Democracia

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La transición de un gobierno democrático a uno autoritario es un proceso gradual que puede tomar varios años. Sin embargo, en el caso de Perú, este proceso ha sido significativamente rápido. En solo unos meses, el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han logrado debilitar las instituciones democráticas y concentrar el poder en sus manos.

Así, han debilitado una serie de instituciones mediante la designación de funcionarios leales a su gobierno en puestos clave, como la designación de una abogada afín a Fuerza Popular como Adjunta Constitucional en la Defensoría del Pueblo. O la del nuevo Ministro de Justicia quien, ya a los tres días de su juramentación, es investigado de manera preliminar por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado.

En unos días más, la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia consumará el tránsito a un gobierno autoritario. La instauración de tal gobierno es grave y requiere de una respuesta contundente. La conformación de una coalición política amplia y plural es una manera, quizás la principal, de enfrentarlo.

Esta coalición democrática debe tener como objetivos el juicio y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 49 personas, la defensa de la Junta Nacional de Justicia y el adelanto de elecciones. Una coalición integrada por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y partidos democráticos como el Partido Morado, Partido por el Buen Gobierno y Primero la Gente por mencionar algunos.

La formación de esta coalición es un desafío, porque requiere que los diferentes actores políticos y sociales involucrados estén dispuestos a trabajar juntos para recuperar la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso si tienen diferencias en sus ideas u objetivos.

Es una oportunidad porque puede contribuir a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y a sentar las bases para un futuro más democrático para el país. Al unir a personas de diferentes orígenes, una coalición ciudadana puede demostrar que es posible trabajar juntos para lograr un cambio positivo.

En la conformación de una coalición democrática, los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor. Si ellos, superando sus diferencias políticas, programáticas e ideológicas, asumen tal tarea y logran conformarla, se tendrá una oportunidad real de contribuir a la construcción de un Perú más democrático y justo.

Por último, la historia enseña que la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales fue eficaz para derrotar a los dictadores porque permitió unir a los diferentes sectores de la sociedad para luchar por la democracia. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales permitió derrotar a los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente.

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El horrendo crimen contra el candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, que apunta claramente a las mafias del narcotráfico (los dedos acusadores que apuntan a Rafael Correa más parecen intentos de aprovechamiento político de la tragedia), pone sobre el tapete la pavorosa infiltración de las mafias ilegales en la política latinoamericana (véase nomás el reciente escándalo que compromete al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de recibir dineros narcos para su campaña).

El inmenso poder económico alcanzado por el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, la explotación maderera informal, el tráfico de terrenos, las pandillas extorsivas, etc. los conduce inevitablemente a tratar de tener peso político suficiente para garantizar impunidad para sus actividades ilícitas.

Así, han cooptado autoridades locales, policía, fiscales, jueces, parlamentarios y ahora aspiran a hacer lo propio con los mandatarios de turno, bajo la seducción del dinero o la amenaza y el chantaje directo, como ha sido el caso de Villavicencio, periodista de investigación que estuvo asilado en el Perú algunos años.

El lamentable suceso nos trae a la memoria los homicidios de Luis Carlos Galán en 1989 y Luis Donaldo Colosio en 1994, candidatos a la presidencia de Colombia y México, respectivamente, que marcaron la historia política desde fines de siglo hasta la actualidad en sus países.

Lo ocurrido marcará un hito en la política latinoamericana. Es una nueva clarinada de alerta sobre el destino al que los Estados regionales se están conduciendo por la inacción de las democracias para domeñar las mafias que se enseñorean en sus predios, y cuya defección no hace sino alimentar a populistas extremos, como Bukele en El Salvador, quien, a despecho de las formas democráticas, ha acabado con las pandillas que dominaban el territorio salvadoreño y, a pesar de sus devaneos autoritarios, goza por ello de enorme simpatía popular.

En el Perú hace muchas décadas o siglos que no sufrimos de magnicidios semejantes (Balta, Pardo, Sánchez Cerro en los siglos XIX y XX), salvo que incluyamos en ese bolsón a los asesinatos de autoridades perpetrados por el terrorismo, pero la situación de crecimiento de las mafias ilegales torna madura una situación en la que fácilmente algo así podría volver a ocurrir.

Es hora de que la democracia peruana tome plena conciencia del inmenso peligro que comporta la coexistencia tácita con estas mafias. Más temprano que tarde, si no lo han hecho ya, darán el salto a la política y allí sí entraríamos a una etapa tan disfuncional de la democracia que sembraríamos el terreno de cultivo para opciones autoritarias y radicales, que al son de prometer acabar con esas lacras, se zurren en las formas mínimas del Estado de Derecho.

 

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[EN EL PUNTO DE MIRA] La semana pasada terminé de leer “Carlos Franco” (Cedep, 2012). Un buen texto en donde se recopilan análisis de varios académicos (que lo conocieron personalmente y de los que lo hicieron a través de su producción intelectual), así como de testimonios de sus amigos de la actividad política por donde transitó Franco

¿Qué se dice de él en la compilación? 1) Incomprendido en su tiempo por la academia, su gran texto “Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina” no tuvo la acogida que se esperaba. Fue la lucha contra el régimen autoritario de Fujimori (contexto en la sale a la luz el libro) la que hizo que no se prestara la debida atención a una genial crítica constructiva que hacía a la democracia. Los intelectuales locales en su momento exigían restablecimiento de la democracia; Franco sin entrar en la coyuntura del momento lo criticaba.

En otras palabras, Franco fue un duro crítico sobre el estudio procedimental de este tipo de régimen político. Señalaba que no se debía pensarla universalmente, sino de manera particular. Para ello, entra en el debate con los intelectuales que comienzan a cuestionar la teoría de la dependencia y el marxismo como enfoques complementarios del enfoque pluralista predominante en la academia de ese entonces.

2) Franco fue un intelectual que participó del gobierno de Velasco apoyando las reformas que hizo en ese entonces. También apoyó las reformas que hizo el primer gobierno de Alan García, participando como asesor externo. Fue un intelectual comprometido con proyectos políticos controvertidos y democratizadores. No solo pensaba, también actuaba. Idea y acción relacionada entre sí para influir en el poder y así efectuar los cambios. El libro en homenaje a este gran intelectual y político también se lo puede encontrar en versión online. Es imprescindible leer sus textos.

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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Si el gobierno comete este 19 de julio la bestialidad de reeditar la represión asesina de diciembre y enero, habrá puesto el primer peldaño para su inminente caída. Hasta ahora esperamos una disculpa auténtica, sanción política a los responsables y su respectivo procesamiento penal, y esa ausencia explica, entre otras varias razones, la alta desaprobación del régimen, sobre todo en las regiones donde la represión se desató inmisericorde.

Lo que corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho es que las protestas y las marchas se respeten y cautelen. Y si se produjera algún desborde violento, pues proceder a la inmediata captura y detención del vándalo, su pase a la fiscalía y su procesamiento penal respectivo.

No hay pena de muerte por protestar, ni siquiera por bloquear una carretera, cerrar un puente o intentar tomar un aeropuerto. La policía o la fuerza armada solo puede hacer uso de sus armas letales en caso peligre su integridad vital o la de otros ciudadanos.

El problema de fondo es que si el terruqueo ya es moralmente deleznable en la sociedad civil o la clase política, resulta altamente riesgoso si lo asumen los hombres de uniforme, que creen, en muchos casos, que en este tipo de protestas están enfrentando a terroristas encubiertos (lo vimos en declaraciones grabadas a policías durante la incursión en la San Marcos).

Con esta actitud, el gobierno, en lugar de despertar temor en la ciudadanía, la alienta a salir a protestar, porque hay evidente molestia en el país por una gestión mediocre y por un Congreso corrupto y deleznable. La gente está harta y por más que haya una agenda izquierdista que quiera reciclarse con esta marcha, se entiende que a ella se sumen porciones ciudadanas independientes y sin agenda ideologizada.

El Ejecutivo tiene que saber leer la realidad. Y ésta le exige un cambio radical de gestión, no solo política sino también económica e institucional. El país no llega indemne al 2026 si las cosas siguen como están. Fuera de la agenda politizada de los convocantes oficiales de la marcha, la demanda ciudadana de fondo no puede ser soslayada y muchos menos reprimida abusivamente.

 

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Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fueron parte esencial de las iniciativas de reforma planteadas por la comisión Tuesta, pero se suspendieron en las últimas elecciones por la pandemia. Hoy deben ser asumidas como filtro obligatorio ante la avalancha de partidos que se está inscribiendo.

Los propios partidos del statu quo no las quieren, claro, prefieren seguir manteniendo el esquema de que los candidatos presidenciales y las listas parlamentarias se decidan prácticamente a dedo, por los “dueños” de los partidos. Así, se diluye la posibilidad de generar una situación que les convendría a ellos mismos, ya que las PASO no tienen otro propósito que reforzar a los partidos políticos, piedra angular de una democracia más funcional que la que tenemos.

Si este mecanismo, que se aplica con éxito en varias democracias del mundo y de la región, se aplicase en el Perú, influiría en gran medida para que un poder integrado por partidos, como es el Congreso, recupere algo de la legitimidad y representatividad que en nuestro país ha venido perdiendo paulatinamente (cada Parlamento es más desacreditado que el anterior), hasta llegar a los límites actuales, con un poder del Estado con aprobación que apenas llega al 6%, según algunas encuestas.

Los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Son las organizaciones que canalizan las demandas de los ciudadanos y las llevan a las instituciones gubernamentales. Sin partidos políticos, la democracia sería una mera formalidad, sin capacidad de representar los intereses de la mayoría.

Los partidos políticos no son perfectos, y a menudo se ven envueltos en luchas de poder y corrupción. Sin embargo, son una parte esencial de la democracia, y su función es básica para el funcionamiento de las instituciones gubernamentales.

Los partidos políticos son los pulmones de la democracia. Sin ellos, la democracia sería una máquina sin combustible, incapaz de funcionar. Ellos son los encargados de llevar el oxígeno de la participación ciudadana a las instituciones gubernamentales, y de asegurar que éstas funcionen en beneficio de la mayoría.

Hay que recuperar la legitimidad del establishment democrático en el país. Lo que hoy sucede no es solo culpa del gobierno de Boluarte. Es parte de un proceso histórico de paulatino deterioro, que, si no hacemos algo para remediarlo, irá de mal en peor, alentando la posibilidad de aventuras autoritarias y radicales.

La del estribo: agenda obligada de la cartelera teatral acudir al Teatro de Lucía a espectar Hasta que la muerte nos separe, con la dirección del gran Alberto Isola y las actuaciones de Sandra Bernasconi, Javier Valdés, Roberto Ruiz, Airam Galliani, Antonella Gallart y Sol Nacarino. Va hasta el 21 de agosto y las entradas se venden en Joinnus.

 

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Por supuesto, la intimidación no va a surtir efecto. Ya bastante curtidos en
lides mayores son los periodistas de IDL-Reporteros, pero ello no es óbice
para no solidarizarse con su quehacer, reconocerle el valor democrático y
profiláctico que cumplen, y, en consecuencia, su aporte a la construcción de
una democracia más sólida, más aún en momentos como en los actuales
donde la precariedad institucional avanza a pasos agigantados.

La democracia se juega en la sociedad civil, sobre todo cuando la clase
política claudica de sus obligaciones al respecto. La labor de la prensa crítica y
seria es un factor de apuntalamiento de las instituciones democráticas, y
debe ser respetada en sus fueros de acción sin ninguna cortapisa, como no
sean los límites legales propios que le corresponden A ver si lo entienden en
el Ejecutivo y en el Congreso, poderes que últimamente se han dedicado con
esmero digno de mejor causa, a diseñar proyectos y acciones que la mellan.

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Más allá de ese análisis, el libro -dentro de un panorama general de las democracias latinoamericanas- presenta los avances y estancamientos en la que se encuentran la democracia y lo liberal. Al respecto, Vergara propone una mirada republicana, que se sitúa por sobre las premisas presentadas anteriormente, en la que se haga necesario plantear análisis sobre la República desde el punto de vista del gobierno, de los ciudadanos y de la sociedad.

Y es a través de estos planteamientos de análisis que se puede apreciar el malestar permanente en el que se encuentra América Latina.

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Alberto Vergara, América Latina, Congreso de la República, corrupción, Democracia, Martín Vizcarra, Política, Repúblicas defraudadas
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