¿Por qué en lugar de plantear la posibilidad de una renuncia habló de un proyecto de ley sobre adelanto de elecciones que el Congreso podía volver a rechazar?
Pudo haber tenido un rol mucho más activo y eso es innegable. Eso hubiera permitido que el día de hoy tengamos una fecha cierta para el adelanto de elecciones.
¿La presidenta tenía alguna razón para creer que el Congreso podía tener la voluntad de apoyar el adelanto de elecciones?
Eso tendría que responder la presidenta sobre cuál creyeron que era la estrategia que creyeron que funcionaría.
En los discursos del gobierno muchas veces se habló de infiltrados de Bolivia, ¿la presidenta Boluarte le mostró pruebas que justifiquen estas expresiones?
Nunca abordamos esos temas. En toda movilización social siempre va a haber infiltrados, pero es un error esa interpretación porque aquí hay un reclamo genuino de un sector muy importante de la población sobre todo de comunidades campesinas, centros poblados y caseríos. Lamentablemente, hay una lectura errónea cuando llegan a terruquear a todo el mundo. Es un error gravísimo porque no están entendiendo los temas de fondo que está viviendo el país.
¿Dina Boluarte está capacitada para conducir al país hasta 2026?
Más allá de las competencias acá hay una cuestión objetiva, ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, han ido perdiendo legitimidad. Los políticos se equivocan y creen que ganar una elección es un cheque en blanco. En democracia se tiene que hacer control ciudadano. En el caso del Congreso, ha sido cómplice de un gobierno irresponsable y corrupto como el de Pedro Castillo. Por eso hoy tienen 8% de aprobación. Lo mismo ocurre con el Ejecutivo y se ha llegado a este nivel de polarización. Si están pidiendo que se vayan todos, el camino constitucional es el adelanto de elecciones generales. Ahora, es evidente que el Congreso no quiere y eso traerá consecuencias lamentables en el futuro.
¿Volvería a reunirse con Dina Boluarte si lo invita?
Siempre voy a estar dispuesto a servir a mi país. Pero que quede bien claro que no es por ningún interés particular. Piensan que es como con Castillo que tenían que ofrecerles cargos recién se pongan de incondicionales. Mi posición crítica va a seguir siendo la misma porque mantengo mi independencia. Yo no me reuní en Sarratea sino en Palacio de Gobierno, algo muy diferente a lo que hicieron muchos compañeros y camaradas.
¿No es contradictorio que el ministro hable de estos cambios cuando en las conferencias que brinda el gobierno se califica como inmaculado el accionar de las fuerzas del orden?
Me voy a abstener de opinar sobre la declaraciones públicas. Pero al ministro le hemos llevado esa preocupación. Se tiene que respetar a los periodistas, se deben ver las estrategias de un modo distinto, se tiene que atender a los policías y se tiene que atender la situación de las víctimas. Nosotros hemos pedido que haya una comisión de víctimas civiles, policiales y militares.
Hace algunas semanas estuvo reunida con Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, y se mencionó que el objetivo de este encuentro era coordinar una posible ruta de diálogo, ¿qué avances pudieron lograr en dicha reunión?
Un tema que la Defensoría ha señalado es instaurar el dialogo que ahora está quebrado. El Viceministerio de Gobernanza desde el Ejecutivo no ha podido instaurar el diálogo. Pero la Defensoría siempre va a apostar por un diálogo abierto, transparente y que genere confianza. El problema del diálogo es que no se puede dialogar con quienes no dan la cara. El rector de la UNI mencionaba que se debían abrir esos espaciosa nivel regiones y, además, vemos también el interés de las iglesias para hacerlo.
Durante las últimas semanas, ¿considera que la Defensoría del Pueblo se encontró bajo ataque?
Hay sectores muy radicales de la izquierda, conservadores de la derecha e incluso instituciones que no entienden el rol de la Defensoría del Pueblo y, en un escenario de crisis como el actual, obviamente quieren que uno se ponga de un lado u otro. Pero tenemos que actuar en el marco de las convenciones que el Perú ha suscrito, la Constitución y la legalidad. A todo eso hay que ponerle algo que es importante en la defensa de los derechos humanos y es la dimensión humana. Cuando se pide que a la personas se le trate bien, que tenga comida, condiciones, un abogado o un intérprete no estamos tomando acción por esas personas sino porque en una democracia sus derechos deben ser respetados. Donde hay un trato que sea contrario a la ley tenemos que ir a la autoridad y hacer el señalamiento que corresponde. En ese marco sí ha habido expresiones de rechazo a nuestra institución, dicen que somos sectarios o ideologizados e incluso me han puesto como si fuera la quinta columna de Sendero Luminoso.
Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.
Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.
«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio. «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.
José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.
La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica. Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.
Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.
Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.
Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.
Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.
Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.
Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».
Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.
