Acción Popular

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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[La columna deca(n)dente] La política peruana es un campo fértil para la controversia y, en ocasiones, la comedia involuntaria. Dos incidentes recientes ilustran cómo algunas autoridades públicas reaccionan a las críticas con falta de profesionalismo, rozando lo caricaturesco.

El primero involucra a la presidenta Dina Boluarte, quien al ser confrontada por un ciudadano que la llama «corrupta», responde con un insulto infantil: «¡Tu mamá!». Sería de esperar una respuesta más digna y madura de la máxima autoridad del país. Sin embargo, Boluarte parece haberse quedado anclada en sus años de secundaria. La situación es absurda, recordándonos a una comedia de situación. Aunque la respuesta provoca risas por su vulgaridad inesperada, es un triste recordatorio de cómo algunos líderes se rebajan a niveles básicos de comunicación y demuestra falta de respeto hacia el cargo que ostenta.

Otro incidente digno de un episodio de «Políticos al borde de un ataque de nervios» sucede en el bar La Noche, donde la congresista Patricia Chirinos es abordada de manera espontánea por los presentes, quienes le gritan «¡fuera rata! ¡fuera corrupta!» y le piden que se retire junto a su acompañante, un poco conocido parlamentario de Acción Popular. La tensión es tal que una persona les lanza un vaso de vidrio con cerveza, hecho absolutamente condenable. Ante esto, Chirinos se retira con un gesto: el dedo medio de su mano derecha y llamándolos «imbéciles», como si fuera un acto de comedia.

Estos incidentes cuestionan la legitimidad de la representación política en el país. Los políticos representan al pueblo, pero en estos casos, no demuestran respeto por las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas. La respuesta de Boluarte y Chirinos a las críticas es defensiva y agresiva. Esto sugiere una desconexión entre ellas y la ciudadanía, y una falta de rendición de cuentas hacia aquellos a quienes representan. Parece que ambas olvidan que los representantes deben actuar en nombre y por el bien de los representados. 

La política no debe ser un escenario de comedia involuntaria, sino un espacio para el diálogo constructivo, el disenso y el consenso. Por eso mismo, es crucial que nuestros políticos reflexionen sobre su papel como representantes del pueblo que los eligió. No es mucho demandarles que demuestren respeto y empatía hacia las opiniones de ciudadanos y ciudadanas; actúen con transparencia y rindan cuentas de sus actos en el ejercicio del poder conferido por los electores.

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El Partido Popular Cristiano, de casi 60 años de existencia, ha decidido relanzarse y volver a incursionar en la política luego de los zarandeos internos que lo llevaron prácticamente a su disolución.

¿Tiene posibilidades? Se ve muy difícil. Primero por la gente que ha convocado para la ansiada renovación. Carlos Neuhaus podrá tener el prestigio de haber organizado los Panamericanos, pero tiene el carisma político de un clavo. Y ponerle el membrete de “renovación” a un dinosaurio como Miguel Ángel Mufarech es casi una broma.

Pero el mayor problema es que el PPC ya no tiene sitio en la atiborrada escena electoral peruana. Antes, en sus mejores tiempos -en los que nunca logró nada espectacular (su mejor performance fue en la Constituyente del 78, pero porque no participó Acción Popular)-, era la derecha ilustrada frente a la izquierda, el populismo radical del APRA y el neopopulismo moderado de Acción Popular. El PPC ocupaba, solo, sin disputa, el sector de la derecha.

¿Hoy dónde podría marcar presencia? No hay espacio. Hay decenas de movimientos de derecha, antiguos y nuevos, que compiten por el mismo electorado. ¿Qué distinguiría al PPC del resto? No se ve perfil propio, ni candidaturas espectaculares que lo saquen del marasmo. Inspirados tal vez en los pasajeros bríos mostrados por otro viejo inquilino de la política, como Acción Popular, cuya luna de miel ya terminó en medio de la corrupción, en el PPC crean que les puede ligar el boleto de la lotería.

El PPC, además, se desperfiló groseramente en los últimos tiempos. De ser un partido doctrinario pasó a ser una agrupación desembozadamente mercantilista, presta al manoseo de intereses, teniendo entre sus máximos representantes de ese perfil a Xavier Barrón, por lo que el PPC fue sugerido, irónicamente, de cambiarse de nombre, de ser el PPC a ser “Cambio de zonificación”, por su trasiego de licencias en los múltiples municipios en los que sí tenía éxito electoral.

Mucho futuro no se le ve a la anunciada renovación. Enhorabuena que más ciudadanos se interesen por hacer política y no se la dejen a los aventureros de paso, pero si el PPC quiere lograr algo preponderante, sólo será si logra sumarse a alguna de las agrupaciones en el amplio espectro de la centroderecha que ya existen, entre ya tradicionales y los nuevos partidos que asoman con flamantes inscripciones. La pregunta es qué puede aportar el PPC a esos eventuales pactos. Vaya uno a saber.

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Acción Popular es un partido que merece desaparecer. Los dos gobiernos de Belaunde fueron un desastre y el segundo, a la par de incompetente, corrupto. No tiene la solera democrática que se le atribuye, conspiró en el golpe militar del 62 para evitar el triunfo de Haya de la Torre, saboteó la Constituyente del 79 solo por afanes electorales de Belaunde, y una gestión eficaz y pulcra como la de Valentín Paniagua, en la transición post Fujimori, no salva la heredad nefasta de ese partido.

Últimamente, sus parlamentarios se han visto envueltos en deleznables actos de corrupción al haberse vendido al gobierno de Pedro Castillo a cambio de puestos a familiares y allegados, obras públicas o dinero contante y sonante. El partido los acaba de sancionar y ha pedido a los renunciantes a la bancada que regresen a la misma para no desaparecer, pero el problema, en su caso, es de fondo y no de formas.

Ya no debería haber cabida en el Perú para partidos tan amorfos como Acción Popular, sin una ideología definida, sin ubicación topográfica en el espectro ideológico nacional, con aventureros recolectados a última hora para tratar de llegar al poder (Jorge Muñóz, Alfredo Barnechea, que al poco tiempo renuncian al partido).

Se necesitan partidos sólidos, con cuadros tecnocráticos (¿quién es el economista principal de Acción Popular?, ¿quién su experto en seguridad?, ¿quién su gestor de reformas políticas?) y con doctrina algo menos gaseosa que la fórmula ya risible de “El Perú como doctrina”, como si la nación exudará una fórmula ideológica intrínseca, natural e insoslayable.

“Los Niños” son solo un síntoma del proceso de degradación política de un partido que otrora fuera importante y que últimamente pareció reverdecer. No merece otra oportunidad. Ya tiene, además, reemplazo. Hoy Alianza para el Progreso, con su estructura disforme, es el Acción Popular del presente, sin banderías ni principios.

Líderes con solera democrática y gran capacidad política como Víctor Andrés García Belaunde, Mesías Guevara, o predicamento como Jonhy Lescano, deberían buscar otra nave en la cual navegar en las agitadas aguas de la actividad política nacional. El barco acciopopulista se ha infestado de piratas a los cuales es imposible sacar.

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No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.

Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.

Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.

Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.

Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.

Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.

Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.

 

 

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Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.

Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).

Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.

Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.

En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.

 

 

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¿Esperaba que la bancada  de Acción Popular cite a algún ministro para dar explicaciones por los fallecidos durante las manifestaciones?

Claro. eso era lo mínimo. Incluso una interpelación al ministro del Interior y citar al ministro de Defensa y al propio Premier. Pero nada de eso ha ocurrido. Se convirtieron en cómplices, porque un gran porcentaje de la bancada a pesar de las matanzas en Ayacucho y Juliaca les dio el voto de confianza. No solamente no tuvieron la capacidad de citar, censurar e interpelar a los ministros sino que además les dieron el voto de confianza. Sin duda se han convertido en cómplices de las matanzas. 

Si con el voto de confianza eran cómplices del gobierno, ¿por qué ayer ignoraron el pedido de la presidenta para aprobar el adelanto de elecciones?

Porque ellos tienen sus propios intereses personales y solamente Dios sabe a quién están respondiendo. Algún día conoceremos quién es el gran titiritero de esta gran actuación macabra.

¿Por qué el adelanto de elecciones para 2023 era la mejor opción y no es suficiente para 2024?

Lo que sucede es que en estos momentos el mandato de Dina Boluarte se ha convertido en una situación insostenible y el Perú necesita pacificarse. Las prioridades que el pueblo peruano ha puesto incluyen la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, lo cual se ha convertido en el camino único para la estabilidad y retorno a la democracia. 

¿Por qué el Congreso le da la espalda a un pedido popular como el adelanto de elecciones?

El Congreso está viviendo en una burbuja, en un mundo paralelo. No están tomando en cuenta el clamor popular y, por lo tanto, su actuación solamente busca consolidar sus propios intereses y su permanencia. Por eso hemos sido testigos de diversas propuestas que a la vez constituyen actos irracionales, como pretender que el eventual proceso electoral sea una elección complementaria o plantear que solamente sean elecciones presidenciales y no de congresistas. Esos argumentos son irracionales y atentan contra la pacificación del país. 

¿Por qué cree que Dina Boluarte le dio tanta importancia a las alianzas con un Congreso desprestigiado?

Fue por su inexperiencia política. Podríamos deducir que fue para cumplir por algún pacto firmado. Recordemos que, días antes, ella estaba en el centro de una acusación constitucional por ser presidenta del Club Apurímac. Ella estaba a punto de ser acusada y destituida. Curiosamente la libraron de esa acusación y la hicieron presidenta. Ella podría estar pagando ese acto que le redimieron en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. 

Tras la votación de ayer y la posibilidad que el Congreso rechace la iniciativa presentada por el Ejecutivo para adelantar las elecciones, ¿cree que Dina Boluarte renunciará?

Imagino que estará remitiendo sus iniciativas (sobre adelanto de elecciones) al Congreso, aunque este no tiene ninguna obligación de aprobar estas iniciativas legislativas. Por lo tanto, ella solamente está jugando y prolongando la agonía democrática de nuestro país. Si el Congreso rechaza y manda al archivo o alarga el debate, el único camino que le queda es presentar la renuncia.

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La tesis que maneja la Fiscalía indica que estas adjudicaciones serían el resultado de los acuerdos entre Pedro Castillo y los congresistas mencionados. Se apoya, además, en que ´Los Niños´ se abstuvieron en votaciones referidas a cuestión de confianza, censura de ministros e vacancia presidencial. El allanamiento de esta mañana y el posible levantamiento del secreto de comunicaciones podría terminar de esclarecer el detrás de escena del vínculo entre el presidente Castillo y estos congresistas.

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Y ya se entiende la guerra política declarada por Palacio en contra de la Fiscal de la Nación. Han presentado una denuncia penal en el afán de amedrentarla y refrenar lo que saben que se les viene: una fundada acusación, con pruebas contundentes, de que el propio presidente Castillo ha sido el operador y gestor de la organización criminal que actuó en diversos frentes (no se sabe aún cuáles serán los casos que finalmente la Fiscalía de la Nación presentará ante el Congreso).

Se vienen tiempos políticos turbulentos. Desde Palacio se anuncia, inclusive, que se podría llegar al extremo de desacatar una decisión congresal adversa. Será ese el momento en que las instituciones del Perú deberán probar su real compromiso con la democracia.

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