En medio de un panorama político peruano superado por la polarización, la centroderecha, pasada por alto y vilipendiada como un bastión de lo neutral y lo débil, podría tener la oportunidad de encontrar su lugar de prominencia nuevamente. En el otro extremo del espectro, tenemos las voces radicales, de izquierda y de derecha, emergiendo como la única alternativa decente cuando la respuesta todo este tiempo ha sido la moderación y el sentido común.
Perú es un país de gran diversidad cultural y social y necesita líderes que no se limiten a la visión en blanco y negro de buenos y malos, amigos y enemigos. La polarización ha llevado a un entorno tan tóxico que el diálogo se ha convertido en un arte perdido, y las ideologías se han convertido en dogmas que bloquean la construcción de consensos. En este contexto, el mismo centro se convertiría en el que lleve al país a la paz y la unidad.
La centroderecha no debe ser una observadora pasiva en la contienda, sino una jugadora activa que ofrece soluciones prácticas y realistas. La historia ha demostrado que el extremo, a pesar de su atractivo, rara vez es el camino a la salvación, más bien es el sendero al caos y la decepción. La centroderecha, en contraste, puede brillar con luz propia, y la sabiduría puede encontrarse en la moderación.
No es una tarea fácil recuperar la prominencia de la centroderecha; requiere líderes carismáticos y comprometidos, dispuestos a desafiar las narrativas dominantes y proporcionar una visión afirmativa del mundo que reconozca la pluralidad de voces dentro de nuestra sociedad. Por lo pronto, incidir en que la crisis actual es justamente producto de la polarización.
En un país que anhela soluciones reales y un futuro brillante, la centroderecha puede actuar como la brújula que guía a los peruanos hacia una narrativa compartida en la que se valore la diversidad y la polarización sea cosa del pasado. Y así comenzar a sanar sus heridas y abrir un camino hacia la prosperidad.
Es totalmente nuevo en la política, está inscrito en Avanza País, la dirigencia lo llama insistentemente para convencerlo de que se lance. Puede ser el outsider de esta elección del 2026. Hablamos de Jean Ferrari.
Ferrari se ha convertido en una figura de renacimiento y esperanza. Su papel en el rescate de Universitario de Deportes, como administrador de uno de los clubes más legendarios del país y el más popular, no solo lo ha convertido en una de las estrellas más brillantes del mundo deportivo; también le ha permitido emerger como un candidato externo en las elecciones del 2026.
Y en un país donde la política está plagada de la mancha de corrupción y desilusión, la figura de Ferrari podría ofrecer un soplo de aire fresco, un cambio radical en un sistema ansioso de renovación.
El camino para Ferrari no ha sido fácil. Su liderazgo en la batalla contra la bancarrota del club ha exigido no solo maniobras astutas, sino un profundo vínculo emocional con los aficionados, quienes ven en él a un salvador. Esta conexión, forjada en el fuego de la pasión futbolística, podría ser lo que lo impulse hacia la política. Y en un clima donde los ciudadanos buscan individuos genuinos que hablen desde la experiencia y la dedicación, Ferrari podría ser quien represente la esperanza de un nuevo Perú.
Claro está, el desafío es abrumador. La política, con sus laberintos y trampas, no perdona a los ingenuos. Ferrari tendrá que abrirse camino a través de las aguas turbulentas de un electorado desconfiado que ha visto demasiadas mentiras y demasiados líderes traicionar la confianza del pueblo. Si tendrá éxito, dependerá de cuán efectivamente pueda convertir la pasión que ha llevado al juego de fútbol en un proyecto político coherente y convincente.
El futuro de Ferrari en la política puede entenderse tanto como una ambición personal como un deseo sincero de servir a los mejores intereses de su país. Si puede presentar de manera plausible una nueva visión y un mensaje que resuene en los corazones de los peruanos, podría ser una luz en el oscuro océano de la política. El final aún está por revelarse, pero el próximo capítulo seguramente podría centrarse en Jean Ferrari como principal protagonista.
[Migrante al paso] Salíamos de una discoteca. Celulares en la mano. Distraídos. Un poco borrachos. No más de 21 años. Caminando entre los callejones que rodean la Plaza Butters de Barranco. Se acercan dos piltrafas, con gorritas. Cada uno pesaba máximo 50 kilos. No intimidaban ni a un perro. “Sus celulares o les hago hueco”, decían. Procedimos a guardar nuestros celulares en el bolsillo y a prepararnos para pelear. Se fueron corriendo, con la cola entre las patas. Han pasado menos de 10 años. En la actualidad, probablemente estaríamos muertos. Porque vivimos en un país donde la vida ya no tiene valor. Matan gente por 50 soles o menos. Más de 200 bandas criminales operan abiertamente. La policía, cómplice. Con un servicio de inteligencia que ya vendió su cerebro o tiene el coeficiente intelectual de una mosca, ninguna de las dos opciones me sorprendería. ¿Qué se puede esperar de un país de cobardes, violadores y llorones? No soy un fanático de la justicia, pero si no se toman medidas con urgencia, vamos a regresar a la ley de la selva. Estamos en tierra de nadie. ¿Qué vale un lugar donde las personas no pueden vivir sin temor a morir al salir a la calle, donde poder cumplir un sueño jamás va a pasar de ser una fantasía? A eso ha llegado el Perú.
Teníamos 15 años, íbamos en taxi. El carro se desvió y comenzó a meterse entre calles desconocidas de Barranco viejo. Nosotros, pequeños, pero valientes, ya sabíamos qué hacer en esos casos. Lo habíamos conversado. El que estaba atrás lo ahorcaba por atrás y quien iba de copiloto movía el timón hasta chocar y poder llamar la atención o salir disparados. Fantasías infantiles que, felizmente, no se cumplieron. Nos dejamos llevar y apenas reconocimos una avenida. Lo obligamos, a la fuerza, a que vaya hasta allá. Nosotros, preparados para golpear y morder si era necesario. Nos bajamos y comenzamos a burlarnos del ladrón poco experimentado. Nuevamente, en la actualidad, probablemente nos hubieran matado porque en este país ya ni la infancia tiene valor. ¿Quién quiere vivir en un lugar donde sus hijos no pueden jugar en la calle, ir a pasear al parque o salir a montar bicicleta como solíamos hacer nosotros? Esos recuerdos de ir sobre ruedas a toda velocidad por la ciudad, varios pequeños riendo y haciendo travesuras. Meternos a casas abandonadas como aventura. Era como tener alas, unas que han sido extirpadas de nuestros imaginarios de vida. Todo por unos delincuentes que se aprovechan de quienes solo quieren vivir y mejorar. A eso hemos llegado. ¿Qué se preguntaría un día como hoy Zavalita, si el Perú ya está jodido desde esa época? Ahora, ¿en qué categoría entramos?
Es triste ver a tu propio país en estas circunstancias. Lamentablemente, mi recomendación para todos quienes quieran mejorar su calidad de vida o a quienes tienen pequeños que cuidar es que se vayan, para nunca más regresar. Por el momento, el Perú no tiene futuro. Estamos gobernados por criminales, desde los que te apuntan con una pistola hasta los que están sentados en sus sillas de poder. Para todos ellos, deberían recordar que el poder no es lo mismo que la fuerza. El poder es diminuto al costado de lo otro. Llegó el momento de que todos unamos fuerzas, ya no hay tiempo para peleas ideológicas ni soluciones a medias. Se tiene que establecer un servicio de inteligencia que no tiemble, que no tenga miedo de enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Con las leyes actuales, las autoridades insignificantes, periodistas rastreros y policías cómplices no vamos a lograr ningún cambio.
Está en nuestras manos adultas el proteger a los jóvenes que vienen, implique lo que implique. Ante problemas radicales, lamentablemente, estoy de acuerdo con respuestas radicales. A este paso, el próximo año nos enfrentaremos a unas elecciones en las que tendremos que votar entre potenciales dictadores. Sea un Bukele o una izquierda radical. Cualquiera de los dos me da asco. Pero estamos cumpliendo todos los requisitos para que esta predicción sea una realidad. Para los que creen que estamos viviendo en una dictadura, sujétense bien, porque lo que viene va a ser mucho peor. Es lo que pasa cuando una sociedad se deja llevar por el miedo, siempre ha sucedido así. Llegará el momento en que vamos a recibir con aplausos el fin definitivo de nuestra libertad.
Solo me queda desearle a todos estos parásitos políticos que sean perseguidos de por vida y que no tengan ni una noche de paz en lo que les queda de vida. Y a todos estos extorsionadores que tienen más cualidad de insectos que de humanos, ya no hay marcha atrás con el daño que han hecho. La cantidad de vidas que han arrebatado, los sueños que han destruido, las lágrimas inocentes que han derramado, no tienen perdón de nadie. Espero que sueñen con las miradas decepcionadas y mojadas de sus propias madres, que los niños que una vez fueron los torturen con palabras internas. Ya aparecerá alguien peor que los haga pagar, cuando llegue ese momento, espero que nadie los consuele al verlos llorar como los cobardes que son. Ya llegará el momento, los monstruos nacen de estas circunstancias, y espero de todo corazón que aparezca uno cuyo rencor esté dirigido a estos seres despreciables. Eventualmente, van a caer, tienen que hacerlo.
Nosotros lo único que podemos hacer es mantenernos fuertes, no podemos titubear, es el único rol que tenemos como adultos. Si nos conformamos, tan solo unos segundos, la debilidad se va a infiltrar como un virus y perderemos esta batalla contra la criminalidad que solo aumenta. Mi corazón se quiebra al desear estas cosas, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y hacer la vista gorda cuando nuestras madres quedan desamparadas por sus hijos muertos. No suelo creer que el cambio viene de marchas o movimientos masivos, pero como bien me dijo un amigo, se tienen que aprovechar todas las oportunidades para prender la chispa, en este caso, de la llamarada de la venganza de un pueblo cansado de ser atropellado.
Hay quienes avizoran un futuro político incierto para Dina Boluarte luego de la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y resucitan la especie de que luego de convocadas las elecciones en abril, su permanencia en el puesto es más que precaria.
La hipótesis se sustenta en que convocadas las elecciones, Boluarte podrá ser vacada sin riesgo de que el Congreso se vea compelido a convocar a elecciones y a recortar su mandato, que es lo que finalmente les preocupaa nuestros padrastros de la patria.
La hipótesis, sin embargo, se cae de irrealidad política. Todos en el Congreso saben que si vacan a Boluarte tendrán que colocar en su reemplazo a un congresista y que, dado ese escenario, las calles producirán otro “merinazo”, comoacertadamente lo ha calificado el almirante Montoya, y que a la postre se verán obligados a convocar elecciones a trompicones y apresuradas, porque nadie va a soportar un mandatario surgido de un poder del Estado tan o más desprestigiado que el Ejecutivo.
La censura al ministro Santiváñez ha sido una pulseada, torpemente alentada por el Ejecutivo al insistir en su permanencia, pero no supone una ruptura del pacto Ejecutivo-Congreso ni mucho menos. El mismo sigue sólido como una roca y probablemente se refuerce con el nombramiento del nuevo ministro, seguramente surgido de canteras fujimoristas (ya se habla de Rospigliosi como nuevo titular del Mininter).
A pesar del descontento popular, la fragmentación de la oposición dificulta la formación de una mayoría sólida que respalde un proceso de vacancia. Además, Boluarte ha buscado alianzas estratégicas, lo que le otorga un respiro temporal. La necesidad de estabilidad hace que su permanencia en el cargo parezca preferible para muchos. Así, la vacancia no se vislumbra como una opción viable en este contexto.
Esperamos que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto y admita la denuncia.
Según la denuncia, “existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.
Al inicio de esta semana pusimos al descubierto una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Habiamos difundido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.
Sudaca tomó conocimiento que el congresista Edwin Martínez tomó nota de muestra denuncia por el conflicto de interés de la magistrada Hilda Tovar de la Quinta Sala Suprema y presentó denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos que la JNJ tome cartas en el asunto y admita la denuncia. Adjuntamos el cargo del expediente presentado.
Según el expediente presentado por el congresista Edwin Matínez ante la JNJ en que solicita se abra proceso disciplinario, se indica que la Jueza Suprema Provisional Hilda Martina Rosario Tovar Buendía habría incurrido en la falta tipificada como muy grave en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial en tanto ocultó que le era imputable la prohibición dispuesta en el numeral 11 del artículo 40 de la misma ley, que proscribe a los jueces de conocer casos cuando algún familiar suyo tiene interés o vinculación laboral con alguna de las partes del proceso.
En consecuencia, se solicitó se abra proceso disciplinario a la señora Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Jueza Suprema Provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte de Justicia de la República en atención a que habría incurrido en una falta disciplinaria en razón de las contravención de las disposiciones establecidas en la Ley 29277 (Ley de carrera judicial).
Según se menciona en los Fundamentos de Hecho que sustentan la denuncia, se indica que la magistrada provisional y el señor Javier Tovar comparten como padres a los señores Justo Tovar y Palmira Buendía, siendo evidente que son hermanos directos de padre y madre. Entonces, es claro que existe un estrecho vínculo entre ambos, que inevitablemente genera consecuencias en el ámbito laboral, tales como conflictos de interés, influencia, etc.
“Ahora bien, el señor Javier Vicente Tovar buen día, fue designado, a propuesta del propio Ministerio de Economía y Finanzas como su representante en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros SAC. (AMSAC) este nombramiento se consta en documento denominado acuerdo de directorio número001 -2024 /011 FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2024. De igual manera,es pertinente resaltar que la empresa AMSAC, es una empresa integrante de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que a su vez es una persona jurídica de derecho público adscrita al MEF” según el expediente de denuncia presentado.
Asimismo, en el expediente se indica que el 21 de noviembre de 2024, con posterioridad a la designación de su hermano como representante del MEF, la doctora Tovar Buendia asumió el cargo de Jueza Suprema Provisional en la Quinta Sala Suprema, Sala Suprema especializada en controversias de naturaleza tributaria, a pesar del claro conflicto de intereses que suponía que su hermano sea representante del MEF desde octubre de 2024.
“Por tanto, se tiene que la Magistrada Suprema Provisional ocultó dicha situación irregular pese a que ello suponía un impedimento para el ejercicio de su función en casos en los que el MEF era parte (como es el caso de naturaleza tributaria)” se indica en la denuncia.
Asimismo, se indica que para el caso presente, se puede apreciar en el portal web del Poder Judicial que un número sustancial de las controversias contencioso -administrativas de materia tributaria resueltas en vía de casación, ante la Quinta Sala Suprema son interpuestas por la SUNAT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y finanzas en contra de diferentes personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (emprendedores).
“Así mismo, en los precitados procesos, el Tribunal Fiscal suele desempeñarse como parte procesal codemandada, siendo que esta entidad también se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, que en todos los casos, quien ejerce la defensa del codemandado Tribunal Fiscal es el propio Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Insólito” se resalta en la denuncia.
Finalmente, se indica que “En síntesis existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.
La pena de muerte, tan ventilada estos días por la presidenta Boluarte, lejos de ser una solución efectiva para los problemas de inseguridad que aquejan a nuestras sociedades, se revela como una trampa moral y una falacia disuasoria.
A menudo se argumenta que el miedo a la ejecución puede frenar el crimen, pero la realidad nos dice otra cosa. En Estados Unidos, donde la pena capital sigue vigente en varios estados, las estadísticas de criminalidad no muestran una disminución clara (menos criminalidad hay en estados que no la consideran). Los delincuentes, impulsados por la desesperación o el impulso, no contemplan la posibilidad de una condena final en el momento de cometer sus actos.
El enfoque debe ser trasladado hacia la prevención y la rehabilitación, y los resultados serán claramente positivos: las tasas de crimen disminuirán. Por lo demás, más disuasorio es constatar que un delincuente va a ser capturado y procesado, no la magnitud de la pena, sin contar que el sistema de justicia peruano es absolutamente falible. Si un delincuente sabe que va a ser detenido y apresado, se inhibirá mucho más de cometer un delito que si cree que le inaplicarán una sanción máxima.
Con la pena de muerte se opta por una respuesta simplista y brutal que perpetúa un ciclo de violencia. Este enfoque erosiona la confianza en un sistema judicial que debería ser, ante todo, un pilar de la civilización.
En última instancia, lo que necesitamos es un sistema que garantice que no habrá impunidad. Lo que alienta al delito -reiteramos- es la seguridad de que la justicia no caerá encima del delincuente, sin importar la pena que se le imponga, como sucede hoy en el Perú.
Se trata de una falaz cortina de humo lanzada por la primera mandataria, para distraernos de las reales causas del aumento delincuencial en el país, como es la incompetencia absoluta del ministro del Interior y del sistema de justicia.
La inseguridad ciudadana se erige como un fenómeno que trasciende la mera estadística delictiva y se adentra en las profundidades de la convivencia social y la salud democrática de un país. Al deteriorar el contrato social, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en las instituciones.
Esta fractura genera un caldo de cultivo propicio para que surjan discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas y efectivas a problemas complejos, apelando a la desesperación de un electorado ansioso por la seguridad.
En este contexto, las elecciones del 2026 podrían convertirse en un escenario de polarización extrema. La inseguridad, al debilitar la percepción de un Estado de derecho robusto, puede favorecer a candidatos que se presentan como salvadores, aunque sus propuestas carezcan de un fundamento democrático sólido.
La tentación de abrazar medidas drásticas o populistas puede llevar a la ciudadanía a ceder libertades a cambio de promesas de orden y control, lo que resulta en una erosión gradual de los principios democráticos.
La retórica de estos candidatos, a menudo antisistema, se alimenta del miedo y la desconfianza en el statu quo. En lugar de fomentar el debate constructivo y la participación ciudadana, se promueve un clima de confrontación y división. La democracia, que debería ser el espacio para la deliberación y el consenso, se convierte en un campo de batalla donde la seguridad se prioriza sobre la libertad.
Así, el impacto de la inseguridad ciudadana en la democracia es profundo y multifacético. La fragilidad del contrato social se traduce en una mayor vulnerabilidad ante discursos que prometen soluciones simplistas, pero que en última instancia amenazan con desmantelar los cimientos democráticos.
Las elecciones del 2026 podrían ser un punto de inflexión, donde la elección no solo defina un rumbo político, sino que determine la capacidad de la sociedad para reconstruir su tejido social y recuperar la confianza en sus instituciones.
El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.
La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha dela condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.
Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.
Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio dela libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.
Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).
Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.
-Debería postergarse la salida y entrada del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es inviable y antitécnico haber construido tan moderno terminal para que su ingreso y salida se produzcan por una zona precaria, sucia, impresentable y, sobre todo, insegura, y que va a exponer a los millones de pasajeros a asaltos diarios con absoluta impunidad (ya deben estarse preparando las bandas para asaltar a cuanto turista transite por allí). Que el ingreso siga siendo por el actual lugar y que internamente LAP provea un servicio de traslado al nuevo terminal, hasta que el viaducto Santa Rosa (planificado para el 2029) no esté concluido. No hay otra opción saludable frente a uno de los hechos de desidia burocrática más escandalosos que se han visto en décadas en el Perú.
-Razones familiares graves habrían llevado al excanciller Javier Gonzáles Olaechea a suspender su militancia y participación como precandidato presidencial por el PPC. No viene el caso especular sobre ello, pero queda claro que con la salida anterior de Cillóniz se le acortan las posibilidades al viejo partido fundado por Luis Bedoya Reyes. Quedan en pie Carlos Neuhaus y Oscar Valdéz. Visto desde fuera, Neuhaus no es una posibilidad viable. No es un buen candidato aunque probablemente en la interna tenga todas las de ganar. Debería renunciar también y dejar solo en carrera a Valdéz, quien tiene mayores posibilidades de triunfo. Militar, serio, ideológicamente consistente, exponente de mano dura (si por él fuera Conga ya habría entrado en funciones, pero Humala arrugó a última hora) y, además, capaz de galvanizar un voto que recoja las expectativas de derrotar a la inseguridad, el mayor flagelo y preocupación ciudadana a la fecha.
-Exceso injustificable. ¿Qué puede llevar a la Corte Suprema a dictarle ocho años de prisión al excongresista Daniel Salaverry por haber, supuestamente, mal utilizado diez mil soles de gastos de representación durante su gestión parlamentaria? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en fase delusiva y solo hacen méritos para que les metan el caballazo de una reforma radical de ambos poderes del Estado. El populismo punitivo del Congreso parece haber hecho eco en las esferas fiscales y judiciales que han perdido toda sindéresis.
