Los trabajadores y los proveedores de la constructora china Synohidro denunciaron al consorcio y anunciaron una serie de plantones contra la cuestionada empresa. Denuncian que la empresa china los estafó, dejó impagos a miles de trabajadores y colocó al borde de la ruina a cientos de proveedores, muchos de ellos jóvenes emprendedores peruanos. Como sabemos, la empresa asiática viene operando en nuestro país a través de algunas empresas estatales, las cuales participan en diversas licitaciones de gran envergadura; por ello queremos poner de conocimiento a la opinión pública, los graves hechos de corrupción que viene propiciando dicha compañía, que aprovechándose de los nexos con los canales oficiales, fue convocada para ser parte del proceso de la construcción del Hospital San Ignacio II-Cajamarca. Tras varios meses de haber culminado dicha obra, la empresa china desapareció, dejando en ruinas a miles de trabajadores que estuvieron días y noches en la ejecución del proyecto. Las prácticas corruptas y abusivas de Shynohidro nos ponen en estado de alarma ante los graves antecedentes que viene enfrentando con otras obras realizadas en el país bajo el mismo modus operandi. Sin embargo, dicha empresa continúa operando en nuestro país, ganando licitaciones con el Estado, como la reciente construcción de la carretera Conococha-Huaraz, firmado en julio pasado por el administrador Wilfrido Ñaui y el representante de la “Odebrecht” china, Zhaogu Yang. Por tal motivo, alertamos a los trabajadores y empresarios de la comunidad peruana a no dejarse estafar por la empresa asiática, sabiendo que en su prontuario ha demostrado un patrón sistemático de incumplimiento de pagos a proveedores locales y trabajadores, quienes viven el día a día y dependen únicamente de sus salarios para sobrevivir. Este comportamiento ha llevado a muchas empresas peruanas a enfrentar serios problemas financieros, poniendo en riesgo el sustento de miles de familias. Dicho todo esto, es inconcebible que la empresa de capitales chinos pueda seguir actuando con total desfachatez, pisoteando derechos y leyes nacionales sin que nadie mueva un dedo para frenar su abusivo proceder.
La justicia y la equidad deben prevalecer, y es hora de exigirles a las compañías extranjeras (sobre todo a las que arrastran antecedentes tan negativos en otros países), a actuar con la misma integridad y el mismo respeto con el que actúan las compañías peruanas en el Perú y los consorcios chinos en la República Popular China.
Entrevista con Marco Jharold Sáenz Blas, gerente general de la empresa Electro SC S.A.C
Si bien las licitaciones en nuestro país se han devaluado mucho, ya sea por lo engorroso de la normativa de contrataciones o por otras causas, la concentración de licitaciones ganadas por ciertas empresas llama mucho la atención.
Tanto es así que a la buena pro conseguida por el Hospital María Reiche por un monto de 144 millones de soles, hay que agregar los 366 millones obtenidos por el Hospital de Cajamarca y los 66 millones de soles adjudicados al Hospital de Calca en el Cusco.
Preguntado el empresario Marco Jharold Sáenz Blas por las demoras en la ejecución de las obras, el hombre que bautizó a Synohidro como el Odebrecht chino nos aproximó a todas las cutras que rodean a los procesos peruanos:
En esto tiene mucho que ver el presunto apoyo a Synohidro del actual director de Proyectos de Inversión, Eloy Durán Cervantes, y los miembros del comité de selección nombrados por él.
¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa china Sinohydro?
Consorcio chino, donde la empresa principal es Sinohydro, a la cual hemos bautizado como la Odebrecht china, porque controla casi el ciento por ciento de las licitaciones con el Estado. Y como en casi todos los casos donde una empresa tiene la sartén por el mango, un día decidió no pagarles ni a los trabajadores ni a los proveedores.
¿En qué consiste, exactamente, el trabajo realizado por ustedes para ellos?
Nosotros hemos hecho el trabajo de instalación de equipos de media tensión, que son los transformadores y las celdas del Hospital de Salud San Ignacio, en la frontera de Cajamarca. Nosotros terminamos el trabajo y, sin motivo aparente, se negaron a pagarnos por la obra realizada, a pesar de haberles cursado una serie de cartas notariales. Y esa negativa tiene más de un año de existencia.
¿Cuál es el monto que les adeuda el consorcio de origen asiático?
Un cifra que asciende a los 670 mil soles.
¿Cómo llegan a trabajar con ellos?
Como a varias empresas de la región, nos invitan a participar en una licitación y la ganamos con el nombre de Consorcio Salud San Ignacio. Todo dentro de las características del proceso.
Sinohydro: la empresa china que enfrenta graves cuestionamientos en el Perú y en el Ecuador
A fines de 2022, la Fiscalía del Ecuador allanó las oficinas de la empresa de capitales chinos en el marco de un escándalo de corrupción que salpica al expresidente Lenin Moreno. Desde 2018, dicha empresa también tiene una importante presencia en nuestro país y ha tenido más de una controversia en este: en la Región Piura dejó un paupérrimo avance de obras en una carretera y en la Región Huancavelica es señalada como la responsable de los retrasos en la construcción del hospital regional.
Cuando a fines de 2018, la empresa china comenzó a hacerse de millonarios contratos en el Perú, ya se había ganado -para bien o para mal- un nombre en la región; en el Ecuador, por ejemplo, la consideraban la mayor constructora del país. Pero la firma no sólo era protagonista de las más importantes mega obras en el vecino del norte, también aparecía frecuentemente en sus páginas judiciales. El primer escándalo en el que se vio involucrada la empresa fue un caso de corrupción conocido como “Arroz verde”, una investigación periodística que descubrió que había hecho aportes irregulares al movimiento Avanza País para sus campañas entre 2012 y 2016.
Luego llegaron otros escándalos: la mañana del 7 de septiembre de 2018, los trabajadores de la empresa china fueron sorprendidos en su edificio de Quito por una orden de allanamiento conseguida por la Fiscalía de ese país. El objetivo de las autoridades fiscales era recoger información sobre la construcción de una hidroeléctrica de más de 2,000 millones de dólares, un contrato conseguido por la empresa china en un lejano 2009.
