El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha emitido una orden urgente que pone en evidencia un problema ambiental latente en el norte de Lima. A través de la Resolución N.° 00010-2025-OEFA/DSIS, la entidad ha dispuesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) elabore y presente un Plan de Cierre completo para el relleno sanitario “El Zapallal”, tras constatar condiciones críticas de contaminación, gestión inadecuada de residuos y omisiones técnicas que comprometen gravemente la salud ambiental del área y el abastecimiento de agua subterránea.
La resolución, emitida el 3 de abril de este año, reemplaza dos medidas administrativas previas con una única exigencia clara y contundente: diseñar un Plan de Cierre integral que incluya todas las celdas de disposición de residuos —tanto municipales como de centros de salud—, así como sus componentes auxiliares. Este plan deberá detallar medidas para el tratamiento de lixiviados, control de gases, cobertura final de los residuos, monitoreo ambiental posterior al cierre, y, si es viable, el uso futuro del terreno.
¿Qué es “El Zapallal” y por qué está en el centro de la discusión?
El Zapallal es un relleno sanitario ubicado en la quebrada del mismo nombre, en el distrito de Carabayllo, entre los cerros Campana y Cabrera, en el margen derecho del río Chillón. Esta infraestructura fue creada en 1990 y funcionó durante más de tres décadas, recibiendo miles de toneladas de residuos sólidos cada día.
En sus inicios, estuvo a cargo de la Municipalidad de Lima y luego pasó por distintos concesionarios privados, como Relima y posteriormente Innova Ambiental S.A. En mayo de 2024, el sitio volvió a manos de la MML, según consta en documentos oficiales.
A pesar de que su operación fue oficialmente paralizada en febrero de 2023, OEFA detectó que siguen ocurriendo procesos que generan impactos ambientales —como la producción y recirculación de lixiviados— sin un plan de cierre ejecutado. Esta condición lo convierte en una fuente de riesgo ambiental permanente.
Parte de la resolución del OEFA sobre la problemática
¿Qué encontró OEFA en sus visitas de supervisión?
Las inspecciones técnicas revelaron un panorama preocupante. El relleno está dividido en tres celdas:
- Celda de la quebrada N.º 1: destinada a residuos municipales. Su permiso de funcionamiento venció en 2021, pero continuó operando hasta 2023. Superó ampliamente su capacidad autorizada.
- Celda para residuos hospitalarios: diseñada para manejar residuos peligrosos de centros de atención médica. También operó por encima del límite aprobado.
- Celda de la quebrada N.º 2: fue implementada sin contar con instrumento ambiental aprobado (IGA), lo que implica que operó al margen de la ley.
Las tres celdas comparten vías de acceso, zonas administrativas y sistemas de drenaje, pero no tienen una estrategia de gestión ambiental unificada. Esto impide una evaluación adecuada de sus impactos acumulativos.
Uno de los principales hallazgos fue la ausencia de impermeabilización en las bases de las celdas, lo que permite la infiltración de lixiviados —líquido tóxico generado por los residuos— hacia el subsuelo. Además, se verificó que el terreno donde se ubican las celdas no cumple con las características de una “barrera geológica natural”, es decir, no impide que estos contaminantes lleguen a fuentes de agua subterránea como el acuífero del río Chillón.
Lixiviados sin control y biogás en fuga
Durante la supervisión más reciente (enero de 2025), OEFA documentó la existencia de al menos 10 pozas de recirculación de lixiviados, ocho de ellas operativas. Estos líquidos estaban siendo movilizados mediante camiones cisterna hasta zonas elevadas para ser vertidos nuevamente sobre los residuos, en un ciclo que solo prolonga el problema en lugar de resolverlo.
Además, se evidenciaron grietas, canales erosionados y afloramientos de lixiviados al pie de los taludes, lo que genera riesgo de deslizamientos, proliferación de vectores sanitarios y emisiones de gases contaminantes como el metano o el sulfuro de hidrógeno.
Tampoco se ha instalado un sistema de captación de biogás adecuado, ni existe cobertura vegetal o material de sellado sobre los residuos, lo que multiplica los impactos ambientales y reduce cualquier posibilidad de rehabilitación del terreno.
Disposición del OEFA sobre la Municipalidad de Lima
¿Por qué OEFA exige un nuevo Plan de Cierre?
Las medidas anteriores, dictadas en 2023, solicitaban planes específicos para cada celda. Sin embargo, OEFA consideró que ese enfoque fragmentado no garantiza una gestión adecuada ni evita los impactos acumulativos. Por ello, mediante esta nueva resolución, exige una visión integral bajo principios de indivisibilidad y complementariedad ambiental.
El nuevo Plan de Cierre debe contemplar:
- Cobertura final de las celdas con materiales adecuados.
- Instalación de sistemas para la captura y tratamiento de lixiviados.
- Manejo seguro de biogás.
- Programa de monitoreo ambiental de largo plazo.
- Medidas de contingencia postcierre.
- Proyecto de uso del área posterior al cierre (si es factible).
Además, el documento señala que el incremento sostenido en el volumen de residuos —que llegó a duplicar la capacidad prevista— redujo drásticamente la vida útil proyectada del sitio y empeoró los riesgos de impacto ambiental. OEFA también subraya que no se han realizado los estudios de impacto ambiental necesarios para las modificaciones introducidas, ni existe una hoja de ruta para la clausura progresiva.
Plazos y responsabilidades
La Municipalidad de Lima deberá presentar el Plan de Cierre en un plazo de 120 días hábiles desde la notificación de la resolución. Además, tiene solo 15 días hábiles para acreditar la contratación de una empresa especializada que se encargue de elaborarlo.
La resolución también deja abierta la posibilidad de ordenar nuevas medidas administrativas si se detectan más riesgos o incumplimientos en futuras inspecciones.
¿Por qué esto debería importarte?
El Zapallal no es solo un caso técnico. Es un espejo de cómo se manejan —o se desatienden— los residuos de una ciudad de casi 10 millones de habitantes. También es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando la infraestructura pública carece de fiscalización efectiva y visión de largo plazo.
Además, pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando los residuos que generamos siguen afectando nuestro ambiente incluso después de ser “desechados”? El riesgo no es hipotético. Si los lixiviados continúan infiltrándose en el suelo, podrían contaminar aguas subterráneas que abastecen a sectores del norte de Lima.
En resumen, el caso de El Zapallal es un llamado urgente a repensar la política pública sobre residuos, a exigir transparencia a nuestras autoridades y a fortalecer la fiscalización para que el medio ambiente —y la salud pública— no sigan siendo los últimos en la lista de prioridades.
