Cuando la empresa china Sinohydro empezó a hacerse de millonarios contratos en el Perú, a fines del 2018, ya se había ganado un nombre en la región. En Ecuador, por ejemplo, la consideraban la mayor constructora del país. Pero la firma no solo era protagonista de las más importantes megaobras en el vecino del norte; también aparecía frecuentemente en sus páginas judiciales. El primer escándalo en que se vio involucrada la empresa fue un caso de corrupción conocido como “Arroz Verde”, una investigación periodística que descubrió que había hecho aportes irregulares al movimiento Alianza PAIS para sus campañas, entre el 2012 y el 2016.
Luego llegaron otros escándalos. La mañana del pasado 7 de septiembre, sus trabajadores fueron sorprendidos en su edificio de Quito por una orden de allanamiento conseguida por la Fiscalía de ese país. El objetivo de las autoridades era recoger información sobre la construcción de una hidroeléctrica de más de 2,000 millones de dólares, un contrato que había obtenido la firma china en 2009.
La investigación involucra al expresidente Lenin Moreno en una trama de favorecimientos, offshores y sospechosas triangulaciones de dinero. Y aunque no hay detalles de cómo está armando la fiscalía ecuatoriana este rompecabezas, un informe de la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional de ese país –su poder legislativo– da luces sobre el asunto.
Precisamente, Sinohydro habría desembolsado un porcentaje importante del contrato de la hidroeléctrica para pagarle a empresarios que nada tenían que ver oficialmente con el acuerdo con el Estado ecuatoriano. Los beneficiarios resultaron ser personas cercanas al exmandatario, según se lee en un reciente informe de la comisión.
A las sombras de corrupción hay que sumarles la deficiencia de las obras en la hidroeléctrica. “Las fallas y fisuras presentes en la infraestructura de la planta no garantizan la vida útil de la central, estimada en 50 años, ni permiten garantizar las condiciones óptimas para su operación comercial”, señala la comisión. En Perú, como veremos, las condiciones en las que trabaja Sinohydro también han sido cuestionadas por la Contraloría.
La firma china es una de las constructoras que más fortuna ha tenido en las licitaciones peruanas en los últimos cinco años. Solo en este gobierno, ha ganado contratos públicos por más de S/967 millones. Pero la herencia viene desde diciembre del 2017. A partir de esa fecha, el monto de los contratos adjudicados asciende a S/4,4 mil millones. Los problemas con la empresa –que pertenece al gigantesco Grupo Powerchina–, han estado a la orden del día.
EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN
En el Perú, Sinohydro opera con distintas razones sociales: Sinohydro Corporation Limited sucursal del Perú y Sinohydro Bureau 8 Co. La primera ganó su primer contrato público en diciembre del 2017. Ese año, la firma china se había hecho de un millonario contrato para la construcción de la primera hidrovía de la Amazonía peruana. Para ello, se había consorciado con Construcción y Administración S.A (CASA), una de las firmas investigadas en el Club de la Construcción, un grupo de compañías que, entre el 2011 y 2014, concertaron para repartirse la adjudicación de obras públicas. Estos acuerdos se efectuaban a cambio de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por supuesto.
De hecho, el portal Convoca denunció que representantes del consorcio “tuvieron acceso privilegiado al Ministerio de Transportes, que debe dar una opinión en la evaluación de los sobres presentados por los postores, en días decisivos del proceso de adjudicación”. La obra se encuentra paralizada desde el 2020 por conflictos con las comunidades.
Ese mismo 2017, Sinohydro Bureau 8 Co volvió a hacer dupla con otra firma investigada por el Club de la Construcción, Constructora Malaga Hnos, para la obra de “afianzamiento del reservorio Poechos”, en Piura, un contrato por más de S/139 millones. El año pasado, al gerente general de esta compañía se le cambió la prisión preventiva por comparecencia con restricciones.
Sinohydro volvió a hacer dupla con Málaga Hermanos un año más tarde y fueron seleccionadas para el mejoramiento de la carretera Canchaque-Huancabamba, en Piura. El monto del contrato ascendía a más de S/430 millones. En diciembre del año pasado, sin embargo, el consorcio solicitó a Provías que se resuelva el contrato, ante la imposibilidad de renovar su póliza de seguro.
Lo grave del asunto es que, desde que iniciaron las obras el 2018 hasta fines del año pasado, el avance físico de esta solo había sido del 31,5%, a pesar de que los adelantos se habían hecho desde 2019, como alertó una nota de Radio Cutivalú. Ahora, los vecinos de Huancabamba deberán esperar al 2023 para ver el reinicio de la construcción.
EL SUR DE SINOHYDRO
La suerte le ha sonreído a la firma china en Ayacucho. El gobierno regional le otorgó tres contratos al hilo solo entre octubre y diciembre del 2018 por un total de S/ 241 millones. Eran los últimos meses en el poder de Jorge Sevilla Sifuentes, gobernador que llegó al sillón regional de la mano de Alianza para el Progreso (APP). Esta vez, la razón social usada por la constructora china fue Sinohydro Corporation Limited sucursal del Perú.
En junio del 2019, Sinoydro –consorciada con CMO Group SA– volvió a ganar un contrato, esta vez del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), por cerca de S/240 millones de soles. El objeto del acuerdo era la mejora de la infraestructura del Hospital Regional de Huancavelica Zacarías Correa.
La obra ha sido cuestionada en dos informes de la Contraloría General de la República.
La construcción parecía ir por buen camino, pero desde febrero de este año empezó a retrasarse. En abril pasado los auditores detectaron la ausencia de “personal clave” de la empresa supervisora y de la contratista (el consorcio). Sobre esta última, indicaron en el informe: “se observó que este último viene disminuyendo progresivamente la mano de obra y por ende la ejecución de las partidas contractuales”.
Pero no solo era la mano de obra. El consorcio tampoco tenía trabajando en el lugar al gerente de obra, al ingeniero de campo ni a los especialistas en estructuras y arquitectura. Los especialistas en seguridad y salud del trabajo también brillaban por su ausencia, lo que exponía a todo tipo de riesgos a sus obreros. “Lo que dice Contraloría es cierto, ha habido falencia en contar con algunos profesionales. Y por eso han sido multados”, confirma Carlos Cantorín Camayo, coordinador general del Pronis.
Cuando los auditores ingresaron al lugar donde se vienen llevando a cabo los trabajos, los obreros no tenían el material completo de seguridad y había reflectores colgados sin estar debidamente asegurados.
Otro grave hecho alertado por Contraloría es que las instalaciones eléctricas para la iluminación y los tomacorrientes eran deficientes y no cumplían “con lo exigido en la normativa aplicable”. Lo mismo ocurría con los ductos de concreto que debían instalarse bajo tierra.
En julio, además, advirtieron que la empresa había incumplido lo acordado en el estudio de impacto ambiental al haber acumulado desmonte en los terrenos aledaños a la obra.
A inicios de este mes, el Pronis esperaba evaluar –documentación mediante– si la empresa había incurrido en un segundo retraso en las obras. Esto podría haber determinado que la entidad estatal resuelva el contrato o aplique una intervención económica. Cantorín dice que hubiese optado por lo segundo, para garantizar la ejecución de la obra. Pero antes de que eso pasara, fue el consorcio el que los sorprendió con una notificación en la que pedían ellos mismos resolver el acuerdo.
Aducían, entre otras cosas, que no tenían el expediente técnico completo, que no contaban con licencia de Osinergmin para ciertos trabajos y reclamaban algunos pagos. En el Pronis rechazan la postura del consorcio. Admiten, sí, que hay algunas deficiencias que la obra arrastra desde sus orígenes, de fines del 2019. Aún así, dicen, ninguna de estas es causal de resolución. “Lo que ellos han tratado de presentar es una resolución injustificada y no lo van a poder defender en el proceso arbitral”, advierte Cantorín.
El Pronis aún tiene que lidiar con el mismo consorcio, pues en noviembre del 2019 firmaron un contrato por más de S/97 millones para refacciones en el hospital de Espinar, en Cusco. “He pedido una evaluación concreta de esta otra obra. Tiene un avance sostenido, pero sí ha habido problemas que los anteriores funcionarios no les ha dado la gana de atender”, dice el jefe del Pronis.
La dupla Sinohydro-CMO también se hizo de otro contrato otorgado por el Gobierno Regional de Cajamarca por S/103 millones, para la construcción del “saldo” de un hospital; y uno más por S/138 millones, en marzo del 2021, firmado con el gobierno regional de Junín para la ampliación de los servicios de un nosocomio en Chupaca.
JUNÍN Y LA ERA CASTILLO
En Junín, Sinohydro también ha encontrado una mina de oro. En diciembre del año pasado, la compañía asiática recibió el encargo para el “mejoramiento de los servicios” del Hospital de Apoyo de Pichanaki. El contrato es por casi S/122 millones. Y en abril de este año, volvió a ganar otra licitación, por S/128 millones, para la ampliación de los servicios de un centro de salud en Huancayo.
Ambos contratos fueron firmados por el director de finanzas del gobierno regional, Luis Alberto Salvatierra, recordado por presentar, junto a Vladimir Cerrón, un habeas corpus para evitar la captura de los integrantes de los “Dinámicos del Centro”. También ha estado en la mira de la Contraloría, como hemos relatado en este informe.
Pero el contrato más jugoso es por el aeropuerto de Chinchero. Son más de S/1,792 millones que el contrato tiene estimados para el consorcio Natividad Chinchero, conformado por cuatro empresas, entre ellas Sinohydro, con igual participación. El acuerdo fue firmado el 27 de julio del año pasado, último día de la gestión de Francisco Sagasti.
La Contraloría también ha advertido retrasos en estas obras y responsabiliza a la contratista de esto. “El principal problema es que aún no se aprueba el informe favorable para la construcción del terminal de pasajeros en el dique sur del aeropuerto (…) El contratista no logró que el supervisor le apruebe este componente”, informó el diario La República hace dos semanas.
La suerte de Sinohydro continuó con la llegada del nuevo gobierno, que se subió a la ola china iniciada por gestiones anteriores.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, a través del proyecto de Escuelas Bicentenario, le dio el encargo a la firma china de construir 14 colegios que deberán ser entregados a fines del 2023. El contrato fue por más de S/65 millones y bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Sinohydro también fue elegida por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios bajo el mismo esquema, para obras en Ica y Piura, por más de S/370 millones.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
