Sodalicio

Sodalicio: El caso Murguía

Por: 11.12.2021

La Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, del Congreso de la República del Perú, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, que estuvo en funciones desde mayo de 2018 hasta junio de 2019, elaboró un extenso informe preliminar de más de 1500 páginas. Si bien los análisis, conclusiones y recomendaciones allí incluidos no tienen aún valor oficial, dado que hasta ahora ningún Congreso ha debatido el tema en el Pleno, las declaraciones de testigos y víctimas permiten un conocimiento más detallado de los hechos en los casos allí abordados. Y en el caso del Sodalicio permiten, por ejemplo, conocer más detalles sobre el primer caso de pederastia que fue revelado a la opinión pública a través de medios de prensa, a fines de 2007: el del sodálite consagrado Daniel Murguía Ward.

La acusación fiscal contra Murguía aparece descrita así en la sentencia definitiva sobre este caso, emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema el 30 de junio de 2011:

«…el veintisiete de octubre del dos mil siete, a las ocho horas aproximadamente, se intensificó el accionar policial en las inmediaciones de la Plaza San Martín, toda vez, que se tuvo conocimiento que una persona de aspecto extranjero estaría dedicándose a la captación de menores de edad ofreciéndoles dinero, a fin de llevarlos a hoteles de la zona, desnudarlos, hacerles tocamientos indebidos, fotografiarlos y sostener relaciones sexuales, en tales circunstancias se percatan que el encausado Daniel Bernardo Murguía Ward se encontraba conversando con el menor agraviado en actitud sospechosa, para luego dirigirse ambos al hotel Las Palmeras, ubicado en el jirón Carabaya número diez diecisiete Cercado de Lima, procediendo a seguirlos; es así que al ingresar al hotel antes mencionado, fueron atendidos por el procesado Lucio Alania Alcedo, en su calidad de cuartelero del hotel en referencia, quien manifestó que Daniel Bernardo Beltrán Murguía Ward se encontraba con el menor agraviado, en el interior del cuarto signado con el número ocho; por lo que al irrumpir los efectivos policiales en la habitación encontraron al procesado Daniel Bernardo Beltrán Murguía Ward con una cámara digital en la mano y al menor agraviado semidesnudo con los pantalones abajo, señalando éste que Murguía Ward lo llevó con engaños al hotel Las Palmeras, lugar donde le practicó el sexo oral».

El parte policial señala adicionalmente que en la cámara fotográfica se encontraron, además de las fotos del niño involucrado, las fotografías de otros dos menores de edad.

El Sodalicio reaccionó raudamente, emitiendo un comunicado el 29 octubre, donde decía, entre otras cosas:

«Como consecuencia de esta situación hasta ahora totalmente desconocida para nosotros, que consideramos completamente inaceptable, y que ha sorprendido y golpeado dolorosamente a toda nuestra comunidad, habiendo examinado la seriedad de la denuncia, queremos comunicar que el Sr. Murguía ha sido INMEDIATAMENTE EXPULSADO de nuestra institución».

¿Asunto arreglado? Aparentemente sí. Pero ¿qué es lo que sucedió entre que se dio conocer la captura de Murguía y se emitió el comunicado?

El P. Jean Pierre Teullet, exsodálite, declaró ante la Comisión De Belaúnde que en ese entones se habían reunido Erwin Scheuch, Superior Regional del Perú; el P. Jaime Baertl, miembro del Consejo Superior en calidad de asistente de espiritualidad; el mismo Teullet, miembro del Consejo Regional del Perú, y otro miembro más del consejo Superior para ver que decisión tomaban. Si mal no recuerdo, mi hermano Erwin Scheuch se encontraba en ese momento en Roma después de haberme hecho una visita relámpago en el pueblo de Kirrweiler en Alemania, donde yo residía entonces, por lo cual su participación en la reunión debe haber sido vía teléfono o a través de algún otro medio a distancia. Confirma este dato que el P. Teullet estaba encargado temporalmente de la comunidad sodálite Madre de la Fe, en la calle Marconi en San Isidro, pues oficialmente el Superior de esa comunidad era Erwin Scheuch.

Retomando el hilo del relato, mientras que los “reunidos” estaban a favor de expulsar a Murguía, Luis Fernando Figari, entonces Superior General del Sodalicio, a través del teléfono se manifestaba en desacuerdo con la decisión. «Al final evidentemente no quedó otra —señala Teullet—, porque claro, ya había un bien superior que se llamaba “la fama de la institución”, que para Figari era importante. Entonces él accede a esa cuestión, pero por Figari no lo hubiéramos botado».

Es en la comunidad sodálite Madre de la Fe donde estaba alojado Daniel Murguía, pues éste residía entonces habitualmente en una comunidad sodálite en Santiago de Chile. Teullet asegura que no se dio cuenta de que el día 27 de octubre en la noche Murguía no había llegado a la comunidad y recién se enteró cuando el P. Jaime Baertl lo llamó al día siguiente al mediodía para informarle que Murguía estaba preso. Teullet daba por hecho que Murguía se había ido temprano a la Misa del Señor de los Milagros en el centro de Lima y por eso estaba ausente de la comunidad.

Fue entonces que entra a tallar Eduardo Regal, entonces Vicario General del Sodalicio, el segundo en la cadena de mando después del Superior General, que era Figari.

Según el exsodálite Renzo Orbegozo —quien en ese momento se encontraba en proceso de salida del Sodalicio—, Regal llamó al Superior Regional de Chile, que era entonces Alessandro Moroni, y le dio la orden de eliminar cualquier material audiovisual de Daniel Murguía que encontrara. La orden iba también dirigida a Gustavo López y a José Salazar —ambos exsodálites que entonces se encontraban a cargo de otras dos comunidades en Chile— «porque aparentemente este señor [Murguía] tenía manejo de pornografía a nivel internacional… “Destruyan todo”, ésa fue la orden», comenta Orbegozo, quien afirma haber recibido esta información de José Salazar.

Sobre estos acontecimientos, Alessandro Moroni declaró el 22 de noviembre de 2018 lo siguiente ante la Comisión De Belaúnde:

«Yo no tengo el recuerdo de que me hayan dado esa orden, o esa disposición. Lo que sí me acuerdo, perfectamente, es que revisamos sus cosas como para devolverlas, y en ese revisar sus cosas para devolverlas no encontré nada raro, ni eliminé nada. […] No había ninguna computadora, porque como él había viajado al Perú se llevó su laptop, su notebook a Perú y no había ni computadora, ni disco duro, nada».

Pero en Lima si se había encontrado algo. Y ese algo era material sumamente comprometedor. Según relata el P. Jean Pierre Teullet, entre las pertenencias de Murguía en la comunidad Madre de la Fe había una computadora portátil, una memoria USB y la tarjeta de una cámara fotográfica. Antes de entregar estos objetos a Eduardo Regal, quien los había solicitado e iba a pasar por la comunidad a recogerlos, Teullet decidió revisar el contenido de la memoria. Según declaró ante la Comisión De Belaúnde, «con lo que hay ahí, que se lo entregué a Regal, efectivamente Murguía probablemente debería ir al paredón. Eran cosas muy, muy complicadas». Teullet tuvo la tentación de sacar una copia, por si acaso, pero finalmente la desechó. «..dije pucha, sabes que era tan escabroso que dije: mira, al final ya está en la cárcel. Sabe Dios lo que pasará», asegura.

¿Se trataba de fotos que Murguía solamente tomaba o se veía también a Murguía participando de los actos? Teullet confirmó que también se veía a Murguía participando de esas turbias y oscuras acciones.

A Renzo Orbegozo el P. Jaime Bartl le sugirió posponer su salida para que no se vinculara con el caso de Murguía. Medida prudente, pues el mes anterior se había expulsado del Sodalicio a Germán McKenzie, Superior Regional del Perú, por “falta grave reiterada”, sin que hasta ahora se haya hecho público en qué consistió esa falta. De hecho, en los meses siguientes a la detención de Murguía, varios miembros de la Familia Sodálite comenzaron a sospechar que se trataba también de un caso de abusos sexuales, hipótesis improbable dado que no existe ningún indicio que apunte en esa dirección y tampoco ha aparecido ninguna víctima que señale a McKenzie como abusador sexual.

Lo cierto es que Orbegozo recuerda que el P. Jaime Baertl le dijo entonces: «Nosotros [refiriéndose a él, al P. Gonzalo Len y a Eduardo Regal] hemos tomado el computador de Daniel Murguía. Lo que hemos encontrado es material suficiente como para que él no vuelva a ver la luz del sol nunca más en su vida».

En cuanto a Eduardo Regal, que nunca acudió a la Comisión De Belaúnde aunque se hicieron todos los esfuerzos por citarlo, el 15 de julio de 2016 fue interrogado en el Despacho de la Vigésima Sexta Fiscalía Provincial de Lima en el contexto del caso Sodalicio. En un momento le preguntan:

«Indique usted si cuando tomó conocimiento que Daniel Murguía Ward fue encontrado en un cuarto de hostal con un menor de edad ordenó a Moroni, José Salazar y Gustavo López, quienes eran superiores en Chile, lugar donde vivía Murguía, para que capturen sus bienes y qué destinos se les dio a los mismos».

La respuesta de Regal es reveladora:

«No. En ningún momento ordené o pedí a los mencionados que destruyan los bienes del Sr. Murguía, todo lo contrario, solicité que todos sus bienes se envíen a su madre a través del Sr. Alessandro Moroni, y así se hizo…»

Lo interesante es que a Regal no se le preguntó si esos bienes habían sido destruidos. Termina respondiendo a una pregunta que no se le ha formulado con algo que parece una confesión subconsciente de parte, aunque niegue los hechos.

Sobre los bienes de Daniel Murguía, que debieron ser puestos a disposición de la Fiscalía pero que supuestamente fueron entregados a la familia, Patricia Murguía, hermana del susodicho, relata lo siguiente en un video que fue mostrado el 22 de octubre de 2015 durante la presentación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz:

«El Sodalicio también confiscó sus pertenencias, las pocas que tenía. Cuando mi madre fue a reclamarlas, no se las quisieron dar. Tiempo después le devolvieron algunas de ellas, pero eso sí, no sin antes usar el cajero electrónico para sacar dinero de la cuenta familiar. Pero a pesar de que de la boca para afuera no querían saber nada de Daniel, no dejaron de visitarlo, llamarlo e ir a verlo en la cárcel. Inclusive cuando salió de la prisión lo siguieron buscando, lo siguieron contactando. A mí esto me queda muy claro: era para un ajuste de lavado cerebral y asegurarse de que él no fuera a decir nada».

Ese ajuste de lavado cerebral habría sido logrado también gracias a la colaboración de José Pflucker, abogado que le asignó el Sodalicio a Daniel Murguía y que estaba vinculado a la institución sodálite, aunque las cuentas por honorarios profesionales —como asevera Patricia Murguía— le fueron remitidas a la madre del acusado.

Finalmente, Murguía fue absuelto unánimemente por la Sala Permanente de la Corte Suprema, cuyo ponente en el caso fue nada menos que por el magistrado Javier Villa Stein, tío carnal de Eduardo Regal Villa. En la resolución que resolvió el recurso de nulidad planteado por el representante del Ministerio Público contra la decisión de segunda instancia que absolvió a Murguía del delito de violación sexual de menor de edad, se argumenta que «el menor de modo reiterado, ante el juez de la causa y luego ante el Colegiado Superior, así como en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, sostuvo de modo uniforme que no fue víctima de tocamiento o agresión sexual; encontrándonos frente a una imputación que no ha persistido en el tiempo, que tampoco ha sido corroborada con prueba idónea; de otro lado, es de relievar que el menor agraviado fue sometido al reconocimiento médico legal número cincuenta y seis trescientos cincuenta y dos – CLS, el cual concluye; que el menor no presenta signos de actos contra natura ni huellas de lesiones traumáticas recientes en sus zonas genitales».

No sabemos las circunstancias que rodearon las evaluaciones e interrogatorios al menor realizadas por el Poder Judicial, ni los motivos que pudieron haber llevado a que el menor dijera en el momento de la intervención policial que se le había practicado sexo oral para luego decir posteriormente en las investigaciones del caso: “No me tocó el poto, no me hizo nada, sólo me tomó las fotos, él tampoco se bajó el pantalón, no me besó”.

Lo que es indiscutible y nadie pone en cuestión es que Murguía hizo que el menor agraviado se bajara el pantalón y le tomó fotos. De este modo, esta resolución del Poder Judicial termina normalizando el abuso, al dar a entender que un desconocido puede llevar a un niño a una habitación cerrada, hacer que se desnude y tomarle fotos, pues mientras no haya contacto físico, ese desconocido podrá ser declarado inocente de delito, aun cuando el sentido común nos dice que allí ha habido abuso sexual de un niño. Daniel Murguía podría haber sido también acusado del delito de pornografía infantil sólo por el hecho de tomar los fotos, pero esa vía no fue seguida ni por la Fiscalía ni por los magistrados del Poder Judicial.

Asimismo, no se tiene información de que se haya investigado el contenido de la cámara para tratar de identificar a los otros dos menores de edad que figuraban en las fotos. Tampoco se sabe que el Sodalicio haya hecho nada para atender al menor agraviado, al contrario de la manera en que sí hubo interés en destruir las pruebas digitales de otros actos similares que habría realizado Murguía, por lo cual nunca sabremos cuántas podrían haber sido sus víctimas ni quiénes eran.

El de Daniel Murguía puede considerarse un caso aislado dentro del Sodalicio, pues, a diferencia de los otros abusadores cuyas víctimas fueron adolescentes o mayores de edad, Murguía habría abusado sólo de niños que, además, no mantenían ninguna vinculación con el Sodalicio. Pero sí hay algo en común que Murguía tenía con otros abusadores: su cercanía a Luis Fernando Figari, capaz de pervertir a sus más allegados, como lo hizo probablemente con Germán Doig. Como señala Patricia Murguía: «Doy fe de la persona que [Daniel] era en el colegio, antes de que fuera capturado por el Sodalicio. Y también doy fe de la persona que es hoy en día. Cualquier cochinada o porquería la aprendió y la acató mientras estaba en el Sodalicio».

Más que las supuestas fechorías de Daniel Murguía, quien era un personaje de segunda fila en el Sodalicio sin puesto de autoridad alguno, lo que resalta en esta historia es el proceder de la organización, que ya desde entonces se manifiesta como una organización criminal, dispuesta a obstruir los esfuerzos de la justicia a como dé lugar a fin de resguardar su imagen institucional.

 

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Murguía, Sodalicio

Exmonjas de congregación fundada por Luis Fernando Figari denuncian abusos

Por: 30.11.2021

Artículo original publicado el 27 de noviembre de 2021 por Elise Ann Allen en Crux

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2021/11/peruvian-ex-nuns-report-abuses-of-power-conscience-inside-order

Traducción del inglés por Martin Scheuch.

“Una Sierva es recia. Quien obedece nunca se equivoca. La voz de tu superior es la voz de Dios. Cuestionar a tu superior es cuestionar a Dios. Nunca debes confiar en nadie fuera de la comunidad. Tu familia es una tentación del demonio”.

Estas son algunas de las frases inculcadas en las mentes de las jóvenes que forman parte de las Siervas del Plan de Dios (SPD), conocidas coloquialmente como las Siervas. Se trata de un grupo de mujeres consagradas fundado en el Perú en 1998 por el laico Luis Fernando Figari.

Figari es también el fundador de otras comunidades laicas: una de varones, el Sodalitium Christianae Vitae (SCV); y otra de mujeres, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR).

Las tres son sociedades de vida apostólica de laicos consagrados. Sin embargo, a diferencia del SCV y de la FMR, las Siervas -conocidas en las medios sociales por sus videos interpretando música- visten el hábito tradicional y tienen un carisma particular de servir a los pobres y necesitados.

En el 2015, los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el best seller ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que incluía los testimonios de numerosos exmiembros del SCV acusando a Figari de diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, incluso contra menores. Así como abusos de poder, de autoridad y de conciencia.

Los miembros denunciaban la cultura interna tóxica y militante en que la autoridad era incuestionable. Los miembros eran sometidos rutinariamente a crítica, humillados públicamente y empujados a sus límites físicos y mentales con el fin de ser “suficientemente recios” para asumir los retos de responder al llamado de Dios.

Figari fue sancionado por el Vaticano en el 2017 y tiene prohibido cualquier contacto con las comunidades que fundó. Mientras tanto, el SCV está pasando por un profundo proceso de reforma que incluye la revisión de sus constituciones bajo la guía de tres delegados nombrados por el Vaticano.

Las ramas femeninas del SCV han estado largo tiempo fuera de los reflectores no obstante las numerosas denuncias de abusos similares dentro de estas comunidades.

Entre 2016 y julio de este año, cerca de 30 exintegrantes de las Siervas, algunas de las cuales dejaron la comunidad en tiempos tan recientes como el 2020, han presentado denuncias ante las autoridades eclesiásticas en Perú, Chile y el Vaticano.

Crux ha podido acceder a varias de estas denuncias.

Entre aquellas que han denunciado están Ángela Cardona, que pasó 16 años dentro de la comunidad; Paola Mattos, que estuvo 17 años; Melanie Taylor, que estuvo 6; Verónica Avilés, que estuvo 7; y Delia Avilés, que estuvo 8 años.

 

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Fundadas con el carisma de servir a los pobres y a los más necesitados, el mantra de las Siervas siempre ha sido: “Si estás cansada, no lo muestres. Muestra siempre una dulce y tierna sonrisa como Santa María”.

Pero según las exintegrantes, esta dulce sonrisa no siempre era sincera y, con frecuencia, fue usada como una máscara para ocultar las consecuencias físicas y emocionales de los abusos de poder y autoridad que fueron moneda corriente dentro de la comunidad.

Muchas de las exintegrantes que denunciaron abusos en las SPD se quejaron de los ejercicios excesivos que las empujaron más allá de sus límites físicos, que causaron en algunos casos lesiones permanentes, con un énfasis excesivo en dietas y en la apariencia física.

Según las exintegrantes, sólo las chicas más bonitas y las que pertenecían a las familias más adineradas le eran presentadas a Figari cuando visitaba sus comunidades y se pasaban semanas ensayando sus platos favoritos antes de que él viniera.

A las mujeres más rollizas les decían cosas como “a Dios no le gusta que seamos gordas” o “la que es gorda no es apostólica” y eran puestas a dietas estrictas sin consultar a un nutricionista. Algunas aseguran que fueron obligadas a hacer ejercicios adicionales o fueron testigos de que se les exigió eso a otras chicas, ocasionando en algunas una serie de problemas de salud, incluyendo anemia.

Una exintegrante que prefirió guardar anonimato por miedo a repercusiones dijo que a las integrantes de la comunidad en Chosica se les exigía anualmente trepar un cerro rocoso para que pudieran rezar en la cima.

No había ningún camino hacia la cima, de modo que a las hermanas se les obligaba a trepar por las rocas con simples zapatos formales de color negro, en lugar de calzado deportivo o botas de excursionismo, y sin ninguna otra forma de protección.

Una vez que alcanzaban la cima, tenían tiempo para la oración, la reflexión y la meditación.

En una ocasión, como cuenta una exintegrante, resbaló y se cayó encima de un cactus, pero aun así se le exigió finalizar la ascensión. Cuando regresaron a la casa de comunidad, su espalda estaba llagada y sangraba.

La hermana dijo que, en todos los años que vivió en la casa de comunidad en Chosica, ni una sola vez la superiora participó de la ascensión. En lugar de eso, con frecuencia, se quedaba en la cama en pijama hasta bien avanzada la mañana.

Las exintegrantes dijeron que fueron reprendidas o recibieron correcciones humillantes delante de toda la comunidad, con la superiora gritando o arrojando objetos. Muchas denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, habiéndoseles dicho cosas como “usa la única neurona que tienes” cuando cometían un error.

Otras denunciaron, además, que hubo manipulación de sus procesos de discernimiento y que se les dijo que manifestar dudas sobre su vocación era equivalente a ceder a las tentaciones del demonio.

Ciertas integrantes también contaron de problemas que tuvieron durante sus años de formación, los cuales, en vez de enfocarse en el estudio y el discernimiento, transcurrieron para ellas como sirvientas personales de la superiora, haciendo de todo: desde limpiar habitaciones hasta planchar velos y lavar ropa interior.

Muchas exhermanas señalaron en sus denuncias el número significativo de integrantes de la congregación que recibían alguna forma de tratamiento psicológico, el cual se inició para la mayoría apenas ingresaron a la comunidad, incluyendo varias que fueron medicadas. Muchas dejaron la comunidad con desórdenes de ansiedad y algunas desarrollaron síndrome de estrés postraumático.

También denunciaron el presunto mal uso de recursos. Señalaron que el dinero destinado a sostener proyectos para los pobres fue, en cambio, invertido en la comunidad. Esto mientras que los hogares de ancianos pasaban meses sin reparaciones básicas y se les proveía solo con los materiales más elementales y baratos.

 

LEALTAD A FIGARI

No obstante los rumores públicos sobre las inconductas de Figari e incluso las sanciones que le impuso el Vaticano el 2017, las exintegrantes de las SPD señalaron que seguía siendo idolatrado por la comunidad.

Paola Mattos, quien denuncia haber sufrido diversos abusos psicológicos, abusos de autoridad y acciones en perjuicio de su salud física mientras vivía en la comunidad, relató que cuando se estaba preparando para una operación quirúrgica -la cual se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que estaban saliendo a la luz las acusaciones contra Figari- se le dijo que este estaba siendo “injustamente perseguido” y que debía ofrecer sus sufrimientos por él.

De manera similar, una vez que las acusaciones fueron públicas y quedó claro que el Vaticano probablemente tomaría acciones contra Figari, Delia Avilés les preguntó a sus superioras si debía deshacerse de la colección de libros de Figari que había en la casa de comunidad.

Como respuesta se le dijo: “Hay que guardarlos, quizás en este tiempo en Roma él se santifique y sea santo. Eso no lo sabemos nosotros”. El diálogo se dio cuando Figari había sido enviado a vivir en Roma en el momento en que los rumores sobre su conducta habían comenzado a circular en el Perú.

Otras exintegrantes denuncian haber oído a hermanas defendiendo a Figari y señalan que las superioras de las Siervas imitaban su estilo autoritario de liderazgo, incluso después de haber sido sancionado.

 

UNA VISITA APOSTÓLICA Y DENUNCIAS REALIZADAS

En el 2016, la primera denuncia contra las Siervas por diversos abusos ingresó en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) en Chile. Fue hecha por una excandidata a las SPD.

Un año más tarde apareció un informe en un periódico chileno, El Mostrador, escrito por una excandidata a las SPD, haciendo un recuento terrorífico de relatos de abusos dentro de la comunidad. Se daban a conocer así estas acusaciones a la opinión pública.

En mayo de 2018, cinco exintegrantes de las Siervas hicieron llegar sus denuncias a Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, haciendo un recuento de sus historias de abusos. Aún no han recibido una respuesta.

En ese momento estas cinco mujeres también informaron a las SPD que habían hecho la denuncia, pero no les revelaron su contenido. Sin embargo, trascurrido un año sin ninguna respuesta, les enviaron el informe completo el 2019. Las SPD respondieron, pero no hubo ningún cambio o investigación.

Varios meses después de la denuncia hecha por las cinco exintegrantes el 2018, varias mujeres pertenecientes a la comunidad en ese entonces -hoy ya no- le escribieron al arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, sobre su creciente preocupación por las conductas dentro de las SPD.

En diciembre de 2018, Cipriani puso en marcha una visita canónica a las SPD, requiriéndoles no mantener ninguna comunicación externa mientras la visita tuviera lugar. A las integrantes se les dijo que, si hablaban de la visita con alguien fuera de la comunidad, incluyendo sus familias, era una violación de su promesa de obediencia.

Los primeros delegados que llevaron a cabo la visita fueron el sacerdote peruano Jose Taminez y la monja peruana María Elena Camones. Sin embargo, Cipriani dejó su cargo cuando la visita no había aún terminado y ahora el obispo auxiliar de Lima, Mons. José Salaverry, es el encargado de llevar adelante la visita junto con la Hna. Camones.

En ese entonces se le dijo a la comunidad que cada una de sus integrantes sería entrevistada como parte de la visita. Sin embargo, las exintegrantes denuncian que este no fue el caso y que a muchas de ellas se les impidió hablar con los delegados, incluyendo a varias que habían confiado los abusos a sus superioras.

La visita terminó abruptamente sin concluir su trabajo poco después de que el nuevo arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, asumiera su cargo en marzo de 2019 y a las hermanas se les dijo que la razón de esto estaba en el cambio de autoridad eclesiástica en Lima. Sin embargo, algunas exintegrantes dijeron que algunos funcionarios de la Iglesia en Lima les comunicaron que otro motivo fue la falta de transparencia de las integrantes y autoridades de las SPD durante las entrevistas.

Algunos meses después, en agosto de 2019, un grupo de 20 exintegrantes de las SPD enviaron un dosier a Mons. Castillo, reseñando testimonios y denuncias de varios abusos. Este dosier fue posteriormente presentado a Mons. Salaverry, que es ahora delegado del arzobispado de Lima para la vida consagrada.

Mons. Salaverry no ha respondido al pedido de comentarios por parte de Crux sobre los resultados de la visita y el estado actual de las SPD.

En junio de 2021, un grupo aparte de siete exintegrantes hizo llegar una denuncia formal a la Oficina Pastoral de Denuncias de Chile y en julio sus denuncias fueron enviadas al Vaticano, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a través del subsecretario del dicasterio, Pier Luigi Nava.

Muchas de las denuncias involucraban a Andrea García, quien ha dejado la comunidad, pero que estuvo a cargo de la formación de las SPD entre 1998 y 2017. Fue Superiora General de la comunidad de 1998 a 2005 y parte del Consejo Superior de 1998 a 2018.

Las ex integrantes también acusan a las Hnas. Carmen Cárdenas, Claudia Duque y Elizabeth Sánchez de diversos abusos dentro de la comunidad.

La misma Hna. Cárdenas fue Superiora General de las SPD desde 2005 hasta enero de 2020. Ambas, ella y la Hna. García, fueron designadas por Figari. La actual Superiora General de las SPD, Natalia Sánchez, fue la primera en ser elegida por las mismas integrantes de la comunidad en el año 2020.

En sus comentarios a Crux, la Hna. Natalia Sánchez, actual Superiora General de las SPD, dijo que desde hace algunos años la comunidad está pasando por “un proceso de reflexión y renovación”.

Parte de este proceso, según ella, fue la primera Asamblea General de las SPD, que tuvo lugar a fines del año 2019.

Durante la asamblea “hemos podido elegir a nuestras nuevas autoridades y replantear nuestro camino en comunidad al servicio de la Iglesia. Reconocemos que es un camino largo en el que aún hay más por profundizar y aprender”, dijo.

Sánchez dijo que la comunidad está promoviendo actualmente varias actividades orientadas a una reforma, incluyendo cursos de entrenamiento sobre varios temas; encuentros y conversaciones con especialistas; desarrollo de protocolos para la prevención e identificación de abusos, según las normas de la Iglesia; un plan revisado de formación, incluyendo la formación de aquellas que ejercen de superioras en las casas de comunidad y de las hermanos a su cargo.

Todos estos pasos, dijo Sánchez, “son necesarios para la práctica saludable del discernimiento comunitario que promueva la participación de las hermanas y la vida fraterna”.

Dio fe de la de la “total disposición” de las SPD para cooperar con las autoridades competentes, “para que se esclarezca cualquier hecho que sea materia de denuncia y se tomen las medidas pertinentes y así prime y se garantice la verdad y justicia que tanto necesitan las personas que hayan sido afectadas y nuestra Iglesia”.

Sánchez no reveló si se ha iniciado una investigación sobre las Hnas. Cárdenas, Duque y Sánchez.

A día de hoy, Delia es la única que ha oído algo del Vaticano después de enviar una denuncia personal al Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un correo electrónico de diciembre de 2020.

Precisamente en este mes en curso, casi un año después de contactar a Mons. Ladaria, Delia recibió un correo de un funcionario de la así llamada Congregación para Religiosos solicitando una dirección a la cual poder enviar una carta formal del dicasterio.

En la carta, firmada por la Hna. Carmen Ros Nortes, subsecretaria de la Congregación para Religiosos, se le informa a Delia que su denuncia de diciembre de 2020 había sido recibida y que “ha sido objeto de un análisis detenido y llevado a la autoridad competente para solicitar una respuesta al respecto”.

“Por el bien de todos y de la Iglesia, se ha pedido a las mismas autoridades que actúen, superen y corrijan los aspectos impropios e incorrectos que se encontraron en el gobierno, en la formación y en la constatación de eventuales actos de abuso de poder, de violencia psicológica o de manipulación de la conciencia”, decía la Hna. Ros Nortes en la carta.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica rechazó un pedido de Crux solicitando comentarios sobre el estado de las SPD y si se ha abierto una investigación.

El 16 de noviembre, las SPD anunciaron en su página de Facebook que a inicios de este mes tuvieron un encuentro virtual con todas sus integrantes en el mundo para poner en marcha el protocolo de prevención de abuso, en el contexto del “tiempo institucional de revisión, reflexión y renovación”.

Pero para las ex integrantes, muchas de las cuales dejaron la comunidad en los últimos cinco años, gestos como estos son demasiado tardíos y existen dudas sobre si puede tener lugar una reforma significativa cuando el liderazgo de la comunidad aún está compuesto por integrantes de la “vieja guardia” formadas en tiempos de Figari.

Dado que muchas de las exintegrantes han dejado la comunidad en época muy reciente, esto significa que los abusos que experimentaron dentro de la comunidad seguían ocurriendo incluso después de que Benedicto XVI y el Papa Francisco intentaron reformar la vida consagrada, y después de que se hicieran públicos los escándalos que involucraban a Figari y a varios otros fundadores de movimientos eclesiales.

Actualmente hay una presión enorme dentro del Perú para disolver el SCV y toda la Familia Sodálite. 

Aún ha de verse lo que sucederá con estas comunidades, pero una cosa es cierta: que independientemente de su destino, son un ejemplo notorio del trabajo que aún necesita hacerse en el arduo y progresivo esfuerzo de reformar la vida consagrada en la Iglesia católica.

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Abusos, pier figari, Siervas del Plan de Dios, Sodalicio

Saqueo y explotación en el Sodalicio

Por: 6.11.2021

28 de octubre de 2016, horas de la mañana en Frankfurt, en una lujosa suite doble del Grand Westin Frankfurt Hotel, que cuesta 520 euros la noche. He recorrido unos 125 km en tren desde mi domicilio en el pequeño pueblo de Kleinfischlingen para encontrarme con Ian Elliott, experto internacional de origen irlandés contratado por el Sodalicio, a fin de conversar sobre mi caso y ver cuánto se me daría como indemnización en mi calidad de víctima de la institución.

Cuando el hilo de la conversación llegó al tema de las reparaciones, Elliott me dijo que el Sodalicio había determinado una suma para ser repartida entre todas las víctimas reconocidas por la institución. Aunque en ese momento no me quiso decir cuál era el monto, dos años más tarde, gracias a las declaraciones de Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, ante la Comisión De Belaúnde en el Congreso de la República (noviembre de 2018), se sabría que el monto era de alrededor de 4 millones de dólares, a ser repartidos entre 67 víctimas del Sodalicio.

Pero aun no sabiendo en ese entonces a cuánto ascendía esa suma, le pregunté a Elliott si había averiguado a través de documentos contables el monto del patrimonio del Sodalicio, para que, como experto profesional en abusos, hiciera la recomendación de cuánto se debía pagar en concepto de indemnizaciones para reparar el daño ocasionado a las víctimas de manera justa. Ciertamente, no había averiguado nada, y tampoco le interesaba hacerlo. Le bastó con le dijeran el monto destinado a reparaciones pues, como se luego se inferiría de su labor en la comisión de expertos convocada por el Sodalicio, Ian Elliot nunca estuvo del lado de las víctimas sino del lado de la institución que lo había contratado, a fin de realizar un efectivo control de daños.

Y de eso mismo se encargaría también el Sodalicio, asegurándose —mediante la implementación de un sistema de prevención, apoyo y denuncias absolutamente inútil e ineficaz— de que no aparecieran nuevos casos en el futuro, es decir, dificultando y obstaculizando —en la medida de lo posible— cualquier acción que pudiera tomar una eventual nueva víctima de abusos, desalentando cualquier denuncia en vistas de las consecuencias y obligando a las víctimas que aceptaron las reparaciones a guardar silencio sobre lo ocurrido. De hecho, cinco víctimas no recibieron nada porque se habrían negado a aceptar las condiciones impuestas por el Sodalicio a través de sus abogados.

Si bien hubo una víctima que habría recibido US$ 250,000 de indemnización, la mitad habría recibido sumas inferiores a los US$ 30,000, que difícilmente cubren todos los daños y perjuicios sufridos en diferentes rubros, con lo cual no se puede hablar de una reparación justa.

Ahora que Paola Ugaz, en un reportaje publicado el 3 de noviembre en La República, estima en mil millones de dólares las utilidades de los negocios del Sodalicio en el Perú, se puede legítimamente especular que el monto que se destinó a las reparaciones de las víctimas no agota lo que efectivamente podría pagar el Sodalicio. Ese monto no se habría establecido en base a estándares internacionales de justicia, teniendo en cuenta los daños ocasionados a las víctimas, sino más bien calculando lo mínimo que podía desembolsar la institución para sacarse el problema de los abusos de encima, como quien ahuyenta una fastidiosa mosca de su cara. Aparentemente, una de las cosas más sagradas para la institución es el dinero que han acumulado y que nadie sabe a qué destinan, si a fines estrictamente religiosos o de otra índole. De ahí saldría el dinero destinado a mantener el ritmo de vida de Luis Fernando Figari hasta el fin de sus días en su exilio dorado en Roma, monto que debe superar ampliamente los cuatro millones de dólares que la institución por él fundada destinó a las víctimas.

Lo más escandaloso es que la manera en que el Sodalicio adquirió este patrimonio está plagado no sólo de irregularidades, sino de prácticas de saqueo y explotación que habrían afectado en primer lugar a la gran masa de los miembros de la misma institución. Esas prácticas yo las he sufrido en carne propia.

Los estudios de teología que realicé en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima los pagó mi madre, no obstante que yo ya no dependía de ella y vivía en comunidades sodálites. Cuando comencé a tener ingresos propios trabajando como docente en instituciones que ya no existen —la Escuela Superior de Educación Catequetica (ESEC), el Instituto Superior Pedagógico de Educación Catequética (ISPEC) y el Instituto Superior Pedagógico “Marcelino Champagnat”, que se convertiría en la Universidad “Marcelino Champagnat— tenía que entregar el monto entero de lo ganado a la comunidad y se me dejaba una pequeña cantidad para gastos personales, que no incluían gastos médicos o de ropa. Para cubrirlos tenía que sablear a mi progenitora. Durante todo el tiempo que viví en comunidades sodálites (de diciembre de 1981 a julio de 1993), el Sodalicio nunca me pagó un seguro médico. Durante ese tiempo, los trabajos que realicé para la asociación cultural Vida y Espiritualidad, gestionada por el Sodalicio —entre ellos artículos, reseñas de libros y traducciones, además de revisiones de libros y folletos a ser publicados— nunca fueron remunerados.

Pero quizás el saqueo más descarado que he sufrido ha sido el de las canciones que compuse para el Sodalicio. Porque Figari siempre quiso que la institución tuviera canciones propias, e inició esta labor cambiándole la letra a antiguos himnos políticos, militares y religiosos. De esta manera, el Himno de la Cruzada Eucarística de 1940 se convirtió en el Himno Sodálite a Cristo Rey; el himno “Llámame camarada” del falangista Frente Nacional de Juventudes, grupo integrante del fascismo español, se convirtió en “Alza tu frente”, un himno sodálite cantado en ceremonias internas; el “Bella ciao”, himno de los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en “Oh gran amor”, canción repetitiva y machacona que se usaba en los retiros para concientizar a jóvenes y adolescentes: la Marcha Peronista se convirtió en “América, levántate”, una canción que se solía entonar a viva voz al inicio o al final de las Misas, y que tenía un estribillo que decía: «América, levántate / América a evangelizar / el Plan de Dios sigamos hoy / el Plan de Dios sigamos hoy».

Cuando en la década de los 80 comencé a componer canciones con música y letra propia, a lo cual se sumaron las composiciones de otros sodálites de comunidad, Figari vio en ello su sueño cumplido, y en el año 1988 se hicieron las primeras grabaciones interpretadas por el grupo Takillakkta, del cual fui uno de los fundadores e integrante como guitarrista y voz de apoyo. Finalmente, 23 canciones mías terminaron incluidas en cinco fonogramas de Takillakkta que fueron publicados en formato cassette y CD entre 1989 y 2004 por el Instituto Cultural, Teatral y Social (ICTYS), vinculado al Sodalicio, además de 3 canciones mías que fueron interpretadas por el conjunto Voz de Esperanza. Las canciones han sido luego comercializadas en plataformas como iTunes, Spotify y Amazon. Y nunca he recibido un solo céntimo por concepto de regalías, no obstante que ICTYS me reconoce como autor y compositor de esas canciones.

En carta de ICTYS del 28 de marzo de 2019, se me comunicó lo siguiente:

  1. «Mediante contratos de edición y cesión de derechos suscritos el 28 de agosto de 1989 y el 10 de diciembre de 1990, usted cedió gratuitamente, a favor de la asociación ICTYS, todos los derechos de autor de su titularidad».
  2. «En razón de ello, ICTYS es la titular de derechos de las obras musicales que forman parte de dicho contrato».
  3. «En tal sentido, las regalías provenientes del uso de las obras musicales antes referidas le corresponden a su titular, quien en este caso es ICTYS».
  4. «Cabe mencionar que los referidos contratos fueron registrados, en su oportunidad, ante la Biblioteca Nacional. Sin perjuicio de ello, todos los registros de contrato y obras, a la fecha, se encuentran a cargo de INDECOPI. De necesitarlos, podrá acceder a los mismos, acudiendo a dicha institución». 

Hecha la consulta a INDECOPI, recibí copia de la documentación a que se refería esta carta. Efectivamente, con fecha del 1° de septiembre de 1989, firmé un contrato de edición y cesión de derechos, por el cual yo concedía a ICTYS «la CESIÓN, en forma gratuita, de la propiedad de todos los derechos y beneficios que le corresponden como autor de las obras mencionadas en la cláusula primera, sin restricción ni limitación de ninguna clase y en virtud de lo establecido en la Ley No. 13714 de Derechos de Autor y por sus Reglamentos». Las obras mencionadas consisten en las ocho canciones mías que aparecieron en “Améríca de nuestra fe” (1989) de Takillakkta.

Anteriormente no conocía el contenido de este contrato que yo mismo firmé, pues el P. Jaime Baertl, quien era entonces director de ICTYS, abusó de su puesto de autoridad y me indicó que debía firmar esos contratos por la obediencia religiosa a la cual yo estaba sujeto, sin necesidad de leer su contenido. Lo hice de buena fe, con la confianza inocente que a uno le brota una vez que uno ha sido sometido previamente a un lavado de cerebro.

No existe ningún otro contrato de edición y cesión de derechos posterior al de 1989. Con fecha del 12 de diciembre de 1990 sólo hay en INDECOPI registros de cuatro canciones de Javier Leturia y una de Alejandro Bermúdez. De modo que la explotación comercial en el lapso de dos décadas que ha efectuado ICTYS de por lo menos 18 canciones compuestas por mí sería ilegal, y se me estaría adeudando todas las regalías que durante este tiempo han ido a engrosar una parte del patrimonio sodálite.

Conociendo las prácticas del Sodalicio, no me extrañaría que yo no haya sido el único que fue objeto de saqueo y explotación.

Finalmente, después de la conversación en Frankfurt, Ian Elliott me comunicó el 9 de noviembre de 2016 por e-mail, sin darme mayores explicaciones, que yo no calificaba para ser incluido en el programa de reparaciones a las víctimas del Sodalicio. Según me comunicaría posteriormente Alessandro Moroni el 31 de enero de 2017, se había concluido que mi relato no era verosímil. Con lo cual la obra saqueadora del Sodalicio alcanzaba la cumbre de su perfección: al saqueo material y la explotación de sus propios miembros, se añadía el saqueo de la esperanza y de la verdad.

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La violencia del celibato clerical

Por: 23.10.2021

Ocurrió este año en Francia. El 5 de octubre la Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada por el episcopado francés en noviembre 2018 de investigar la pederastia clerical en el país galo, publicó un devastador informe. Desde 1950 han actuado en la Iglesia católica francesa entre 2,900 y 3,200 pederastas, y el número de víctimas de sacerdotes y religiosos asciende a por lo menos 216,000. Si se incluyen también a los abusadores laicos que trabajaban para la Iglesia, el número asciende a por lo menos a 330,000 víctimas.

Aún así, la gran mayoría de los autoridades de la Iglesia siguen sin ver que las raíces del problema están en el sistema eclesiástico mismo. Y si bien el celibato obligatorio para presbíteros ordenados en la Iglesia católica romana no explicaría todo el problema, sí sería parte importante de él. Como decía el cardenal italiano Carlo María Martini SJ (1027-2012): «Tal vez, no todos los hombres que estén llamados al sacerdocio tengan ese carisma [del celibato]». Y claro, si se ven obligados a guardar esta norma, la tragedia está servida. Y se manifiesta generalmente en una sexualidad vivida en los subterráneos de la existencia. Una sexualidad reprimida que puede eclosionar de la peor manera cuando se aprovecha la condición de guía espiritual para seducir a personas que están bajo su responsabilidad, entre ellas menores de edad.

Quienes hemos vivido bajo la obligación de celibato en las comunidades sodálites sabemos lo frágil que es la promesa de mantenerse alejado de la expresión de una sexualidad activa, por más vida espiritual y ascetismo que se practique. Como se dice en el lenguaje católico, uno siempre termina “cayendo” de una u otra manera. Lo más grave es que esto va unido a una falta de percepción del terrible daño que se puede causar, si la caída ha involucrado a otra persona a la que se ha manipulado psicológicamente para que realice ciertos actos, sin que haya habido un auténtico libre consentimiento de su parte.

En un voluminoso libro de espiritualidad que leíamos a diario en las comunidades sodálites, el “Ejercicio de perfección y virtudes cristianas” del P. Alonso Rodríguez SJ (1526-1616), teólogo jesuita del Siglo de Oro español, se cuenta lo siguiente en la parte que trata “De la virtud de la castidad”:

«¿A quién no espantará aquel ejemplo que cuenta Lipomano de Jacobo, ermitaño, que después de haber servido al Señor más de cuarenta años con grandísimo rigor y penitencia, siendo ya de edad de sesenta años e ilustre en milagros y en echar demonios, le llevaron una doncella para que le sacase un demonio, y después de echado, no osaron los que la trajeron llevarla consigo, porque el demonio no se le atreviese, y él permitió que se quedase con él. Y porque se fio y presumió de sí, permitió Dios que cayese; y porque un pecado llama a otro, hecho el mal recaudo, con miedo de ser descubierto, la mató y echó en un río; y por remate de todo, desesperado de la misericordia de Dios, se determinó de volver al siglo a entregarse del todo a los vicios y pecados que tan tarde había comenzado. Aunque después no le faltó la misericordia de Dios, que le volvió a sí; y hecha rigurosísima penitencia de diez años, volvió a cobrar la santidad primera, y fue santo canonizado».

El relato chirría por todas partes, comenzando por el hecho de que la víctima es el ermitaño que cayó en la tentación, mientras que la joven violada y asesinada es una anécdota más. El abuso sexual que aquí se narra es tratado solamente como una falta contra la castidad. No interesan para nada ni la víctima ni sus eventuales familiares. El final feliz consiste en que el ermitaño, que debería haber sido juzgado por los crímenes que cometió, después de dedicarse durante un tiempo a la dolce vita, hace penitencia y termina convirtiéndose en un santo.

Ni qué decir, un ejemplo así sólo refleja la conciencia que la Iglesia católica ha tenido del abuso sexual y que no parece haber evolucionado ni cambiado en la actualidad. Como ocurre en el caso del Sodalicio, donde las víctimas han sido tratadas como meras anécdotas, mientras se espera que el “castigo” con propósito de enmienda que supuestamente está cumpliendo Luis Fernando Figari en su retiro romano ayude a que se redima de sus “pecados” y le permita alcanzar la santidad que tanto proclamaba en sus escritos.

El tema de los abusos sexuales eclesiásticos es complejo y la eliminación del celibato obligatorio para los clérigos no lo solucionaría del todo, pero probablemente ayude a mitigarlo —pues una relación sexual madura forma parte del desarrollo humano de una persona— y contribuiría a disminuir el número de curas psicológicamente inmaduros. Por ejemplo, un estudio comisionado por los obispos estadounidenses a fines de los años 60 al P. Eugene C. Kennedy y a Víctor Heckler (“The Catholic Priest in the United States: Psychological Investigations”) y enviado a los obispos en 1971 llegaba a la conclusión de que sólo el 7% de los clérigos estaban emocionalmente desarrollados, otro 18% estaba en proceso, 66% estaba emocionalmente subdesarrollado y un 8% presentaba un desarrollo emocional torcido. Por supuesto, el episcopado no discutió estos resultados e ignoró el informe.

No niego que el celibato también puede ser una opción madura, siempre y cuando la persona tenga vocación para ese estado de vida y lo elija libremente, sin que se vea obligada por las funciones que se quiere desempeñar. Sin embargo, existe una obsesión patológica entre las autoridades eclesiásticas por mantener una práctica que ni siquiera es tan antigua como se nos quiere hacer creer.

El historiador eclesiástico alemán Hubert Wolf describe la evolución del celibato como sigue. En el cristianismo de los orígenes, tal como está reflejado en los escritos del Nuevo Testamento, lo más común era que los sacerdotes estuvieran casados, con la única restricción de que, en caso de enviudar, no les estaría permitido volver a casarse. Los mismos doce apóstoles de Jesús habrían tenido mujer, como era común en el judaísmo de esa época. A partir del siglo IV se les habría exigido a los sacerdotes la abstinencia sexual temporal dentro del matrimonio, pero sólo cuando debían dedicarse al servicio del altar —una Misa, por ejemplo—. A partir de los siglo VI y VII se les pide a los curas en Occidente abstenerse de relaciones sexuales con su mujer, es decir, vivir con ella como si fueran hermanos —lo cual en la práctica difícilmente se cumplía—.

A partir del siglo X, debido a la influencia de algunos Papas que provenían de comunidades monacales que practicaban el celibato y que condenaban las relaciones sexuales como “impureza” y “suciedad”, se les exige a los curas separarse de sus mujeres, a las cuales ya no se llamó “esposas” sino “concubinas”. Y concubina era cualquier mujer que compartiera cama con un cura, ya sea que estuviera casada legítimamente con él o no. Esto generó una amplia resistencia de parte del estrato clerical, y muchas veces se tuvo que imponer esa norma que venía de lo alto con violencia, a sangre y fuego. Por ejemplo, a mediados del siglo XI el Papa León IX convirtió en esclavas de su palacio a todas las mujeres de Roma que convivieran con clérigos. Otro ejemplo fue lo ocurrido en Milán, donde el obispo ofrecía resistencia a los mandatos de Roma. En 1063 el Papa Alejandro II dio la señal para el inicio de una suerte de guerra civil que duraría hasta 1075, donde turbas guiadas por monjes expulsaban a los curas de sus parroquias, o los mataban delante del altar junto con sus mujeres y sus hijos. Y durante su pontificado el Sínodo de Girona de 1068 determinó que todo clérigo que tenga mujer o concubina dejará de ser clérigo, perderá sus prebendas y deberá estar en la Iglesia entre los laicos. Si desobedeciera, ningún cristiano deberá saludarlo, ninguno comer y beber con él, ninguno rezar junto con él en la Iglesia; si se enferma, nadie deberá visitarlo y, en la medida en que muera sin penitencia y comunión, no deberá ser enterrado.

En 1139 se declara por primera vez que la ordenación sacerdotal hace inválido cualquier matrimonio que un clérigo atente con una mujer. Y recién en el Código de Derecho Canónico de 1917 se establece que el matrimonio es impedimento para ser ordenado sacerdote. Por supuesto, hay excepciones, como en las Iglesias orientales, donde hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes, o en el caso de sacerdotes casados de la Iglesia anglicana que hayan decidido pasarse a la Iglesia católica.

Pero una cosa son las normas y otra, la vida real. Sería ilusorio creer que, por el solo hecho de existir el precepto del celibato obligatorio para los curas, éstos se convierten en seres angelicales para los cuales la sexualidad no existe. La vida sexual de los clérigos es un hecho, según lo demuestran incontables testimonios históricos. Como reza un dicho popular: «El cura es aquella persona a la que todos llaman padre, menos sus hijos, que lo llaman tío». La convivencia con una mujer ha asumido diversos disfraces y la compañera sentimental del clérigo con frecuencia ha ocupado el puesto de ama de llaves o de cocinera de la casa parroquial.

Lo cierto es que no existe ningún argumento de peso para mantener el celibato obligatorio de los curas, los cuales también tienen derechos, entre ellos el que señala la declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 16: «Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia…»

El celibato impuesto es un acto de violencia. Y como acto violento, también tiene consecuencias violentas. La historia de abusos de la Iglesia católica así lo demuestra.

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La vida exagerada de Martín López de Romaña

Por: 31.07.2021

No es un recurso sensacionalista señalar que la vida del ex sodálite arequipeño Martín López de Romaña está plagada de exageraciones, no inventadas sino reales. Pues no puede ser de otra manera para quien ha vivido más de una década en el seno del Sodalicio de Vida Cristiana, la secta católica fundada y liderada por Luis Fernando Figari.

López de Romaña relata su experiencia en un potente libro de reciente aparición: “La jaula invisible” (Penguin Random House, Lima 2021). Al principio se advierte al lector que «Todos los hechos narrados son reales».

El libro, que tiene como acápite “Mi vida en el Sodalicio: Un testimonio”, no sólo es una radiografía minuciosa de la institución, sino a la vez el retrato más vívido y detallado de Luis Fernando Figari que jamás se haya publicado, dado que el autor convivió varios años con él en la ahora inexistente comunidad de San José en Santa Clara (Ate-Vitarte, Lima) y perteneció a su círculo más cercano.

Con un estilo literario cautivador, López de Romaña nos relata cómo fue seducido desde los 12 años de edad por los sodálites, que habían fundado una comunidad en Arequipa, los cuales le hicieron sentir valioso después de que como adolescente hubiera experimentado varios fracasos escolares. El único éxito escolar que disfrutaría fue ganar el primer puesto de cuento en los juegos florales del Colegio San José, para sorpresa de varios profesores y alumnos, recibiendo como premio un ejemplar de la novela “La vida exagerada de Martín Romaña” de Alfredo Bryce Echenique. Pero fueron los sodálites quienes le elevaron la autoestima, haciéndole sentir muy especial. Según cuenta, Figari lo consideraba un “esper”, es decir, un individuo supradotado con habilidades paranormales. Lo que entonces no sabía el joven adolescente era que estaba siendo objeto de una táctica utilizada por las sectas para captar adeptos: llenar de elogios al candidato.

Lo que encontramos a continuación es una descripción de las estrategias proselitistas aplicadas en el Sodalicio para reclutar nuevos miembros. Con métodos intrusivos y lesivos de la privacidad, que paulatinamente iban generando una sustitución de la personalidad del sujeto por otra personalidad impuesta, manipulable, dispuesta a obedecer hasta las últimas consecuencias, el individuo era preparado para unirse al Sodalicio apenas alcanzara la mayoría de edad. Todo este proceso se llevaba a cabo sin conocimiento de los progenitores, más aún, con la indicación expresa de no contarles nada al respecto. En el fondo no era otra cosa que una especie de control mental o lavado de cerebro, por el cual también uno mismo terminaba generando sentimientos de culpa ante cualquier duda respecto al líder, la doctrina o el sistema institucional. Y al igual que en la novela “1984” de George Orwell el personaje de Winston Smith termina amando al Gran Hermano, a pesar de todos los maltratos y vejaciones, de manera similar López de Romaña terminará en un momento amando a Figari y poniendo su vida entera al servicio de sus caprichos y deseos.

Muy interesante es el relato de su paso por varias comunidades sodálites, entre ellas las ubicadas en San Bartolo y la comunidad de San José donde vivía el fundador. El día a día —las exigencias a veces inhumanas, la presión constante, la sustracción de sueño, la falta de libertad, la anulación de la vida privada— es narrado con una sinceridad brutal que a ojos extraños puede parecer insólita y poco creíble. No para mí, que viví en comunidades sodálites entre 1981 y 1993, y pasé por experiencias semejantes a las que López de Romaña tuvo entre 1994 y 2008. Y aunque haya quienes me hayan asegurado que para entonces ya se habían iniciado cambios en el Sodalicio, lo que describe el ex sodálite arequipeño indica que siguió funcionando como una secta destructiva.

Varios de los personajes que describe minuciosamente López de Romaña también jugaron un rol en mi historia personal, comenzando por Figari, aunque yo nunca pertenecí a su círculo íntimo. Los retratos escritos de Germán Doig, Jeffery Daniels, Jaime Baertl, Alejandro Bermúdez, Alessandro Moroni, entre otros, y de quienes son designados con los sinónimos de Manuel Alcázar y Julio Goyeneche son exactos y corresponden a la realidad.

Si bien López de Romaña nunca llegó a sufrir abusos sexuales con contacto genital en el Sodalicio, sí hubo por parte de Jeffery Daniels primero y después del mismo Luis Fernando Figari tanteos en la linea de lo sexual a través de caricias corporales incómodas, solicitudes de desnudarse o preguntas íntimas sobre su vida sexual. Como el depredador que está acechando a su presa, esperando el momento en que muestre un signo de debilidad para morderla en la yugular. Lo cual, en su caso, nunca llegó a ocurrir.

Lo más sustancioso del libro está en el relato de los continuos maltratos que han tenido que padecer los miembros de las comunidades sodálites, con el fin de doblegar sus voluntades y someter sus mentes. Las humillaciones que varios hemos sufrido en el Sodalicio han sido espectaculares, y López de Romaña cuenta varias de ellas. Aquí un ejemplo de una vejación no tan espectacular:

«Una noche había ido el padre Jaime Baertl a San José para conversar con el fundador. Parece que su reunión versó sobre buenas noticias porque éste nos llamó luego, a unos cuantos, a compartir con Jaime en la sala de televisión. Sus bromas eran hilarantes y el ambiente muy distendido. De pronto, el sacerdote se inclinó hacia su lado izquierdo en el sillón y se tiró un sonoro pedo. Todos reímos, un poco escandalizados. Luis Fernando me señaló y me ordenó: “¡Tú! ¡Huélele el pedo!”. La pura verdad es esta: sin oponer resistencia acerqué mi nariz a las posaderas del padre Jaime e hice como que olía los gases que habían salido con tanta parafernalia de su cuerpo. Salí del paso con una broma y todos se rieron. En ningún momento dejé que se manifestase mi dignidad menoscabada. Continué participando del jolgorio comunitario, hasta que el padre Jaime se fue a tirarse pedos a su comunidad».

Me hace recordar una anécdota ocurrida en los años 80, cuando en plena Misa en la estrecha capilla de la comunidad de San Aelred en Magdalena del Mar (Lima), donde el altar entraba a lo largo y los miembros de la comunidad alrededor de él, el P. Baertl despidió uno de sus sonoros y pestíferos cuescos, y todos los presentes tuvimos que aguantar el desagradable lance con cara de piadosa devoción. Como de costumbre, nunca se disculpó.

¿Cómo pudo librarse López de Romaña de eso que él llama la “jaula invisible”, donde los barrotes no son físicos sino que están puestos en lo más íntimo de uno mismo? Constreñida a los límites de un celibato inviable, su sexualidad, que no encontraba cauces para desarrollarse sanamente y que siempre se manifestaba como un secreto solitario, terminó generando en él una especie de doble vida, que incluía no sólo revistas pornográficas, sino también literatura de autores no permitidos en el Sodalicio y películas artísticas. Y aquello que le generaba angustia dentro de los parámetros impuestos por el Sodalicio fue a la vez su vía de salvación, no sin que tuviera que apurar el trago amargo de pensamiento suicidas y la frustración de sentir que había fracasado. El arte le abrió los ojos. Es la misma vía que, en otras circunstancias, tuve que recorrer yo mismo para alcanzar la libertad.

¿Cómo explicar que algunos no lo hayan logrado todavía y sigan prisioneros en sus jaulas invisibles? ¿O que aquellos que hemos logrado escapar nos hayamos demorado tanto tiempo en hacerlo y hasta ahora tengamos secuelas producto de lo vivido? López de Romaña lo explica muy bien:

«…el fundador, casi sin que te dieses cuenta, desde que eras prácticamente un niño, había ocupado por completo el lugar que tu sistema emocional tiene reservado para tu padre y tu madre. Tarde o temprano, un hijo tiene que independizarse. En eso consiste, entre otros factores, su maduración como ser humano. Pero en el SCV no te podías rebelar contra tu padre putativo. No solo porque era poderosísimo e inspiraba temor, sino porque rebelarte equivalía a ponerte en pie de guerra contra toda tu nueva familia y, presuntamente, contra ti mismo y contra Dios. Esto, sumado a la promoción de la obediencia ciega, el servilismo y la vigilancia permanente en un microcosmos que reemplazaba la realidad, hacía que, más allá de tu edad biológica, continuases siendo “como un niño”. […] Me refiero a que se atrofiaba tu capacidad de ser independiente y te volvías incapaz de responsabilizarte de ti mismo, de tomar decisiones sobre tu destino, de abrazar tu libertad y sus consecuencias».

“La jaula invisible” se lee como un thriller psicológico de suspenso, donde los horrores narrados superan ampliamente lo que otros han intentado plasmar en la ficción, como, por ejemplo, Santiago Roncagliolo en su fallida novela “Y líbranos del mal” (Editorial Planeta, 2021). Nos hallamos, pues, ante un libro indispensable para entender ese fenómeno perverso de fachada angelical conocido como Sodalicio de Vida Cristiana.

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Las cuentas pendientes del sodalicio

Por: 19.06.2021

En julio de 2019 la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones del Congreso de la República, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, terminó su Informe Final, donde se analiza la problemática del abuso sexual contra menores, tras una investigación de los casos emblemáticos de violencia sexual en las escuelas públicas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas), el Sodalicio de Vida Cristiana, el Colegio Héctor de Cárdenas y otros casos de relevancia como los abusos sexuales cometidos por dos sacerdotes católicos en Huamachuco (La Libertad) y por dos miembros de la Congregación Salesiana, el caso de la niña que sufrió abusos sistemáticos y prolongados en un local de la Iglesia Evangélica Bautista “Lirio de los Valles” en San Juan de Lurigancho (Lima) y el caso de la alumna de intercambio Mackenzie Severns, de nacionalidad estadounidense, que fue violada por un alumno del Colegio Markham.

El cierre del Congreso el 30 de septiembre de 2019 cortó las posibilidades de que el informe de la Comisión De Belaúnde fuera discutido en el Pleno y finalmente dado a conocer a la opinión pública. Alberto de Belaúnde fue reelegido en el nuevo Congreso, pero lamentablemente no se le presentó la oportunidad para que el informe fuera sometido a debate en el Pleno y publicado oficialmente.

La importancia de este informe en lo que respecta al caso Sodalicio es que las investigaciones fueron hechas por personas independientes y no contratadas por la institución, como ocurrió en el caso de los dos breves informes de febrero de 2017 elaborados por expertos extranjeros contratados por el Sodalicio (Kathleen McChesney, Monica Applewhite, Ian Elliott), quienes, además de no conocer adecuadamente la realidad de la sociedad peruana y del papel que cumple en ella la Iglesia católica junto con sus instituciones, se orientaron más hacia una estrategia de control de daños que favoreciera al Sodalicio, limpiándole la cara, en vez de atender adecuadamente las justas demandas de las víctimas.

La publicación del Informe De Belaúnde evidenciaría que el Sodalicio todavía tiene varias cuentas que saldar e incluiría datos relevantes para el desarrollo de la denuncia penal contra miembros y ex miembros del Sodalicio que fue formalizada mediante resolución el 20 de noviembre de 2017 por la Décimo Octava Fiscalía Penal de Lima. Allí se acusa a Luis Fernando Figari, Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels, Daniel Murguía, Ricardo Trenemann y Óscar Tokumura de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (lesiones psicológicas graves) en agravio de 14 personas, entre las cuales se cuentan José Enrique Escardó, Pedro Salinas, los hermanos Vicente y Martín López de Romaña, Óscar Osterling, Álvaro Urbina y yo mismo.

La publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de Pedro Salinas y Paola Ugaz en noviembre de 2015 fue solamente el disparo de partida para otros libros sobre el tema que aún están pendientes de ser publicados.

El psicoterapeuta y ex sodálite Gonzalo Cano Roncagliolo, quien, para optar al grado de magíster en la Pontifica Universidad Católica del Perú, presentó en el año 2014 una tesis con el tema “Del uso de la religión para la perversión: una mirada psicoanalítica al caso de Marcial Maciel”, ha preparado un libro que amplía las ideas de esta tesis y hace un análisis comparativo desde las ciencias psicológicas de los tres mayores abusadores de la Iglesia católica en Latinoamérica: Maciel, Karadima y Figari. Cano ya ha publicado una novela, “Sepulcros blanqueados”, donde recurre a la ficción para presentar una sociedad religiosa que es un calco del Sodalicio, a diferencia de la fallida novela “Y líbranos del mal” de Santiago Roncagliolo, primo hermano del anterior, que nos presenta una institución religiosa que se parece muy poco al Sodalicio real que conocimos quienes hemos sido víctimas de abusos en la institución.

Están también en lista de espera para ser publicados el testimonio autobiográfico de un ex sodálite así como mi propia historia personal, que no es solamente un relato autobiográfico sino una panorámica del Sodalicio desde adentro en las décadas de los 70 a los 90, sin centrarse en los abusos sexuales sino en el sistema mismo, que puede caracterizarse como secta destructiva.

Asimismo, también está el libro que ha anunciado Paola Ugaz sobre las finanzas del Sodalicio.

Las cuentas pendientes que tiene el Sodalicio son muchas. Su comisión de expertos internacionales habría contribuido a reducir a 67 el número de víctimas, en comparación con las más de cien víctimas —según fuentes confiables— que habría reconocido la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, convocada en noviembre de 2015 por el mismo Sodalicio e integrada por los abogados Manuel Sánchez Palacios y Rosario Fernández Figueroa, el obispo de Lurín Mons. Carlos García Camader, la psiquiatra Maita García Trovato y el periodista Miguel Humberto Aguirre, quienes rechazaron las remuneraciones ofrecidas por el Sodalicio a fin de mantener su independencia.

Además, el Sodalicio habría implementado muy pocas de las recomendaciones hechas por ambas comisiones, y mucho menos habría aplicado castigos contra los abusadores que siguen perteneciendo a la institución. Las reparaciones indemnizatorias otorgadas a las víctimas no se ajustaron a estándares internacionales de justicia, muchos menos tomaron en consideración que el Sodalicio tiene un patrimonio millonario que le da la capacidad para pagar indemnizaciones que realmente mitiguen los daños producidos. A esto hay que añadir que las reparaciones fueron concedidas previa firma de acuerdos de confidencialidad que vulneran el derecho de las víctimas a seguir buscando justicia. No conozco a ninguna víctima indemnizada por el Sodalicio que se haya sentido realmente agradecida a la institución por la manera en la que actuó.

Finalmente, el Sodalicio tiene cuentas pendientes conmigo, pues nunca me reconocieron como víctima, no obstante que la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación sí lo hizo, no obstante que el Ministerio Público me reconoce como agraviado en el delito de lesiones psicológicas graves, no obstante que viví más de 11 años en comunidades sodálites de consagrados y pasé por sufrimientos y abusos similares a los que padecieron Pedro Salinas y José Enrique Escardó, que estuvieron menos tiempo en esas comunidades y, sin embargo, sí fueron reconocidos como víctimas por el Sodalicio.

El Sodalicio también ha sido una cuña en mis relaciones familiares, pues mi hermano Erwin sigue perteneciendo a la institución y apenas me habla desde hace varios años; más aun, ha dado indicios de que no quiere que yo sepa en qué lugar del mundo se encuentra. El resquebrajamiento de los vínculos familiares se dio desde los 70, cuando mi madre aún vivía, y afecta hasta ahora a mi entorno familiar.

El Sodalicio, a través de la productora ICTYS (Instituto Cultural y Social) ha explotado comercialmente, desde la década de los 90, por lo menos 18 canciones de las cuales soy autor y compositor —tal como lo reconoce explícitamente ICTYS—, sin que yo haya cedido en ningún momento ningún derecho emanado de la propiedad intelectual de esas canciones y sin haber yo recibido nunca ningún céntimo por concepto de regalías.

El Sodalicio me ha quitado el sueño, me ha hecho despertar cada día con la conciencia obsesiva de ser un sobreviviente de un sistema sectario destructivo, ha envenenado y destruido muchas de mis amistades, me ha difamado como un ser desquiciado que sólo busca hacer daño a quienes quieren vivir una auténtica fe cristiana dentro de la Iglesia católica.

Pero aún me quedan la fe, producto de experiencias personales, y una esperanza indoblegable, que espera ver algún día al Sodalicio saldando sus cuentas pendientes.

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