Militares

Mucho se dice, y se piensa, que en todo este ajetreo quien perdió fue el APRA, que Haya de la Torre vio frustrada su vida pues no llegó a ser presidente del Perú. Más allá de esto, durante el siglo XX debimos aprender a ser democráticos, debimos construir un orden institucional sólido y debimos incorporar la costumbre de defender y vivir en la normalidad de ese orden institucional y constitucional sólido sin que nadie lo ponga en duda y fue precisamente eso lo que nos arrebató la alianza-oligárquica militar primero, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada -Velasco y Morales Bermúdez- luego, y finalmente, como corruptísimo broche de oro castrense de la vigésima centuria, la dictadura de Alberto Fujimori.

Han pasado 22 años desde que Fujimori nos dejó, pues literalmente nuestro último dictador huyó al Japón, y, sin embargo, nuestra democracia no echa raíces, estas no germinan, se pudren. En lugar de clase política tenemos bandoleros camuflados bajo todo tipo de ideologías y propuestas disparatadas, cuando lo que buscan en realidad es el tesoro público, es el dinero de todos, son nuestros impuestos, para repartírselos, entre ellos, como Pizarro y los suyos cuando buscaban El Dorado, la legendaria ciudad de oro perdida, al punto que quebraron a golpe de cincel las piedras del Templo del Sol en el Cusco a ver si el oro se escondía dentro de sus rocas.

Aquí la república no ha comenzado todavía, 201 años después de su fundación formal por José de San Martín, y parte de la explicación, nos la deben los militares que le robaron la democracia a nuestro siglo XX, no se la robaron solo al APRA, nos la robaron a todos. Ténganlo presente.

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Un sector recalcitrante de la derecha peruana, entre civiles y militares en retiro, se alista para tocar las puertas de los cuarteles si gana el candidato radical de izquierda Pedro Castillo. Hay que denunciarlo a tiempo. Sería inadmisible y un acto legicida mayúsculo.

La democracia se respeta y si el 6 de junio es elegido Pedro Castillo pues habrá que soportar estoicamente cinco años de desastre económico, en el peor de los casos, y de impulsos autoritarios, en el peor, pero mientras no se aparte de la Constitución y sea, por ende, un gobierno legítimo, habrá que respetar el mandato de las urnas.

Personalmente, no creo que gane. Y temo que si lo hiciese se anime a desplegar una estrategia anticonstitucional para llevarnos a la deriva venezolana o boliviana, con lo cual daría el pretexto perfecto para que desde los cuarteles hagan sentir su voz.

Pero mientras ello no suceda, habrá que aceptar la voluntad popular. Hemos llegado a esta situación límite, además, por culpa de regímenes derechistas mediocres y corruptos que a lo largo de las últimas décadas no han sabido aparejar el crecimiento económico con la construcción de un Estado inclusivo en lo esencial (salud, educación y seguridad).

El voto por Castillo no es psicótico. Tiene fundamentos, exacerbados por razones fortuitas como las originadas en el apocalipsis que ha significado para los sectores populares la pandemia, pero los tiene. No se puede soslayar ni despreciar el ánimo de un pueblo, si alcanza la mayoría en las ánforas.

Felizmente, todo hace suponer que la opción destructiva de las bases macroeconómicas del modelo -las mismas que sí han dado resultados tangibles en la reducción de la pobreza y las desigualdades- no triunfará, si se mantienen las tendencias de las encuestas.

Pero si por azar, algo ocurriese que torciese esas tendencias y el próximo domingo 6 se alzase con el triunfo el candidato de Perú Libre, los demócratas deberán hacer respetar un resultado y aprender que las democracias pueden albergar también gobiernos desastrosos, como ya ha sucedido antes en nuestra historia.

Tocará dar la batalla desde el Congreso y eventualmente desde las calles para impedir que perpetre el despropósito de conducirnos a ser un Estado socialista, cuando ese no es el mandato de sus propios votantes. Y la lucha deberá ser recia e implacable, pero mientras el señor Castillo no patee el tablero constitucional, esa oposición deberá ser cabalmente respetuosa de los cánones legales de la democracia que nos da cobijo ya hace 21 años, el periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana.

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