Tan solo 10 años duró la Reforma Universitaria. De ello se podría deducir (en términos muy generales, por supuesto) que quizá solo una generación de estudiantes en nuestro país tuvo acceso a una formación profesional con la calidad asegurada.
Cincuenta años atrás, las universidades peruanas eran espacios de lucha política: partidos como el Aprista, otros de la diversa izquierda y agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso tomaron las aulas. Contaban con jóvenes que se dedicaban a la política y que no terminaban la carrera nunca. Un curso o dos al año. Pero ahí, en medio de disputas armadas, la mayor parte de docentes y estudiantes jamás se rindieron, consiguiendo graduarse con grandísimo orgullo. Sumado el contexto de crisis económica e inflación delirante, las universidades públicas quedaron en abandono. Cuando llegó Alberto Fujimori a la presidencia, las intervino violentamente con tanques y militares, y disminuido el Conflicto Armado, con su estilo característico hizo decretar a su Congreso la libre creación de universidades públicas y privadas, sin ningún requisito que fuera traba para entregar un título, ni siquiera una tesis. Esa fue su simple receta.
Como consecuencia, emergieron centros de estudios que engañaban y estafaban a sus estudiantes. No existían normas que regularan su calidad o su administración económica. La política en sus aulas fue desapareciendo. Egresaban jóvenes sin conciencia hasta de lo poco que valía su título. Tanto que también lo podían comprar falsificado en calles del Centro de Lima. Tal desborde produjo una brecha muy grande entre profesionales en la contratación laboral, pues la universidad de origen pasó a ser un componente de estigmatización. Y como toda marginación en Perú, dio como resultado el tener que recurrir a la informalidad o a la corrupción para crecer económicamente. La mayor evidencia se encuentra en el opulento crecimiento de los bienes de algunos de sus rectores y ni se diga de sus propietarios.
Por eso el pedido de una reforma universitaria fue creciendo la primera década del siglo XXI, hasta que el año 2014, el congresista Daniel Mora en trabajo conjunto con las mejores universidades del país y siguiendo los estándares internacionales, consiguió que el parlamento aprobara la Reforma Universitaria tan requerida; así nació la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, conocida como Sunedu, lista a cerrarles el paso a los dueños y autoridades de los centros de estafa y corrupción académica. De inmediato, ellos levantaron la voz, sostuvieron que se trataba de un acto inconstitucional, pero no consiguieron apoyo alguno y poco a poco sus instituciones fueron cerrando o consiguieron reformarse, dado el poder que ya les había otorgado a sus propietarios. Jamás se rindieron y su estrategia fue clara y directa: serían congresistas y gobernadores regionales hasta recuperar el control que habían perdido.
Hoy, diez años más tarde, desde el Congreso alcanzaron su objetivo, le pusieron fin a la labor de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Universidades y al parecer, también acabaron con la política estudiantil, porque mediante la aprobación de formación universitaria completamente virtual, los estudiantes pocas veces tendrán que ir al campus, espacio en los que se formaban las agrupaciones políticas que daban vida a la formación ética recibida y debatida en las aulas, principal fuerza que los capacitaba para encarar la corrupción y combatir la estafa en su formación.
Por ir al campus es que miles de estudiantes de universidades en Estados Unidos han protestado contra el apoyo de su país a la estrategia genocida de Israel; y miles de estudiantes en Argentina salieron a protestar contra la reducción de su presupuesto público, que mantiene a sus universidades en los primeros lugares de calidad educativa de la región y el mundo. En Bangladesh, donde los universitarios son el núcleo principal de los partidos políticos, más de 300 murieron en su lucha contra la repartición de los cargos públicos entre los allegados a la oligarquía gobernante; y después de que la Primera Ministra huyera hacia la India, han sido ellos quienes han conseguido que los gobierne Muhammad Yunus, el premio Nóbel de la Paz conocido como el Banquero de los pobres.
Ahora que se acercan nuestras elecciones, ¿estarán imaginando los nuevos partidos contra la corrupción cómo acceder a nuestra juventud universitaria para devolverles el compromiso con su profesión y país?
