Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 201: Debatimos sobre el regreso a clases con Hugo Ñopo. También hablamos sobre qué se tendría que hacer para que el bono de 350 se entregue bien. ¿Y Canciller Maurtua?
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 200: Los posts del primer ministro sobre cómo llegar y mantener el poder. ¿Podrá sostener su personaje con esos antecedentes? Y el retorno a clases: ¡las autoridades no han hecho su tarea!
Ni reconstrucción, ni cambios. Hay 1.173 colegios en el país que aún no tienen cómo regresar a clases porque o bien se caen a pedazos, o recién están siendo reconstruidos. El Estado ha sido incapaz de renovarles la infraestructura en los últimos cuatro años, luego del Fenómeno de El Niño del 2017. Desde aquel momento, el proceso para recuperar cientos de escuelas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales, ha avanzando como si no se tratase de una tarea urgente. Y tiene vergonzosos capítulos de lavado de manos.
Las dos principales responsables de esta situación son la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación. Aunque la primera sí se ha puesto las pilas en el último año, aún hay cientos de colegios en condiciones calamitosas. Y un grupo de estos -en especial- sobre los que ambas instituciones se culpan entre ellas.
«Dadas las condiciones epidemiológicas [se podrá] estar en mayor probabilidad de tener un inicio de clases presenciales para el próximo semestre”, dijo el pasado 7 de julio el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, luego de hacer un balance positivo de las vacunaciones a miles de maestros. La noticia fue resaltada por la agencia de prensa estatal Andina. ¿Pero en qué condiciones regresarán los niños a las aulas?
La peligrosa vuelta al cole
El plan del gobierno, según ha declarado Cuenca desde abril de este año, es que los colegios de zonas rurales sean los primeros en retomar sus actividades presenciales. Por eso a Heydi Berrou, la directora del colegio Santa Sara, en el caserío del mismo nombre en Piura, le hicieron una encuesta telefónica en la que se le preguntó si deseaba regresar a las clases presenciales. Su respuesta fue tajante: las condiciones para ello no están dadas.
“Nos ha llamado el ministerio de Educación, más o menos en abril, preguntando si queremos regresar. Pero les dijimos que no teníamos condiciones de infraestructura. No tenemos ni agua. Acá se abastecían con cisternas”, dice la docente, que llegó a dirigir su institución el año pasado.
El colegio tiene dos aulas donde estudian cerca de 60 alumnos de primaria. Eduardo Morales Litano (46), secretario general del caserío, cuenta que fueron los vecinos los que levantaron la construcción en 1960. Sin expediente técnico. “En el 2000, Defensa Civil lo declaró inhabitable, pero desde ahí solo se le ha dado mantenimiento”, apunta.
Morales dice que desde el 2018, y por mientras, el Minedu construyó dos pequeños módulos donde los estudiantes tomaban las clases, pero un espacio así de estrecho en plena pandemia es riesgoso. Otros colegios de la región optaron por alquilar la casa de algún vecino. Y en otros casos, como veremos, los menores tuvieron que exponerse y seguir tomando clases en los pabellones que habían sido menos afectados por los huaicos.
Santa Sara es parte de las más de mil instituciones educativas que se vieron afectadas por el Fenómeno del Niño el 2017 y a las que el gobierno de PPK prometió volver a poner a punto.
De las 1.527 instituciones que había que reconstruir o rehabilitar, 932 están a cargo de los gobiernos regionales y locales, y 447 del Pronied, una unidad del Minedu que se encarga de los proyectos de inversión pública de la cartera que tienen que ver con infraestructura de colegios. Todas las obras son financiadas por el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes). ¿Quién se encarga de gestionar la transferencia de los recursos y monitorear el avance? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que a la vez debe ejecutar 147 obras.
La efectividad de esta maraña de instituciones, sin embargo, ha dejado mucho que desear. Cuatro años después del desastre natural, apenas se han entregado 354 colegios. Desde la ARCC admiten la demora, aunque resaltan que ya hay 530 obras más en ejecución y que lo más probable es que este año se termine la mayoría de estas. Un salto importante respecto a las gestiones anteriores, pero también un anuncio entusiasta que tiene otra cara que no lo es tanto. Hay cientos de colegios que no solo siguen esperando, sino que ni siquiera ven la reconstrucción en el horizonte porque no les habilitan el presupuesto.
El problema Pronied
“Como congresista de la región Piura, puedo decirle que desde el año pasado se ha agilizado la entrega de presupuesto para estos colegios”, dice la congresista Angélica Palomino, del Partido Morado, miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción.
Palomino señala que en la sierra del país ha habido cierto retraso por temas climatológicos, lo que ha impedido la entrega de materiales de construcción; y también por el alza en el precio del fierro y el cemento. “Sobre los colegios que tiene el Ministerio de Educación (Pronied), sí con mucha pena he visto que algunos que ya debían estar en un 80% de avance, están en 15%”, apunta, sin embargo.
Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC, que llegó al cargo a fines del 2019, también hace un balance negativo del Pronied. “Yo te puedo decir que de estos 354 colegios [los ya reconstruidos], unos 345 lo han hecho los gobiernos locales y, siendo generosa, el resto lo ha hecho el Pronied”, señala. De hecho, en 2020 la ARCC gestionó un financiamiento de S/654.386.284 para el Pronied, del cual apenas se ejecutaron S/14.950.347. Es decir, el 2.28% del presupuesto transferido.
En un reciente ensayo titulado ‘La reforma imposible: enfrentando desafíos del sector educación’, el exministro de Educación Martín Benavides describe así la situación en la que encontró al Pronied en el 2020: “Se trata de la unidad ejecutora responsable de todos los programas de infraestructura del ministerio, y, como tal, maneja un presupuesto considerable, pero tenía muy poca eficiencia en su gasto y siempre estuvo rodeada de sospechas de corrupción”.
Durante la gestión de Benavides se hicieron cambios y la unidad pareció tomar un paso importante. En febrero, con los recursos asignados por la ARCC, el Pronied anunció que invertiría S/530 millones en un grupo de 130 colegios cuyas obras debían empezar ese año. El proceso quedó desierto. En agosto insistieron y, finalmente, se adjudicaron más de 100 de estas obras.
Pero llegó setiembre y, en vísperas de firmar los contratos, el programa del Minedu anunció que solo había dinero para 15 colegios ese año. Esto significaba que 115 instituciones de la cartera se quedarían en el aire, como publicó en octubre el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’. Santa Sara fue uno de estos colegios.
La explicación que le llegó a los postores de las licitaciones y a los directores de los colegios en aquel momento fue que se estaban haciendo los esfuerzos de conseguir el financiamiento para el 2021.
En febrero pasado, Nemesio Cayhualla, director del colegio ‘El Tigre’ de Cañete, pidió que se le informe si finalmente consiguieron el dinero. La respuesta lo decepcionó. “Yo he estado enviando constantemente oficios al Pronied pidiendo informes de cuándo va a empezar la reconstrucción. La última respuesta fue que están en proceso de contar con el presupuesto de la Autoridad con Cambios”, dice Cayhualla.
La respuesta a la que se refiere es del 4 de febrero pasado. La carta revela que no lograron incluir a los 115 colegios en el presupuesto general del 2021: “A la fecha, el Pronied sigue cursando documentos y gestionando reuniones con la ARCC a fin de que se pueda confirmar la transferencia de recursos para el 2021 de todas aquellas intervenciones que no fueron atendidas en el 2020 por el tema presupuestal, con la finalidad de poder ejecutar las obras”.
Cayhualla ha escuchado las noticias sobre el retorno a las clases, principalmente de los colegios de zonas rurales como el suyo, que consta de dos pabellones y que atiende unos 380 alumnos de primaria y secundaria. El 2019, cuenta, el Minedu le instaló un módulo prefabricado, pero el espacio era muy pequeño. Tuvieron que tomar el pabellón del colegio que resultó menos afectado por los huaicos.
Luego del fuerte temblor del pasado 23 de junio, cuyo epicentro fue en su provincia, esta opción ya no es viable. “No podríamos retornar. Más aún porque en este último sismo que hubo [del pasado 23 de junio], la situación empeoró. Se han rajado más las columnas, las paredes y los salones ya están totalmente inhabilitados», dice Cayhualla.
En el distrito de Mariatana, en Huarochirí, los colegios Daniel Alomía Robles y Glorioso San Cristóbal, que atienden a 90 alumnos de primaria y secundaria, también siguen a la espera. “Hice una consulta a Pronied y me dijeron que estaban solicitando una transferencia presupuestal a inicios de este año. Eso fue en febrero o marzo, ¡ya estamos julio! No es posible retornar a las aulas. Hay aulas que están totalmente destruidas, a punto de caerse”, apunta el alcalde distrital Julio Santos.
El pase de pelota entre la ARCC y el Pronied
Los colegios de los que habla Santos también son parte de los 115 supuestamente excluidos por falta de presupuesto. En un comunicado enviado a Sudaca, el Pronied intenta responsabilizar a la ARCC del asunto. “El presupuesto para la reconstrucción de estas instituciones educativas estuvo asegurado desde febrero del 2020, razón por la cual el Pronied pudo lanzar 42 procesos de contratación (15 en febrero y 27 en agosto). Si estos procesos hubieran obtenido la previsión de recursos por parte de la ARCC para el año 2021 se hubieran desarrollado de acuerdo con sus cronogramas, el total de escuelas estarían ya en proceso de ejecución, próximas a culminarse”, dice por escrito.
Desde el Minedu insisten en que fue una situación no prevista. En la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, sin embargo, precisan que el presupuesto estaba listo para ser ejecutado el 2020, pero que el problema está en que el Pronied quiso postergar su uso al 2021. “Al no haber sido ejecutados en el año que fueron programados, los recursos retornarnon al Tesoro Público como todo presupuesto no utilizado por una institución pública”, señalan en un escrito enviado a Sudaca.
“En agosto o setiembre, prácticamente estamos cerrando el presupuesto del siguiente año. Eso lo sabemos todos [los funcionarios públicos]. Cuando ellos han terminado el proceso en setiembre, me dicen que les asegure S/400 millones para el 2021. Yo tengo que voltear al MEF y decirle que me aseguren esa plata. ¿Qué me dijeron en el Mef? ‘Mira, te felicito por tu preocupación, pero yo no tengo esa plata, pero sí te voy a dar una plata para tus obras que están en ejecución y priorices el trabajo con los gobiernos subnacionales’. Son los gobiernos locales los que están funcionando en estos momentos”, precisa Amalia Moreno, la directora ejecutiva de la ARCC.
Moreno señala que en el MEF ya no querían darle más recursos al Pronied porque los años 2017, 2018 y 2019 (cuando fueron ministros de Educación Marilú Martes, Idel Vexler, Daniel Alfaro y Flor Pablo) lo habían hecho y no habían construido nada. Todo parece indicar que ya no tendrán que hacerlo.
En comunicación escrita a Sudaca, el Pronied señala que ya tiró la toalla con este grupo de 115 colegios y que el pasado 1 de julio “realizó la devolución de la cartera de inversiones del Plan integral de Reconstrucción con Cambios por falta de asignación de recursos presupuestales”. Es decir, los colegios tendrán que esperar quién sabe cuánto tiempo más para que los gobiernos regionales o locales, o la propia ARCC, tengan que ejecutar las obras. Así estamos.
Juntos en la adversidad. Ese es el juramento que hicieron, al casarse, María Ángela Melgarejo y Luis Pérez. Y lo han cumplido en la época más dura de la pandemia. Los esposos siempre quisieron darle una educación sólida a su hijo Stefano y, por eso, en el 2011, lo matricularon en el colegio privado Innova Schools de San Miguel. Con el arribo del nuevo coronavirus, sin embargo, los dos fueron despedidos de la empresa en la que trabajaban. Era marzo del 2020 y supieron que se les venían tiempos muy duros.
Apenas un mes después, en abril, los esposos tuvieron que enfrentarse a otro episodio desgarrador: Luis Ronald Pérez, el suegro de María Ángela, murió de Covid-19. Con los gastos médicos encima, tocaba tomar medidas de emergencia. El matrimonio postuló a su hijo a la “Beca Covid-19” que ofrece Innova Schools, la cadena de colegios del grupo Intercorp, que dirige el magnate Carlos Rodríguez Pastor. Los esposos explicaron que ambos estaban sin trabajo y que el abuelo de Stefano había fallecido por el virus (como era requisito). Pensaron que después de la tempestad, llegaría un poco de calma. Se equivocaron.
El colegio le respondió, vía e-mail, con la frialdad de un congelador alemán: “su caso no ha calificado”. Fue un golpe duro para los jóvenes esposos, pero no había tiempo para lamentarse. ¿Qué hicieron? Primero, retiraron a su hijo del Innova Schools: no tenían suficientes ingresos para seguir pagando la pensión de S/527. Ese es el precio que fijó el colegio durante la pandemia, y que supone un descuento del 15%, obligado por las masivas quejas de los padres.
Aunque puede que la cifra no suene tan alta, S/527 era demasiado dinero para María Ángela y Luis en ese momento. A ambos les dolió mucho −hasta hoy les duele− que Innova Schools, el colegio en el que Stefano había estudiado desde el primer grado de primaria, les diera la espalda en ese momento tan difícil.
“Mi hijo está emocionalmente afectado. Ha estado triste todo el año. He tenido que acompañarlo a una terapia, con un familiar, para que lo pueda ayudar. Teníamos el tema familiar por el Covid [murió su abuelo] y a eso se sumó el cambio del colegio. Nosotros, como familia, hemos estado bien identificados con el colegio [Innova]. Todo esto afectó el tema familiar. Expuse [mi caso] al colegio y este rechazó nuestra petición”, lamentó María Ángela en diálogo con Sudaca.
Esta es la respuesta, vía e.mail, que recibió María Angélica Melgarejo, por parte de Innova Schools de San Miguel, cuando postuló a la Beca Covid-19: «no ha calificado». La mamá de Stefano le explicó que su suegro había muerto de Covid, pero aún así no le dieron la beca.
Al estar desempleados, los esposos decidieron trasladar a su pequeño al colegio Liceo Naval de San Borja, donde la mensualidad es de S/330. “Si me hubieran dado media beca o un cuarto de beca [en el Innova], hacíamos un esfuerzo y nos quedábamos, pero no nos la dieron”, señala la madre de familia. Según datos del Indecopi, Innova School −la cadena de colegios más grande del país− es también la más sancionada entre el 2017 y el 2020, y la que más reportes registró ante el organismo el año pasado.
Antes de retirarse, Innova Schools le dijo a María Ángela que tenía que pagar las mensualidades de abril y mayo del sexto grado de primaria, pese a que solo llevó clases virtuales hasta la primera semana de mayo. Ella les respondió que le descuenten de las devoluciones que tenían pendientes por hacerle: la cuota de ingreso (ordenado por en el decreto de urgencia N°002-2020) y el mes de marzo, por la postergación de las clases.
Al no arribar a un acuerdo, María Ángela retiró a su hijo sin pagar esos dos meses. El colegio solo le entregó las notas de Stefano de forma virtual, pero no los documentos impresos. Los esposos no encontraban trabajo. Decidieron, entonces, hacer eso que la retórica popular define como “reinventarse”: un emprendimiento que nunca antes pensaron, sin el apoyo de nadie (menos del Estado).
Antes de la pandemia, los esposos trabajaban en la empresa Mega Point. Sus ingresos mensuales eran variables, pero podían llegar, a veces, en conjunto, a los S/5.000. La empresa era de eventos sociales y catering (distribución de alimentos), y tenía clientes importantes, como el circo de la “Chola Chabuca”.
Como ambos ya tenían experiencia en el rubro alimenticio, se propusieron crear un servicio de delivery de lasagnas artesanales. Al nuevo emprendimiento lo bautizaron como D’Antonella. ¿Por qué? Por el nombre de su otra hija, como una cábala para atraer la buena suerte. María Ángela se encargó de preparar las lasagnas y Luis las repartiría en bicicleta.
D’Antonella hoy es un pequeño negocio familiar que la pareja está sacando adelante con orgullo y a contracorriente. En setiembre María Ángela logró aparecer en el programa Fanáticos Digital de Facebook. Allí, vestida con un mandil que lleva el logo de su empresa, promocionó con emoción las bondades de sus lasagnas hechas con la receta secreta de la mamá de su esposo, quien vivió muchos años en Italia. El negocio les genera hoy una pequeña ganancia de S/1.600. Ya mejorará, piensan.
Mientras, este año han tenido que volver a trasladar a Stefano a otro colegio. Uno todavía más barato, el Santa María de Breña, que cobra una mensualidad de S/220. Aunque la pandemia ha golpeado muy duro a la familia, nunca logró quebrarla.
Del Regina Pacis al Newton de Jesús María
Un recuerdo familiar en una piscina, todos sonrientes. Esa es la foto que tiene en su perfil de Whatsapp el abogado Adolfo Gamarra. Desde que nació su hija Mikaela, él estuvo convencido de que ella debía tener una educación con valores católicos. El año pasado cumplió su objetivo y la pudo matricular en el tradicional colegio Regina Pacis de Surco. Conseguir esa plaza, sin embargo, no le resultó nada fácil.
El papá de Mikaela tuvo que presentar una carta de postulación, esperó que haya una vacante y canceló la cuota de ingreso de S/7.000. La mensualidad del colegio, de S/1.490, no iba ser un dolor de cabeza para la joven pareja: el abogado tenía el apoyo económico de su esposa, quien trabaja en el sector público. La segunda semana de marzo empezaron sus clases en el primer grado de primaria. No se imaginaban lo que estaba por venir.
Mikaela solo asistió la primera semana al colegio debido a la suspensión de las clases presenciales por la cuarentena de marzo del 2020. En abril iniciaron las clases virtuales. “Mientras [avanzaban] las clases, se creó un grupo de chat [vía Whatsapp] de los padres de familia, en el que comenzaron a presentar reclamos individuales para las mejoras [económicas]. En mayo hubo un reajuste del 10% [descuento en las pensiones]. La gente no estuvo conforme. Muchos comenzaron a migrar. Entre ellos, yo”, recuerda el abogado.
El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.
La gran mayoría de padres, entre ellos Adolfo, pidió al Regina Pacis que se ponga la mano en el corazón y otorgue un descuento mayor al 10%. No lo lograron. Menos todavía, que les dieran media beca, en aras de la solidaridad católica. “En mi caso, yo pagué S/7.000 de ingreso y me devolvieron S/4.000. No sé si [el descuento que me hicieron] fue de marzo y abril o de abril y mayo. Pero, no debieron descontar esos montos de pensión porque el servicio no se estaba prestando de forma continua”, reclama el abogado.
Con el Poder Judicial cerrado y atendiendo sólo de forma virtual, los clientes del abogado eran cada vez menos. Por lo tanto, sus ingresos también. Pagar su crédito hipotecario de S/230.000 teniendo a su hija en el Regina Pacis le resultaba imposible. Tuvo que cambiarla al colegio Isaac Newton de Jesús María. Este plantel abrió sus puertas hace 25 años, en una bonita casona ubicada en la cuadra 23 de la Av. Brasil.
En La Molina hay un colegio que tiene el mismo nombre y cuya mensualidad supera los US$1.000 mensuales. Algo impensable para Adolfo, que inscribió a su hija en el colegio homónimo, cuya mensualidad si está al alcance del bolsillo del común de los peruanos. El año pasado, arrancó con una mensualidad de S/600, pero por pandemia la redujo a S/370, pensando en los padres de familia. Este año ha subido apenas S/40, a S/410.
Este año, Adolfo ha renovado la estancia de Mikaela en el Newton de Jesús María. El directivo del colegio, Guillermo Cabrera, señaló a Sudaca que los padres de familia podrán encontrar en su colegio “un plus”: el apoyo y la empatía de su plana docente y administrativa, sobre todo en estos momentos tan difíciles.
Los traslados en provincia
Padre es el que cría. Ese es un viejo proverbio popular que ha puesto en práctica con su nieto Alessandro el exfutbolista del Deportivo Junín, Gustavo Carbajal, quien asegura haber defendido, entre 1977 y 1979, los colores de ese club huancaíno en primera división. Don Gustavo lo ha criado como si fuera su propio hijo.
Unos amigos le recomendaron inscribir a Alessandro en el colegio Innova Schools de Huancayo y él aceptó. Se identificó rápidamente con el modelo de enseñanza. Nos ha enviado fotos en las que se le ve participando en actividades con otros padres de familia, vivencias que le es difícil olvidar. Por ejemplo, hay una en la que participa con otros papás y mamás en un desfile por las calles de la sede “Blue House”. Todos llevaban ropa azul. Los vecinos les aplauden. Era un orgullo para don Gustavo decirle a sus amigos que Alessandro, su nieto, estudiaba en el Innova. En cada comunicado, el colegio se dirigía a los padres como “familia” y ese detalle lo hacía sentir muy bien.
Un día, Don Gustavo fue nombrado delegado de la sede “Blue House” −o casa azul− y se sintió más integrado a la “familia” del colegio. Cuando empezó la cuarentena, la empresa de distribución de alimentos en la que trabajaba como jefe de ventas le jugó mal. Le dijo que se quede en su casa por tener 60 años. Un día fueron a su domicilio y, con engaños, se llevaron su computadora para realizar supuestas mejoras en la misma. Se quedaron con su base de datos de clientes. A los pocos días, le despidieron.
Hasta antes de marzo Don Gustavo llegaba a ganar S/3.000 al mes. Comenzó, entonces, su vía crucis con Innova Schools. Con ese colegio que lo llamaba “familia”. Pidió que a la pensión de su nieto Alesandro, al que él llama hijo, le recorte el 50%. Se negaron a hacerlo. La mensualidad era de S/520, pero el colegio, presionado por las quejas, la rebajó apenas a S/480. Solo el 15%.
El colegio Innova Schools de Huancayo, asegura Gustavo Carbajal , le rechazó acceder al fraccionamiento de 36 meses del pago de su deuda. Le dijeron, añade, que no calificaba por haberse retrasado en el pago de un mes en el año 2019. Por eso, tuvo que cambiar a su nieto Alessandro a otro colegio. Este es el e-mail que le envió Innova.
Don Gustavo cuenta a Sudaca que unos 200 padres de familia de todo Huancayo decidieron no pagar las pensiones. A la protesta se sumaron otras familias de los Innova de Arequipa y Puno. Eso sí, sus hijos siguieron recibiendo las clases, pese a no haber pagado todo el año escolar, porque así lo dispuso el gobierno. Él fue uno de los padres que decidió no pagar.
A fin de año les dieron un cronograma para cancelar las deudas. Había un atractivo plan de fraccionamiento que implicaba cancelar S/77 a lo largo de 36 meses. Sin embargo, a Don Gustavo le dijeron que “no calificaba” por haberse atrasado en un pago en el 2019. Quiere pagar la deuda, pero hasta ahora no le dan otra alternativa.
Decepcionado del trato diferenciado que recibió de esa gran “familia” que era Innova, decidió trasladar a Alessandro a otro colegio privado, el Emilia Barcia Boniffatti, donde pagará solo S/200 al mes. “Me hubiera gustado seguir apostando por mi nieto y no cambiarle de colegio, porque uno siempre busca darle la mejor educación a un hijo”, sostiene, muy apenado.
De Trilce de la Molina a Santa Anita
Tener a sus tres hijos estudiando en el colegio Trilce de La Molina significó para el empresario de transporte Erwin Hinostroza dar un pequeño salto hacia el éxito. Ello no solo le garantizaba que sus hijos tendrían una buena educación, sino que él podía ampliar su círculo social entre la gran cantidad de padres de esa sede. Allí conoció buenos amigos e hizo contactos, sobre todo para hacer negocios en su rubro: el traslado de personal en buses.
Erwin Hinostroza tuvo que sacar a sus tres hijos del colegio Trilce de La Molina y los trasladó al colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita. Un día le pasaron este afiche de Gustavo Rosas, un señor que se hace llamar el ‘Ángel de la Educación’. Se contactó con él y le hizo un atractivo precio «combo» que no pudo dejar de aceptar.
Hasta antes de la pandemia, Erwin estuvo pagando S/800 de mensualidad por cada uno de sus hijos. En total, gastaba al mes, solo en pensiones, S/2.400. Al llegar la pandemia, el colegio decidió rebajar las mensualidades a S/680. Erwin hizo el esfuerzo de seguir pagando todo el año, pese a que no quisieron rebajarle el 50% que él había pedido.
En enero del 2021, sin embargo, él y su esposa se enfermaron de Covid.19. Eso le hizo reflexionar: la vida se podía ir en un segundo, tenía que ahorrar. Un día se enteró por unos amigos que en el colegio particular Alfonso Ugarte de Santa Anita estaban dando facilidades para el traslado de alumnos de otros colegios. Tomó contacto, entonces, con el promotor del colegio, Gustavo Rosas, quien se hace llamar el ‘Angel de la Educación’. Él le hizo un precio “combo” para sus tres vástagos.
Para sus hijos que estudian primaria, Mariano y Felipe, le han rebajado la mensualidad a S/ 250. Para Rodrigo, quien está en primero de secundaria, le han dejado la pensión a S/260. En total, pagará S/760 por las mensualidades de sus tres hijos, casi la tercera parte de lo que pagaba en el Trilce de la Molina.
Más de 200 mil traslados en Lima
Sobre el clamor de los padres ante las pensiones de sus hijos, Sudaca envió cuestionarios al Ministerio de Educación (Minedu) y al Indecopi. El Minedu respondió que “es importante recordar que en nuestro país no hay control de precios por parte del Estado; por ello, las familias y las instituciones educativas deben llegar a un acuerdo [de los precios de las pensiones]”.
Sobre ese mismo tema, la gerenta de Supervisión y Fiscalización de Indecopi, Ana Peña, precisó que si bien los precios “no pueden ser objeto de fijación o regulación”, esto no quiere decir que “no existen derechos que protejan a las familias”. Adelantó que, para evitar abusos y cobros indebidos, este año han seleccionado “250 colegios privados a nivel nacional”, a los que se les está realizando una auditoría contable.
Sobre la devolución de la cuota de ingreso, el Minedu y el Indecopi coincidieron en que había que esperar a la publicación del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, que salió el último domingo. Al cierre de esta nota, el reglamento fue publicado en El Peruano, con la firma errada del exministro Martín Benavides (y no la del actual, Ricardo Cuenca). Indecopi detalló, igual, que “no hay una obligación específica de la devolución de [la mensualidad de] marzo ni de la matrícula”.
El director de la Guía de Colegios, Julio Zaragoza, dijo que este año se habrían efectuado unos 70.000 traslados de colegios particulares “caros” a otros privados “de menor costo” en Lima. Recordó que el año pasado habrían sido 350.000 traslados bajo las mismas características a nivel nacional. De esa cantidad, agregó, “unos 200 mil se habrían realizado en Lima”.
Sudaca intentó comunicarse con los colegios Trilce y Regina Pacis a sus números abiertos de contacto, los mismos que están a disposición de los padres de familia, pero no obtuvo respuesta.
Descargos de Innova Schools
Sobre el rechazo de becas y la discriminación para el pago de las deudas a padres de familia de Innova, este es el pronunciamiento del colegio:
“Desde Innova Schools queremos señalar que entendemos las dificultades que todos enfrentamos por el repentino cambio que sufrió el sistema educativo debido a la pandemia, y que afectó a todo el sector. Sin embargo, es importante aclarar que, desde el inicio del Estado de Emergencia y durante el 2020, hemos implementado diferentes medidas con el único fin de apoyar a nuestra comunidad educativa y asegurar el acceso a educación de calidad de nuestros estudiantes”.
“Desde el mes de marzo de 2020 se dieron descuentos en nuestras pensiones escolares (20% para el nivel inicial y 15% para el nivel de primaria y secundaria), a fin de apoyar a toda la comunidad educativa. Además, se suspendió el interés moratorio de los meses y se brindó opciones de financiamiento a 12 meses, incluyendo un periodo de 3 meses de gracia”.
Esta es la carta de descargos que envió Innova Schools a Sudaca.
(*) Fotocomposición de portada: Leyla López
(*) Fecha de publicación del artículo: 1 de marzo de 2021