[La columna deca(n)dente] En los últimos años, ha ganado fuerza un discurso que promueve la reducción del Estado, argumentando que este es ineficiente y que su intervención limita el desarrollo individual y económico. Sin embargo, detrás de esta retórica anti-Estado, muchas veces se esconde un interés particular: el deseo de ciertos grupos de interés de operar sin regulaciones que frenen su ambición, su influencia y sus ganancias.
Este fenómeno no es nuevo, pero su impacto es cada vez más evidente. En el país, congresistas han impulsado normas que debilitan la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar, bajo la premisa de que la empresa privada es siempre más eficiente, También han propuesto normas, por ejemplo, para que las inspecciones a centros comerciales se realicen cada 10 años, como el proyecto de ley formulado por Maricarmen Alva y Adriana Tudela.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta falta de control tiene consecuencias devastadoras. Por ejemplo, la tragedia en Trujillo, donde el colapso de un centro comercial dejó seis personas muertas y más de setenta heridas, evidencia lo que ocurre cuando se prioriza la desregulación sobre la seguridad pública. La erosión de los organismos reguladores, en nombre de la «libertad económica», ha permitido que se construyan infraestructuras inseguras, poniendo en riesgo la vida de las personas.
Hemos llegado a esta situación debido a la complicidad de quienes legislan. Muchos congresistas, influenciados por intereses privados, han promovido leyes que reducen la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar. Estas leyes, presentadas como medidas para «simplificar trámites» o «atraer inversiones», terminan siendo un bumerán para la sociedad. Al debilitar los organismos reguladores, se crea un vacío de poder que es aprovechado por aquellos que buscan operar sin rendir cuentas. El resultado es un Estado que no solo pierde su capacidad de proteger a los ciudadanos, sino que también se vuelve cómplice de las injusticias.
La narrativa de que el Estado es siempre ineficiente y la empresa privada siempre virtuosa ha calado hondo, pero es una simplificación peligrosa. Si bien es cierto que el Estado puede ser burocrático y lento, su papel como regulador y garante del bien común es insustituible. La desregulación no es sinónimo de progreso; en muchos casos, es la puerta de entrada a la impunidad y la desigualdad.
En este contexto, es urgente repensar el rol del Estado. No se trata de defender un aparato estatal obeso y autoritario, sino de garantizar que este cumpla su función esencial: proteger a los ciudadanos y asegurar que las reglas del juego sean respetadas por todos. Para ello, es necesario que los congresistas prioricen el interés público sobre los intereses privados, aunque hoy suene utópico, y que fortalezcan, en lugar de debilitar, las instituciones encargadas de la fiscalización. Solo así podremos evitar que más tragedias, como la de Trujillo, se repitan. El Estado no es perfecto, pero su desmantelamiento no es la solución; es, más bien, el problema.
