La Policía Nacional del Perú la quiere emprender contra el caricaturista “Carlín”, Carlos Tovar Samanez, por publicar una viñeta en la que dejaba manifiesta la corrupción de la institución.

¿Cuál es el motivo de escándalo, si efectivamente la Policía Nacional es, desde hace tiempo, una de las entidades más corruptas del organigrama estatal? Casi a diario vemos noticias donde policías son detenidos o descubiertos cobrando coimas, participando en delitos varios o prestándose al accionar de mafias delictivas.

El tejido institucional que favorece el crecimiento de las organizaciones criminales incluye al INPE (las cárceles son oficinas del delito), el Ministerio Público y el Poder Judicial (donde los mafiosos son librados por fallos absolutorios o “errores procesales” que luego favorecen su impunidad), pero es la policía el principal eslabón de la cadena corrupta que propicia la ola delictiva que el país está sufriendo.

Hace muchos años, un exministro del Interior me contó cómo, el primer día que asumió el cargo, se le acercó el alto mando policial y le hizo entrega de un maletín con una enorme suma de dinero y le indicaron que era el monto correspondiente que le tocaba por su cargo (claramente era el precio de no tocar el statu quo). Mi informante rechazó la coima y desde allí solo sufrió boicots y trampas que pronto le costaron el puesto.

¿Quién de los que me lee y conduce un vehículo no ha recibido jamás una solicitud de dinero por parte de la policía de tránsito a cambio de no imponer una multa? Y ese es el delito al menudeo. Los delitos de corrupción mayores son los vinculados a las operaciones de las diversas mafias delictivas (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos, contrabando, extorsión, etc.), que sobreviven gracias a la colaboración policial.

Quien quiera combatir el delito creciente en el Perú tiene que empezar por una purga de la costra corrupta de la policía. Hay buenos elementos y buenos mandos, que han sabido mantener la decencia en medio del pantano. En base a ellos, que se les conoce, se debe edificar la nueva policía. Sin ese paso, será imposible derrotar a la delincuencia y llama poderosamente la atención,por ello, que muchos de los impulsores de la mano dura, eviten hablar de ella cuando se trata de imponerla a una institución donde la corrupción ha hecho metástasis.

Se necesita una policía decente e ilustrada, que sea una institución democrática y moderna, que sepa aquilatar, por lo pronto, la Constitución y respetar, como derecho básico, la libertad de prensa.

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Desde hace varios lustros, hemos sido espectadores de una corriente ideológica autodenominada progresista que por paradójica que suene, ha sumido en la pobreza a los pueblos que han tenido el infortunio de sufrir este tipo de gobiernos.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), progresista es un adjetivo “Dicho de una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas”. Así, la misma RAE define a la palabra progreso con sinónimos positivos como prosperidad, mejora, mejoría, avance, adelanto, bonanza, crecimiento, desarrollo, entre otros.

De manera sagaz, hipócrita y pretenciosa, la izquierda socialista ha cambiado su etiqueta de socialismo por la de progresismo, que como vemos, tiene connotaciones muy positivas, alejadas de aquellas que relacionan al socialismo con dictadura, pérdida de libertades, pobreza, presos políticos y delincuencia de Estado.

Así, con la nueva etiqueta de progresistas, los mismos políticos socialistas salen a vender el mismo discurso de siempre, prometiendo reducir brechas cuando en realidad las incrementan, alardeando de mayor inclusión cuando fomentan la discriminación al que no sigue su discurso único, y ofreciendo una repartición de la riqueza más justa cuando la verdad es que solo reparten más pobreza.

Es una pena que tan bella palabra haya sido apropiada por el discurso de izquierda y que ya no pueda ser usada por la derecha, porque también, del otro lado, existe la intransigencia de excluir como de derecha, todo aquel que se haga llamar de derecha progresista. No eres de derecha si no eres conservador, apuntan.

La lucha de las ideas y del posicionamiento político efectivo van a tener que ser muy finas hacia las próximas elecciones presidenciales del 2026. 

La izquierda seguirá presentándose como progresista aún con candidatos radicales, de allí la importancia de encontrar una contra narrativa que cale en la población, por ejemplo, llamándolos por lo que realmente son, pobresistas, porque lo único que causan es más pobreza y enfrentamiento entre los ciudadanos. 

Pero esto no es suficiente. Se requiere también buscar con inteligencia, aquella que está en nuestros cerebros pero que también se encuentra en los estudios de mercado, un discurso firme y efectivo de la derecha liberal, que pueda trasmitir conceptos simples pero positivos como bienestar, respeto, iniciativa, paz, seguridad y a la vez desligarse de la connotación negativa que la izquierda aprovecha muy bien, de tildar de neoliberal a todo aquel que se diga de derecha.

Tareas nada simples si además contemplamos, con desolación, la enorme cantidad de posible oferta presidencial de candidatos que están en esa línea, que más que pensar en una coalición liberal, prefieren al cacicazgo de mini partidos con la esperanza que un 8% los lleve a segunda vuelta. Así, más cerca estaremos de una disyuntiva Antauro Humala versus Carlos Alvarez, que de alternativas democráticas de centro-izquierda o de centro-derecha.

Aunque aún hay tiempo, nos quedan menos de 27 meses para las elecciones, construir una alternativa conjunta y democrática del centro a la derecha liberal, va a costar desprendimientos de los egos presidenciales y mirar nuestros actos como una suma de individuos que compartimos principios en la búsqueda de un mejor bienestar para nuestra gente, y en especial, de los que más lo necesitan.

 

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Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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