El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.
La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha de la condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.
Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.
Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.
Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).
Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.
