Se menciona últimamente el sensacionalismo cuando intentamos informar una noticia o un hecho que impacta nuestra sociedad. Lamentablemente no podemos ser mezquinos a la terrible realidad que afrontamos desde que asumimos nuestro rol de periodista y, no obstante, todos aquellos que de alguna manera salen adelante y que se ven intimidados o vulnerados por la inseguridad y el constante golpe a nuestra integridad.
Guardamino no mato, no robó y mucho menos realizó acciones negativas contra la comunidad de Quipan. Al contrario, defendió los derechos de sus representados con arduo trabajo e investigaciones que, al día de hoy, siguen siendo inconclusas.
Y no, no es una noticia sensacionalista poner en la palestra a una persona que no debió morir como pasó con Santiago Guardamino. Un hombre que es padre y deja huérfanos a sus hijos y una viuda que busca respuestas. Todo recae en un solo responsable que desde la comunidad de Quipan, los familiares y las investigaciones lo testifican.
¿Por qué matar a una persona justo un día antes que fuera a declarar al Ministerio Público?
Las cosas en la comunidad de Quipan ya no estaban bien, el mismo Guardamino lo advirtió. Se lo advirtió a su padre y a su esposa, pero el compromiso con su gente seguía intacto.
En ese fatal día ya venían amenazando a Guardamino que cesara las investigaciones contra la empresa Argüelles, sin embargo, continuó hasta esa noche que silenciaron su voz, pero su trabajo quedó en manos del Ministerio Público.
El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación que colocó en el centro de la polémica a Pedro Guardamino Campos, padre del dirigente asesinado. Pedro presentó una denuncia contra empresarios, exfuncionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente, a quienes acusó de delitos como homicidio calificado, falsificación de documentos y usurpación agravada.
Entre los principales señalados figuran:
Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio de Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC.
Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de la misma empresa.
Abel Cruz Mosquera Ortiz, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán.
Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente.
Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
La denuncia sostiene que estos actores se coludieron para apropiarse ilegalmente de 10,000 hectáreas de tierras comunales mediante la falsificación de documentos, simulación de ventas y sobornos a funcionarios públicos.
Uno de los puntos más críticos del caso es la adquisición fraudulenta de tierras comunales. Según la denuncia, el 12 de diciembre de 2016, Karen Pasco Flores compró 10,000 hectáreas por un precio irrisorio de 600,000 soles, a pesar de que su valor real ascendía a más de 5.5 millones de soles. Esta transacción se habría realizado con documentos falsificados y la complicidad de Abel Cruz Mosquera, quien entonces presidía la comunidad.
El objetivo era desarrollar el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi, un vertedero de residuos sólidos que desde su construcción ha generado severos daños ambientales y afectado la salud de los residentes. Guardamino lideró múltiples denuncias contra Industrias Arguelles, acusándola de operar sin cumplir con los estándares legales y de haber causado contaminación en las fuentes de agua de la comunidad.
El asesinato: Silenciar a un líder incómodo
El 20 de marzo de 2024, Santiago Guardamino fue asesinado a pocas horas de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Este testimonio, clave para su denuncia de nulidad del acto jurídico que permitió la apropiación fraudulenta de las tierras, podría haber comprometido gravemente a Industrias Arguelles y sus socios.
La Fiscalía considera que el asesinato fue premeditado y directamente relacionado con su activismo. El hecho resalta las amenazas que enfrentan los líderes comunales en su lucha por defender sus territorios frente a intereses económicos y políticos.
En el centro de la controversia está la relación de la MML con la concesionaria Innova Ambiental, una empresa encargada del manejo de residuos sólidos en la ciudad. A pesar de la finalización de su contrato el 30 de mayo de 2024, las acusaciones sobre favoritismo y prácticas opacas han persistido, incluyendo la utilización de la modalidad de contratación directa para beneficiar a ciertos proveedores.
El papel de Pablo Paredes Ramos
Desde que asumió la dirección de la GSCGA, Paredes Ramos ha sido objeto de múltiples señalamientos. Según denuncias, su gestión ha estado marcada por retrasos en la entrega de documentación a las investigaciones relacionadas con Innova Ambiental, además de un supuesto direccionamiento en los procesos de contratación.
La denuncia penal presentada en su contra también incluye a otros funcionarios municipales:
Ana del Carmen Mendoza Chirichigno, quien, a pesar de estar inhabilitada para trabajar con el Estado, ha ejercido como una asesora de facto con influencia directa sobre decisiones clave.
María Carolina Salas Bermejo, Jefa de la Oficina de Logística, presuntamente involucrada en irregularidades en los procesos de adquisiciones.
Lidia Carmen Burgos Rodríguez, administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coaccionar a empleados logísticos para fomentar contrataciones directas.
Liz Díaz Becerra, Jefa de la Oficina de Adquisiciones, quien también ha sido señalada por su rol en procesos irregulares.
Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa, especialistas en logística, presuntamente colocadas en posiciones estratégicas para facilitar prácticas irregulares.
Paredes Ramos habría utilizado su influencia para consolidar un esquema que, según la denuncia, priorizaba intereses privados sobre el bien público. Este entramado se sustentaba en amenazas laborales y un control centralizado de áreas críticas, como logística y servicios ambientales.
Innova Ambiental: De concesionaria clave a eje de controversia
Innova Ambiental, encargada de la operación de infraestructuras como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, enfrenta un escrutinio sin precedentes. Durante los 29 años que trabajó con la MML, se le acusa de haber explotado bienes municipales para generar ganancias millonarias, dejando las instalaciones en estado deplorable tras el término del contrato.
El caso más notorio es la clausura del relleno sanitario Portillo Grande el 29 de mayo de 2024 por razones de insalubridad, lo que confirmó las denuncias de vecinos y activistas medioambientales. A pesar de estas acciones, la MML ha sido señalada por su aparente interés en mantener a la concesionaria operando en la capital, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios ocultos detrás de esta relación.
Por su parte, Innova Ambiental ha solicitado la actualización de su Registro Autoritativo EO-RS-00073-2020, argumentando la devolución de las infraestructuras a la Municipalidad. Sin embargo, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) ha rechazado algunas de estas solicitudes, enfatizando que la evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aún está en curso.
Reubicaciones estratégicas y un patrón preocupante
La llegada de Paredes Ramos a la GSCGA coincidió con el traslado de Giuliana Haggenmiler y Karina Blaz, especialistas en logística, a posiciones dentro de su nueva gerencia. Según las denuncias, estas funcionarias se encargaron de diseñar requerimientos específicos para justificar contrataciones directas, lo que elude los procedimientos competitivos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Los requerimientos eran enviados por correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes.
Este personal los ingresaba al Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML, obteniendo las firmas digitales necesarias.
Finalmente, los requerimientos eran procesados por la Subgerencia de Servicios a la Ciudad y derivados a la Oficina de Logística, donde María Carolina Salas Bermejo y Liz Díaz Becerra gestionaban los contratos finales.
Estas prácticas, bajo la dirección de Paredes Ramos y la influencia de Ana Mendoza Chirichigno, evidencian un patrón de corrupción que habría beneficiado a proveedores cercanos a ciertos funcionarios municipales.
El deterioro en la gestión de la limpieza pública ha generado indignación entre los vecinos de Lima. La acumulación de basura en el Centro Histórico y otros distritos refleja una crisis sanitaria que afecta directamente la calidad de vida. Los ciudadanos, organizados en colectivos, han solicitado respuestas claras y acciones concretas, incluyendo movilizaciones frente a la Municipalidad y el MINAM.
La remoción de Mariana Jiménez Jara, exgerente de Servicios a la Ciudad, también ha sido motivo de controversia. Su destitución, según documentos filtrados, favoreció a Innova Ambiental al eliminar a una funcionaria que había actuado enérgicamente contra la concesionaria.
Una crisis en busca de soluciones
El caso de Innova Ambiental y las denuncias contra Pablo Paredes Ramos representan una encrucijada para la MML. La corrupción no solo mina la confianza en las instituciones públicas, sino que también repercute en los servicios esenciales que los ciudadanos esperan recibir.
Las investigaciones en curso deben ser respaldadas por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, es imperativo reformar los procesos de contratación y supervisión dentro de la Municipalidad para evitar que situaciones similares se repitan.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas concretas. ¿Será este el inicio de un cambio en la gestión pública o solo otro capítulo más en una larga lista de escándalos?
Entre las investigaciones que se ha venido realizando a la concesionaria Innova Ambiental, la Municipalidad de Lima ha tenido diferentes observaciones con respecto a su trabajo en medio de esta problemática. Entre ellas, la Gerencia de Servicios a la Ciudad se ha visto señalada por atrasar el proceso de investigación y entrega de documentación.
Esta misma oficina liderada por Paredes Ramos se vio envuelta en una denuncia que recayó en diferentes funcionarios, como:
Ana del Carmen Mendoza Chirichigno: A pesar de estar inhabilitada para ser contratada por el Estado, supuestamente actúa como asesora de hecho, influyendo en decisiones y dirigiendo a otros funcionarios para favorecer a proveedores de su círculo cercano.
María Carolina Salas Bermejo: Jefa de la Oficina de Logística de la MML, implicada en el proceso de adquisiciones.
Lidia Carmen Burgos Rodríguez: Administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coordinar acciones que fomentan la contratación directa de proveedores.
Liz Díaz Becerra: Jefa de la Oficina de Adquisiciones, bajo la mira por su papel en el proceso de compra.
Karina Jeniffer Blaz Correa y Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez: Especialistas de Logística, también subordinadas a Paredes Ramos.
Recordemos, además, que durante el periodo de Paredes se estaba solucionando el tema de Innova Ambiental y la clausura del Relleno Sanitario “Portillo Grande” cuya clausura la realizo la Municipalidad de Lurín después de un proceso de fiscalización. A pesar de estas diligencias, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, tenia otras prioridades.
Además, como se ha venido advirtiendo durante los meses de su gestión, no se ha visto interés por parte de la MML para acelerar los procesos e investigación de la concesionaria. Mas bien, se ha visto un interés por mantener a la concesionaria dentro de Lima, pero ¿Con que fin?
Parece que los funcionarios que trabajan con Lopez Aliaga son fichas que trabajan bajo ordenes y segundas personas. Como anteriormente se menciono, Paredes fue denunciado junto a otros funcionarios en medio de la reestructuración interna de la MML, específicamente después de que Pablo Armando Paredes asumió la gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Desde su llegada, se han registrado múltiples irregularidades que parecen sugerir un patrón de corrupción. Según la denuncia, Paredes Ramos ha utilizado su influencia para establecer un entorno de trabajo donde las decisiones de contratación se toman de manera opaca y con un marcado favoritismo hacia ciertos proveedores.
Continuando con la denuncia, la misma detalla que Lidia Carmen Burgos, bajo las instrucciones directas de Paredes Ramos, ha coaccionado a los empleados logísticos para que elaboren requerimientos de bienes y servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Se alega que estos empleados han sido amenazados con despidos si no cumplen con las demandas de crear requerimientos específicos, facilitando así un sistema que favorece la corrupción.
La concentración de poder en la figura de Paredes Ramos es notable, ya que simultáneamente dirige la Gerencia de Servicios a la Ciudad y también supervisa el área de logística, encargada de controlar las contrataciones. Este cruce de responsabilidades plantea serias dudas sobre la posibilidad de que se realicen auditorías internas efectivas y objetivas, lo que podría facilitar el encubrimiento de irregularidades.
Ana del Carmen Mendoza Chirichigno ha sido descrita como la «asesora personal» de Paredes Ramos. A pesar de su inhabilitación, su papel como figura influyente en la toma de decisiones pone en evidencia la falta de control en el proceso de contratación de la MML. Su presunta participación en la creación de requerimientos que benefician a proveedores de su círculo cercano añade una capa adicional de complejidad y preocupación a esta situación.
Uno de los aspectos más controvertidos es la práctica de utilizar «contratación directa» para adjudicar contratos a proveedores específicos, lo que en muchos casos ha sido interpretado como un acuerdo clandestino entre funcionarios de la MML y ciertos contratistas. Esta modalidad, que debería ser utilizada en circunstancias excepcionales, ha sido denunciada como un vehículo para favorecer intereses particulares, socavando la integridad de los procesos de adquisición pública.
La presentación de esta denuncia penal subraya la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la MML. Los ciudadanos de Lima tienen derecho a exigir que sus autoridades actúen con integridad y que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.
La corrupción no solo perjudica la confianza en las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas, desde sanciones penales para los involucrados hasta una revisión completa de los procesos de contratación de la MML.
Una de las situaciones más inquietantes que refuerzan la denuncia penal en curso está relacionada con el posicionamiento de dos funcionarias: Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa. Ambas, especialistas en logística, fueron reubicadas en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental después de la llegada de Pablo Armando Paredes Ramos a su cargo. Anteriormente, estas funcionarias trabajaban en la Oficina de Logística.
El traslado de Haggenmiler y Blaz Correa a la nueva gerencia no parece ser una mera coincidencia. Según la denuncia, su colocación en estas posiciones estratégicas tenía como único propósito «elaborar y adecuar» requerimientos de servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Esta práctica es cuestionable, dado que permite eludir los procedimientos de contratación más transparentes y competitivos.
Los requerimientos que estas funcionarias preparan son luego enviados a través de correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes. Este personal, a su vez, inserta los requerimientos en el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML. Posteriormente, deben obtener las firmas digitales de los jefes de división para continuar con el proceso.
Una vez que los requerimientos son firmados, son enviados a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, que los deriva a la Oficina de Logística. Aquí, la jefa de dicha oficina, María Carolina Salas Bermejo, junto a Liz Díaz Becerra, gestionan la suscripción y emisión de los contratos correspondientes, como órdenes de servicio u órdenes de compra.
La reciente encargatura de Pablo Armando Paredes Ramos ha desatado una serie de irregularidades que han llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía. El 7 de junio de 2024, a las 7:00 a.m., Paredes citó a todo el personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, así como de las subgerencias de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en la Base Setame, ubicada en el Rímac. El propósito de esta reunión era presentar públicamente a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno como su «asesora de hecho», una figura que, según la denuncia, representa un conflicto significativo debido a su inhabilitación para ser contratada por el Estado.
Mendoza Chirichigno no solo está inhabilitada, sino que también tiene un historial complicado, con múltiples procesos penales en curso por corrupción de funcionarios. A pesar de estas serias restricciones, ha estado ejerciendo una influencia notable dentro de la MML, dando órdenes y directrices a los jefes de las divisiones de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.
El papel de Mendoza en esta estructura parece estar alineado con intereses particulares, ya que se alega que su objetivo es crear «necesidades» que justifiquen contrataciones con proveedores cercanos a su círculo de amistad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la posibilidad de corrupción dentro de la MML.