Convertir a Lima en una ‘ciudad inteligente’ es una de las promesas de campaña de Luis Molina Arles, el actual alcalde de Miraflores que ahora aspira al sillón metropolitano como candidato de Avanza País. “Ofrezco convertir a Lima en una smart city”, dijo hace pocos días. Como si quisiera dar el ejemplo, su distrito ya inició un proyecto en ese sentido, el mismo que, según la municipalidad, “prevé la adquisición de un moderno software que permitirá controlar la seguridad ciudadana y la administración del tránsito de manera inteligente”.
La propuesta contempla la instalación de pórticos de videovigilancia, cámaras lectoras de placas, cámaras biométricas (capaces de identificar personas requisitoriadas), cámaras conectadas con las dependencias policiales, sensores de parqueo, semáforos inteligentes, radares para el control de velocidad y fiscalización electrónica del tránsito. En suma, un proyecto ambicioso que involucra tecnología de punta y promete acercar a Miraflores a la altura de urbes como Singapur, Zurich o Helsinki –consideradas las mejores ciudades inteligentes del mundo–. “Se requiere la participación de empresas de primer nivel en el mundo, con exitosa y probada experiencia en manejo de ciudades inteligentes”, dijo también Molina durante su participación en el Congreso Latinoamericano de Smart Cities realizado en México, en octubre del 2021.
No obstante, una vez más, una licitación del municipio miraflorino encabezado por Molina ha sido cuestionado por las autoridades que supervisan las contrataciones del Estado y expertos consultados por Sudaca. Desde la comuna, por su parte, defienden el proceso a capa y espada.
DOCUMENTO CLAVE
Para este proyecto, la municipalidad destinó un presupuesto de S/45’470,713.24. Se concursó por primera vez en 2021, pero aquella convocatoria tuvo que declararse desierta. El consorcio CKCity, único postor que se presentó entonces, no había cumplido con presentar el documento que daba cuenta de su conformación, debidamente notariado. Así lo reconocen en la comuna miraflorina. Por ese motivo, se abrió otra convocatoria a inicios de este año, y esta ocasión llegaron dos postores: el Consorcio NEC (conformado por NEC de Colombia S.A. y NEC Argentina S.A.) y el ya mencionado Consorcio CKCity (integrado por Cibernos Perú S.A.C., Cibernos Consulting S.A. y Kapsch Trafficcom Transportation S.A.U).
La propuesta económica de CK City ascendió a S/48’775,000, un monto que está por encima de lo que había presupuestado el municipio. Pese a ello, el comité de selección le otorgó la buena pro el pasado 28 de febrero. Todo parecía encaminado para que se empiecen a hacer realidad los ambiciosos sueños digitales del alcalde Molina, pero apenas unos días después, el 7 marzo, el consorcio perdedor presentó un recurso de apelación en la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado. El argumento era que CKCity no había presentado la vigencia de poder de una de las empresas que lo integra: Cibernos Consulting S.A., cuyo representante es Daniel Canseco García.
El certificado de vigencia de poder es el documento que certifica que una persona está facultada para actuar en nombre de una empresa, y detalla el alcance de dichas facultades. Por ejemplo, para integrar un consorcio y presentarse a como postor en un proceso público para contratar con el Estado. “La vigencia de poder es importante para determinar que el representante legal contaba con facultades al momento de solicitar su participación en el proceso de selección», dice Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones del Estado.
Castillo advierte, por ejemplo, que ante un eventual incumplimiento la municipalidad de Miraflores encontraría dificultades para tomar acciones legales contra el Consorcio CKCity, debido a la falta de una vigencia de poder. “Si la entidad quisiera resolver el contrato o ir a un arbitraje, por ejemplo, no podría hacerlo porque la empresa [a falta de una vigencia de poder válida] no habría suscrito el convenio arbitral y no se podrían solucionar las controversias surgidas en el proceso”, señala el abogado.
Carlos Peña Orellana, presidente del comité de selección y subgerente de movilidad urbana y seguridad vial de Miraflores, considera que no existe tal riesgo, dado que “la municipalidad recién pagará cuando se entregue la obra”.
Como fuese, la municipalidad de Miraflores respondió al reclamo del consorcio perdedor y envió, el 5 de abril, un oficio a Héctor Marín Inda Huamán, presidente de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que analizaba el asunto. En este, el concejo alegaba que sí habían cumplido con el requisito referido a la vigencia de poder, pues ya habían verificado las facultades otorgadas al representante de Cibernos Consulting S.A. en los documentos presentados para la licitación pública anterior, aquella que había sido declarada desierta en 2021.
Para el tribunal, la respuesta de la municipalidad no fue satisfactoria. Este organismo señaló que, si existía aquel documento, no se entendía por qué no pudieron volver a presentarlo. Consideró, además, que la manera en que se procedió “no refleja una conducta acorde con los principios que rigen la contratación pública” y que se vulneró el principio de trato justo e igualitario a todos los postores.
En consecuencia, el 12 de abril la sala dispuso revocar el otorgamiento de la buena pro, mas no anular todo el proceso de adjudicación. Así que le dio tres días al consorcio CKCity para que presente el certificado de vigencia de poder. Sólo así, su propuesta podría ser válida. Este documento, además, debía ser de fecha anterior a la presentación de las ofertas, es decir, antes del 24 de febrero de este año, de acuerdo al calendario de la licitación. “[La vigencia de poder] no puede ser subsanada si no es por otro documento que tenga una fecha anterior a la presentación de propuestas”, explica el abogado Cristian Castillo Luna.
El certificado, finalmente, fue subido a la plataforma del Sistema Electrónica de Contrataciones del Estado. El documento era el mismo que la compañía presentó a la licitación del 2021 que quedó desierta e indicaba que “para ejercer las facultades que otorga la vigencia de poder”, se debía contar con una autorización del gerente general. Sin embargo, nunca se adjuntó la autorización requerida.
La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ha revisado los documentos presentados por Cibernos Consulting S.A. Ella indica que la vigencia de poder presentada no subsana la ausencia de poderes del representante, precisamente por no contar con la aprobación del gerente general. “A la fecha de presentación de propuestas, la inscripción de esa escritura pública no estaba”, señala.
En registros públicos, el otorgamiento de poderes a favor de Canseco fue emitido recién el 1 de marzo del 2022, según la documentación revisada por Sudaca. La fecha para la que tendría que haber estado disponible, como ya dijimos, era el 24 de febrero del 2022.
Carlos Peña, presidente del comité de selección, niega haber actuado de manera irregular. “La resolución del Tribunal dice que la empresa pudo haber presentado, como parte de su oferta, el certificado de vigencia de poder que fue entregado para la licitación pública declarada desierta. La misma resolución establece la forma de subsanación que el comité ha cumplido”, indica el funcionario de la municipalidad de Miraflores. Y luego arremete contra el consorcio perdedor: “Entendemos que alguien [se refiere al Consorcio NEC] que ha perdido una licitación tan importante como esta pueda no estar de acuerdo con lo que establece el tribunal. Pero lo que hay que cumplir es la institucionalidad”.
A pesar de todos los cuestionamientos, el 22 de abril, el comité de selección le volvió a otorgar la buena pro al Consorcio CKCity, alegando que este ya había cumplido con la entrega del certificado de vigencia de poder. El consorcio perdedor no apeló de nuevo, pero eso, a juicio de Mónica Yaya, no exime de responsabilidades –incluso penales– a los funcionarios y a la empresa.
Para el abogado Castillo Luna, estamos ante un caso de perjuicio al Estado porque se estaría “valorando inadecuadamente la propuesta de un postor, que estaría inhabilitado por falta de documentos”.
La firma de contrato, finalmente, se llevó a cabo el 17 de mayo. El evento fue promocionado en las redes sociales de la municipalidad, con Luis Molina como protagonista principal, ya embarcado en su campaña para ser el próximo alcalde de Lima.
