Dos hechos concretos y tristes reafirman que estamos en un país donde el acceso a la justicia es un derecho negado permanentemente: (1) el vergonzoso fallo que cambia la sentencia en el caso de Solsiret Rodríguez y (2) la criminalización de los familiares de las víctimas de los asesinatos durante las protestas contra Dina Boluarte.
Sobre el vergonzoso fallo en el caso Solsiret:
Solsiret, una joven desaparecida durante tres años, parte de sus restos fueron encontrados en el 2020. Desde entonces, la familia ya no la busca, pero clama por justicia. Hace poco más de una semana0, la Segunda Sala de Apelaciones Permanente de la CSJ del Callao emitió una sentencia que perpetuó la impunidad. Mediante esta, se cambió el delito de feminicidio por encubrimiento personal y real en el caso de uno de los agresores, Kevin Villanueva, disminuyendo su pena a solo a seis años. Asimismo, se absolvió a los cómplices ordenando su inmediata liberación.
Como es lógico, los familiares, su padre y madre, quienes se han mantenido perseverantes en la búsqueda de la verdad y la justicia, están sumidos en el dolor y la desesperación al ver con impotencia cómo el crimen de su hija queda impune. Justicia a medias no es justicia.
En medio de la desolación, ellos, los principales afectados, han dado una serie de declaraciones en medios de comunicación mostrando su indignación. Apenas con fuerzas para seguir después de tanto, el señor Carlos y la señora Charito le vienen diciendo a las autoridades lo que merecen, al observar tanta negligencia y dejadez.
En el caso de Solsiret, el Estado incumplió su deber de debida diligencia desde el inicio, desde el momento de su desaparición sus familiares recibieron maltratos y revictimización. Este último fallo confirma la irresponsabilidad con la que se abordan los casos de violencia contra las mujeres en el país y la falta de perspectiva de género de nuestras autoridades.
Lejos de mostrar empatía con los familiares, de respetar su dolor, la Sala que dictó la última sentencia emitió un comunicado donde no solo defiende su cuestionada sentencia (como si un fallo fuera infalible) sino que también «rechaza las opiniones y apreciaciones subjetivas» vertidas frente a la misma.
Con este comunicado, al parecer, la CSJ del Callao, cuestiona a quienes han dado declaraciones sobre el caso, mostrando una nula empatía con los familiares. A estos no se les puede pedir que se expresen técnicamente, pues lo hacen desde el dolor y la impotencia que les genera la impunidad. Desde el dolor de perder a una hija que estuvo desaparecida por muchos años y que luego fue encontrada víctima de un terrible feminicidio cometido con gran crueldad. Y están en todo su derecho.
La indolencia de las autoridades desborda el dolor de un padre y una madre cuyo único consuelo es ver sancionados a quienes le arrebataron lo más preciado: su hija. ¿Puede esto ser criticado?
Sobre la criminalización a los familiares de la masacre en Ayacucho:
Hace unos días fuimos testigos del incidente en donde se le jaló el cabello a Dina Boluarte durante su visita a Ayacucho.
Hace poco más de un año, Ruth e Ilaria perdieron a sus seres queridos. Una perdió a su esposo y la otra a su hijo de apenas 15 años, quienes fueron murieron después de ser atacados por agentes estatales durante las protestas y hasta la fecha sus muertes están impunes, no se ha sancionado a nadie por estos hechos.
Ruth e Ilaria, absolutamente desbordadas por la impotencia y la angustia, se dirigieron a gritos a la presidenta exigiendo justicia, y, una de ellas le jaló el cabello. Que esta es una conducta reprochable y que no debe promoverse, lo es. Pero, a la vez, es absolutamente comprensible la indignación de los familiares que vienen clamando por justicia frente a autoridades que no solo niegan la misma, sino que paradójicamente se burlan del dolor lanzando caramelos.
La presidenta, durante los hechos, estaba lanzando dulces a la población. Cual ser poderoso, dando una dádiva a quienes considera inferiores. Burlándose del dolor, pisando sin respeto ni remordimiento la tierra que hace muy poco vio morir a sus hijos.
Definitivamente lanzar caramelos a quienes te gritan «justicia» es una conducta violenta y discriminatoria. La actuación de los familiares puede no ser justificable, pero desde la empatía, se comprende.
La respuesta de los defensores de este gobierno, violador de derechos humanos, ha sido buscar la criminalización de estas mujeres, olvidando que ellas también son víctimas de la violencia estatal y de la impunidad.
Cuanta infamia en quienes no tienen empatía con el otro, en quienes no comprenden el dolor profundo de una pérdida y la impotencia que genera la falta de acceso a la justicia e impunidad.
Ruth e Ilaria no han cometido ningún delito; lo que han sufrido es una pérdida terrible que ha cambiado sus vidas para siempre. La que ha cometido crímenes pendientes de sanción es Dina Boluarte.
En definitiva, la impunidad en este país desborda a quienes la sufren, golpea nuevamente a quienes ya han sufrido lo inimaginable. A veces hay que ponerse en el lugar del otro antes de sacar el manual de buena conducta.
(1) Dos delitos menores que consisten en obstaculizar la justicia ayudando a una persona a ocultarse o encubrirla después de cometer un delito o desapareciendo las huellas o pruebas del delito y sus efectos (Artículos 404° y 405° del Código Penal).
(3) Comunicado de la CSJ Callao:
