En el centro de la controversia está la relación de la MML con la concesionaria Innova Ambiental, una empresa encargada del manejo de residuos sólidos en la ciudad. A pesar de la finalización de su contrato el 30 de mayo de 2024, las acusaciones sobre favoritismo y prácticas opacas han persistido, incluyendo la utilización de la modalidad de contratación directa para beneficiar a ciertos proveedores.
El papel de Pablo Paredes Ramos
Desde que asumió la dirección de la GSCGA, Paredes Ramos ha sido objeto de múltiples señalamientos. Según denuncias, su gestión ha estado marcada por retrasos en la entrega de documentación a las investigaciones relacionadas con Innova Ambiental, además de un supuesto direccionamiento en los procesos de contratación.
La denuncia penal presentada en su contra también incluye a otros funcionarios municipales:
- Ana del Carmen Mendoza Chirichigno, quien, a pesar de estar inhabilitada para trabajar con el Estado, ha ejercido como una asesora de facto con influencia directa sobre decisiones clave.
- María Carolina Salas Bermejo, Jefa de la Oficina de Logística, presuntamente involucrada en irregularidades en los procesos de adquisiciones.
- Lidia Carmen Burgos Rodríguez, administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coaccionar a empleados logísticos para fomentar contrataciones directas.
- Liz Díaz Becerra, Jefa de la Oficina de Adquisiciones, quien también ha sido señalada por su rol en procesos irregulares.
- Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa, especialistas en logística, presuntamente colocadas en posiciones estratégicas para facilitar prácticas irregulares.
Paredes Ramos habría utilizado su influencia para consolidar un esquema que, según la denuncia, priorizaba intereses privados sobre el bien público. Este entramado se sustentaba en amenazas laborales y un control centralizado de áreas críticas, como logística y servicios ambientales.
Innova Ambiental: De concesionaria clave a eje de controversia
Innova Ambiental, encargada de la operación de infraestructuras como los rellenos sanitarios de Portillo Grande y El Zapallal, enfrenta un escrutinio sin precedentes. Durante los 29 años que trabajó con la MML, se le acusa de haber explotado bienes municipales para generar ganancias millonarias, dejando las instalaciones en estado deplorable tras el término del contrato.
El caso más notorio es la clausura del relleno sanitario Portillo Grande el 29 de mayo de 2024 por razones de insalubridad, lo que confirmó las denuncias de vecinos y activistas medioambientales. A pesar de estas acciones, la MML ha sido señalada por su aparente interés en mantener a la concesionaria operando en la capital, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios ocultos detrás de esta relación.
Por su parte, Innova Ambiental ha solicitado la actualización de su Registro Autoritativo EO-RS-00073-2020, argumentando la devolución de las infraestructuras a la Municipalidad. Sin embargo, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) ha rechazado algunas de estas solicitudes, enfatizando que la evaluación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) aún está en curso.
Reubicaciones estratégicas y un patrón preocupante
La llegada de Paredes Ramos a la GSCGA coincidió con el traslado de Giuliana Haggenmiler y Karina Blaz, especialistas en logística, a posiciones dentro de su nueva gerencia. Según las denuncias, estas funcionarias se encargaron de diseñar requerimientos específicos para justificar contrataciones directas, lo que elude los procedimientos competitivos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Los requerimientos eran enviados por correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes.
Este personal los ingresaba al Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML, obteniendo las firmas digitales necesarias.
Finalmente, los requerimientos eran procesados por la Subgerencia de Servicios a la Ciudad y derivados a la Oficina de Logística, donde María Carolina Salas Bermejo y Liz Díaz Becerra gestionaban los contratos finales.
Estas prácticas, bajo la dirección de Paredes Ramos y la influencia de Ana Mendoza Chirichigno, evidencian un patrón de corrupción que habría beneficiado a proveedores cercanos a ciertos funcionarios municipales.
El deterioro en la gestión de la limpieza pública ha generado indignación entre los vecinos de Lima. La acumulación de basura en el Centro Histórico y otros distritos refleja una crisis sanitaria que afecta directamente la calidad de vida. Los ciudadanos, organizados en colectivos, han solicitado respuestas claras y acciones concretas, incluyendo movilizaciones frente a la Municipalidad y el MINAM.
La remoción de Mariana Jiménez Jara, exgerente de Servicios a la Ciudad, también ha sido motivo de controversia. Su destitución, según documentos filtrados, favoreció a Innova Ambiental al eliminar a una funcionaria que había actuado enérgicamente contra la concesionaria.
Una crisis en busca de soluciones
El caso de Innova Ambiental y las denuncias contra Pablo Paredes Ramos representan una encrucijada para la MML. La corrupción no solo mina la confianza en las instituciones públicas, sino que también repercute en los servicios esenciales que los ciudadanos esperan recibir.
Las investigaciones en curso deben ser respaldadas por mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, es imperativo reformar los procesos de contratación y supervisión dentro de la Municipalidad para evitar que situaciones similares se repitan.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas concretas. ¿Será este el inicio de un cambio en la gestión pública o solo otro capítulo más en una larga lista de escándalos?
