Una reciente encuesta de opinión pública nacional publicada por CPI a comienzos de esta semana sugiere que el turbulento comienzo del Presidente Castillo parece seguir una trayectoria relativamente similar a la de gobiernos anteriores, aunque partiendo de una base bastante menor. La aprobación del Presidente sube a 44%, del 40% registrado en agosto, con su desaprobación también en 44%. Esos números pueden sonar sorprendentemente altos considerando las circunstancias, pero deben ser puestos en contexto histórico: tanto los Presidentes Humala como Kuczynzki también experimentaron crecidas en su aprobación en el setiembre siguiente a su juramentación, posteriormente al otorgamiento de confianza a sus primeros gabinetes – sólo que ambos superaban entonces el 60%, muy por encima del nivel de aprobación del Presidente Castillo. 

Igual, el incremento de la aprobación presidencial en medio de un mes donde salió a la luz evidencia adicional de vínculos entre integrantes del Gabinete y el MOVADEF, así como de afinidad con las ideas de Sendero Luminoso, ha sorprendido – y desolado – a muchos. La expectativa era ver reflejado un rechazo más contundente al Gobierno en función de estas revelaciones. No ha sido el caso.

La razón de ello es sencilla: a esta altura, el electorado ya está perfectamente al tanto de la cercanía de este Gobierno a personas e ideas de la esfera de influencia de Sendero Luminoso. Las revelaciones periodísticas sobre el tema han sido abundantes y constantes desde la campaña de segunda vuelta. Nuevas denuncias harán poco por cambiar la percepción sobre la importancia de las mismas, por más difícil que nos resulte entender que no despierten para la mitad del electorado la misma repulsión y sentido de urgencia que nos genera a los que pululamos por twitter consumiendo noticias políticas a diario, repitiendo hasta el cansancio, sin mayor evidencia que nuestra propia exasperación que “este Gobierno es insostenible” y que “así no va a durar”. 

Hay quienes ven en esto evidencia de que la estrategia del Gabinete  de posicionar el conflicto entre el Gobierno y la oposición como una extensión de las tensiones entre Lima y “el Perú profundo”, entre el establishment y “el Pueblo”, ha tenido éxito y que el apoyo al Gobierno se ha tornado fundamentalmente identitario.   No estoy de acuerdo con esa impresión – al menos, no en la dimensión que se sugiere. 

Más bien, creo que buena parte de dicha aprobación obedece a votantes que ven a este Gobierno como a cualquier otro que lo haya precedido, como un gobierno nuevo ordinario, normal, y al que por ende están dispuestos a concederle – por ahora – el mismo apático optimismo que les mostraron a Humala y a Kuczynski en sus primeros días. El razonamiento es bastante simple: ¿qué alternativa hay más que darle una oportunidad a un gobierno que recién empieza? 

Estos son electores que no tienen tiempo ni interés para andar pendientes de cada reportaje periodístico sobre los vínculos del Gobierno con lo que para ellos constituyen fantasmas del pasado, y que están más avocados a lidiar con los problemas de su vida diaria. Ellos juzgarán al Gobierno en función de que tan competente se muestre en atender sus prioridades, que la encuesta muestra con claridad: reactivar la economía, poner bajo control la inflación y normalizar la vida cotidiana conforme amaina la Pandemia (el ejemplo más concreto de ello es el pedido de asegurar un retorno seguro a las clases).

En dicho sentido, el Gobierno haría bien en no malinterpretar la aprobación que mantiene: esta constituye un llamado al Gobierno a ponerse a trabajar, ya mismo. Ciertamente no es un endoso a agendas de cambios estructurales bruscos que más bien entorpezcan la recuperación económica. Ya es sabido lo impaciente que puede llegar a ser el electorado Peruano con sus autoridades cuando percibe que estas no están poniendo la atención en sus problemas. El rápido colapso de la aprobación de los últimos tres Gobiernos electos – que partieron con niveles de aprobación mucho mayores – resulta más que ilustrativo del destino que le espera al actual si no está a la altura de las expectativas de la población.

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A la hora en la que presenté esta columna, el Congreso continuaba el debate en relación al otorgamiento del voto de confianza del Gabinete presidido por Guido Bellido. Aunque la experiencia enseña que con nuestros Congresos uno nunca puede estar seguro, los indicios apuntan a que el PCM Bellido y su Gabinete obtendrán la confianza.

La exposición del PCM en el Congreso fue bastante pobre en cuanto a contenido. En eso, siendo justos, ha mantenido la línea de presentaciones de PCM anteriores: un paporreteo de números sin contexto y de ideas sueltas sin detalles sobre su implementación. No hubo ningún anuncio novedoso – si hubo sorpresas, fue en lo que no se dijo: no se hizo ni una sola mención a la aspiración de instaurar una Asamblea Constituyente. Una lectura desapasionada del texto no lo deja a uno con sabor a revolución. Fue un discurso, si no moderado, al menos mediocre en radicalismo.

Más bien, si el PCM buscó confrontar a sus opositores, no fue a través de ideas y propuestas, sino a través de gestos – especialmente su introducción en quechua y el acto de chacchar coca en el Pleno – claramente teledirigidos hacia una doble función: conectar con los sectores más excluidos de la población, y provocar al sector de la oposición más impulsivo y conservador a mostrar sus rancios complejos de superioridad capitalina. En lo segundo, al menos, está claro que tuvo éxito: que el Congreso no esté preparado – en pleno 2021 – para ofrecer traducción en simultáneo a un discurso en el segundo idioma oficial más hablado del Perú es risible. Y que haya gente que pretenda justificar tal negligencia, es francamente patético.

Cabe un paréntesis aquí para ilustrar la ingenuidad de parte de la oposición en este punto: haría bien la Derecha en entender que si este Gabinete ha sembrado confrontación, es porque espera cosechar insultos. El Gobierno está convencido de que el camino a la sobrevivencia pasa por una popularidad ganada a base de mostrarse despreciados por un establishment al que la población ya demostró en noviembre pasado que encuentra muy fácil odiar. Y ojo, no es una mala estrategia.

No discrepo con quienes consideran que este Gabinete no merece el voto de confianza. Comparto la repulsión de muchos conciudadanos por las aberrantes expresiones de empatía, y puede incluso interpretarse hasta admiración, de parte del PCM Bellido hacia Sendero Luminoso en sus redes sociales. Y si bien siempre he condenado el llamado “terruqueo”, en este caso particular, la abundante evidencia obliga a aceptar que varios integrantes de este Gabinete están para un interrogatorio en la Dincote, no para despachar en Palacio de Gobierno. Hay mérito en el argumento de que el poder del Congreso de negar confianza a un Gabinete está allí justamente para casos extremos como este, donde apremia la necesidad de cortar con un infiltración antidemocrática a fondo y desde la raíz.

Pero si bien el ciudadano ordinario puede darse el lujo de tomar posición en función de sólo sus principios, el estadista es siempre rehén de la realidad política – y esta indica que el Congreso pierde muy poco otorgando la confianza, y expone demasiado negándola. ¿Cuál es el punto de negar la confianza, y dejar al Congreso en posición extremadamente vulnerable frente a la amenaza de disolución, cuando Castillo igual podría designar otro Gabinete igual o más nefasto aún? ¿Y que se pierde otorgando confianza a un Gabinete cuyo rango de acción es de cualquier manera contenible por una oposición legislativa cómodamente mayoritaria?

No, los Congresistas hacen bien en no pisar el palito. Hay que elegir batallas, y esta no vale la pena. Más bien, se debe procurar que la victoria de Gobierno sea lo más pírrica posible. Mostrar los dientes, pero no morder: un voto de confianza, pero con reservas. Y reservar la pólvora institucional del Congreso para gastarla en los dos siguientes enfrentamientos, donde el flanco estará menos expuesto: la delegación de facultades y la inevitable interpelación y censura de varios ministros. En cuanto a lo primero, el Congreso debería negar facultades legislativas en materia tributaria y de reforma del sistema previsional, aludiendo la particular incompetencia técnica e inestabilidad del Gabinete, y en cuanto a lo segundo, el paredón debe empezar por los Ministros de Trabajo y de Energía y Minas, los peores de una camada francamente lamentable.

Ello no implica que otorgar la confianza no tenga un precio – uno que todos los peruanos deberemos pagar. Y es que el mensaje que se estará enviando es que mostrar simpatía pública por Sendero Luminoso ya no es más inaceptable en la política peruana. Que hay redención para el que elogió la violencia política – y la hay incluso sin que medie arrepentimiento. Las posibilidades que esa nueva realidad abre deberían llevarnos a todos a sombría reflexión.

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Guido bellido, pcm

El Presidente Castillo optó por comenzar su Gobierno con la designación de un Gabinete históricamente provocativo y controversial.  El frenesí de nombramientos completamente inapropiados en puestos clave del Estado que le siguió hizo inequívoco el mensaje: no habrá consenso, ni negociación – lo que se busca es la confrontación, y luego, la conquista.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Se consolidó una sólida mayoría opositora del establishment político y económico del país en tiempo record, que estaría satisfecha de abortar al Gobierno ya mismo. Hasta figuras mesuradas, como Alberto Vergara, empezaron a hablar de vacancia

Pero el desenfreno inicial debe estrellarse con la realidad: remover al Presidente es harto difícil. Primero, está la aritmética: el oficialismo es la bancada más grande, y sumada a sus aliados de JPP tiene 42 votos – apenas dos menos de los necesarios para bloquear la temida vacancia.

Los 88 votos restantes ofrecen posibilidades – pero no dejan margen de error, lo que en sí actúa como desincentivo: impulsar una vacancia creyendo que se tienen los votos sólo para que uno o dos congresistas se echen para atrás al último minuto arriesga dejar al Congreso en una posición extremadamente vulnerable.

Eso es sin mencionar lo evidente: ¿saben lo lunático que debe sonarle al observador neutral hablar de vacar a un Presidente a las tres semanas?

El Presidente se ha ganado la enemistad de casi toda la clase política, pero no confundamos a los influencers con los influenciados: el electorado, como es usual, se está tomando su tiempo en llegar a una idea clara sobre su gobernante. En una encuesta reciente de Datum, el Presidente tiene una desaprobación neta de apenas -2%, con 20% esperando a ver qué más hace antes de emitir un juicio. CPI arrojó números similares.

Por otro lado, al Presidente Castillo tampoco le será nada fácil forzar la disolución del Congreso. Para empezar, sus principales aliados están enfrascados en serios problemas judiciales, en un país donde la Fiscalía colecciona prisiones preventivas para políticos. Por si fuera poco, existen serios problemas de convivencia entre el ala magisterial y el ala cerronista de su propia bancada. No suele ser sabio ir a la ofensiva con el flanco expuesto.

La oposición, además, cuenta con una sólida mayoría en el Congreso – una que, crucialmente, a diferencia de lo que ocurrió en 2016-2019, no depende de un solo partido. En un país de líderes impulsivos, eso es una desventaja para el Gobierno. El Presidente Vizcarra encontró fácil provocar al sanguíneo liderazgo de Fuerza Popular a cometer bravuconadas. Apretar los botones de diferentes bancadas decididas a sobrevivir, es bastante más difícil. La mejor defensa del Congreso contra pisar el palito está en su propia atomización.

Arrinconar al Congreso a aprobar un referendo constituyente mediante cuestión de confianza también es descabellado. Para empezar, el Congreso puede reformar la Constitución para limitar la cuestión de confianza – es más, ya lo están intentando, y hay Congresistas que siendo renuentes a vacar al Presidente, si ven apropiado contener el poder de un Mandatorio que ya ha dado gruñidos autoritarios.

Además, está el Tribunal Constitucional.  En la sentencia del caso Disolución del Congreso este ya aclaró que hay límites a las cuestiones de confianza, y que uno de ellos es “condicionar el sentido de una decisión (…) que sea competencia de otro órgano estatal”. Parece improbable que el Tribunal vea constitucional una arremetida tan indecorosa. Demás está decir que intentar arrinconar al Congreso sólo para que el Tribunal le enmiende la plana al Gobierno, bien podría convencer a varios Congresistas de inclinarse por la vacancia.

Todo esto lleva a entretener un escenario que muchos parecen despreciar, pero que yo veo bastante probable: uno de estancamiento, y guerra fría. No es descabellado concluir, a la luz de la distribución de poder entre Gobierno y Oposición, que nos podemos pasar los 4 años que necesita el Congreso para librarse de la amenaza de la disolución en este plan: con un Gobierno que hace guiños de dar golpes bruscos de timón hacia el autoritarismo, pero nunca consuma, y un Congreso que gruñe, fiscaliza, amenaza – pero nunca se siente confiado de tener los votos para dar la estocada final.

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Pedro Castillo
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