Martin Scheuch - Sudaca.Pe

Saqueo y explotación en el Sodalicio

"Lo más escandaloso es que la manera en que el Sodalicio adquirió este patrimonio está plagado no sólo de irregularidades, sino de prácticas de saqueo y explotación que habrían afectado en primer lugar a la gran masa de los miembros de la misma institución. Esas prácticas yo las he sufrido en carne propia."

28 de octubre de 2016, horas de la mañana en Frankfurt, en una lujosa suite doble del Grand Westin Frankfurt Hotel, que cuesta 520 euros la noche. He recorrido unos 125 km en tren desde mi domicilio en el pequeño pueblo de Kleinfischlingen para encontrarme con Ian Elliott, experto internacional de origen irlandés contratado por el Sodalicio, a fin de conversar sobre mi caso y ver cuánto se me daría como indemnización en mi calidad de víctima de la institución.

Cuando el hilo de la conversación llegó al tema de las reparaciones, Elliott me dijo que el Sodalicio había determinado una suma para ser repartida entre todas las víctimas reconocidas por la institución. Aunque en ese momento no me quiso decir cuál era el monto, dos años más tarde, gracias a las declaraciones de Alessandro Moroni, entonces Superior General del Sodalicio, ante la Comisión De Belaúnde en el Congreso de la República (noviembre de 2018), se sabría que el monto era de alrededor de 4 millones de dólares, a ser repartidos entre 67 víctimas del Sodalicio.

Pero aun no sabiendo en ese entonces a cuánto ascendía esa suma, le pregunté a Elliott si había averiguado a través de documentos contables el monto del patrimonio del Sodalicio, para que, como experto profesional en abusos, hiciera la recomendación de cuánto se debía pagar en concepto de indemnizaciones para reparar el daño ocasionado a las víctimas de manera justa. Ciertamente, no había averiguado nada, y tampoco le interesaba hacerlo. Le bastó con le dijeran el monto destinado a reparaciones pues, como se luego se inferiría de su labor en la comisión de expertos convocada por el Sodalicio, Ian Elliot nunca estuvo del lado de las víctimas sino del lado de la institución que lo había contratado, a fin de realizar un efectivo control de daños.

Y de eso mismo se encargaría también el Sodalicio, asegurándose —mediante la implementación de un sistema de prevención, apoyo y denuncias absolutamente inútil e ineficaz— de que no aparecieran nuevos casos en el futuro, es decir, dificultando y obstaculizando —en la medida de lo posible— cualquier acción que pudiera tomar una eventual nueva víctima de abusos, desalentando cualquier denuncia en vistas de las consecuencias y obligando a las víctimas que aceptaron las reparaciones a guardar silencio sobre lo ocurrido. De hecho, cinco víctimas no recibieron nada porque se habrían negado a aceptar las condiciones impuestas por el Sodalicio a través de sus abogados.

Si bien hubo una víctima que habría recibido US$ 250,000 de indemnización, la mitad habría recibido sumas inferiores a los US$ 30,000, que difícilmente cubren todos los daños y perjuicios sufridos en diferentes rubros, con lo cual no se puede hablar de una reparación justa.

Ahora que Paola Ugaz, en un reportaje publicado el 3 de noviembre en La República, estima en mil millones de dólares las utilidades de los negocios del Sodalicio en el Perú, se puede legítimamente especular que el monto que se destinó a las reparaciones de las víctimas no agota lo que efectivamente podría pagar el Sodalicio. Ese monto no se habría establecido en base a estándares internacionales de justicia, teniendo en cuenta los daños ocasionados a las víctimas, sino más bien calculando lo mínimo que podía desembolsar la institución para sacarse el problema de los abusos de encima, como quien ahuyenta una fastidiosa mosca de su cara. Aparentemente, una de las cosas más sagradas para la institución es el dinero que han acumulado y que nadie sabe a qué destinan, si a fines estrictamente religiosos o de otra índole. De ahí saldría el dinero destinado a mantener el ritmo de vida de Luis Fernando Figari hasta el fin de sus días en su exilio dorado en Roma, monto que debe superar ampliamente los cuatro millones de dólares que la institución por él fundada destinó a las víctimas.

Lo más escandaloso es que la manera en que el Sodalicio adquirió este patrimonio está plagado no sólo de irregularidades, sino de prácticas de saqueo y explotación que habrían afectado en primer lugar a la gran masa de los miembros de la misma institución. Esas prácticas yo las he sufrido en carne propia.

Los estudios de teología que realicé en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima los pagó mi madre, no obstante que yo ya no dependía de ella y vivía en comunidades sodálites. Cuando comencé a tener ingresos propios trabajando como docente en instituciones que ya no existen —la Escuela Superior de Educación Catequetica (ESEC), el Instituto Superior Pedagógico de Educación Catequética (ISPEC) y el Instituto Superior Pedagógico “Marcelino Champagnat”, que se convertiría en la Universidad “Marcelino Champagnat— tenía que entregar el monto entero de lo ganado a la comunidad y se me dejaba una pequeña cantidad para gastos personales, que no incluían gastos médicos o de ropa. Para cubrirlos tenía que sablear a mi progenitora. Durante todo el tiempo que viví en comunidades sodálites (de diciembre de 1981 a julio de 1993), el Sodalicio nunca me pagó un seguro médico. Durante ese tiempo, los trabajos que realicé para la asociación cultural Vida y Espiritualidad, gestionada por el Sodalicio —entre ellos artículos, reseñas de libros y traducciones, además de revisiones de libros y folletos a ser publicados— nunca fueron remunerados.

Pero quizás el saqueo más descarado que he sufrido ha sido el de las canciones que compuse para el Sodalicio. Porque Figari siempre quiso que la institución tuviera canciones propias, e inició esta labor cambiándole la letra a antiguos himnos políticos, militares y religiosos. De esta manera, el Himno de la Cruzada Eucarística de 1940 se convirtió en el Himno Sodálite a Cristo Rey; el himno “Llámame camarada” del falangista Frente Nacional de Juventudes, grupo integrante del fascismo español, se convirtió en “Alza tu frente”, un himno sodálite cantado en ceremonias internas; el “Bella ciao”, himno de los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en “Oh gran amor”, canción repetitiva y machacona que se usaba en los retiros para concientizar a jóvenes y adolescentes: la Marcha Peronista se convirtió en “América, levántate”, una canción que se solía entonar a viva voz al inicio o al final de las Misas, y que tenía un estribillo que decía: «América, levántate / América a evangelizar / el Plan de Dios sigamos hoy / el Plan de Dios sigamos hoy».

Cuando en la década de los 80 comencé a componer canciones con música y letra propia, a lo cual se sumaron las composiciones de otros sodálites de comunidad, Figari vio en ello su sueño cumplido, y en el año 1988 se hicieron las primeras grabaciones interpretadas por el grupo Takillakkta, del cual fui uno de los fundadores e integrante como guitarrista y voz de apoyo. Finalmente, 23 canciones mías terminaron incluidas en cinco fonogramas de Takillakkta que fueron publicados en formato cassette y CD entre 1989 y 2004 por el Instituto Cultural, Teatral y Social (ICTYS), vinculado al Sodalicio, además de 3 canciones mías que fueron interpretadas por el conjunto Voz de Esperanza. Las canciones han sido luego comercializadas en plataformas como iTunes, Spotify y Amazon. Y nunca he recibido un solo céntimo por concepto de regalías, no obstante que ICTYS me reconoce como autor y compositor de esas canciones.

En carta de ICTYS del 28 de marzo de 2019, se me comunicó lo siguiente:

  1. «Mediante contratos de edición y cesión de derechos suscritos el 28 de agosto de 1989 y el 10 de diciembre de 1990, usted cedió gratuitamente, a favor de la asociación ICTYS, todos los derechos de autor de su titularidad».
  2. «En razón de ello, ICTYS es la titular de derechos de las obras musicales que forman parte de dicho contrato».
  3. «En tal sentido, las regalías provenientes del uso de las obras musicales antes referidas le corresponden a su titular, quien en este caso es ICTYS».
  4. «Cabe mencionar que los referidos contratos fueron registrados, en su oportunidad, ante la Biblioteca Nacional. Sin perjuicio de ello, todos los registros de contrato y obras, a la fecha, se encuentran a cargo de INDECOPI. De necesitarlos, podrá acceder a los mismos, acudiendo a dicha institución». 

Hecha la consulta a INDECOPI, recibí copia de la documentación a que se refería esta carta. Efectivamente, con fecha del 1° de septiembre de 1989, firmé un contrato de edición y cesión de derechos, por el cual yo concedía a ICTYS «la CESIÓN, en forma gratuita, de la propiedad de todos los derechos y beneficios que le corresponden como autor de las obras mencionadas en la cláusula primera, sin restricción ni limitación de ninguna clase y en virtud de lo establecido en la Ley No. 13714 de Derechos de Autor y por sus Reglamentos». Las obras mencionadas consisten en las ocho canciones mías que aparecieron en “Améríca de nuestra fe” (1989) de Takillakkta.

Anteriormente no conocía el contenido de este contrato que yo mismo firmé, pues el P. Jaime Baertl, quien era entonces director de ICTYS, abusó de su puesto de autoridad y me indicó que debía firmar esos contratos por la obediencia religiosa a la cual yo estaba sujeto, sin necesidad de leer su contenido. Lo hice de buena fe, con la confianza inocente que a uno le brota una vez que uno ha sido sometido previamente a un lavado de cerebro.

No existe ningún otro contrato de edición y cesión de derechos posterior al de 1989. Con fecha del 12 de diciembre de 1990 sólo hay en INDECOPI registros de cuatro canciones de Javier Leturia y una de Alejandro Bermúdez. De modo que la explotación comercial en el lapso de dos décadas que ha efectuado ICTYS de por lo menos 18 canciones compuestas por mí sería ilegal, y se me estaría adeudando todas las regalías que durante este tiempo han ido a engrosar una parte del patrimonio sodálite.

Conociendo las prácticas del Sodalicio, no me extrañaría que yo no haya sido el único que fue objeto de saqueo y explotación.

Finalmente, después de la conversación en Frankfurt, Ian Elliott me comunicó el 9 de noviembre de 2016 por e-mail, sin darme mayores explicaciones, que yo no calificaba para ser incluido en el programa de reparaciones a las víctimas del Sodalicio. Según me comunicaría posteriormente Alessandro Moroni el 31 de enero de 2017, se había concluido que mi relato no era verosímil. Con lo cual la obra saqueadora del Sodalicio alcanzaba la cumbre de su perfección: al saqueo material y la explotación de sus propios miembros, se añadía el saqueo de la esperanza y de la verdad.

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