Una de las tantas razones que explican el éxito en la gestión administrativa del fujimorismo de los 90, fue la convocatoria por parte de Alberto Fujimori de operadores políticos, capaces de cruzar transversalmente las divisiones normativas del Estado peruano, entonces mil veces más endiablado que el de hoy.
Así, contó con un tándem de operadores de primer nivel: Santiago Fujimori, encargado de la convocatoria de cuadros tecnocráticos, Jaime Yoshiyama de las reformas económicas, y Absalón Vásquez de la microobra popular y el populismo asistencial.
De otra manera hubiera sido imposible derrotar al Estado elefantiásico heredado de los 80, que ni Belaunde ni García se atrevieron a desmontar de la herencia militar. No se movía un alfiler del Estado sin veinte cartas selladas. Sin estos operadores, que movilizaban recursos logísticos, que cruzaban transversalmente el Estado y además tenían cuadros trabajando a nivel del Congreso, gran parte de las reformas o actos de gobierno positivos de los 90 hubieran sido imposibles de llevarse a cabo.
Lamentablemente, Fujimori se dejó llevar de las narices por Montesinos y terminaron todos ellos apartados de mala manera del ejercicio gubernativo en el segundo mandato de Fujimori y allí se halla una de las tantas razones de la parálisis reformista de ese segundo lustro.
Pero a lo que íbamos. Hoy también se va a necesitar que quien gobierne el país, del 2026 en adelante, cuente con operadores semejantes. El Estado intervencionista y empresario de los 80 ya no existe más, pero desde el gobierno de Ollanta Humala, el modelo de libre mercado consagrado en la Constitución del 93 ha ido poco a poco desmontándose, llegándose hoy a una situación de sobrerregulación que traba de manera superlativa el flujo de inversiones privadas.
Y a ello se le suma el empeoramiento de un mal proceso de regionalización emprendido con Toledo y que ha construido una trama corrupta e intervencionista que coadyuva, aún más, a la ralentización del crecimiento económico. Estos poderes regionales, que no existían en los 90, deberán sumarse a la red de influencia que los operadores políticos deberán añadir a su cartera de poderes a ser gestionados.
