Una represión ajustada al Estado de Derecho, y una incansable voluntad de diálogo (que en algún momento deberá producirse), deben activarse a la par de la resistencia política a la presión violentista de grupos minoritarios que malcreen que a punta de bloqueos, incendios y agresiones a las fuerzas del orden, pueden imponerle al país un modelo político que las mayorías ni avalan ni avalarán.
Si la presidenta Boluarte solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia debería renunciar. Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó 6 fallecidos; el de Chile ese mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello.
Esto constituye un fracaso gubernamental, pero, además, resulta inaceptable en una democracia. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política”.
Sería muy útil que las fuerzas del orden sepan distinguir entre los azuzadores intelectuales y perpetradores materiales de la protesta sangrienta, de aquellos que actúan sin violencia, y que son la mayoría, pero que son tratados bajo el mismo rasero (véase los resultados de la torpe intervención en San Marcos: todos liberados por la Fiscalía) y con una intensidad represiva propia de una guerra interna.
Al pueblo legítimamente indignado, contención insertada en el respeto a los derechos humanos; a los violentistas, detención y carcelería, a ver si de una vez por todas nos libramos de los remanentes senderistas que siguen creyendo que la violencia, así sea camufladamente, es la partera de la historia.
Frente a los vándalos y violentistas, todo el peso de la ley y de la justa represión. Frente a la población movilizada, contención sensata y búsqueda inagotable de mecanismos de diálogo que los haga trastocar una agenda politizada, que es inviable y seguramente no comparten (liberación de Castillo, renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y Asamblea Constituyente), por una plataforma de acciones sociales y gubernativas concretas en cada una de las regiones soliviantadas.
–La del estribo: imprescindible la lectura de Sin noticias de dios. Sodalicio: una crónica de impunidad, del periodista Pedro Salinas, una suerte de bitácora personal del caso en su conjunto, desde sus inicios, sobre los actos violatorios de los derechos humanos perpetrados en una sociedad pontificia que, con la abundancia de pruebas delictivas presentadas, ya hace tiempo debió haber sido clausurada.
El Congreso tiene que romper la burbuja en la que suelen radicar los parlamentarios, sin capacidad de percepción de la realidad política y social, amoldados por las gollerías de las que gozan y el relativo aislamiento de la calle (que solo se va a romper cuando se opte por renovación parcial del Parlamento y la constitución de distritos electorales múltiples).
El de Dina Boluarte es, esencialmente, un régimen de transición y, en esa medida, mientras más rápido dé curso a su vigencia, mejor, más aún en medio de las circunstancias aciagas en las que vivimos, que es urgente desescalar.
El gobierno sale fortalecido de la asonada, no hecho flecos, como pretendía la izquierda. Se va viendo cada vez más claro que lo más probable es que Dina Boluarte dure hasta julio del 2024, quizás con focos de resistencia en Puno y algunas regiones aledañas, pero con el resto del país funcionando, y, sobre todo, con la transición democrático constitucional incólume.
La disyuntiva es entre la continuidad mejorada cualitativamente del modelo, o la regresión destructiva a esquemas que no han tenido éxito en ningún lugar del mundo cuando se han aplicado y, por el contrario, han generado mayor crisis económica y aumento superlativo de la pobreza. Que sirva la crisis actual para que se despierten los defensores del modelo y que salgan de la inercia ideológica en que han vivido las últimas décadas.
Tanto es el desprestigio del actual Congreso que, inclusive, dos reformas políticas importantes, como la bicameralidad o la reelección, bien podrían dejarse para más adelante. Hoy por hoy, que el actual Legislativo las apruebe podría ser combustible para atizar la hoguera de la protesta social y la ira popular.
Es imposible en las actuales circunstancias, por más que las encuestas lo digan, convocar a una Asamblea Constituyente. Tendría que reformarse la Constitución para que ello sea factible y no hay ni el tiempo ni la masa crítica parlamentaria para que ello suceda. Y por más movilizaciones sociales que haya, los poderes constituidos no pueden dar ese salto al vacío.
Pero el tema va a estar presente en la venidera campaña electoral y seguramente será uno de los ejes ideológicos de la misma. A ver si en tal circunstancia, la derecha y el centro salen a la cancha a contrarrestar los argumentos demagógicos y anacrónicos de la izquierda peruana. Es lo que corresponde si no se quiere que el Perú retroceda treinta años en su desarrollo.
