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En 1988 trabajaba en Arequipa y Sendero Luminoso atacó la comisaría de Cotahuasi, hecho que llamó la atención porque Abimael Guzmán nunca había ejecutado un atentado en su región natal (aunque Cotahuasi esté más cerca de Ayacucho que de la Ciudad Blanca).

Con el equipo de prensa de Radio Televisión Continental decidimos ir a la zona a cubrir el hecho, a pesar de que mi especialidad no era ni nunca fue el tema subversivo sino el quehacer político, tarea intensa en esos momentos del aciago primer mandato de Alan García.

En el trayecto parábamos en diferentes poblados a entrevistar a sus vecinos y para mí fue una sorpresa descubrir que la gente le tenía más temor a la policía o a las fuerzas armadas que al propio Sendero Luminoso, por las barbaridades que las fuerzas del orden cometían contra la población civil no involucrada en el conflicto.

Ahora que desde el Congreso se busca amenguar de alguna manera la situación penal de esos militares y policías, y algún congresista ha llegado a plantear inclusive una amnistía, es preciso recordar que una gran lección que nos debe dejar el periodo de la lucha antiterrorista es que las fuerzas del orden cometieron excesos brutales, injustificados, imprescriptibles, sin que importe la entrada o no en vigencia del Estatuto de Roma en determinada fecha. Los crímenes de guerra se castigan siempre. El terrorismo de Estado, que lamentablemente se ejecutó, especialmente durante los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde y Alan García, no puede ser soslayado bajo amnesias selectivas o legales.

Es más, una gran conclusión a extraer -y para eso existen el Informe de la Comisión de la Verdad, el Lugar de la Memoria o El ojo que llora, tan aborrecidos por la extrema derecha- es que el peor daño que la subversión causó es que el Estado se olvidó sus límites legales. En el caso peruano, con mayor razón debe recordarse que fue cuando se cambió la estrategia de “tierra arrasada”, que se pudo derrotar al terrorismo (el GEIN fue más eficaz que el Grupo Colina o el Comando Rodrigo Franco).

–La del estribo: mucho por hacer en Lima. Hasta hoy está la muestra Chancay de a mil, que reúne 225 piezas de cerámica de los valles de Chancay y Huara, de la colección del escultor peruano Benito Rosas. Va en el Museo de la Nación y el ingreso es libre. También es imperdible visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, a apreciar la muestra El buen lugar, pinturas y dibujos 2017-2024, de Ramiro Llona (empieza el 18 de junio); y también Forastero en la tierra, de Rafael Hastings.

Queda claro que las conferencias de prensa no le permiten lucirse porque no goza de la virtud de la elocuencia y no transmite convicciones a quienes la escuchan, pero ocurre lo mismo en sus soliloquios discursivos en eventos oficiales y, sin embargo, estos no los ha cancelado.

Obviamente, lo que la presidenta no quiere es que le hablen de temas de coyuntura, de los Rolex, de Córpac, de las atrabiliarias y antidemocráticas decisiones congresales, de sus ausencias inexplicables, de las encuestas, de la reforma de las pensiones, de Tía María y Conga, de la reactivación económica, de la inseguridad ciudadana, etc.

Pero lo que no parece entender la primera mandataria es que ella tiene la obligación cívica y democrática de ejercer un liderazgo nacional y que la única manera de hacerlo es pronunciándose sobre temas que a veces estrictamente no le competen, pero que le caben por su investidura de ser la primera autoridad nacional. Es una tarea que no puede ser delegada a los ministros.

Ya tiene, según la mayoría de encuestas, una desaprobación superior al 90%. Nueve de cada diez peruanos no la quiere. Y eso ocurre no porque haya cometido desastres o esté involucrada en actos flagrantes de corrupción, por lo menos probadamente, y la barbarie represiva de finales del 2022 no alcanza para explicar tamaña desaprobación.

El silencio presidencial se entiende más porque la gobernante no tiene nada nuevo ni interesante que decirles a los peruanos. El suyo es un gobierno inerte, sojuzgado por un Congreso prepotente, y esa debilidad sustancial es lo peor que puede mostrar un líder a sus seguidores.

Estamos en medio de una desgracia política. En momentos en los que más reformas se necesitan, el gobernante responsable de conducirlas y empujarlas, no tiene la menor idea de qué hacer y para evitar mostrar tamaña orfandad, ha decidido ocultarse de los periodistas.

Hay que contar los días para que esta pesadilla acabe y que el nuevo gobierno que entre el 2026 sepa qué hacer, sepa que lo tiene que hacer rápido y sepa que debe ejercer un liderazgo mediático permanente. No se esperaba mucho de Dina Boluarte, quizás ya es bastante que no haya seguido el rumbo de Pedro Castillo, pero resulta más que evidente que el país necesitaba una mejora superlativa, que, tristemente, ni se ha producido ni se va a producir.

Mauricio Mulder ha declarado que probablemente el APRA irá sola a las elecciones del 2026 porque, si bien cree en las alianzas, advierte que pareciera que los otros partidos les tienen temor.

Suponemos que se refiere a que temen que la astucia política de los apristas los haría encaramarse por encima de sus aliados y conseguir los cupos parlamentarios que entre todos disputarían, pero también es cierto que existe un profundo anticuerpo en varios candidatos de la centroderecha respecto del aprismo por la estela de corrupción que lamentablemente proyecta.

La pregunta es, si puesta en la balanza, ese factor debe pesar más que los activos que el aprismo podría aportar no solo a la candidatura sino a la posibilidad de ser gobierno.

La experiencia de haber tenido un buen gobierno, como lo fue el segundo mandato de García -a pesar de su inercia reformista-, mejor que el de Toledo (Humala fue un fiasco, PPK una decepción, Vizcarra una farsa deleznable y Sagasti tuvo un buen desempeño, pero de muy corta duración), le debería dar algún crédito político en la mesa de negociaciones de cualquier alianza.

El APRA puede aportar buenos candidatos parlamentarios (el propio Mulder, Del Castillo, Velásquez Quesquén -el mejor premier de la transición democrática-, Luis Gonzales Posada, José Luis Alvarado, etc.), además de una miríada de jóvenes bien preparados y con capacidad de darle batalla política a los grandes adversarios, que van a ser la izquierda radical y el fujimorismo.

Pero, además, puede contribuir con una lista de tecnócratas, no necesariamente apristas, que trabajaron durante su gobierno y permitieron que el país creciera a las tasas que creció y la pobreza se redujera de 50 a 27% en el lapso de un lustro.Esa larga lista de burócratas y tecnócratas le sumaría al nuevo gobierno un lecho rocoso de partida que podría ser muy útil para sobrellevarlos primeros tiempos de acomodo que suelen tener los gobiernos entrantes.

No es, en suma, un mal aliado el APRA. Los partidos de centroderecha que ya están conversando harían bien en tener en cuenta al partido de la avenida Alfonso Ugarte. Históricamente, además, son aliados leales, valor político muy preciado en tiempos en los que los pactos se rompen a la primera de bastos, echando por la borda el gran esfuerzo de conformarlos.

La mayoría de peruanos debe tener la misma sensación que un ilegal tiene en el extranjero. Carece de toda protección legal, es acosado por la policía, no goza de servidos básicos de calidad, no tiene carta de ciudadanía.

Lo que ha ocurrido en el aeropuerto no es si no un botón de muestra del desamparo absoluto que tienen los ciudadanos o consumidores respecto de los abusos de las empresas o entidades públicas. Tienen DNI, pero no tienen derechos.

Es un espanto las consecuencias psicosociales y políticas que ese estado de cosas genera en la población, particularmente a la hora del voto. Si a uno, por ejemplo, a pesar de ser asegurado y cotizar a EsSalud, no lo atienden, no le dan cita, no le dan cama, no le dan los remedios que requiere, en suma, lo dejan a su desamparo ¿cómo puede sentirse esa persona respecto del establishment?

Por eso, se debe ser muy severo respecto de los gobiernos de la transición post Fujimori. Recibieron un país en bonanza económica, bendecido además por un boom en los precios de las materias primas, y no hicieron reforma alguna que acercara al Estado al ciudadano, que integrara al país y no generara la división terrible que existe hoy en día entre el sur andino y Lima y la costa norte, que satisfaga las necesidades básicas del peruano de a pie y que su ascenso a la clase media -medido monetariamente- fuese de la mano con una mejoría de su calidad de vida.

Los peruanos que creen en el libre mercado y en la democracia, y más aún quienes se preparan para ser sus candidatos, deben ser plenamente conscientes de que eso no puede volver a ocurrir. De repente, inclusive, ya es demasiado tarde para evitar el desastre, pero si por esos azares del destino, confluyesen los astros, el gobierno reactivase la economía, se formasen frentes ideológicos consolidados, se arrebatase una porción del electorado del sur andino a la izquierda radical, y ganase una opción centroderechista, está obligada a hacer un gobierno radicalmente disruptivo y reformista. El país no aguanta otro fracaso de la inercia mediocre.

Es un buen proyecto el propuesto por el abogado constitucionalista Natale Amprimo. Consiste en plantear una reforma constitucional para que los expresidentes del Tribunal Constitucional conformen una comisión reorganizadora que reemplace a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que, de inmediato, remueva a los fiscales supremos y elija a los nuevos entre los fiscales superiores, previa evaluación.

El proyecto ha sido recogido ya por varias bancadas y ojalá hagan lo propio las mayoritarias, especialmente Fuerza Popular. No se ve otra manera de salir del entrampamiento en el que se halla el sistema de justicia, plagado de corrupción y de politización.

Los fiscales todopoderosos abusan de su poder, avasallando derechos constitucionales y la JNJ no hace absolutamente nada al respecto. Hay una connivencia que merece ser cortada de raíz.

Consolidado el proceso, será necesario que el nuevo gobierno, a partir del 2026, reforme por completo el sistema de justicia. La de Amprimo es una solución de emergencia, pero lo que debe lograrse es un cambio radical de uno de los pilares fundamentales de la democracia, como es el sistema de justicia (uno de los pocos en los que el Estado debe invertir sin cortapisas).

El Estado de Derecho democrático es condición imprescindible para que funcione correctamente una economía de mercado. Sin una justicia justa, valga la redundancia, no hay tutela de los derechos individuales, piedra angular de la vida social y económica.

El Poder Judicial, en sus instancias superiores y supremas mal que bien se salva de la ignominia, pero el Ministerio Público es un antro de injusticia y abuso, impune y sin control alguno.

Hay fiscales honestos e institucionalistas que ven con espanto lo que se ha hecho con su institución, convirtiéndola en una chaveta contra los que conviene destruir y en un manto de impunidad en beneficio del amigo o del poder del dinero.

La república pocas veces en su historia ha visto el grado de descomposición moral y profesional del Ministerio Público que hoy apreciamos. Se espera que la propuesta de Amprimo, que ayuda a mejorar la situación, tenga el eco merecido en el Congreso y pronto veamos una calificaciónsustantiva del problema.

Se debe mirar con optimismo que algunos candidatos nuevos de la centroderecha estén dedicados a recorrer el sur andino con intensidad. Es un bastión electoral que hay que arrebatarle a la izquierda radical porque, de otro modo, puede ésta asegurarse el pase a la segunda vuelta, por lo menos con un candidato sino con dos.

Este cálculo ya lo hemos hecho, pero vale la pena reiterarlo: el gran sur andino representa casi el 20% del electorado nacional. Si persiste el nivel de beligerancia y contestación que hoy alberga este bolsón poblacional, lo más probable es que en la primera vuelta del 2026 vote como en la segunda vuelta del 2021, es decir, cerca de un 80% a favor del candidato de izquierda radical. Allí nomás ya tiene el 15% de la votación en el bolsillo.

Si a eso se le agrega el resto del mundo andino y los bolsones crecientes de pobreza en la costa norte y la selva (un nuevo pobre es un ser amargado y antisistema en potencia), la tasa podría crecer tranquilamente a 25 o 30% de la población electoral del país. Y si recordamos que Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con el 9% de la votación (su 18.9% oficial es resultado de la maniobra estadística de los votos válidos), no es difícil pensar que con un porcentaje cercano al 30%, coloque no solo uno sino dos candidatos radicales (por eso es tonto que haya quienes se consuelen señalando que la izquierda radical también va a ir dividida; por lo pronto, están Antauro Humala, Guido Bellido y Aníbal Torres).

Esa identidad política radical del sur andino y del resto del país debe ser rota. Y la mejor y quizás única manera de hacerlo políticamente es haciendo campaña allí. El gobierno ayudaría si hiciese buena política económica y rápidamente redujese la pobreza aprovechando el superciclo de las materias primas, pero ya se ve que eso no va a ocurrir por la medianía de su gestión. La cancha la tienen que recorrer, solos y con la adversidad a cuestas, los propios precandidatos.

Lo que está haciendo Rafael Belaunde, recorriendo Ayacucho, Cusco, el propio Puno, es formidable y digno de imitar por quienes, ojalá, luego se integren en un gran frente centroderechista. Allí está la clave del triunfo próximo.

-La del estribo: a ver, en el teatro de la Universidad del Pacífico, Inbestia, obra dirigida por Patricia Biffi y Mariela Noles y con la actuación de Liliana Trujillo, Cecilia Monserrate y Lupe Ramos. Entradas en Joinnus y va hasta el 8 de julio. Y gracias nuevamente al club del libro de Alonso Cueto, recomiendo leer Ciudad de cristal, novela corta que forma parte de Trilogía de Nueva York, del gran Paul Auster. Un placer su lectura.

Una de las mejores noticias para el futbol peruano es la aprobación de la ley de viabilidad de los equipos profesionales de fútbol (proyecto 1137), en la comisión de Economía. Quienes quieren detenerla -Gremco y los compadres- están realmente desesperados para que no llegue a aprobarse en el Pleno del Congreso.

Puntualmente establece un régimen excepcional para lograr que los clubes puedan presentar un plan de viabilidad que garantice el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente, su recuperación financiera y deportiva y la protección de su patrimonio.

¿Qué se establece? Que sea la Sunat la que administre el club hasta el pago total de su deuda concursal, tributaria y corriente. Y la Sunat, mediante concurso público, nombra un administrador.

La ley complementaria establece una tabla de montos y plazos obligatorios para que exista certeza jurídica del cobro de sus acreencias a entidades públicas y privadas.

Su vigencia previa ha logrado resultadosextraordinarios. El caso de Universitario de Deportes es excepcional: viene avanzando de una manera acelerada con el pago de la deuda corriente, que incluye la tributaria a favor del Estado. Ha duplicado los ingresos del club y dejado de depender solamente de los derechos de transmisión. Debido al éxito deportivo, ahora la taquilla es su principal ingreso, batiendo sus récords de asistencia en 100 años y recaudando más de 25 millones de soles por ese concepto que el año pasado. Por esos mismos logros deportivos, el nivel de los sponsors del equipo ha aumentado en cantidad y sobre todo en rentabilidad. Las cifras de hoy son muy superiores a las de toda su historia. Hay nuevas unidades de negocio como Socio adherente que acercaron al hincha con el club y lograron ingresos nunca antes generados. Se ha modernizado totalmente el viejo estadio Lolo Fernández y levantado el coliseo Apuesta Total para sus otras disciplinas como el vóley y futsal down. Y la base de todos estos logros ha sido una nueva realidad deportiva con grandes éxitos que han despertado la ilusión de toda la familia crema que ha vuelto masivamente al estadio.

Después de un carrousel de administraciones concursales fallidas que llevaron al equipo a la quiebra económica y deportiva, la institución se ha levantado de sus cenizas para celebrar su centenario como campeón del fútbol peruano 2023 y ahora campeón del torneo Apertura 2024.

El fantasma de Gremco que llevó al equipo a sus noches más oscuras ha desaparecido por ahora gracias a la Ley 31279 y se espera que ello se consolide con la nueva ley. El Congreso no puede estar de espaldas a la realidad de millones de hinchas del fútbol.

Va en el sentido correcto la afiliación del precandidato presidencial Fernando Cillóniz en las filas del PPC y su anuncio de que ya andan buscando alianzas con otros partidos que, como ellos, promuevan la defensa democrática y el respeto a la propiedad privada.

Ese es el camino a seguir. Ha mencionado a Avanza País, Libertad Popular, Renovación Popular e, inclusive, a Fuerza Popular (aunque ha anticipado que este partido no estaría interesado), como eventuales nuevos aliados del frente.

Sería claramente un frente de derecha o centroderecha. Si, por otro lado, la gente de Lo Justo se une con Jorge Nieto y llaman a otros partidos del mismo perfil centrista podríamos arribar al proceso del 2026 con dos grandes frentes, uno de centro y otro de derecha, que ayudarían a evitar la enorme fragmentación existente y, además, considerando que la gente está harta de la politiquería, podría tener mucho arrastre electoral.

Por cierto, partidos como el Apra o Alianza para el Progreso, o candidatos como Carlos Anderson y Alfredo Barnechea, no deberían ser soslayados en estos esfuerzos de integración multipartidaria.

Es un error pensar que estos pactos serán interpretados por la ciudadanía como enjuagues politiqueros, o imposturas ideológicas. Todo lo contrario, veremos cómo su conformación atraerá atención y preferencia cívica. En otras circunstancias históricas, tal vez podrían haber sido vistos, efectivamente, como componendas ambiciosas de poder, pero en los tiempos que corren, en los que la política es percibida como un mercado fenicio, plagado de ineficiencia y corrupción, esfuerzos que impliquen desprendimiento y trabajo colaborativo, serán bien apreciados.

Lo interesante de tales pactos es que aseguran, además, que las cuotas partidarias para las candidaturas al Parlamento tengan cierto filtro (cada partido tratará de colocar a sus mejores cuadros en el elenco) y de esa manera, poder aspirar a tener una mayoría parlamentaria o provocar un escenario propicio para que una posterior ampliación de la alianza, si gana las elecciones, le permita conformar una mayoría legislativa que le facilite la tarea ejecutiva.

Mis parabienes a Fernando Cillóniz. Sea en la lid presidencial o en la congresal, su presencia supone un aporte a la política peruana y su gesto debería ser imitado.

Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.