del comentario político limeño han instalado la idea de una supuesta pelea entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y su sobrino, el periodista Phillip Butters. Una suerte de “guerra familiar” de proporciones épicas… que en realidad solo existe en la cabeza del alcalde. Porque si esto es una pelea, hay un solo contendor: él mismo.
He seguido con atención las declaraciones de Butters buscando algún comentario que pueda leerse como agravio, crítica o maltrato a su tío. No hay ninguno. La más “filuda” fue, paradójicamente, afectuosa: “Es mi tío y yo lo quiero”. Lo demás han sido opiniones sobre su entorno —ese equipo técnico que nadie ve— o sobre sus grandilocuentes promesas que conforman la ya célebre potencia mundial. Pero jamás una palabra directa al alcalde. Ni con nombre, ni con adjetivo. Ni siquiera con el pétalo de una rosa.
Y sin embargo, ahí tenemos al alcalde: molesto, dolido, atrincherado, repitiendo discursos con el ceño fruncido y la mandíbula apretada.
Todo comenzó con una llamada telefónica en la que Rafael, con inusual sinceridad, lo llamó “mi presidente”, en tono evidentemente afectuoso. Quizá fue una broma, quizá una muestra de confianza. Fue en plena entrevista al aire, y —como se nota en la grabación— Butters le había informado previamente que lo pondría en vivo.
Pero luego vino el arrepentimiento. Y frente al espejo, Porky se indignó. Como suele pasarle cuando el reflejo no coopera.
La reacción fue desproporcionada. Y lo más curioso es ver cómo algunos periodistas —que uno creía más centrados— cayeron en la trampa, amplificando una narrativa nacida en el entorno mediático del alcalde o, peor aún, en esa necesidad compulsiva de encontrar siempre una pelea, un escándalo, un show que distraiga del fondo: la descomposición interna del proyecto de Renovación Popular.
Porque mientras se inventan riñas familiares, lo realmente grave está en el partido. Las inscripciones de sus juntas están en el limbo. La adecuación a la nueva ley electoral sigue inconclusa. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el margen de error se agotó. A eso se suma un cóctel tóxico de intereses cruzados entre los precandidatos al Congreso, muchos de los cuales tendrían que renunciar a sus cargos públicos si quieren postular. To be or not to be…
En resumen: el buen Porky las está viendo negras. Y se le nota. Está desencajado, eruptivo y errático.
Mientras tanto, Phillip Butters —que de tonto no tiene un pelo— observa, sonríe y siembra en silencio. Porque a veces, no hay mejor forma de ganar una pelea… que no entrar en ella.
[PIE DERECHO] En la historia del Perú republicano, ha habido pocas injusticias tan notables como lo que le está sucediendo a Pedro Pablo Kuczynski. No se trata de beatificarlo o absolverlo de todos los pecados, ya que es perfectamente aceptable —e incluso necesario— enjuiciarlo por cargos de corrupción que supuestamente ocurrieron durante su mandato. Lo que es ilegítimo es aplastar el debido proceso, manipular la Fiscalía y convertir al Estado en una máquina de venganza.
Un expresidente, cercano a los noventa años, con problemas de salud, preparándose para abordar un avión hacia Estados Unidos, es interceptado por algunos agentes que blandían una alerta migratoria de dudosa procedencia legal. El pretexto: riesgo de fuga. La realidad: operación mediática ordenada desde las alturas del poder político para alimentar una opinión pública hambrienta de cabezas.
La orden era así de simple: deshonrar, humillar y exhibirlo como un trofeo. El juego no solo era sucio, el gobierno no era solamente un espectador sino un cómplice, como lo ha admitido, por propia confesión punible, el premier Eduardo Arana. Los poderes no estaban separados allí y el sistema judicial no era independiente, solo actuaba como el perrito faldero obediente del patrón político.
Y, por tanto, la democracia —esa frágil institución por la que tanto hemos trabajado para dar vida— volverá a mancharse, no por dictadores uniformados, sino por demócratas frágiles con togas y decretos como garrotes. En los últimos decenios, en nombre de la justicia, se han cometido abusos que solo pueden llamarse de una forma: arbitrariedad. Y cuando el Estado ya no es capaz de trazar una línea entre el castigo y la venganza, se han dado los primeros pasos por el camino del autoritarismo.
Más de dos años después de la publicación del reportaje “Una candidata de Renovación Popular denunciada por estafa”, la señora Isabel Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Breña por el partido Renovación Popular, envió una carta notarial para solicitar la rectificación y el retiro del mencionado artículo, al considerar que constituye una «abierta difamación» contra su persona. Sudaca cumple con publicar la carta en su totalidad, como corresponde. Sin embargo, consideramos necesario precisar que no existe contenido inexacto en el reportaje original ni razón alguna para rectificarlo. A continuación, respondemos a las observaciones realizadas por la señora Rodríguez.
En primer lugar, el reportaje no incurre en difamación ni atribuye hechos falsos. Si bien Rodríguez afirma actualmente no tener investigaciones en curso, en 2022 este medio informó que, en ese momento, la entonces candidata municipal se encontraba involucrada en una denuncia penal vigente por el presunto delito de estafa.
En segundo lugar, Rodríguez sostiene que nunca ha “realizado pedido alguno ni dádivas a la sra. Virginia Velarde”. No obstante, Sudaca tuvo acceso a la denuncia interpuesta en 2022, así como a las pruebas adjuntas: vouchers ymensajes de WhatsApp en los que Rodríguez le pide a Virginia Velarde una “cuota de 25 mil dólares” para sumarla a su lista de regidores. Todo este material fue revisado cuidadosamente antes de la publicación del reportaje.
En tercer lugar, la ex candidata también señala que Virginia Velarde cuenta con una sentencia condenatoria del 30 de junio de 2022. Esta información fue incluida de manera transparente en el reportaje original publicado por Sudaca hace más de dos años. Tal como se informó en su momento, Velarde presentó inicialmente una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Sin embargo, debido a su desconocimiento de los procedimientos legales, decidió desistir del proceso y, al no presentar pruebas, la denuncia fue archivada.
En respuesta, Rodríguez la demandó por difamación y solicitó S/750,000 de reparación civil. La Corte falló a su favor, señalando que Velarde la llamó “estafadora” sin pruebas, y usó como sustento el archivamiento de la denuncia original. Velarde fue sentenciada a un año de prisión suspendida y un pago de S/5,000. Posterior a ello, Velarde decidió retomar el proceso y volvió a denunciar penalmente a Rodríguez, esta vez presentando las pruebas documentales que Sudaca revisó en detalle.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay motivos para rectificar o eliminar el reportaje.
Nota de Redacción: esta respuesta ha sido elaborada por la propia autora de la nota, Alba Ñaupas, quien entonces se desempeñaba como reportera de Sudaca y hoy labora en otro medio de comunicación. Le agradecemos la entereza de reafirmarse en su publicación.
