El involucramiento aparente del comandante general de la policía en un plan urdido para montar una red de espionaje clandestina, la detención de hombres de uniforme en el VRAEM por estar coludidos con el narcotráfico, la aparición constante de elementos policiales en hechos inmorales ligados a mafias y la conocida corrupción menuda de la que todos los ciudadanos somos víctimas en las calles, demuestra que hay algo radical que hacer al respecto.
La corrupción policial es un mal que se extiende como una plaga por las calles de nuestra democracia. Es un cáncer que carcome los cimientos de la sociedad y que amenaza con destruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.
La corrupción policial es como un monstruo de mil cabezas, cada una de ellas dispuesta a alimentarse del dinero sucio que los delincuentes les ofrecen. Es una práctica que va en contra de todo lo que una sociedad democrática debería representar: la justicia, la igualdad, la libertad.
Los efectos nefastos de la corrupción policial son incalculables. Por un lado, se genera un clima de inseguridad ciudadana, ya que los ciudadanos no pueden confiar en que la policía los protegerá en caso de necesidad. Por otro lado, la corrupción policial debilita el Estado de derecho, permitiendo que los criminales tengan un campo de actuación mucho más amplio.
En definitiva, la corrupción policial es una amenaza directa para la democracia y para la sociedad en su conjunto. Es como una enfermedad que debe ser extirpada de raíz, con la fuerza de la ley y con la participación activa de los ciudadanos. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos.
No hablamos ya de “manzanas podridas” sino del “barril podrido”. Servirán en algo, en esa medida, las sucesivas purgas policiales que vemos con el ingreso de cada nuevo ministro del Interior, pero parte de las reformas de segunda generación pendientes en el país, es la reforma de nuestros sistemas policiales, una reforma a fondo.
¿Podrá el gobierno de Dina Boluarte abocarse a ello? Lo vemos difícil. Es un gobierno débil que descansa, entre otros cimientos, en el respaldo preciso de las fuerzas policiales y armadas. Difícilmente se va a enfrentar a ellas. Lo máximo que se le puede pedir es cierta profilaxis en casos graves.
Pero debe ser tarea urgente del siguiente gobierno y será tarea de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, ser acuciosos respecto de las propuestas que los diversos candidatos tengan al respecto.
