Sudaka

¿Jean Ferrari, el outsider?

Por: 24.03.2025

Es totalmente nuevo en la política, está inscrito en Avanza País, la dirigencia lo llama insistentemente para convencerlo de que se lance. Puede ser el outsider de esta elección del 2026. Hablamos de Jean Ferrari.

Ferrari se ha convertido en una figura de renacimiento y esperanza. Su papel en el rescate de Universitario de Deportes, como administrador de uno de los clubes más legendarios del país y el más popular, no solo lo ha convertido en una de las estrellas más brillantes del mundo deportivo; también le ha permitido emerger como un candidato externo en las elecciones del 2026.

Y en un país donde la política está plagada de la mancha de corrupción y desilusión, la figura de Ferrari podría ofrecer un soplo de aire fresco, un cambio radical en un sistema ansioso de renovación.

El camino para Ferrari no ha sido fácil. Su liderazgo en la batalla contra la bancarrota del club ha exigido no solo maniobras astutas, sino un profundo vínculo emocional con los aficionados, quienes ven en él a un salvador. Esta conexión, forjada en el fuego de la pasión futbolística, podría ser lo que lo impulse hacia la política. Y en un clima donde los ciudadanos buscan individuos genuinos que hablen desde la experiencia y la dedicación, Ferrari podría ser quien represente la esperanza de un nuevo Perú.

Claro está, el desafío es abrumador. La política, con sus laberintos y trampas, no perdona a los ingenuos. Ferrari tendrá que abrirse camino a través de las aguas turbulentas de un electorado desconfiado que ha visto demasiadas mentiras y demasiados líderes traicionar la confianza del pueblo. Si tendrá éxito, dependerá de cuán efectivamente pueda convertir la pasión que ha llevado al juego de fútbol en un proyecto político coherente y convincente.

El futuro de Ferrari en la política puede entenderse tanto como una ambición personal como un deseo sincero de servir a los mejores intereses de su país. Si puede presentar de manera plausible una nueva visión y un mensaje que resuene en los corazones de los peruanos, podría ser una luz en el oscuro océano de la política. El final aún está por revelarse, pero el próximo capítulo seguramente podría centrarse en Jean Ferrari como principal protagonista.

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¿Dina tiembla?

Por: 22.03.2025

Hay quienes avizoran un futuro político incierto para Dina Boluarte luego de la censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y resucitan la especie de que luego de convocadas las elecciones en abril, su permanencia en el puesto es más que precaria.

La hipótesis se sustenta en que convocadas las elecciones, Boluarte podrá ser vacada sin riesgo de que el Congreso se vea compelido a convocar a elecciones y a recortar su mandato, que es lo que finalmente les preocupa a nuestros padrastros de la patria.

La hipótesis, sin embargo, se cae de irrealidad política. Todos en el Congreso saben que si vacan a Boluarte tendrán que colocar en su reemplazo a un congresista y que, dado ese escenario, las calles producirán otro “merinazo”, comoacertadamente lo ha calificado el almirante Montoya, y que a la postre se verán obligados a convocar elecciones a trompicones y apresuradas, porque nadie va a soportar un mandatario surgido de un poder del Estado tan o más desprestigiado que el Ejecutivo.

La censura al ministro Santiváñez ha sido una pulseada, torpemente alentada por el Ejecutivo al insistir en su permanencia, pero no supone una ruptura del pacto Ejecutivo-Congreso ni mucho menos. El mismo sigue sólido como una roca y probablemente se refuerce con el nombramiento del nuevo ministro, seguramente surgido de canteras fujimoristas (ya se habla de Rospigliosi como nuevo titular del Mininter).

A pesar del descontento popular, la fragmentación de la oposición dificulta la formación de una mayoría sólida que respalde un proceso de vacancia. Además, Boluarte ha buscado alianzas estratégicas, lo que le otorga un respiro temporal. La necesidad de estabilidad hace que su permanencia en el cargo parezca preferible para muchos. Así, la vacancia no se vislumbra como una opción viable en este contexto.

 

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gabinete Dina Boluarte, merinazo, Sudaca, Sudaka

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia ante la JNJ por conflicto de intereses en Quinta Sala Suprema

Por: 20.03.2025
  • Esperamos que la Junta Nacional de Justicia tome cartas en el asunto y admita la denuncia.
  • Según la denuncia, “existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.        

Al inicio de esta semana pusimos al descubierto una situación que podría comprometer la imparcialidad de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Habiamos difundido que la magistrada suprema provisional, Dra. Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, es hermana del Sr. Javier Vicente Tovar Buendía, representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros S.A.C.

Sudaca tomó conocimiento que el congresista Edwin Martínez tomó nota de muestra denuncia por el conflicto de interés de la magistrada Hilda Tovar de la Quinta Sala Suprema y presentó denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esperamos que la JNJ tome cartas en el asunto y admita la denuncia. Adjuntamos el cargo del expediente presentado.

Según el expediente presentado por el congresista Edwin Matínez ante la JNJ en que solicita se abra proceso disciplinario, se indica que la Jueza Suprema Provisional Hilda Martina Rosario Tovar Buendía habría incurrido en la falta tipificada como muy grave en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial en tanto ocultó que le era imputable la prohibición dispuesta en el numeral 11 del artículo 40 de la misma ley, que proscribe a los jueces de conocer casos cuando algún familiar suyo tiene interés o vinculación laboral con alguna de las partes del proceso.

En consecuencia, se solicitó se abra proceso disciplinario a la señora Hilda Martina Rosario Tovar Buendía, Jueza Suprema Provisional de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte de Justicia de la República en atención a que habría incurrido en una falta disciplinaria en razón de las contravención de las disposiciones establecidas en la Ley 29277 (Ley de carrera judicial).

Según se menciona en los Fundamentos de Hecho que sustentan la denuncia, se indica que la magistrada provisional y el señor Javier Tovar comparten como padres a los señores Justo Tovar y Palmira Buendía, siendo evidente que son hermanos directos de padre y madre. Entonces, es claro que existe un estrecho vínculo entre ambos, que inevitablemente genera consecuencias en el ámbito laboral, tales como conflictos de interés, influencia, etc.

“Ahora bien, el señor Javier Vicente Tovar buen día, fue designado, a propuesta del propio Ministerio de Economía y Finanzas como su representante en el directorio de la empresa estatal Activos Mineros SAC. (AMSAC) este nombramiento se consta en documento denominado acuerdo de directorio número  001 -2024 /011 FONAFE, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 26 de octubre de 2024. De igual manera,  es pertinente resaltar que la empresa AMSAC, es una empresa integrante de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que a su vez es una persona jurídica de derecho público adscrita al MEF” según el expediente de denuncia presentado.

Asimismo, en el expediente se indica que el 21 de noviembre de 2024, con posterioridad a la designación de su hermano como representante del MEF, la doctora Tovar Buendia asumió el cargo de Jueza Suprema Provisional en la Quinta Sala Suprema, Sala Suprema especializada en controversias de naturaleza tributaria, a pesar del claro conflicto de intereses que suponía que su hermano sea representante del MEF desde octubre de 2024.

“Por tanto, se tiene que la Magistrada Suprema Provisional ocultó dicha situación irregular pese a que ello suponía un impedimento para el ejercicio de su función en casos en los que el MEF era parte (como es el caso de naturaleza tributaria)” se indica en la denuncia.

Asimismo, se indica que para el caso presente, se puede apreciar en el portal web del Poder Judicial que un número sustancial de las controversias contencioso -administrativas de materia tributaria resueltas en vía de casación, ante la Quinta Sala Suprema son interpuestas por la SUNAT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y finanzas en contra de diferentes personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (emprendedores).

“Así mismo, en los precitados procesos, el Tribunal Fiscal suele desempeñarse como parte procesal codemandada, siendo que esta entidad también se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tanto es así, que en todos los casos, quien ejerce la defensa del codemandado Tribunal Fiscal es el propio Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Insólito” se resalta en la denuncia.

Finalmente, se indica que “En síntesis existen elementos razonables y suficientes que ameritan el inicio de una investigación por parte de vuestro órgano con el fin de evaluar la presencia de un claro conflicto de interés por parte de la Magistrada Suprema Provisional en la medida que su hermano se encuentra vinculado laboralmente al Ministerio de Economía y finanzas, entidad que se encuentra vinculada directamente a las entidades SUNAT y Tribunal Fiscal que suelen ser partes en la mayoría de procesos de materia tributaria que resuelve la Quinta Sala Suprema”.        

 

 

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Junta Nacional de Justicia, Sudaca, Sudaka, Tovar

La cortina de humo de la pena de muerte

Por: 19.03.2025

La pena de muerte, tan ventilada estos días por la presidenta Boluarte, lejos de ser una solución efectiva para los problemas de inseguridad que aquejan a nuestras sociedades, se revela como una trampa moral y una falacia disuasoria.

A menudo se argumenta que el miedo a la ejecución puede frenar el crimen, pero la realidad nos dice otra cosa. En Estados Unidos, donde la pena capital sigue vigente en varios estados, las estadísticas de criminalidad no muestran una disminución clara (menos criminalidad hay en estados que no la consideran). Los delincuentes, impulsados por la desesperación o el impulso, no contemplan la posibilidad de una condena final en el momento de cometer sus actos.

El enfoque debe ser trasladado hacia la prevención y la rehabilitación, y los resultados serán claramente positivos: las tasas de crimen disminuirán. Por lo demás, más disuasorio es constatar que un delincuente va a ser capturado y procesado, no la magnitud de la pena, sin contar que el sistema de justicia peruano es absolutamente falible. Si un delincuente sabe que va a ser detenido y apresado, se inhibirá mucho más de cometer un delito que si cree que le inaplicarán una sanción máxima.

Con la pena de muerte se opta por una respuesta simplista y brutal que perpetúa un ciclo de violencia. Este enfoque erosiona la confianza en un sistema judicial que debería ser, ante todo, un pilar de la civilización.

En última instancia, lo que necesitamos es un sistema que garantice que no habrá impunidad. Lo que alienta al delito -reiteramos- es la seguridad de que la justicia no caerá encima del delincuente, sin importar la pena que se le imponga, como sucede hoy en el Perú.

Se trata de una falaz cortina de humo lanzada por la primera mandataria, para distraernos de las reales causas del aumento delincuencial en el país, como es la incompetencia absoluta del ministro del Interior y del sistema de justicia.

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cortina de humo, Juan Carlos Tafur, Sudaca, Sudaka

La corrosión democrática de la inseguridad ciudadana

Por: 18.03.2025

La inseguridad ciudadana se erige como un fenómeno que trasciende la mera estadística delictiva y se adentra en las profundidades de la convivencia social y la salud democrática de un país. Al deteriorar el contrato social, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que socava la confianza en las instituciones.

Esta fractura genera un caldo de cultivo propicio para que surjan discursos autoritarios que prometen soluciones rápidas y efectivas a problemas complejos, apelando a la desesperación de un electorado ansioso por la seguridad.

En este contexto, las elecciones del 2026 podrían convertirse en un escenario de polarización extrema. La inseguridad, al debilitar la percepción de un Estado de derecho robusto, puede favorecer a candidatos que se presentan como salvadores, aunque sus propuestas carezcan de un fundamento democrático sólido.

La tentación de abrazar medidas drásticas o populistas puede llevar a la ciudadanía a ceder libertades a cambio de promesas de orden y control, lo que resulta en una erosión gradual de los principios democráticos.

La retórica de estos candidatos, a menudo antisistema, se alimenta del miedo y la desconfianza en el statu quo. En lugar de fomentar el debate constructivo y la participación ciudadana, se promueve un clima de confrontación y división. La democracia, que debería ser el espacio para la deliberación y el consenso, se convierte en un campo de batalla donde la seguridad se prioriza sobre la libertad.

Así, el impacto de la inseguridad ciudadana en la democracia es profundo y multifacético. La fragilidad del contrato social se traduce en una mayor vulnerabilidad ante discursos que prometen soluciones simplistas, pero que en última instancia amenazan con desmantelar los cimientos democráticos.

Las elecciones del 2026 podrían ser un punto de inflexión, donde la elección no solo defina un rumbo político, sino que determine la capacidad de la sociedad para reconstruir su tejido social y recuperar la confianza en sus instituciones.

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asaltos, inseguridad ciudadana, Robos, Sudaca, Sudaka

Arremetida contra la democracia

Por: 15.03.2025

El Congreso sigue, impertérrito, en su avance contra la sociedad civil, sin medir las consecuencias antidemocráticas que tal proceder contiene.

La ley de supervisión de las ONG, so pretexto de fiscalizar el destino financiero de dineros recibidos por cooperación internacional (lo cual está bien, porque hay más de un avivato que se aprovecha de la condición legal de las ONG para lucrar en beneficio propio), impone una serie de restricciones que abiertamente atentan contra el libre funcionamiento de organizaciones de defensa ambiental o de derechos humanos, que si no hicieran estas ONG no haría nadie.

Los excesos cometidos por algunas ONG no pueden invalidar el valioso trabajo que la mayoría de ellas realiza en beneficio de la sociedad peruana. Y la ley aprobada en el Congreso busca maniatarlas y las amenaza con multas y cierres de acuerdo al arbitrario criterio subjetivo de la autoridad de la APCI.

Al mismo tiempo, entre gallos y medianoche, el Congreso ha modificado el código penal en la concerniente al delito de difamación, en lo que constituye una grave amenaza contra el ejercicio de la libertad de prensa. Ya ese tema está más que regulado y no hacía falta modificarlo, pero el Congreso busca maniatar el ejercicio periodístico, labor fundamental también de la sociedad civil.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa había advertido el grave deterioro de las libertades informativas en el Perú. Hoy le deberá sumar una ley a todas luces antiliberal y retardataria, que solo busca socavar la labor profesional de la prensa libre.

Parece que el Congreso solo quisiese que hubiera poderes públicos y que el sector privado se constriñera a empresas individuales sin capacidad de cohesión o acción sobre temas que al Estado le son irritantes (como la defensa de los derechos humanos o la libertad de prensa).

Una desgracia es el Congreso actual. No lo detiene nadie en este avance autoritario y deberá ser tarea del próximo Parlamento -ojalá- desmontar el tinglado de normas intrusivas y violatorias del Estado de Derecho democráticoque perpetra el actual Legislativo.

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Congreso, Libertad de prensa, Sudaca, Sudaka

Piqueo editorial

Por: 14.03.2025

-Debería postergarse la salida y entrada del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Es inviable y antitécnico haber construido tan moderno terminal para que su ingreso y salida se produzcan por una zona precaria, sucia, impresentable y, sobre todo, insegura, y que va a exponer a los millones de pasajeros a asaltos diarios con absoluta impunidad (ya deben estarse preparando las bandas para asaltar a cuanto turista transite por allí). Que el ingreso siga siendo por el actual lugar y que internamente LAP provea un servicio de traslado al nuevo terminal, hasta que el viaducto Santa Rosa (planificado para el 2029) no esté concluido. No hay otra opción saludable frente a uno de los hechos de desidia burocrática más escandalosos que se han visto en décadas en el Perú.

-Razones familiares graves habrían llevado al excanciller Javier Gonzáles Olaechea a suspender su militancia y participación como precandidato presidencial por el PPC. No viene el caso especular sobre ello, pero queda claro que con la salida anterior de Cillóniz se le acortan las posibilidades al viejo partido fundado por Luis Bedoya Reyes. Quedan en pie Carlos Neuhaus y Oscar Valdéz. Visto desde fuera, Neuhaus no es una posibilidad viable. No es un buen candidato aunque probablemente en la interna tenga todas las de ganar. Debería renunciar también y dejar solo en carrera a Valdéz, quien tiene mayores posibilidades de triunfo. Militar, serio, ideológicamente consistente, exponente de mano dura (si por él fuera Conga ya habría entrado en funciones, pero Humala arrugó a última hora) y, además, capaz de galvanizar un voto que recoja las expectativas de derrotar a la inseguridad, el mayor flagelo y preocupación ciudadana a la fecha.

-Exceso injustificable. ¿Qué puede llevar a la Corte Suprema a dictarle ocho años de prisión al excongresista Daniel Salaverry por haber, supuestamente, mal utilizado diez mil soles de gastos de representación durante su gestión parlamentaria? Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están en fase delusiva y solo hacen méritos para que les metan el caballazo de una reforma radical de ambos poderes del Estado. El populismo punitivo del Congreso parece haber hecho eco en las esferas fiscales y judiciales que han perdido toda sindéresis.

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Carlos Neuhaus, oscar valdez, Sudaca, Sudaka

¿Es payasada lo de Castillo?

Por: 13.03.2025

Mucho cuidado con hacerle el juego a Pedro Castillo con el sainete que viene montando en su juicio oral. No cabe burlarse ni tildarlo de ignorante o de bruto, cuando claramente lo que está desplegando es una estrategia inteligente de acción política.

Castillo busca victimizarse y cosechar aprobación popular, que sabe que ya tiene en alguna medida, y favorecer a los candidatos que traten de recoger su herencia en el venidero proceso electoral y eventualmente, de darse el triunfo de alguno de ellos, apostar allí a un indulto que lo saque de prisión.

Aplicar el escarnio simplón frente a ello solo lo ayuda en su propósito. Le confirma al pueblo que las élites -entre las cuales ubica al periodismo- maltratan a un expresidente por pobre y humilde, y no recala en que se le juzga merecidamente por su propósito golpista, además de soslayar el monstruoso desmadre político que fue su gobierno, con la complicidad de casi toda la izquierda.

Es menester demoler políticamente a Pedro Castillo, pero no repitiendo el bullyng inocuo y contraproducente que se le aplicó en la campaña electoral, sino mostrando con objetividad las enormes corruptelas de su corto régimen y exponiendo hasta el cansancio el video de su pretendido golpe, que mucha gente parece haber olvidado.

Eso es tarea de la prensa y de la clase política democrática. Castillo es una mancha republicana que debemos borrar y evitar que quede grabada en cierta memoria popular como un gobierno que no pudo ejercerse por la feroz oposición de los sectores acomodados y la prensa servil a los poderosos, que es la narrativa que sus huestes reiteran hasta el agotamiento.

El gobierno de Castillo fue el peor de los últimos lustros y de haber continuado habría conducido al Perú a su ruina económica, política y moral. Eso es lo que debe quedar instalado en la memoria colectiva y evitar que la victimización que viene aplicando surta efecto. De permitirlo solo habremos contribuido a labrar un destino electoral nuevamente indeseado el 2026.

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Pedro Castillo, Sudaca, Sudaka

La furia subsistente de la pandemia

Por: 12.03.2025

No puede soslayarse la catástrofe de la pandemia -que ocasionó 220 mil muertos en el país- en los resultados electorales del 2021. Tampoco en los superlativamente bajos niveles de aprobación del régimen de Dina Boluarte. Y, probablemente, tampoco, en los que registrará al cabo de poco tiempo el gobierno entrante el 2026.

Sufrir un problema grave de salud y descubrir que el Estado no existe para ayudar casi en absoluto es devastador para la sensación de pertenencia comunitaria que toda nación requiere como amalgama de convivencia aceptable.

A los muertos habría que agregarles los millones de afectados, que no murieron, pero que, víctimas del virus, sintieron también la ausencia total del Estado como mecanismo de auxilio, y se entenderá el voto furioso antisistema del 2021, como se deberá entender también el que surgirá sin duda el 2026, porque en materia de salud pública nada ha cambiado para bien en los últimos años.

Y nadie de la clase política se preocupa por el tema. Es absolutamente secundario, soslayando que al día por lo menos 350 mil peruanos acuden a un centro de salud pública a atenderse de alguna dolencia y reciben el trato indigno que tanto EsSalud como el Minsa le brindan a sus pacientes. El sistema de salud pública peruano es una fábrica diaria de ciudadanos antiestablishment y los efectos traumáticos del Covid se prolongan en el tiempo por esa razón.

No ha habido inversión pública en unidades de cuidados intensivos, en provisión de oxígeno, en dotación de medicamentos, mucho menos se ha cortado el nudo gordiano de la corrupción que campea en el sector. Si volviera a acontecer una pandemia, los resultados catastróficos seguramente se repetirían, como si nada hubiéramos aprendido de lo sucedido.

Responsabilidad histórica del desenlace lecorresponde a los gobiernos de la transición post Fujimori que no aprovecharon la bonanza fiscal para invertir en una reforma de la salud pública. Corresponsable el gobierno actual que no tiene entre sus prioridades el tema. Cómplices los políticos con pretensiones presidenciales que no colocan a la salud pública en el sitial de privilegio que le debería corresponder.

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