Desde octubre de 2015, cuando se destaparon casos de abusos mediante el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, el Sodalicio nunca ha admitido ninguna responsabilidad institucional en las fechorías cometidas. Las declaraciones públicas de algunos de sus representantes pidiendo perdón se han limitado a disculpas por los abusos cometidos por algunos sodálites, que supuestamente habrían cometido actos incompatibles con los fines y el espíritu de la institución. Porque — repitiendo el esquema que se ha solido aplicar en toda la Iglesia católica ante la proliferación de casos de abusos— la institución siempre se ha considerado a sí misma como impecable y santa, y sólo algunos de sus miembros —cual “manzanas podridas”— habrían cometido actos repudiables, atribuibles a que “ también son humanos” y designados generalmente no como delitos sino como errores, faltas, deslices o simplemente pecados debidos a la fragilidad de la carne.
A fin de sellar y certificar esta impecabilidad institucional, el Sodalicio convocó a una comisión de tres expertos internacionales (Ian Elliott, Kathleen McChesney y Monica Applewhite) supuestamente para investigar los abusos y resarcir a las víctimas, pero que en realidad sólo sirvió para lavarle las manos a un sistema enfermo que muestra señales de putrefacción en su organismo.
Eso se hace evidente en la carta de Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, del 14 de febrero de 2017, que sirve de presentación a los informes de los expertos del 10 de febrero del mismo año.
Cuando habla de la «investigación completa de las acusaciones contra miembros o exmiembros del Sodalicio llevada a cabo por un equipo de expertos internacionales», resalta que «se trata de hechos en su mayoría ocurridos en un pasado distante», lo cual «hace difícil poder sustentarlos con una evidencia probatoria irrefutable y señalar concluyentemente la responsabilidad penal de los agresores», aunque «la consistencia de los testimonios recibidos y el rigor metodológico de los investigadores nos permiten reconocer frente a las víctimas la verosimilitud de sus testimonios».
Moroni se atreve a decir que «el último presunto acto de abuso de un menor de edad por un sodálite ocurrió […] en el año 2000», aunque poco antes ha señalado que «en 2007, un sodálite [Daniel Murguía] fue arrestado por el abuso sexual de un menor, y fue inmediatamente expulsado del Sodalicio». ¿Por qué no incluye este caso en su estadística? ¿Porque fue absuelto por el Poder Judicial debido a un tecnicismo judicial? ¿O simplemente porque ya no es sodálite? Los hechos que se le atribuyen son verosímiles y aparecen como comprobados en la misma sentencia absolutoria: llevar a un niño de la calle, un menor de 11 años, a un cuarto de hotel, hacer que se desnude y tomarle fotografías. Esto ya constituye un abuso sexual, aunque la ley no lo tipifique. Lo que adicionalmente habría ocurrido y que no se llegó a aclarar sólo lo saben el menor y el mismo Murguía.
De manera estratégica, Moroni soslaya el tema de los abusos psicológicos y físicos que habrían sufrido personas mayores de edad en la institución, las cuales se hallaban en situación vulnerable debido al control mental que se habría ejercido sobre ellas gracias a un régimen disciplinario característico de las sectas y el ejercicio de una obediencia absoluta que restringía su libertad personal y su capacidad de decisión. Y aunque abusos sexuales en perjuicio de adultos también los hubo en el Sodalicio, Moroni sólo considera los abusos contra menores de edad para poner una fecha límite, con una certeza de visos cuasi-proféticos.
Si bien admite que «los expertos identificaron ciertos elementos dentro de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera, permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir», a la vez señala que en la última década ha habido mejoras significativas.
En resumen, los abusos en el Sodalicio pertenecerían a un pasado ya remoto; la responsabilidad respecto a ellos recaería únicamente sobre unos cuantos sodálites y exsodálites que habrían cometido estas acciones. Las razones para dar a conocer el informe, según Moroni, serían «para poder reparar adecuadamente a las personas que han sufrido a causa de lo que aquí se relata, para que hechos como esos no se repitan y para hacer justicia a los sodálites y miembros de nuestra familia espiritual que son personas de bien, íntegras y comprometidas con el anuncio del Evangelio y el servicio a los demás».
En fin, la perfecta lavada de manos para una institución que tendría unos cuantos miembros sucios pero mantendría el cuerpo limpio e impecable. Y donde ya se habrían tomado todas las medidas a través de «un programa permanente para contribuir a la sanación y reconciliación de las personas que han sido víctimas de cualquier abuso o maltrato relacionado con nuestra comunidad y trabajar para que nunca vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza».
Todo muy bonito, a no ser por que ese “programa permanente” prácticamente no existe. Con el informe de los expertos internacionales el Sodalicio habría considerado cerrado y concluido el proceso de reparación de las víctimas, sin evaluar la posibilidad de que haya muchas más de las que la institución ha reconocido oficialmente. Además, el proceso no parece haber sido tan limpio y justo como pretende Moroni.
El informe preliminar (julio de 2019) de Comisión Investigadora de Abusos Sexuales contra Menores de Edad en Organizaciones, del Congreso de la República del Perú, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde, recoge algunos testimonios sobre el proceso de reparación encargado por el Sodalicio, que estuvo a cargo del irlandés Ian Elliott.
Félix Neyra, por ejemplo —de cuya herencia materna se apropió el Sodalicio—, declaró que Elliott
«me citó para una segunda reunión. Me dijo que era una víctima del Sodalicio. Me garantizó que podían devolverme lo de mi herencia. Eran veinte mil dólares. […] Demoraron como 2 meses y nunca llegó el abono. Hubo correos con idas y vueltas con Ian y [José] Ambrozic. […] Después de estos dos meses me llamó Carlos [Neuenschwander], que era el encargado de la plata. Me citó a una reunión. También citó a Elliott. Me comunicó con ellos por Skype y me dice [Carlos] que han evaluado mi caso y que han llegado a la conclusión que no soy víctima en ningún aspecto. No hay pruebas de ese dinero ni voucher de depósitos. No me van a reparar con nada».
Algunos de las víctimas que quisieron negociar con Elliott el monto de su reparación se toparon con la barrera del idioma, pues Elliott se comunicaba en inglés y no manejaba la lengua castellana. El testimoniante “Arturo” cuenta:
«Yo pedí traductora la segunda vez que hablé con él, y la traductora nunca llegó. Tuve que traer a mi hermana para poder conversar. […] Me dio un monto y me dijo que no era negociable, pero que si quieres puedes ir por la vía judicial, aunque no me iban a dar mucho».
Del carácter no negociable de la reparación ofrecida por el Sodalicio también da cuenta “Mario”:
«Ian [Elliott] te escuchaba y luego el Sodalicio te hacía una oferta de “tómala o déjala”».
A “Mario” se le ofreció sólo el 12% de lo que en justicia pedía y le correspondía, por lo cual concluye que el proceso fue una «burla absoluta hacia las víctimas, porque te hacen ir a contarle tu vida privada a un desconocido con la esperanza de cerrar un capítulo de tu vida y no les interesa lo que tienes por decir».
Martín Balbuena, víctima de abusos no sexuales, describe un trato parecido:
«Ian [Elliott] me trató muy mal. Fue muy mala experiencia. Me hizo ir dos veces, me prometió muchas cosas que nunca me las dio. Me manipuló».
“Santiago”, por su lado, declaró:
«También estuve en la comisión Elliott. No hubo negociación, no estuve satisfecho. Ha sido una maldad lo que han hecho. La segunda comisión no le hace caso a las recomendaciones de la primera, contratan a unos gringos religiosos. Me entrevistó Elliott. Él considero que mi historia era creíble y me indemnizó. No puedo decir el monto. No me sirve ni para pagar buenas terapias. Me pareció autoritaria e insuficiente. Me dijeron: “tenemos esto, si quieres lo recibes, sino está ahí guardado para ti, cuando quieras vuelves”».
El testimoniante “Silvio” explica el motivo por el cual acepta una reparación que no le parece justa:
«Yo acepto esa reparación cuando llego a entender que no va a haber justicia, y que lo que debo hacer, además siendo manipulado por Elliott, es de que es mejor algo que nada. Eso, además, me lo escribe el mismo Elliott en un e-mail que me manda en este proceso, donde yo intento negociar, pero no hay ninguna negociación en el fondo».
El testimoniante “Sergio” tampoco estuvo satisfecho con la reparación ofrecida:
“Me dijeron que me pagarían unas terapias. Yo hasta ahora le pido al psicólogo que me dé el informe y no me lo ha dado. Fue un chiste. Yo creo que ellos revisaron mi sistema financiero. Yo tenía deudas. Eran bastante agresivos. Yo llegue a la Notaría Rivera creo, firmé y me dieron el cheque”.
Rocío Figueroa, víctima de abusos sexuales por parte de Germán Doig, también recibió una reparación. Su papel clave en el develamiento de los abusos sexuales en el Sodalicio fue convenientemente omitido en los informes de los expertos internacionales. Al respecto, comentó lo siguiente:
«También hablé en la segunda comisión, pero se portaron pésimo, no pusieron mi historia, pusieron que ellos hicieron todo. Me dijeron: “Debes estar molesta”. Les dije que sí, que los habían comprado. No esperaba mucho, recibí una reparación. Me ofrecieron una porquería y me dieron el doble. A mí me tienen miedo. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, pero me importa un pepino. Nadie te puede callar».
“Rodrigo”, uno de los pocos que se manifestó relativamente satisfecho con la reparación que recibió, manifiesta sin embargo lo siguiente:
«A mí me indemnizaron, me pagaron los años de terapia que yo había usado, me lo reconocieron y me pagaron un año de psicoanálisis. Pero a mí me trataron como rey, comparado a otros que han sufrido muchísimo más y han sido muchísimo más abusados».
Cabe resaltar que una condición para conceder una reparación era la firma de un acuerdo de confidencialidad, por el cuales la víctima debía comprometerse «a mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre las conversaciones y negociaciones sostenidas para arribar a esta transacción, sobre el contenido del presente acuerdo, incluyendo los montos indemnizatorios comprendidos (asistencia e indemnización), los hechos que lo motivan y las personas involucradas en ellos» (texto tomado de de uno de esos acuerdos de confidencialidad), además de renunciar a cualquier demanda futura y a reclamar ningún monto adicional.
José Enrique Escardó, el primer denunciante del Sodalicio en el año 2000, comentó al respecto ante la Comisión De Belaúnde:
«[…] muy orondamente salieron una vez a decir que creo que habían utilizado dos millones de dólares, ¿no? Para reparación, dijeron ellos. En realidad no lo han utilizado para reparación; lo han utilizado para silenciar víctimas con manipulaciones, con mentiras, con falsas promesas. Han hecho firmar a varias víctimas —en condiciones muy vulnerables, en depresión, con situaciones económicas muy lamentables, muy tristes— acuerdos extrajudiciales en los cuales han exigido el silencio de la persona y han pagado dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares por ese silencio de toda la vida, y para que no les vuelvan a pedir nunca nada, ni un centavo».
Lo que finalmente hizo el Sodalicio es conceder a las víctimas que les dio la gana de reconocer —entre las cuales no me incluyeron a mí— una compra mafiosa de su silencio, a fin de limpiar su imagen institucional. De este modo, se ha lavado las manos utilizando las estrategias de una nada santa organización criminal, de un organismo pútrido hasta la médula.
