[ENTRE BRUJAS] A pocos días del 12 de abril, fecha de las elecciones generales, el Perú no se enfrenta a una jornada electoral ordinaria. Lo que está en juego es la posibilidad de iniciar un proceso de recuperación democrática tras años de deterioro institucional, debilitamiento del equilibrio de poderes y progresiva captura del Estado por sectores corruptos que se perpetúan en la política peruana.

En este contexto, durante los últimos meses ha cobrado visibilidad la campaña “Por estos no”, expresión de un legítimo hartazgo ciudadano frente a actores políticos vinculados a la corrupción, al oportunismo y a la falta de ética. Sin embargo, esta reacción, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se acompaña de una mirada más amplia. Recuperar la democracia no pasa solo por excluir a determinados actores, sino por evitar que se reinstalen —con nuevos rostros o discursos— prácticas autoritarias, populistas o contrarias a los derechos humanos.

A estas alturas, no corresponde indicar por quién votar. Pero sí es imprescindible afirmar que el voto debe ser no solo estratégico, sino responsable. Responsable con un país que arrastra casi una década de inestabilidad política; con un Estado que enfrenta serias limitaciones frente al avance de economías ilegales y la criminalidad; y con una sociedad en la que las desigualdades estructurales —incluidas las de género— se han profundizado en un contexto de creciente vulnerabilidad.

Recuperar la democracia implica mucho más que sostener procesos electorales. Supone restituir el funcionamiento de las instituciones, garantizar un equilibrio real de poderes y reconstruir la legitimidad del Estado. Exige, además, políticas públicas inclusivas.

En los últimos años, junto con el deterioro institucional, se ha instalado un clima de desconfianza, miedo e individualismo. Los sectores que han contribuido a este escenario —debilitando la justicia, relativizando la corrupción o mostrando indiferencia frente a la vulneración de derechos— deben ser sancionados y una forma es no darles el voto. Esto incluye no solo a quienes forman parte de redes de poder más evidentes, sino también a quienes, desde discursos aparentemente renovados, reproducen prácticas autoritarias o desestiman principios básicos de derechos humanos. Pues son, más de lo mismo.

En ese sentido, los discursos racistas, clasistas o machistas, así como la descalificación sistemática de la disidencia, no son elementos menores. Son señales de proyectos políticos incompatibles con una democracia sustantiva. La recuperación democrática exige colocar en el centro la dignidad de las personas y la vigencia de sus derechos. La defensa de los derechos humanos, no es un tema menor, sino una condición esencial para reconstruir el país.

La seguridad se garantiza con políticas serias, inteligencia, con acceso a la justicia y erradicación de la impunidad. No con discursos populistas sin asidero real.

El proceso electoral del 12 de abril no resolverá por sí solo la crisis que atravesamos, pero sí puede marcar un punto de inflexión. Recuperar la democracia exige hoy algo más que participar: demanda un voto consciente, informado y ético, capaz de trazar límites claros frente al autoritarismo y la impunidad, y de abrir paso —aunque sea gradualmente— a una política basada en la responsabilidad pública, el respeto a los derechos y la posibilidad real de reconstruir lo común.

Tu voto por la presidencia, el senado y la diputación importa y de este depende recuperar el país de la garra de la corrupción, la demencia y el autoritarismo.

[ENTRE BRUJAS] Estamos próximas al 8 de marzo, una fecha emblemática para las defensoras de derechos en todo el mundo. En el Perú existe un movimiento feminista y de mujeres diverso, plural y potente, que durante décadas ha logrado colocar en la agenda pública y política temas fundamentales para la democracia: la igualdad de género, el derecho a la no discriminación, la autonomía sobre nuestros cuerpos y la urgente erradicación de la violencia contra mujeres y niñas.

La relevancia alcanzada por estas luchas en el espacio ciudadano y político es tal que, en tiempos de auge de fundamentalismos y pulsiones autoritarias, son precisamente estas agendas y quienes las defienden las que se han convertido en blanco de ataques sistemáticos, hostigamiento y campañas de amedrentamiento. Dichos ataques se despliegan mediante múltiples mecanismos: desde el uso instrumental de recursos “legales” hasta la violencia simbólica, la estigmatización pública y la deslegitimación permanente de quienes defienden la igualdad.

Esta reacción, por más incómoda y desgastante que resulte, debería también permitirnos reconocer algo fundamental: los avances alcanzados han sido lo suficientemente significativos como para incomodar a quienes buscan restaurar un orden profundamente desigual. Por ello, aunque pesen los retrocesos, es necesario hacer una pausa y reconocer el camino recorrido antes que asumir una narrativa de derrota.

En un contexto donde discursos oscurantistas, acríticos y absolutistas buscan apropiarse del país – acompañados de prácticas corruptas y profundamente antidemocráticas— resulta imprescindible reafirmar que las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista no son concesiones circunstanciales, sino logros históricos construidos con décadas de organización, pensamiento crítico y acción política.

No podemos ignorar que en los últimos años —y particularmente en los últimos tres— se ha producido una pérdida significativa de avances normativos en materia de igualdad; y quienes defendemos derechos hemos tenido que destinar gran parte de nuestras energías a proteger lo ya conquistado, antes que a impulsar nuevas reformas pendientes que durante años estuvieron en agenda. Este retroceso no se limita al ámbito normativo. También se expresa en el terreno cultural y simbólico. La violencia de género ha comenzado a relativizarse en ciertos discursos públicos, y aquellos “aliados/as” que en 2016 salían a las calles bajo la consigna “Ni una menos” hoy guardan silencio frente a los intentos de desmontar políticas y derechos fundamentales. Aunque existen, por supuesto, honrosas excepciones, el contraste resulta evidente.

A pesar de ello, quienes seguimos aquí —desde distintas tribunas, con nuestras diversidades, diferencias y trayectorias— continuamos defendiendo la posibilidad de un mundo más justo. Porque la igualdad de género siempre ha sido una apuesta por el bien común.

Cuando el machismo opera, no solo afecta a mujeres, niñas y adolescentes. Deteriora el tejido social en su conjunto, reproduce desigualdades estructurales y genera escenarios de violencia, dolor y muerte que impactan a toda la sociedad. En hombres, mujeres y diversidades.

Y cuando el machismo se entrecruza con el clasismo y el racismo —tan profundamente arraigados en un país que aún arrastra estructuras coloniales— el daño se vuelve exponencial. Basta escuchar las historias de nuestras hermanas indígenas amazónicas, de mujeres andinas rurales que viven en condiciones de pobreza, o de niñas y mujeres sobrevivientes de violencia, para comprender que, aunque el camino recorrido ha sido largo, los desafíos aún son enormes.

Hoy vemos cómo desde el poder se articulan discursos y acciones que buscan reinstalar un orden profundamente patriarcal. Existen figuras políticas que actúan como verdaderas guardianas de ese sistema, utilizando incluso el sufrimiento de niñas víctimas de violencia para sostener agendas ideológicas que niegan sus derechos. Congresistas que promueven cuestionados “albergues” destinados a forzar a niñas violadas a continuar embarazos que nunca debieron ocurrir, iniciativas que merecen ser investigadas con rigurosidad y transparencia.

Se suman candidatas que justifican la maternidad forzada en niñas, y actores políticos —tanto de derecha como de izquierda— que pactan para bloquear avances en materia de igualdad. El patriarcado, en toda su expresión, opera a través de múltiples rostros, guardianes y cómplices.

En este escenario profundamente hostil, las defensoras de derechos y feministas de distintas regiones del país seguimos presentes. Con identidades diversas, realidades distintas y estilos múltiples, persistimos en las calles, en las organizaciones , en los espacios políticos y en la academia colocando en la agenda pública aquellos temas que muchos preferirían mantener en silencio. Seguimos acompañando a las víctimas y a sus familias, sosteniendo espacios de denuncia, cuidado y organización.

Por eso, este 8 de marzo también debe ser un momento para celebrar nuestra persistencia. Si hay una característica que define a una feminista es su perseverancia incómoda y sostenida en el tiempo. Quienes abrazamos la igualdad como horizonte político no lo hicimos por moda, ni por una marcha, ni por coyuntura: lo hicimos por convicción, por principios y por una profunda ética de justicia.

Celebremos entonces las vidas que hemos logrado transformar, los espacios que hemos abierto y las estructuras del patriarcado que hemos comenzado a resquebrajar. Reconozcamos que no ha sido fácil para quienes caminaron antes por sendas aún más agrestes, y que tampoco lo será para quienes vendrán.

Pero cada vida protegida, cada conciencia que despierta, cada niña que logra acceder a una nueva oportunidad constituye, en sí misma, una victoria invaluable.

[OPINIÓN] El Perú no enfrenta una crisis política coyuntural. Vive, desde hace varios años, una crisis estructural de ingobernabilidad democrática. No se trata únicamente de la inestabilidad en los cargos o de la sucesión permanente de autoridades; se trata de una degradación profunda de la política como espacio de responsabilidad pública. La clase política actual ha demostrado, en reiteradas oportunidades, que prioriza la repartija del poder antes que la conducción del país, mientras la ciudadanía enfrenta violencia, inseguridad y abandono de la salud, la educación y las políticas de igualdad.

Esta crisis no es neutra. Tiene efectos diferenciados y particularmente graves para las mujeres y las poblaciones más vulnerables. En un contexto donde los feminicidios no cesan, donde la violencia sexual sigue marcando la vida de niñas y adolescentes, y donde la desigualdad limita el acceso efectivo a derechos, resulta inadmisible que estos temas hayan sido desplazados del centro del debate político. Más aún, es éticamente intolerable que se normalice la posibilidad de que personas con denuncias graves por violencia o con discursos que justifican matrimonios infantiles aspiren a ocupar los más altos cargos del Estado.

Tomar atención a estas dimensiones, no es accesorio. La forma en que un candidato o candidata se posiciona frente a la igualdad de género y los derechos humanos revela su concepción del poder. Quien minimiza la violencia contra las mujeres, quien tolera la idea de obligar a una niña a parir, quien relativiza el sufrimiento de los más vulnerables, no está expresando una opinión aislada: está evidenciando una falta de ética y una actitud complaciente con el abuso.

La experiencia reciente debería servirnos de advertencia. Cuando se relativizan antecedentes de denuncias de violencia, cuando se trivializan afirmaciones sexistas o actitudes patriarcales bajo la excusa de la “eficiencia” o la “mano dura”, se habilita un estilo de liderazgo basado en la virilidad tóxica, el abuso simbólico y la instrumentalización del poder. Esa lógica no es anecdótica; forma parte de un perfil que luego se traduce en prácticas caóticas, corrupción y aprovechamiento del cargo.

La ciudadanía está cansada. No solo de la corrupción y la irresponsabilidad de quienes acceden al poder, sino también de la sensación de no tener alternativas éticamente defendibles. Sin embargo, el agotamiento no puede llevarnos a la indiferencia. Las negociaciones políticas están sobre la mesa y, aunque las opciones inmediatas para asumir la presidencia del Congreso no despierten esperanza, la mirada debe situarse en el futuro próximo. En abril, en las urnas, se jugará nuevamente la posibilidad de redefinir el rumbo democrático.

La pregunta es ineludible: ¿quién ofrece un plan de gobierno serio, con propuestas viables y centradas en los problemas reales del país? ¿Quién demuestra una actitud inclusiva y una preocupación genuina por el dolor de los más vulnerables? La sensibilidad frente al sufrimiento ajeno no es un gesto sentimental; es un indicador de compromiso democrático. Sin una defensa auténtica de los derechos humanos de todas las personas, no puede haber buen gobierno.

En tiempos de crisis continua, detenerse a reflexionar es un acto político. Elegir no es solo optar por un nombre, sino por una concepción de país. Si la democracia ha de sobrevivir a su propia erosión, necesita autoridades con integridad, con perspectiva de igualdad y con una ética pública que coloque la dignidad humana en el centro. Sin ello, cualquier promesa de orden o estabilidad será apenas una fachada más de la misma crisis que decimos querer superar.

[ENTRE BRUJAS] El Perú atraviesa un momento particularmente grave en materia de protección de la niñez. Mientras el país intenta sostener avances normativos conquistados durante décadas de trabajo institucional, feminista y de derechos humanos, el Congreso de la República impulsa iniciativas orientadas al retroceso. El Proyecto de Ley N.º 13300/2025-CR, que propone derogar la Ley 30403 —la norma que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes—, es la expresión más reciente y una de las más peligrosas de este rumbo regresivo.

El contexto político en el que este proyecto emerge tampoco es casual. El Congreso ha venido aprobando normas que favorecen a actores con antecedentes delictivos, reducen controles anticorrupción y debilitan mecanismos de protección social y desarrollo. Ahora busca reinstalar como legítima una práctica violenta bajo el eufemismo de “disciplina”. Esta deriva legislativa se sostiene, además, en autoridades con alta tolerancia a la violencia y una agenda contraria a la igualdad, que erosiona los sistemas de protección para las poblaciones más vulnerables.

Los datos disponibles desmontan cualquier intento de minimizar el problema. Entre enero y octubre de 2025, el portal estadístico Warmi Ñan registró 8 320 casos de violencia física contra niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esta cifra, que representa solo la fracción visible del problema —pues gran parte de la violencia en la infancia permanece oculta por miedo, dependencia y silencio institucional—, revela una realidad alarmante: la crianza violenta sigue siendo ampliamente tolerada y reproducida en los hogares del país. Aunque se ha avanzado en la promoción de una crianza respetuosa, estos esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

Frente a esta realidad, derogar la Ley 30403 sería un acto de irresponsabilidad política y moral. El Perú es Estado Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece de manera categórica que ningún niño o niña debe ser sometido a violencia bajo ninguna forma, incluida aquella ejercida como “disciplina”. Desconocer este estándar internacional equivale no solo a incumplir obligaciones jurídicas vinculantes, sino a renunciar al principio del interés superior del niño, pilar de toda política pública y todo sistema de protección.

El peligro de retroceder en esta normativa no radica únicamente en el impacto jurídico, sino en el mensaje social que envía: la violencia vuelve a ser considerada un recurso válido para educar. Esta idea —que contradice décadas de evidencia científica, psicológica y pedagógica— perpetúa ciclos de maltrato, reproduce patrones de sometimiento y deteriora el desarrollo emocional, cognitivo y social de la infancia. La normalización de la violencia no educa: destruye.

El Congreso debe asumir el costo político y ético de sus decisiones. Proteger a la niñez no es un gesto simbólico ni una opción discrecional: es un deber constitucional y una obligación internacional. Pretender reinstalar el castigo físico en la vida familiar revela no solo una desconexión con la realidad, sino una profunda renuncia al deber de construir una sociedad más justa, democrática y libre de violencia.

Por ello, resulta urgente rechazar con firmeza el Proyecto de Ley N.º 13300/2025-CR. Lo que está en juego trasciende una sola norma: es la orientación ética del país, el compromiso con la democracia y la capacidad del Estado de garantizar que las niñas y los niños crezcan en entornos seguros y dignos.

[ENTRE BRUJAS] Noviembre es un mes de memoria, lucha y compromiso por los derechos de las mujeres. Cada 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres nos recuerda que la violencia machista persiste como una de las formas más graves de desigualdad y discriminación. En esta fecha conmemoramos a las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas asesinadas por resistir la dictadura de Rafael Trujillo en 1960, cuyo legado se convirtió en símbolo universal de resistencia frente a la opresión patriarcal.

Más de sesenta años después, la violencia contra las mujeres persiste como uno de los principales problemas sociales y de derechos humanos en el país. Según datos del Portal Estadístico del Programa Nacional Aurora (Warmi Ñan), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 114 feminicidios, 211 tentativas de feminicidio, 24 231 casos de violencia sexual y 47 346 casos de violencia física en todo el Perú.
Estas cifras reflejan la magnitud de una crisis estructural que el Estado aún no logra enfrentar con eficacia ni con un enfoque de igualdad y derechos.

El mes de noviembre no solo nos invita a conmemorar, sino también a exigir políticas públicas integrales que garanticen la prevención, atención, sanción y reparación frente a todas las formas de violencia. La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede entenderse al margen de la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Una sociedad que tolera la violencia y la impunidad erosiona sus cimientos democráticos, porque la igualdad y la no discriminación son principios inseparables de un Estado de derecho.

Sin embargo, en el Perú, la agenda por los derechos de las mujeres parece haber perdido relevancia. Los discursos conservadores se expanden en el debate público, impulsando narrativas que niegan los avances alcanzados en décadas de lucha feminista. Un ejemplo preocupante es el Proyecto de Ley Nº 11561/2024-CR, impulsado por el partido Renovación Popular a través del congresista Alejandro Muñante, que propone incorporar el artículo 402-A al Código Penal para sancionar las supuestas denuncias falsas en casos de violencia familiar.

Lejos de fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad, esta iniciativa criminaliza a las denunciantes, deslegitima las denuncias y reinstala la sospecha sobre las víctimas.

A ello se suman otras iniciativas legislativas regresivas, como la Ley N.º 32301 (Ley APCI), que modifica el marco de la cooperación internacional en el país y amplía las facultades del Estado para supervisar y controlar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Diversas instituciones y colectivos han advertido que esta norma podría restringir la autonomía de las organizaciones y limitar su capacidad para brindar acompañamiento y acceso a la justicia a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia. De concretarse, estos efectos representarían un grave retroceso democrático y una amenaza directa a la defensa de los derechos humanos en el Perú.

Estos ataques no son hechos aislados. Forman parte de una tendencia regional y global que busca socavar los compromisos en materia de derechos humanos, restringir la autonomía de las mujeres y debilitar los mecanismos de protección.
Frente a ello, defender los derechos de las mujeres es también defender la democracia: ambas luchas son inseparables.

Noviembre, entonces, no debe ser solo un mes conmemorativo, sino un recordatorio de que los derechos conquistados pueden perderse si no se defienden. En tiempos de retrocesos, el feminismo sigue siendo una fuerza ética y política que interpela al poder, exige justicia y recuerda que la igualdad no puede esperar.

[ENTRE BRUJAS] La intervención de Dina Boluarte en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dejado más sombras que luces. Su discurso, presentado en la cuna de los derechos humanos, no solo los desconoce: los distorsiona y los ataca de manera burda.

Boluarte habló de discursos de odio, de totalitarismos y de falsos relatos que —según ella— destruyen la democracia. En otro contexto, podría sonar convincente. Pero escuchar estas palabras de una presidenta que ha pactado con sectores xenófobos, machistas y racistas, y que tolera la impunidad del crimen organizado, solo revela un cinismo difícil de digerir.

En su narrativa, las protestas ciudadanas no son expresiones legítimas de descontento: son obra de “terroristas” y “extremistas”. Con esa etiqueta, le resulta fácil criminalizar la protesta y acallar voces críticas, especialmente en las regiones históricamente marginadas.

La igualdad de género es otra piedra en su zapato. Por eso ha tejido alianzas con los sectores más fundamentalistas del país, buscando desmontar avances y desconocer la evidencia científica que cuestiona la exclusión estructural. Promueve enfoque únicamente “familista”,  en el que las mujeres dejan de ser sujetas de derechos para convertirse en meras piezas funcionales de un modelo conservador.

Aunque no lo dijo en voz alta, su concepto de “ideologías de odio” parece englobar a la propia igualdad de género. Y lo expresó nada menos que en la sede de la ONU, institución que ha puesto la igualdad como principio universal y que consagra, en el ODS 5, la meta de empoderar a mujeres y niñas. La paradoja raya en lo insultante.

El cinismo fue más allá cuando defendió la Ley de Amnistía. No se esperaba que la reconozca como lo que es: un atentado contra los derechos humanos y una afrenta a las víctimas; pero se atrevió legitimar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y que nada tuvieron que ver con la lucha contra el terrorismo. Nadie niega que esta si fue una ideología de odio y violencia que arrasó el país, pero ampararse en esto para desplegar horror no puede ser justificado.

Boluarte así justificó lo injustificable.

Pero lo más sorprendente fue escucharla proclamarse defensora de la democracia, asegurando que en el Perú existe Estado de derecho y separación de poderes. La realidad desmiente sus palabras: un Tribunal Constitucional sin independencia, una Defensoría sin liderazgo autónomo, una Junta Nacional de Justicia intervenida, una Fiscalía bajo presión y un Congreso aliado incondicional del Ejecutivo. El colapso democrático comienza cuando los poderes del Estado dejan de ser contrapesos, y en el Perú eso ya es una realidad.

Boluarte también habló de la necesidad de reformar a la ONU para “adaptarla a los tiempos actuales”. ¿Se refiere a los tiempos de autoritarismo y discursos de odio? , ¿A los tiempos en que se criminaliza a migrantes, mujeres y defensores de derechos? Una verdadera reforma solo puede partir del respeto a los principios fundacionales de la organización, no de su claudicación frente a las fuerzas que buscan socavarlos.

En su discurso, dedicó apenas unas frases a las mujeres y niñas. Lo justo para la foto, para la ovación diplomática. Detrás de las palabras vacías se esconde una política concreta: retroceder en derechos, debilitar la igualdad y reducir la agenda de género a un eslogan sin contenido.

El discurso en la ONU fue una muestra clara de que el autoritarismo no siempre se presenta con gritos y uniformes; a veces llega disfrazado de “defensa de la democracia”.

[ENTRE BRUJAS] La promulgación de la ley de amnistía en el Perú es una afrenta directa a la memoria, la verdad, la justicia y a las víctimas, bloqueando sus procesos de reparación. Nadie puede negar que la violencia política que sacudió al país entre los años 1989 -2000 fue iniciada por los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso, cuyas acciones sangrientas dejaron un saldo devastador. El Estado tenía derecho —y obligación— de responder para proteger a la población. Sin embargo, ese derecho legítimo no podía usarse por los agentes estatales para, con taras racistas y clasistas, desplegar practicas brutales que llevaron a graves violaciones de derechos humanos: violaciones sexuales, muchas de ellas colectivas y sistemáticas; torturas; desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales. Estas atrocidades golpearon a las comunidades más vulnerables del país, y entre ellas, de manera particular y brutal, a mujeres, niñas, adultos mayores, en su mayoría quechuhablantes o de territorios indígenas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que la violencia sexual fue usada de manera sistemática como arma de guerra: mujeres fueron violadas delante de sus hijos, niñas fueron sometidas por grupos de soldados, y muchas víctimas quedaron embarazadas producto de estas agresiones. Estos crímenes no solo buscaban humillar y destruir a las víctimas, sino desintegrar el tejido social de comunidades enteras. Son violaciones que, por su gravedad implican una responsabilidad penal que trasciende el paso del tiempo, se constituyen en crímenes de lesa humanidad y no prescriben.

Las matanzas de Putis, Accomarca, Barrios Altos, Socos y tantas otras no son episodios aislados: son heridas abiertas y deudas pendientes de reparar. En Putis, alrededor de 92 personas —casi la mitad menores de edad— fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, tras haber sido sometidas a tratos crueles y abusos. En Accomarca, 69 comuneros, entre ellos mujeres embarazadas y niñas, fueron ejecutados y sus cuerpos quemados para borrar la evidencia. En Barrios Altos, 15 personas, incluido un niño de ocho años, fueron acribilladas por un escuadrón paramilitar. En Socos, 32 civiles fueron masacrados en una noche por efectivos de la Guardia Civil.  Es a estos criminales despiadados a quienes hoy se pone como héroes y se celebra.

Quienes defienden a estos criminales son cómplices y se han encargado de construir una narrativa falsa; ya que no son héroes de la “patria”, muchos de los verdaderos policias y militares que si hicieron su trabajo éticamente y lucharon por alcanzar la paz, han sido olvidados por aquellos mismos que hoy protegen a algunos y promuevan la amnistía de delincuentes.

Solo puedo expresar mi consternación y solidaridad frente los familiares de víctimas, ya que sus procesos de verdad, justicia y reparación quedan bloqueados, avivando nuevamente la llama del olvido. La amnistía recién aprobada no solo cierra las puertas a cientos de juicios en curso, sino que anula condenas firmes, incluyendo aquellas por violencia sexual. Esto significa que responsables de crímenes contra mujeres, niñas y adolescentes, podrán quedar libres sin cumplir sus penas y en total impunidad.

El retroceso no se limita al plano interno. Esta decisión coloca al Perú de espaldas a sus compromisos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera inequívoca que las leyes de amnistía que protegen crímenes de lesa humanidad —incluyendo la violencia sexual— son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al ignorar estos fallos, el Estado peruano entra en abierta rebeldía contra un tribunal cuya jurisdicción aceptó libremente, debilitando su legitimidad frente a la comunidad internacional. A ello se suma el impulso de acciones para salir de su jurisdicción, como la creación de una mesa de trabajo que reevaluará la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano y discursos que respaldan esta salida.

Lo más indignante es que esta ley ha sido celebrada por algunos de los condenados, como si se tratara de un triunfo personal, mientras las víctimas, siguen esperando justicia. La presidenta Dina Boluarte, al firmar y avalar esta norma, ha optado por la impunidad, enviando un mensaje claro y devastador: en el Perú, incluso los crímenes más atroces pueden quedar sin castigo.

Esta amnistía no borra los crímenes ni sana las heridas: solo oficializa el olvido y le da un marco legal a la injusticia. Hoy, más que nunca, debemos recordar que sin justicia no hay reconciliación, y sin memoria no hay futuro. El silencio o la indiferencia frente a este atropello es, en sí misma, una forma de complicidad.

[OPINIÓN] La lucha contra la violencia de género en el Perú exige coherencia en todos los niveles del Estado. Por ello, resulta preocupante que Gino Augusto Tomas Ríos Patio continúe ejerciendo la presidencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a contar con una sentencia por violencia familiar. Su designación y permanencia en este cargo no solo representan una grave omisión ética, sino también una afrenta a los principios democráticos y de justicia que deben regir las instituciones públicas.

Desde el 6 de enero de 2025, el señor Gino Ríos encabeza este órgano autónomo responsable de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Su rol es estratégico en la garantía de un sistema judicial independiente e imparcial. Sin embargo, ¿cómo puede una persona con antecedentes de violencia ejercer este rol con legitimidad? ¿Qué mensaje se transmite a las víctimas y a la ciudadanía cuando se tolera este tipo de designaciones?

La confianza en el sistema de justicia se construye cuando quienes aplican la ley también la respetan. La presencia de autoridades con estos antecedentes es contraproducente y vulnera los principios de idoneidad y probidad que la propia JNJ establece como requisitos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha sido claro en su llamado a los Estados para garantizar la independencia, imparcialidad e integridad de sus sistemas judiciales. Permitir que una persona condenada por violencia presida la institución que define el futuro del Poder Judicial contradice estas obligaciones internacionales y debilita seriamente el Estado de derecho.

Esta situación es especialmente grave en un país donde más del 75 % de la población aún justifica o tolera la violencia, y donde en lo que va del año ya se han registrado más de 78 feminicidios. La permanencia de Gino Ríos en la presidencia de la JNJ no es un hecho menor: es la expresión de una institucionalidad que, en lugar de erradicar la violencia, la normaliza desde las más altas esferas del poder.

No podemos —ni debemos— permanecer indiferentes. La ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de exigir integridad y coherencia en la gestión pública. La lucha contra la violencia de género no se limita a campañas o declaraciones: se materializa en decisiones políticas y administrativas concretas. Exigir la salida de quien no cumple con los estándares éticos mínimos es un acto de defensa democrática.

La vacancia de este funcionario es un asunto de interés público. Organizaciones especialistas en la materia como el CMP Flora Tristán, Manuela Ramos, Demus, Promsex y Cladem han exigido la destitución de Gino Ríos, amparándose en el reglamento de la JNJ, las leyes nacionales y la dimensión ética. Esperemos que la indiferencia y la corrupción no se impongan.

[ENTRE BRUJAS] La gran mayoría de la población conoce algún caso de violencia contra las mujeres, ya sea en el entorno de pareja, en el espacio público o en el entorno familiar. Lamentablemente, se trata de un problema cotidiano, común y doloroso.

Aunque en el país se han logrado importantes avances en la prevención y sanción de estos crímenes, aún son insuficientes. Las cifras lo evidencian: miles de denuncias anuales por violencia sexual, agresiones físicas y psicológicas, así como feminicidios —162 en el año 2024— cada vez más crueles, reflejan una realidad terrible, que nos golpea a diario y contra la que debemos seguir luchando.

Durante años, no solo quienes nos identificamos como feministas, sino también muchas otras mujeres y hombres, han asumido un firme compromiso en esta lucha, generando una corriente de rechazo y preocupación que no debe detenerse ni debilitarse. Aunque la marcha Ni Una Menos no fue la primera en la historia de nuestro país, sí fue la más multitudinaria y diversa, al reunir a personas de diferentes estratos socioeconómicos, identidades, generaciones y roles en la sociedad. Definitivamente, fue un hito que marcó un punto de inflexión, generando la esperanza de reducir la tolerancia hacia la violencia de género en nuestro país.

Sin embargo, la actual crisis democrática y los retrocesos en materia de igualdad impulsados desde el Congreso, con el silencio o aval del Ejecutivo, afectan directamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En este contexto, el congresista Alejandro Muñante, de la agrupación política Renovación Popular, ha presentado el proyecto legislativo N.º 11561/2021-CR, con el cual se busca amedrentar y criminalizar a las sobrevivientes de violencia de género y violencia familiar. La situación es grave, y la ciudadanía no puede permanecer ajena ante un escenario que podría tener un fuerte impacto en sus vidas y en las de sus seres queridos o entorno.

En concreto, esta absurda propuesta plantea sancionar a quienes supuestamente presentan “denuncias falsas”, promoviendo nuevamente el mito de que las víctimas mienten. Además, propone sanciones e inhabilitación para abogados, médicos, peritos o cualquier otro especialista involucrado en una denuncia, en caso de que esta sea considerada falsa. Es decir, si un especialista emite una opinión o certificado y luego la denuncia no prospera, podría ser sancionado.

Esta iniciativa, completamente misógina y con tintes revanchistas por parte de agresores, solo logrará que menos mujeres se atrevan a denunciar por miedo a ser criminalizadas. También empeorará la ya deficiente atención de los operadores de servicios y justicia, quienes actuarán no solo desde la desinformación, sino ahora también desde el temor.

Según la ENDES 2024, del total de mujeres que han sufrido violencia por parte de su pareja, solo el 29 % denuncia, precisamente por temor a la estigmatización y porque sienten que denunciar no da resultados. Por otro lado, un estudio del Poder Judicial reveló que entre 2018 y 2023, solo el 1 % de las denuncias llegó a una sentencia favorable a las víctimas. Así de dramática es la situación.

Esto no significa que las denuncias sean falsas, sino que el sistema les falla a las víctimas. Además, muchas abandonan los procesos por factores ajenos a la veracidad de los hechos, en un contexto de desprotección, estigmatización y hostilidad que las presiona constantemente.

Cualquiera que conozca a una mujer que ha sufrido violencia y ha tenido el valor de denunciar, sabe lo difícil que es el camino que enfrentar y acceder a la justicia: largo, hostil y lleno de dudas.

Las agresiones físicas, psicológicas y los delitos sexuales quedan impunes en nuestro país, sumiendo en la impotencia y el dolor a las víctimas y sus familias. Esta impunidad convierte al Estado en una entidad lejana y aumenta la desconfianza en las autoridades. Cada agresor que queda impune representa un riesgo para todas.

La mayoría de agresores sexuales de niñas —incluso aquellos que las asesinaron— ya tenían antecedentes de violencia contra otras mujeres o niñas. Denuncias previas que fueron desestimadas, delitos que no se sancionaron. La impunidad solo refuerza al criminal y a su poder.

No hay nada más miserable e indignante que utilizar este contexto de impunidad y de regreso de lógicas machistas, para proponer una norma como la mencionada. Intentar desalentar las denuncias y criminalizar a quienes no logran probar los hechos es una forma vil de quitarles a las mujeres el derecho a defenderse, a denunciar, a acceder a la justicia y a preservar su dignidad.

No solo los congresistas, sino toda la ciudadanía debe rechazar propuestas como esta, por su carácter absurdo y la falta de sustento técnico, pero sobre todo porque representan vehículos de impunidad y mecanismos para despojar de dignidad a todas las mujeres y niñas que sufren violencia en este país.