derechos humanos

[INFORMES] Estoy harta de que me digas él”. Hace unos días, la opinión pública estuvo en acuerdos y desacuerdos por lo acontecido en ATV con Etza Reátegui Wong, conocida como “Uchulu”, un personaje que nació en la televisión y que fue objeto de agresiones verbales por parte de dos personajes también conocidos: Carlos Cacho y Andrés Hurtado.

Si un DNI no identifica a una persona, es un documento que no sirve. Lamentablemente, vemos como los miembros de la comunidad LGBTQI+ vienen luchando por ser reconocidos, no solo por una sociedad que parece reacia en aceptar sus derechos, sino también, en que también forman parte de nuestra sociedad. Las redes sociales se han vuelto el principal foco para atacar a cada uno de sus miembros, que cabe resaltar, no es solamente a las personas cuya orientación es homosexual.

La transfobia son las acciones de prejuicio, discriminación, agresión y odio que se le puede tener a una persona transgenero. En el caso de Etza, hablamos de comentarios desatinados que se intentan justificar con la famosa frase: “Hay que darle al público lo que quiere ver”. Burlas. Agresiones. Son solo algunas acciones que se permiten en cadena nacional y este caso no fue la excepción.

Una lucha sin acabar: ambiciones de rating y show transfóbico que vulnera los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el Perú
Plantón en las afueras de ATV tras las agresiones contra Etza Reátegui

En el caso de Etza, exige en todo su derecho que fuera reconocida como “ella” por parte del conductor Andrés Hurtado; por otro lado, se vio intimidada por un estilista como Carlos Cacho quien exigió que mostrara su DNI para constatar que su nombre era femenino. Entonces, ¿Por qué mostrar un documento tan importante como el DNI por la televisión? ¿Por qué reclamar a una persona que no se considera hombre y quiere ser reconocido de otra manera?

“¡Su nombre es Etza, y se la respeta! Denunciamos los actos de transfobia que atentan contra su identidad. Reproducir el discurso revictimiza, no seamos parte del problema.”, sentencio la organización feminista Manuela Ramos. Y es que no es admisible que un canal de televisión transmita actos de discriminación y odio hacia una persona. Sobre todo, porque después de ello, el canal mostró a una Uchulu llorando por estas acciones. Lo más indignante es que a partir de ello intenten generar rating para que la teleaudiencia esté a la expectativa si es que el personaje se quedaría en el reality.

Mensaje público de la organización “Manuela Ramos”

Las redes sociales, un gran impulsor del odio a la comunidad LGBTQI+

Es cierto mencionar que muchas personas en un acto de cobardía y poca empatía se generan cuentas falsas en Twitter y empiezan a propagar frases lamentables contra la comunidad LGBTQI+. Desde algún caso de agresión contra ello, las marchas anuales que se convocan y casos como el de la Uchulu que no ha sido excepción para estos usuarios.

¿Quién es ese señor?, “ahora quieres ser mujer”, “uchulu es hombre”. Son solo algunos de los tweets que se evidenciaron ante las publicaciones de activistas que expresaron su malestar por este accionar del canal por transmitir estos hechos transfobicos.

No es el primer error de un canal de televisión

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú emite un informe sobre este accionar. Y es que ATV no sería el único medio de comunicación que haya “metido la pata” con acciones tan lamentables. Hace poco, América Televisión haría una de las presentaciones más controversiales, indignantes y poco éticas al mostrar a niñas en ropa interior y poco después cancelaría el programa dominical.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú sancionó al canal con una multa de 20 UITs (s/. 99,000.00 nuevos soles) por este programa y su accionar.

Ahora bien, con respecto al caso de Etza, el CONCORTV se pronunció en un informe reflexivo sobre los casos de transfobia que había en el Perú. “El 67.7% de los programas transmitidos en televisión de señal abierta refuerzan o reflejan estereotipos raciales discriminatorios, es decir 2 de cada 3 difunden contenidos en forma de bromas, humillaciones y ofensas que refuerzan discursos de odio y afectan la dignidad de las personas”, menciona el informe.

Portada que utilizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para presentar la nota del caso de Etza

Es preocupante las cifras que nos mostraron, y es que solamente en Lima (32%) considera que se difunden contenidos discriminatorios en la televisión. No obstante, según el Consumo Televisivo y Radial del año 2022, la cual considera regiones, esta cifra se dispara: En Iquitos (45%), Puno (44%), Cusco (46%) y Arequipa (65%) consideran que se difunde contenido discriminatorio en televisión.

Ahora bien, con respecto al accionar de la producción, es lamentable ver como una situación se puede intentar justificar. Magaly Medina se había dado cuenta el error que se había cometido en su reality nocturno. A pesar que el gesto pueda sonar reconciliador, el abrazo que se dieron Magaly y la Uchulu fue criticada por las redes sociales como uno de los gestos más hipócritas que se han podido ver en televisión nacional, y es que si bien Etza pudo haber aceptado esas disculpas por parte de la producción, esto puede ser una acción que menosprecia la lucha de varios activistas que han exigido tanta vulneración a sus derechos.

Emisión del programa “Magaly TV, la firme” se ve a Magaly Medina abrazando a Etza Reátegui después del escandaloso accionar en su reality “La Casa de Magaly

Al cierre del informe, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú no se ha pronunciado meramente sobre la sanción que debería recibir ATV por haber permitido este accionar.

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CONCORTV, derechos humanos, Etza Reátegui Wong, LGBTQI+, Sociedad Nacional de Radio y Televisión

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú marcó un hito crucial al desvelar la trágica historia que nuestro país vivió entre 1980 y el año 2000. Durante el conflicto armado interno, más de 69,000 vidas se perdieron. A pesar de que han transcurrido dos décadas desde entonces, es preocupante observar que las recomendaciones formuladas por los comisionados aún no han sido implementadas.

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas junto a sus familias, son pocos los casos que han logrado obtener justicia. En lugar de ver avances en la reconciliación y la construcción de la memoria, el informe y el proceso en sí continúan cargados de un injusto estigma promovido por aquellos que, por motivos políticos, buscan que persista la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

Es fundamental destacar que la CVR enfatizó en la condena al terrorismo, señalando a Sendero Luminoso y el MRTA como los principales perpetradores de la violencia y quienes la iniciaron.

Al mismo tiempo, el informe evidencia las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco de la estrategia contraterrorista estatal, las cuales estuvieron motivadas por un profundo racismo. No es casual que la mayoría de las víctimas sean personas quechua hablantes o indígenas amazónicos.

Estos hechos no fueron excesos, sino graves violaciones de derechos que se llevaron a cabo de manera sistemática por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, los cuales fueron motivados por un arraigado odio racial y de clase. Estos actos no fueron aislados, sino que formaron parte de una estrategia institucionalizada y tolerada durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, principalmente.

Masacres, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y otros tratos crueles y humillantes.

Señalar esto no implica negar el horror del terrorismo, ni eximir de responsabilidad o buscar la absolución para aquellos que decidieron enfrentar el descontento por las profundas desigualdades tomando las armas. Visibilizar y condenar el hecho de que la población tuvo que vivir y sufrir entre dos frentes (el terrorismo y la violencia estatal) tiene como objetivo fomentar una reflexión colectiva, para evitar que este escenario dramático se repita.

El Estado tenía la obligación de proteger a la ciudadanía del terrorismo, por supuesto. No hay duda de que el Estado debía tomar medidas para prevenir la propagación de la violencia y el horror. Sin embargo, lo censurable no es eso, sino que en el marco de dicha estrategia se permitiera y promoviera el odio, la violación, el asesinato y la desaparición de personas racializadas. El Estado no podía combatir el horror con más horror.

Una verdadera democracia no se construye negando el pasado ni fomentando el odio. El país necesita retomar los procesos de memoria y reconciliación incompletos para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, donde el «terruqueo» no sea la herramienta para resolver diferencias y el racismo sea erradicado. Esta sigue siendo una tarea pendiente.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han dejado una marca indeleble en nuestra historia reciente y en la percepción pública nacional e internacional. Ciudadanos de diversas regiones, incluyendo Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco, entre otras, protestaron contra su gobierno y su permanencia en el mismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para escuchar las voces de la ciudadanía, o de los «nadies», como le gustaba decir cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta bajo Pedro Castillo, se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables.

La respuesta de su gobierno fue desproporcionada y mortal. Las fuerzas del orden, en un acto que desafía la noción misma de justicia y respeto por los derechos humanos, abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de 49 vidas perdidas: 49 personas ejecutadas por proyectiles de armas de fuego. Las impactantes imágenes y las historias desgarradoras de familias destrozadas por las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no dejan de conmovernos.

Lo que agrava aún más la situación es el cinismo con el que Boluarte se expresó de los manifestantes. “Hay un grupo menor ligado a actos ilegales, en este caso, la minería ilegal y el narcotráfico (…) Hay gente ligada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”. Sin embargo, estas afirmaciones carecían por completo de pruebas sustanciales y parecían más una estrategia para desviar la atención de la brutalidad cometida por las fuerzas del orden bajo su mando. La incredulidad ante sus declaraciones se acentuó cuando intentó explicar algunas de las muertes como resultado de una supuesta “avalancha de cinco mil personas” o que “la mayoría de ellos [los fallecidos] es por impacto de un arma artesanal denominado dum dum”, una explicación que insulta la inteligencia y la sensibilidad de quienes buscamos la verdad y la justicia.

La presidenta Boluarte ha demostrado ser cínica, mentirosa e indigna de su cargo. Su falta de empatía hacia las vidas perdidas y su negación de la responsabilidad en estas muertes atroces son un ejemplo claro de su cinismo. Sus mentiras para justificar lo injustificable demuestran su total desprecio por la verdad y la confianza de los ciudadanos. Su indignidad se refleja en su incapacidad para reconocer los errores y asumir la responsabilidad, en lugar de esto, busca evadir las consecuencias de sus acciones.

En tiempos de crisis, el liderazgo político se somete a prueba y las acciones hablan más que las palabras. La presidencia de Boluarte ha quedado marcada por una represión desmedida y cruel, por afirmaciones infundadas y por la falta de moralidad en su respuesta a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Nuestro país merece líderes capaces de empatía, honestidad y responsabilidad; no merece una presidenta cínica, mentirosa e indigna.

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derechos humanos, Dina Boluarte, Ejecuciones Extrajudiciales, Peru en Dictadura

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] El reciente mensaje presidencial por 28 de julio nos dejó claro que la actual presidenta no tiene ninguna intención de dejar el poder y que la demanda ciudadana por un cambio, reflejada en las protestas y en la mínima aprobación de su gobierno, simplemente le es indiferente.

Boluarte inició con una crítica al gobierno anterior resaltando los altos índices de pobreza y la gran corrupción, olvidándose por completo que fue parte de este como Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargos que son asumidos por la confianza y cercanía al gobierno de turno.

Afirmó que su gobierno es democrático, negando de esta manera la crisis social, política y cultural que atraviesa el país y, evidenciando una peligrosa indiferencia por la actual captación de instituciones estatales, lo cual vulnera el principio de separación de poderes y, por ende, socava la gobernabilidad.

La presidenta relevó en su mensaje «la paz social», aunque, paradójicamente, se reprimía y gaseaba a manifestantes en el centro de Lima. La criminalización de la protesta ha continuado en las calles, así como los gestos racistas de parte de las autoridades estatales.

La paz social se construye garantizando justicia y reparación real para las víctimas de violaciones a los DDHH, así como evitando repetir actos hostiles que sigan profundizando la exclusión. La paz no puede ser solo un discurso.

La reconciliación no se construye replicando actos discriminatorios y prácticas que vulneran libertades fundamentales.

El discurso de la presidenta, estuvo plagado de incoherencias (como las mencionadas) y grandes ausencias.

Señaló que cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, meses atrás deslindaba de todo vínculo con las fuerzas del orden y sus acciones desproporcionadas violatorias de derechos humanos. La CIDH ha calificado lo sucedido como “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”.

Así mismo, Boluarte le dedicó segundos a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, sin mencionar la obligatoriedad del ejecutivo en la implementación de políticas públicas para su prevención y atención. Una corta alusión a temas punitivos evidenció no solo su indiferencia con este tema sino su alianza con sectores anti derechos que limitan y bloquean el avance en materia de igualdad.

Es vergonzosa la omisión, prácticamente absoluta, de temas vinculados a igualdad de género, derechos de las mujeres/niñas y personas LGBTIQ+. Mucho más triste es saber que esto no es casual, sino que es el resultado de acuerdos y probablemente negociados con sectores ultra conservadores en cuya agenda política se encuentra la erradicación del enfoque de género en el Estado.

Este fue un mensaje que dejó claro el proyecto autoritario del gobierno, así como los acuerdos y alianzas perversas que mantiene y protege. En la mira está la igualdad y toda agenda progresista que pueda llevar a garantizar derechos.

Todos los líderes/lideresas de talante dictatorial hablan de paz y a la vez reprimen, hablan de reconciliación e igualdad, pero a la vez excluyen, criminalizan y evitan avanzar en esta ruta. La estrategia no es nueva, pero el escenario es preocupante, porque el hartazgo de la ciudadanía hace que se toleren prácticas peligrosas que nos están llevando a un túnel en dónde los más corruptos festejan por el botín.

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En segundo lugar, la suscripción al sistema interamericano de derechos humanos promueve la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos humanos en el país. Al estar sometido a un sistema externo de supervisión, el Perú se compromete a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a ser evaluado periódicamente. Esto crea un incentivo para que el Estado peruano mejore sus políticas y prácticas en esta área, fortalezca su sistema de justicia y garantice el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Por último, la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos envía una señal clara de su compromiso con los derechos fundamentales y su disposición a participar en un marco internacional de respeto y protección de los mismos. Esto fortalece la reputación del país en la comunidad internacional y contribuye a la construcción de un orden global más justo y equitativo.

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Lo cierto es que poco tiempo después, tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y las crisis migratorias del 2015, dieron sustento a la ya creciente extrema derecha y su nacionalismo para que pudiera triunfar Donald Trump, que puso a los migrantes como el principal enemigo de su nación y dio sustento para que gobiernos como el de Joao Bolsonaro y ahora el de Dina Boluarte, puedan apelar a resolver los problemas de pobreza y delincuencia ansiando romper el Pacto de San José e imponer, de una vez por todas, la pena de muerte. Masacre más, masacre menos en las tierras de la población quechua hablante y aimara del país, lo que importa es su Patria.

Los derechos humanos, pues, no son de izquierda, eso es un invento de la extrema derecha que repite sin pensar. Nuestros derechos están por encima de cualquier ideología. Es el deber de nuestro Estado protegerlos y deber de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evitar que se retroceda. La ONU ya se ha pronunciado, pero sin importarle, el Congreso sigue emitiendo leyes contra los derechos de la mujer, contra la educación pública, contra los migrantes, a favor de la corrupción. Mientras tanto, los brazos más violentos de la extrema derecha cuentan con la anuencia del gobierno para atacar. Total, como dijo el hoy silenciado cardenal del Perú, aquí los derechos humanos son una cojudez.

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La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.

Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.

Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.

Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.

Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.

 

[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).

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Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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