A lo largo de su historia, el Perú tuvo un Congreso con cámaras de senadores y diputados hasta que Alberto Fujimori y su Constituyente, propusieron un solo parlamento conformado por el mínimo posible de representantes para evitar desperdicio de dinero. Décadas después nos dimos cuenta de que habíamos creado un parlamento sin un filtro contra sus descabelladas propuestas, pero al Congreso ya poco le importó. Tomado por redes de corrupción y clientelaje, el año 2020 las protestas de diversos sectores de la población fueron escuchadas y se realizó un referéndum. A sabiendas que también queríamos impedir urgentemente que continuaran reeligiéndose los congresistas, tomaron como pretexto el poder postular a la futura cámara de senadores para poder continuar haciendo de las suyas con la legislación nacional. Fue por eso que en el referéndum nos opusimos a la creación de dos cámaras. Nos obligaron a distorsionar nuestro proyecto pero priorizamos detener a este clase política corrupta.
A pesar de los resultados del referéndum, este Congreso se zurró en la decisión del pueblo peruano y emitió en marzo de este año la Ley 31988, que retoma las dos cámaras y que declara abiertamente la posibilidad de la reelección (artículo 90). La presidenta le dio luz verde sin ningún comentario. De esta manera, en el Perú se evidenció cómo el Poder Legislativo mantiene (bajo amenaza de destituir la Presidencia) el control de Ejecutivo para legislar y gobernar según los intereses de sus integrantes.
Si son 130 parlamentarios (que salvo muy raras excepciones) no nos representan, la crisis política en la que nos encontramos podríamos describirla como una carencia de representación que proteja los diversos derechos e intereses de la población en los poderes del estado. Que la decisión de amplios sectores de la población no sea tomada en cuenta, nos lleva a evidenciar que entonces en nuestro país la ciudadanía más básica ya no existe; que nuestra participación se reduce a las elecciones, reemplazando el aparato necesario para un diálogo fundamental de acuerdos públicos, por tendencias de aprobación y popularidad, más cerca de una rifa, de un ranking televisivo, que de la versión más simple de una asamblea popular. La crisis es sin duda, de la democracia.
Como cereza en la crema, El día de ayer se ha presentado a la Comisión de la Constitución, sin el sustento legislativo requerido, el proyecto de Ley que establece la reforma electoral para votar según la estructura del futuro Congreso. En él se modifica el número fijo que se aprobó en marzo (60 senadores y 130 diputados) porque añade una fórmula para determinar el número representativo de diputados y de senadores. Este requerimiento se encuentra en el artículo 21.4 del predictamen, precisando que se dispone un diputado por cada 150.000 electores y un senador por cada 300.000 electores. Dada esta fórmula, los senadores serían por lo menos 80 y los diputados al menos 170.
Más allá de que esa fórmula debiera ser aprobada por todo la población, sometida a debate y quizá a referéndum, lo cierto es que añade al aumento del número de curules, el mantenimiento del voto preferencial, el principal recurso que encontraron las cabezas de organizaciones delictivas para controlar la legislación nacional. El voto preferencial provoca que se vote por los candidatos y no por los partidos políticos. Por esta razón, los candidatos solo invierten en sus campañas electorales, y no trabajan con propuestas legislativas diseñadas y defendidas por sus partidos políticos, acordes con sus principios y propuestas ideológicas. Los partidos sólo son medios alquilados temporalmente para ser elegido y conseguir manipular directamente la legislación como convenga. La mayor farsa política.
En estos días de paros y protestas, uno de nuestros primeros reclamos debiera ser ponerle fin al sistema de votación preferencial que tal como lo anuncia este gobierno, nos someterá a un mismo Congreso durante cinco años más, sólo que con un número mayor de parlamentarios listos para continuar desmontando los restos de un sistema justo y democrático de gobierno nacional.