El debate del modelo económico está en el tapete, pero no hay elaboraciones ni propuestas claras. Se pide el cambio por el cambio, la Asamblea Constituyente porque sí, sin reparar en el qué con atención y menos aún en el cómo. Es entendible que se pidan mejoras, se necesitan muchas. Creo que el consenso al que debemos apuntar es que necesitamos más y mejor Estado que trabaje de la mano con un sector privado más fuerte y audaz en un proceso de fortalecimiento institucional progresivo con mayor inversión en protección social y desarrollo de oportunidades

El debate sobre el modelo también se está dando a nivel global, aunque de manera más sofisticada y atendiendo problemas críticos como el cambio climático, la regulación necesaria para las nuevas tecnologías y la reducción de la desigualdad estructural creciente. Se empiezan a crear consensos para los nuevos pactos verdes para mitigar y adaptarse al cambio climático. También se destaca que es necesario regular y orientar el desarrollo tecnológico de modo que sea favorable a las personas. A nivel corporativo se está pasando de hablar de “shareholders” a “stakeholders” y a vigilar supranacionalmente o coordinadamente la evasión tributaria. Estas reformas deberán tener dientes e influenciarán todo el sistema. 

Cada revolución industrial ha generado incremento de la productividad con el consecuente incremento de bienestar, aunque también desigualdad. En el siglo XIX, Marx y Engels formulan una crítica y afirman que los Estados Nación que sirven a los propósitos de las empresas y no de la población en general o trabajadores. Si bien la crítica tiene asidero, el modelo comunista y estatista que surgió en el siglo XX no fue la única opción de ajuste. También ajustes al sistema capitalista con mayores niveles de redistribución y servicios públicos responden a esa demanda. 

El colapso de la Unión Soviética dio fin a la economía centralmente planificada estatista-comunista. China hizo reformas de mercado y tuvo una transición hacia un capitalismo de estado desde fines de los 70s. Antes de China, diversos países del Asia tuvieron una transición al desarrollo como Japón y los Tigres Asiáticos con un modelo capitalista con políticas públicas muy activas. Europa tiene un modelo capitalista, regulado y promovido por el Estado, y un sistema de protección social muy fuerte. Estados Unidos, tiene un sistema capitalista con apoyos y regulación el Estado y un sistema de protección social menor al de Europa. 

En América Latina, luego de la crisis de la deuda de los 80s vino el Consenso de Washington que aplicó programas de liberalización drásticos. Si bien un programa de liberalización puede ayudar a reactivar una economía, para que sea suficiente, requeriría que todos los agentes (empresas, trabajadores y el mismo gobierno) fueran capaces y con recursos. Al no serlos, la liberalización funciona para la burbuja con mayores capacidades que sobreviven el shock inicial. Para el resto de la población quedaba el chorreo

Al escoger un modelo, debemos ser prácticos y tener claros los objetivos. Como dijo Deng Xiaping, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Nosotros queremos generar crecimiento económico, oportunidades y bienestar para todos.

El nivel de desarrollo y tus condiciones son claves al evaluar el modelo o las características del modelo que sea más conveniente. La desigualdad en Perú es históricamente alta. Desde la colonia y antes, siempre ha sido una élite o burbuja pequeña que disfrutaba del crecimiento y recursos y una mayoría oprimida o ignorada en el sistema. El crecimiento de los últimos 30 años, ha permitido que la burbuja crezca. Pero la gran mayoría, a pesar de la importante mejora que ha tenido, todavía vive con ingresos bajos, con bajo acceso a servicios y también bajo acceso a oportunidades. Además, la pandemia ha deteriorado la situación pues muchas familias que mejoraron sus condiciones de vida han sufrido importantes retrocesos. 

¿Hacia el futuro, qué se necesita en el modelo? Creo que lo fundamental es entender que empresa y estado son ambos necesarios. La polarización anti-estado o anti-empresa solo dificultan y dañan nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo. Se necesita un estado más capaz y efectivo y también empresas más fuertes y audaces para generar crecimiento y desarrollo.

Para impulsar la modernización del Estado necesitamos como prerrequisito fortalecer sistema de partidos políticos para asegurar un mínimo de rendición de cuentas y seriedad para implementar las políticas que prometen. Además, se deben impulsar reformas claves. En la gestión del sector son claves el fortalecimiento del servicio civil, la mejora de la gestión por prioridades estratégicas y resultados, el uso de PMOs para impulsar proyectos claves mientras se construyen capacidades y la promoción del gobierno electrónico y la transparencia

Parte crítica del modelo es dar un marco adecuado para la relación Estado – Empresas. El Estado es Rector y debe dar lineamientos. También debe promover actividad empresarial, crear condiciones y dar soporte. Es clave que la regulación mejore y se centre en el ciudadano y el interés público sin que esto signifique un choque con el sector privado. Más bien se trata de un alineamiento de intereses. Que las empresas ganen utilidades es muy positivo, siempre que no lo hagan en detrimento de la sociedad o el ambiente.

El tamaño del Estado debe crecer y paralelamente deben crecer sus capacidades. Las políticas públicas y servicios públicos de calidad generan externalidades positivas. Se debe ampliar como parte del modelo la protección social para todos. El incremento de presión tributaria debe venir por impuestos a personas, rentas de primera y segunda categoría, formalización y reducción de exoneraciones tributarias, evasión y elusión. Se deben implementar incentivos tributarios para las inversiones que generen externalidades positivas al tejido productivo del país. 

Sobre las empresas públicas, dada las bajas capacidades del Estado peruano y sus instituciones deben tener un rol secundario. Empresas públicas deben promover contratos con privados a precios competitivos para incrementar eficiencia manteniendo control de los objetivos. Debe fortalecerse la gobernanza y la gestión de incentivos con los fondos públicos y otros mecanismos disponibles. Parte clave de la reforma es modernizar la gestión de FONAFE. Se puede implementar un Fondo Soberano de Riqueza con mandatos específicos.

Sobre los recursos naturales, no creo que estos deban ser gestionados directamente por el Estado con empresas estatales por la falta de capacidad de gestión y la fragilidad institucional. Es necesario tener buenos marcos regulatorios e institucionales, y cobrar impuestos y regalías de manera equilibrada que permitan que se realicen las inversiones y que brinden ingresos al Estado. Más ingresos generaría el incremento de la producción de recursos naturales que su nacionalización pues se pondría en riesgo todas las operaciones además de la credibilidad como país para recibir inversión extranjera que necesitamos en diversos sectores. 

¿Qué ajustes de los mencionados requieren una reforma constitucional? La reforma política que brinde condiciones para la modernización y fortalecimiento de la gestión pública es probablemente la más importante. En el capítulo económico de la Constitución probablemente no se requiera ninguna reforma directa en sentido estricto. En mi opinión, la discusión más profunda en el capítulo económico sería sobre el rol subsidiario del Estado que ha servido de límite a su accionar empresarial. Mientras no contemos con un sistema de partidos políticos robusto que garantice una buena gestión pública, parece un candado razonable. Hay mucho por hacer antes de que una reforma constitucional sea la restricción clave para cambiar el modelo que nos conduzca al desarrollo. 

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La reforma tributaria es medular por diferentes motivos coyunturales y estructurales. Coyunturalmente, la crisis de la pandemia disparó los déficits fiscales e incrementó el stock de deuda. Para recuperar el ritmo de crecimiento se requeriría un mayor espacio fiscal asumiendo que tengamos políticas públicas adecuadas. Estructuralmente, requerimos mejorar los servicios públicos como salud y educación, el sistema de protección social y la infraestructura. También urge formalizar la economía e impulsar el crecimiento y la creación de empleos de calidad. 

Para orientar la reforma, debemos apuntar a varios objetivos: Incrementar la presión tributaria, crear incentivos para formalizar la economía y el empleo, promover las inversiones y creación de empleo e impulsar la redistribución

En la renta de empresas, no hay mucho espacio para subir impuestos. Al contrario, debemos pensar en esquemas que generen incentivos para la nueva inversión. Colombia tiene un sistema de zonas francas aplicable a empresas individuales. Se puede mantener la tasa de IR. Existe espacio para subir impuestos al reparto de dividendos y la repatriación de utilidades. La mayor prioridad debe ser la eliminación de las exoneraciones que tienen un carácter permanente. También hay gran espacio para reducir la evasión y elusión tributarias

El RUS debe desaparecer. Promueve el enanismo empresarial. Impide a las empresas hacer negocios con empresas formales porque no emiten facturas. Deben ser absorbidos por el régimen general o el especial. Empresas pueden recibir apoyo de programas del Estado para esta transición.

En la renta de personas, todos los mayores de 18 años deberían presentar una Declaración Jurada de Renta. Este registro ayudaría también a focalizar mejor las políticas económicas y sociales. El Sisfoh y los padrones del gobierno para reparto de bonos son un fiasco. En principio, todos deberían pagar impuestos para que se sientan parte del sistema y estén motivados a exigir mejores servicios públicos. Con la DJ de renta deberían gestionarse la atención en salud, educación o programas sociales. Es un grave error que menos de un cuarto de PEA pague impuesto a la renta. La tasa de IR podría subirse, por ejemplo en 5 puntos porcentuales, en todos los tramos. Además, como parte de la reforma tributaria, se debería crear una contribución para salud directamente al trabajador y no a las empresas para reducir incentivo a la informalidad (ver https://sudaca.pe/noticia/emprende/algunos-puntos-para-la-reforma-laboral/). En la transición, empresas que pagan 9% de EsSalud podrían incrementar sueldo de trabajadores en ese monto que sería retenido como contribución en salud.

Para compensar el incremento en impuestos a las personas y generar incentivos para la formalidad se pueden implementar devoluciones de impuestos pagados con comprobantes electrónicos (tanto facturas electrónicas como recibos por honorarios electrónicos). De esta manera, los que están en el tramo más bajo podrían pagar un monto simbólico de 1, 5 o 10 soles al mes como impuesto si presentan consumos con comprobantes electrónicos por un monto que equivalga a un porcentaje de sus ingresos. Además, podrían recibir un porcentaje del IGV pagado en sus consumos como crédito para sus gastos individuales de salud o pensiones. La eficiencia en la recaudación del IGV se incrementaría.

Un elemento relacionado a la reforma tributaria es la gestión fiscal. Los gobiernos subnacionales deberían recibir un porcentaje del pago de impuesto a la renta y de IGV que se genere de empresas y personas domiciliadas en sus territorios. De esa manera, gobiernos subnacionales tendrían incentivo para contribuir a la promoción de actividades económicas en sus territorios y a la fiscalización del pago de impuestos.  

Todos, empresas y personas, deberíamos estar obligados a emitir comprobantes electrónicos por los servicios y bienes que venden y que compran como regla general. Los comprobantes electrónicos deben universalizarse. Así detectaríamos a personas fuera del sistema y se podrían implementar políticas para brindar apoyo para que se incorporen al sistema. No debemos asumir que son incapaces de ser parte del sistema. Ojo, para recibir programas sociales, deberían estar en el sistema con su DJ anual de renta. Así, los programas sociales serían parte del esfuerzo y los incentivos para formalizar la economía.

Si la renta de tercera (empresas) y la renta de cuarta y quinta (trabajo) está en el orden del 30%, no hay razón para que las rentas financieras, alquileres y regalías que gravan inversiones financieras, renta inmobiliaria, propiedad intelectual tengan tasas muy diferentes. Se debe subir los impuestos a rentas y regalías que en sí mismas no generan empleo como la renta de tercera. No hacerlo es regresivo y beneficia a los de mayores ingresos. Además, así evitamos mecanismos de ingeniería tributaria que contribuyen a la elusión tributaria. 

El impuesto predial debe afinarse para que la base imponible refleje precios más cercanos al precio de mercado. Los impuestos al patrimonio y la herencia deben ingresar al debate de la reforma tributaria. Las personas de ingresos muy altos que utilizan diferentes medidas de “ingeniería tributaria” podrían incrementar sus pagos de impuestos acordes a sus niveles de ingreso y patrimonio con la ayuda de este tipo de impuestos.  

Los impuestos a las externalidades negativas como el carbono deberían incorporarse. En ese sentido, el ISC a los combustibles es muy pertinente. Impuestos a alcohol, tabaco, casinos también. Impuesto a bienes de lujo es otra categoría a refinar porque contribuyen a la recaudación y son progresivos. 

La implementación de una reforma tributaria siempre es compleja y presenta múltiples resistencias. Por ello, se pueden priorizar algunas medidas hasta crear consensos necesarios para profundizar la reforma. También pueden incluirse calendarios de implementación, aunque existe el riesgo de que sean postergados. Siempre será un mal momento para aumentar impuestos. Encontrar los balances de mayores tasas con mayores beneficios e incentivos es fundamental

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Es importante recordar que una empresa necesita contratar trabajadores para operar y crecer. Mientras mejor le va, es probable que necesite más trabajadores. Mientras el trabajador genere más valor, estará dispuesto a pagar una mayor remuneración. Más aún, si es difícil encontrar el mismo valor en otros trabajadores del mercado o es difícil identificarlos.  

Por su lado, el trabajador tendrá más opciones laborales mientras tenga más competencias demandadas y valoradas en el mercado. Dada la información asimétrica, es clave que el trabajador aprenda a dar señales con certificados, recomendaciones y referencias que tiene estas capacidades. Los trabajadores menos diferenciados tienen menor poder de negociación con sus empleadores. 

Las empresas también tienen subidas y bajadas en el ciclo de negocios que generan expansiones o contracciones en su demanda de trabajadores. El no poder despedir cuando las ventas van a la baja o las inversiones no tienen los resultados esperados desincentiva el crecimiento de las empresas y la creación de empleos. 

El valor que genere un trabajador para una empresa debe ser mayor a los pagos que recibe en los que la remuneración mensual es un componente junto a otros pagos que en el Perú incluyen gratificaciones, CTS, vacaciones, EsSalud además de los vinculados al puesto de trabajo. Estos otros pagos equivalen a casi 50% de la remuneración mensual. Si la productividad por trabajador es baja en una empresa, no podrá costear los otros pagos que implican la formalidad. Más aún, no podrá pagar la remuneración mínima establecida según la ley. 

Tenemos un gran déficit de empleos de calidad que presiona en general los salarios a la baja para los trabajadores de menores competencias. Es prioritario formalizar y visibilizar a este bolsón de trabajadores para incorporarlo en las políticas públicas. Los trabajadores independientes requieren un paquete específico de medidas. 

Cuando pensamos en la reforma laboral debemos tener varios objetivos en mente: 

  • No generar una pérdida de bienestar para los que ya son formales. Normalmente es una bandera de lucha de la izquierda, aunque no beneficia al 70% de la población más pobre y vulnerable. 
  • Reducir el costo de ser formales para que más empresas estén dispuestos a crear más empleos formales. Es pedido por empresarios y en algunos casos defendido por partidos de derecha.
  • Asegurar un nivel de protección social a los trabajadores. Es un consenso que debería ser transversal a todos.
  • Incrementar el poder de negociación de los trabajadores frente a las empresas para que pueden compartir una mayor proporción del valor que crean. Esta es parte de la solución a un problema canónico: la relación empresa y trabajadores.

En ese sentido algunas propuestas para el debate de reformas incluyen:

  • Eliminar las gratificaciones y acordar una remuneración anual. Esos pagos generan desbalances en el flujo de las empresas, más en el caso de empresas pequeñas. Para que trabajadores formales no se perjudiquen, en la transición, sus remuneraciones pueden recalcularse añadiendo un sexto a su remuneración mensual. Incluso se puede hacer ese ajuste a la RMV, aunque no sería oportuno por la crisis. 
  • El pago de EsSalud deberían asumirlo el Estado y las personas. De esa manera la empresa no paga 9% más y no es un desincentivo a la formalidad. En la transición, ese pago se suma al pago total a los trabajadores y se implementa un incremento equivalente en una contribución para salud. Esta contribución podría ser progresiva según el nivel de ingreso de los trabajadores. Está alineado a la reforma que expande el SIS a toda la población. 
  • Régimen laboral MYPE o regímenes laborales sectoriales deben mantenerse y ampliarse en el marco de un proceso de formalización. Es necesario promover el uso de estos regímenes en empresas en proceso de formalización sin promover el enanismo empresarial. 
  • CTS debería convertirse en seguro de desempleo. Estas aportaciones permitirían reducir riesgo de población más vulnerable durante las fricciones del mercado laboral en que buscan otros empleos. 
  • Se debería aprobar en el Congreso y/o el Tribunal Constitucional las reformas necesarias para que exista libertad para el despido pues limitan los contratos de plazo indefinido y promueven la rotación laboral que afecta la productividad de las empresas y crecimiento de los trabajadores. 
  • Los sindicatos deben renovar su visión para contribuir a que trabajadores puedan incrementar su poder de negociación y diferenciación a través de coordinación de: capacitaciones, certificación de competencias, y servicios para el desarrollo laboral/profesional de sus miembros. Además, la negociación típica de pliego sindical debería incluir la identificación de oportunidades de incremento de productividad en empresas y otros objetivos de las empresas para las que trabajan. 
  • Estado debe promover que empresas articulen con instituciones de educación terciaria para certificar competencias laborales. También debe promover y subsidiar programas de formación y entrenamiento laboral como incentivo y beneficio para trabajadores formales de empresas que se formalizan. 
  • Registro en planilla electrónica debe extenderse a todas las empresas e incluso trabajadores independientes que subcontratan trabajadores de manera amigable. 

Para que la reforma laboral tenga mayores efectos sobre la formalización, crecimiento y protección social debe complementarse con otras reformas claves como la tributaria, salud, desarrollo productivo, gobierno electrónico, entre otras. 

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Formalizar la economía y el empleo debería ser una política de Estado de interés para políticos de izquierda y derecha. Todos deberíamos estar interesados en incrementar la formalidad en nuestro país. 

La pandemia desnudó la fragilidad de nuestra sociedad. A pesar de nuestra reciente historia de logros macroeconómicos, tuvimos uno de los peores desempeños en la región (y el mundo) tanto en lo sanitario como en lo económico en gran medida por la alta informalidad (además de la deficiente gestión). Empresas informales no podían acceder a medidas de apoyo del sistema financiero ni con apoyo del Estado. Tampoco a medidas laborales excepcionales como subsidios al empleo formal o suspensión perfecta de labores. Trabajadores informales no cuentan con una red robusta de protección social. No tenían otra opción más que seguir trabajando para generar ingresos para el día a día. 

Las recientes elecciones demuestran un hartazgo de gran parte de la ciudadanía y demandan un cambio. Demandan que el crecimiento y logos macroeconómicos se traduzcan en bienestar para la mayoría. Si bien el impulso a los programas sociales ayudó en este sentido, es una solución complementaria. La formalidad es la verdadera inclusión en el bienestar del crecimiento. A mayor formalidad, los beneficios del crecimiento se distribuyen sobre mayor parte de la población. Allí no hemos avanzado en términos relativos. Si bien el número de empresas formales y trabajadores formales crece en términos absolutos, no lo hace como proporción del total. 

¿Qué debemos hacer para formalizar? Pues se requiere un conjunto de reformas en las que cada una de ellas por separado puede generar costos mayores a beneficios a diferentes grupos de interés pero que en conjunto permitirían que todos estemos mejor. Esta es la razón por la que muchos grupos pueden tener resistencia a medidas aisladas que ayudan a formalizar. Es un equilibrio perverso en el que nos encontramos que requiere de varias reformas coherentes para pasar a un mejor equilibrio.

Múltiples reformas son necesarias para la formalización. Una reforma tributaria que incluya incentivos y beneficios para la formalidad y para hacer negocios con formales. Debemos repensar el sistema de protección social. Una reforma laboral que reduzca los incentivos de las empresas, en especial las pymes, para la informalidad. Una reforma pensionaria que considere la capacidad de los trabajadores de pagar sus costos y los subsidios necesarios. Una reforma de salud que cambie la fuente de financiamiento de las empresas hacia el presupuesto público y las familias. Medidas para mayor inclusión financiera que faciliten las transacciones de todos con la economía formal. Medidas de gobierno electrónico como la universalización de los comprobantes electrónicos que incrementan la trazabilidad y trámites on-line interoperables. Políticas de desarrollo productivo y políticas educativas que incrementen la productividad de empresas y trabajadores como beneficio por el cumplimiento de la formalidad. Reformas regulatorias que técnicamente resuelvan fallas de mercado sin generar trámites innecesarios o más complejos de lo que deberían ser. Finalmente es clave sensibilizar a todos sobre la importancia de ser parte del sistema, de un sistema que funciona.

La izquierda no se preocupa de la formalización porque defiende los beneficios laborales para los trabajadores formales.  Nota aparte, esto es contradictorio pues los trabajadores en los que concentran su defensa son en promedio los de mayor bienestar y dentro del 50% de mayores ingresos de la población y no ven al 50% de menores recursos. La derecha no entiende que se requiere ampliar la protección social y el gasto público y que esto demanda tener una mayor presión tributaria. En sumas y restas, los diferentes actores tendrán elementos de las múltiples reformas que los beneficien o no, pero en el neto, todos deberían poder estar mejor. 

Para alinear estas reformas se requieren algunos principios rectores que deben convivir y encontrar un balance: Incrementar y universalizar la protección social de la población, promover el crecimiento y la productividad de la economía, promover la redistribución de bienestar e incluir a todos. Formalizar es prioritario y es posible. Todos debemos poner la formalización en agenda: El gobierno, el Congreso, los políticos en general, el sector académico, los medios, el sector privado y la sociedad civil.

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