Se menciona últimamente el sensacionalismo cuando intentamos informar una noticia o un hecho que impacta nuestra sociedad. Lamentablemente no podemos ser mezquinos a la terrible realidad que afrontamos desde que asumimos nuestro rol de periodista y, no obstante, todos aquellos que de alguna manera salen adelante y que se ven intimidados o vulnerados por la inseguridad y el constante golpe a nuestra integridad.
Guardamino no mato, no robó y mucho menos realizó acciones negativas contra la comunidad de Quipan. Al contrario, defendió los derechos de sus representados con arduo trabajo e investigaciones que, al día de hoy, siguen siendo inconclusas.
Y no, no es una noticia sensacionalista poner en la palestra a una persona que no debió morir como pasó con Santiago Guardamino. Un hombre que es padre y deja huérfanos a sus hijos y una viuda que busca respuestas. Todo recae en un solo responsable que desde la comunidad de Quipan, los familiares y las investigaciones lo testifican.
¿Por qué matar a una persona justo un día antes que fuera a declarar al Ministerio Público?
Las cosas en la comunidad de Quipan ya no estaban bien, el mismo Guardamino lo advirtió. Se lo advirtió a su padre y a su esposa, pero el compromiso con su gente seguía intacto.
En ese fatal día ya venían amenazando a Guardamino que cesara las investigaciones contra la empresa Argüelles, sin embargo, continuó hasta esa noche que silenciaron su voz, pero su trabajo quedó en manos del Ministerio Público.
El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación que colocó en el centro de la polémica a Pedro Guardamino Campos, padre del dirigente asesinado. Pedro presentó una denuncia contra empresarios, exfuncionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente, a quienes acusó de delitos como homicidio calificado, falsificación de documentos y usurpación agravada.
Entre los principales señalados figuran:
- Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio de Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC.
- Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de la misma empresa.
- Abel Cruz Mosquera Ortiz, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán.
- Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente.
- Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.
La denuncia sostiene que estos actores se coludieron para apropiarse ilegalmente de 10,000 hectáreas de tierras comunales mediante la falsificación de documentos, simulación de ventas y sobornos a funcionarios públicos.
Uno de los puntos más críticos del caso es la adquisición fraudulenta de tierras comunales. Según la denuncia, el 12 de diciembre de 2016, Karen Pasco Flores compró 10,000 hectáreas por un precio irrisorio de 600,000 soles, a pesar de que su valor real ascendía a más de 5.5 millones de soles. Esta transacción se habría realizado con documentos falsificados y la complicidad de Abel Cruz Mosquera, quien entonces presidía la comunidad.
El objetivo era desarrollar el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi, un vertedero de residuos sólidos que desde su construcción ha generado severos daños ambientales y afectado la salud de los residentes. Guardamino lideró múltiples denuncias contra Industrias Arguelles, acusándola de operar sin cumplir con los estándares legales y de haber causado contaminación en las fuentes de agua de la comunidad.
El asesinato: Silenciar a un líder incómodo
El 20 de marzo de 2024, Santiago Guardamino fue asesinado a pocas horas de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Este testimonio, clave para su denuncia de nulidad del acto jurídico que permitió la apropiación fraudulenta de las tierras, podría haber comprometido gravemente a Industrias Arguelles y sus socios.
La Fiscalía considera que el asesinato fue premeditado y directamente relacionado con su activismo. El hecho resalta las amenazas que enfrentan los líderes comunales en su lucha por defender sus territorios frente a intereses económicos y políticos.
