Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.
Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).
Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.
Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.
Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.
Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.
Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.
Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.
