Hoy, esa heredad se ha ido al tacho, por culpa de algunos advenedizos que han capturado el partido, convirtiéndolo a una organización presta al enjuague y la componenda interesada. Las pesquisas fiscales, que ya empezaron a rodar y no se detendrán, pronto nos harán saber el grado de responsabilidad delictiva que pueda alcanzarle al partido de la lampa y a sus principales dirigentes.
Es una desgracia que el centro político peruano se haya degradado políticamente al extremo mostrado por Acción Popular. Alianza para el Progreso, el otro partido de centro, ha salvado al honor al pronunciarse claramente a favor de la censura de Silva, de no darle la confianza al gabinete y eventualmente de discutir la posibilidad de la vacancia. No es el caso de Acción Popular, cuya labor en el Congreso es moral y políticamente deleznable.
Solo queda hacer votos para que el pueblo tome consciencia de ello y nunca más se deje sorprender por nostalgias o logos atractivos y lo piense tres veces antes de volver a darle un endose electoral a algún candidato de Acción Popular, partido que había logrado reverdecer, pero que rápidamente ha demostrado grados de putrefacción que deberían hacerlo merecedor de una nueva etapa de ostracismo.
Acompañaron a Mávila en este programa el congresista de Acción Popular y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Ilich López y Martín Benavides, exministro de Educación y exjefe de Sunedu.
El congresista Ilich López dijo confiar en su colega de bancada, Maricarmen Alva, quien además es la presidenta del Congreso, en relación a los hechos acontecidos durante su visita a España. “Todo se debe transparentar. Debe haber una investigación si lo amerita. Mientras tanto, confiamos en la palabra de nuestra colega Alva”, expresó; y agregó que espera un informe de Cancillería al respecto. Sobre la moción de censura presentada contra Alva expresó que “los extremos son demasiado malos y hacen mal a la gobernabilidad. No hay una prueba contra Alva”. Sobre el cuestionado accionar del congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Ernesto Bustamante, López consideró que “no debemos echar más leña al fuego y más bien poner paños fríos”. Además, sobre los comentarios de diputados españoles respecto a este incidente consideró que Ellos no son quien para tratar nuestros temas internos en su congreso. Ya no estamos en la época de la colonia”. Finalmente, sobre la información que se dio a conocer hoy en cuanto a los excesivos gastos de la congresista Alva justamente durante su visita a España, dijo no estar enterado al respecto y que pedirá los informes correspondientes. “Vamos a solicitar los informes al detalle de todos esos gastos…Vamos a investigarlo y hacer las consultas pertinentes…Voy a esperar ese informe pero hay que tener mucho cuidado en qué se gasta”, expresó.
Por su parte, Martín Benavides consideró que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, no cree en la reforma universitaria. “El ministro de educación no cree en la reforma universitaria. Por eso no la apoya. Y el Minedu tiene ideas contrarias al proyecto de reforma universitaria”, dijo. Además agregó que “El ministro (Gallardo) y su alta dirección están escuchando a otros actores en lugar de escuchar las opiniones técnicas del propio ministerio”. Finalmente, expresó que ojalá que el Congreso convoque a las universidades licenciadas y profesionales independientes para que continúe la discusión para sacar adelante la reforma.
El presidente Castillo, en un claro afán de sobrevivir a la andanada pro vacancia que en estos momentos se diseña en el Congreso, con creciente convocatoria, ha convocado a Palacio a un diálogo con los principales líderes políticos del país.
Se equivoca el Presidente si cree que los salones dorados o los protocolos palaciegos alcanzarán para aquietar las aguas movidas de la política nacional o bastarán para evitar que se logren los votos necesarios no solo para hacerlo comparecer ante el Congreso sino, eventualmente, para sacarlo por la puerta falsa de Palacio.
Se va a requerir, de su parte, de acciones muy concretas. Y en ese sentido, deberá empezar por asegurar que el trasiego de influencias en el que ha sido descubierto por la prensa, con reuniones cuasi clandestinas en lugares inapropiados, cesarán. Y a renglón seguido deberá efectuar un giro político estratégico del cual deberá hacer partícipes a algunos de los convocados a la cita.
Por lo pronto, se asoman en el horizonte, uno, el descarte del intento de convocar a una Asamblea Constituyente, lo que produciría la tranquilidad de que no se quiere patear el tablero constitucional, y, dos, que se ajustará a los marcos del modelo económico, extendiendo su convocatoria ministerial y gubernativa más allá de la mediocre coalición de partidos de izquierda que hoy lo acompaña.
Si no hace algo de ese nivel de audacia, su convocatoria palaciega caerá en saco roto, será absolutamente inútil, y no lo ayudará a convencer ni siquiera a los partidos de centro que hasta el momento le han permitido salvar dos presentaciones de gabinetes y en las que él confía para salir bien librado de la vacancia, como son Acción Popular y Alianza para el Progreso.
Si Castillo quiere mantenerse en el poder, no puede seguir gobernando como hasta ahora. Seguirán saliendo denuncias periodísticas y las mismas irán calentando los ánimos parlamentarios, al punto de llegar a convencer, en algún momento, a quienes hasta hoy le conceden el beneficio de la duda, a traspasar la línea divisoria y sumarse al equipo vacador de la derecha.
Solo una gran coalición de centroizquierda podrá salvar al Presidente, más temprano que tarde, de una vacancia que parece inminente. ¿Estará el Primer Mandatario en capacidad de dar semejante paso? Lo vemos difícil, muy improbable. Un “sindicalista básico”, como bien ha sido definido Castillo, parece negado para juegos de alta política, ni siquiera en situaciones en donde debiera aflorar su instinto de supervivencia, como es el caso presente.
Roosevelt Cárdenas Dávila, militante de Acción Popular, denunció que fue secuestrado el día de las elecciones internas, el pasado 25 de setiembre. Cárdenas fue designado delegado electoral del distrito de La Victoria y tenía la misión de supervisar los comicios y reportar cualquier incidente.
Su testimonio quedó consignado en un informe que presentó al Comité Nacional Electoral (CNE), el ente encargado de llevar a cabo los comicios del partido y velar por que no haya irregularidades. Cárdenas contó que un grupo de desconocidos había ingresado al local de votación y le exigían que firme un acta para anular las elecciones. Como no lo hizo, según sus propias palabras, lo secuestraron y no lo dejaron salir del local. “Se llevaban la mano a la cintura como queriendo sacar armas”, dice a Sudaca. El delegado tuvo que solicitar ayuda policial y salir escoltado del lugar.
“Debo manifestar mi total incomodidad, así como haber pasado momentos de zozobra por estas personas, ya que no dejaban el desarrollo del proceso electoral”, escribió Victor Sanchez Reategui, personero legal de la lista distrital que encabezaba Jorge Rivera Inuma, en su informe. Estas personas -dijo- impidieron que él pueda entrar al local, pero no evitaron el ingreso del personero de una lista rival.
Los testimonios de Cárdenas y Sánchez son apenas un botón de muestra de una jornada accidentada -a decir de los documentos, videos y testimonios que recogió este medio-, en la cual se eligió como nuevo secretario general nacional del partido a Edmundo del Águila Morote, y a una decena de dirigentes departamentales y distritales.
Aunque Del Águila juró el 31 de octubre, aún tiene que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva una serie de impugnaciones presentadas por sus rivales para ser inscrito oficialmente. Entre las quejas está que el CNE anuló varias mesas de votación que pudieron cambiar la historia.
JORNADA ACCIDENTADA
Rafael Vásquez Neyra fue uno de los candidatos a secretario general. Cuando el 25 de setiembre se acercó a votar en las internas, en un local del distrito de Huacho, su nombre no figuraba en el padrón electoral. Así lo denunció en su página de Facebook y se ratifica para este informe.
“Esto se ha repetido en casi todo el país. ¿Usted se imagina a un candidato presidencial de la República que vaya a votar y no se encuentre en el padrón electoral?”, dice un ofuscado Vásquez a Sudaca. Y continúa: “Esas elecciones serían nulas. Eso es lo que ha pasado y es el principal argumento que hemos presentado ante el JNE para pedir que se anulen. ¿Cómo es posible que haya militantes que no hayan podido votar?”.
No fue el único lugar donde hubo problemas. En la región San Martín se anularon las votaciones del distrito de Banda de Shilcayo luego de que los padrones desaparecieran.
El 19 de octubre, Segundo Montilla Vela, presidente del Comité Electoral de San Martín, envió una carta al Comité Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad de AP en los comicios. En el documento aseguraba que sí les habían enviado los padrones. Incluso adjuntó el voucher del envío, que estaba a nombre de Doris Guerrero Guerrero, presidenta del CNE.
Sin embargo, el paquete con las actas y los padrones de todo el departamento no fue recogido por Guerrero, sino por Hugo Magallanes Torres, persona que no es militante del partido. Consultado por este medio, Magallanes admite su rol y dice que solo apoyaba a Guerrero. No dio más detalles.
Sobre los documentos extraviados nadie tiene respuesta hasta ahora. Al cierre de esta edición, Guerrero tampoco respondió las llamadas ni los mensajes para saber qué ocurrió con los padrones. Así, sin importar o investigar qué pasó realmente, se declaró la nulidad de las mesas del distrito por la desaparición del material. De acuerdo al comunicado emitido por el CNE, su ausencia “impide llevar a cabo unas elecciones limpias y transparentes”.
En Comas ocurrió un hecho similar. El delegado electoral, Luis Enrique Ángeles, encargado de enviar todos los padrones al CNE, fue acusado de no hacerlo. El proceso en este distrito también se anuló.
Orlando Apian Martinez, personero de una de las listas distritales, le mandó una carta notarial exhortándolo a entregar el material y a “presentar su descargo ante la instancia correspondiente”. La carta terminaba con una advertencia: “de no cumplir con la entrega del padrón, daremos inicio a las acciones judiciales respectivas”.
Carta notarial enviada al delegado Luis Enrique Ángeles Quispe exhortándolo a entregar el padrón electoral del distrito de Comas.
Ángeles milita en el partido de la lampa recién desde hace dos años. Nos comunicamos con él, pero respondió escuetamente: “no deseo, gracias”. El suegro del delegado es Álex Valenzuela Chipana, quien fue parte de la lista N°2 del distrito encabezada por Ada Luz Marquez Espinozaque. Esta lista apoyó públicamente la candidatura a la secretaría general de Edmundo del Águila.
Consultado por este medio, Valenzuela prefiere no entrar en detalles y asegura que él y toda su familia renunciarán a Acción Popular. “Nos equivocamos al estar en el partido”, señala.
“Si los padrones no llegaron, es responsabilidad del CNE. Ellos tendrían que abrir un proceso ante la Policía para determinar el paradero de los padrones y reclamar al propio delegado para que los recupere o ponga una denuncia. Pero no hacen nada y solo anulan la elección”, reclama Ivette Mendoza, secretaria electa de Juventudes de Lima Metropolitana que no juramentó como forma de protesta “ante las irregularidades que se han cometido”.
CAOS EN ATE
“¡Bájate de tu nube y cumple con tu chamba!”, le gritabaEdde Cuellar Alegría, alcalde de Ate, al delegado electoral del distrito, Junior Prado Quispe, el encargado por el CNE de informar cualquier incidente en el proceso electoral de esa jurisdicción. Prado se oponía al ingreso de más personas al local de votación. Y es que ya habían pasado las 4 p.m., hora en la que estaba previsto el término de la jornada.
De acuerdo al informe que entregó al CNE, el problema empezó minutos antes de las 4 p.m., cuando él y los personeros se percataron de queseguían llegando más personas al local de votación. La mayoría -según el delegado- eran funcionarios del municipio donde Cuellar es alcalde. El burgomaestre apoyó la candidatura de Edmundo del Águila Morote.
“Se quería que todos los que habían estado en la cola voten, porque como varios eran funcionarios de la municipalidad, los iban a favorecer [se refiere a la lista de Del Águila]”, se queja Prado en entrevista con Sudaca.
Debido a la coyuntura, asegura Prado en su informe, se dejó ingresar a un número reducido de personas. “No podía exponer a los miembros de mesa, porque ellos dieron su punto de vista de que no podía haber aglomeración dentro del local”, apuntó. Y añadió que a las 4:20 p.m. “se dejó ingresar a 30 personas y con ellos se procedió a cerrar el local”.
Hasta el local llegaron Edde Cuellar y Edmundo del Águila Herrera, hijo del candidato Del Águila Morote. Según Del Águila hijo, él se encontraba en el lugar porque era personero de la lista de su padre. Reconoce, sin embargo, que llegó sobre la hora. “En el recorrido que hace uno como personero, me encontré que en el distrito de Ate, a las 4 p.m., a la hora que acababa la votación, habían cerrado la puerta cuando afuera habían cientos de correligionarios que no podían votar”, dice.
Pero junto a Cuellar y Del Águila, de acuerdo al informe y los videos registrados, también estaban personas que no tenían nada que ver con el partido, como Pedro Augusto Chirinos Ruiz, subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del municipio. Este medio pudo corroborar -a través de la web del municipio y sus redes sociales- que se trataba de él.
Los visitantes lograron entrar por una puerta lateral. Cuando “ingresaron los señores Edmundo del Águila Herrera, Pedro Morales Miranda y Edde Cuellar Alegría conjuntamente con personas ajenas al proceso de escrutinio, se perdió el control del material electoral, porque no hubo un control y supervisión adecuados”, se lee en el informe de Prado.
A pesar de que este comunicó que no daba fe de que el proceso se haya realizado con total transparencia, el Comité Nacional Electoral validó todos los votos del distrito, donde salió ganador Edmundo del Águila Morote con un resultado demoledor de 575 votos.
“Se me dijo de todo, se me amenazó, se me insultó. Ya no había garantías para llevar un proceso transparente”, cuenta Junior Prado sobre lo ocurrido ese día. Sudaca se comunicó con el alcalde de Ate para preguntarle acerca de su accionar en el local de votación, pero no nos respondió.
SUSPENSO
Los personeros del principal contendor de Edmundo del Águila Morote, el investigado por corrupción Julio Chávez Chong, han denunciado un supuesto fraude en las elecciones. Según sus propios cálculos, basados en un recuento rápido de los padrones, Chávez fue el ganador de los comicios por más de mil votos. Pero el resultado se habría revertido -aseguran- debido a que el Comité Nacional Electoral decidió ampliar el plazo para presentar pruebas sobre “posibles hechos irregulares ocurridos el día de la jornada electoral”.
En esta etapa, según ellos, el Comité Nacional Electoral anuló varias mesas de votación y es ahí donde el marcador se habría dado vuelta a favor de Del Águila, quien terminó llevándose una apretada victoria con 68 votos de ventaja. “Han eliminado miles de votos. Eso nunca se ha visto en la historia del partido”, se queja el también candidato Rafael Vásquez.
Según las propias cifras del CNE, la jornada terminó con 5.944 votos nulos o viciados. Vásquez y Julio Chávez Chiong ya han presentado impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque consideran que parte de esta cifra responde a las mesas que se dejaron de lado por las irregularidades descritas en este informe. Sus personeros señalan que, hasta el día de hoy, el comité electoral no ha cumplido con publicar los motivos que lo llevaron a anular ciertas mesas, como la de San Juan de Lurigancho.
Desde la campaña de Edmundo del Águila Morote también sostienen que el proceso no fue del todo transparente. Pero apuntan la artillería contra otras listas que participaron de los comicios.
“En varias jurisdicciones se encontraron firmas falsas de personas que nunca fueron a votar. Nosotros contratamos dos peritos para que revisen esos temas”, asegura Edmundo del Águila Herrera, hijo de Del Águila Morote. Hasta el cierre de edición, sin embargo, no compartió la información que avale sus denuncias. Su padre tampoco quiso hacerlo. “Nuestro estatuto nos prohíbe llevar los problemas internos a la opinión pública sin antes haberlos resuelto internamente”, afirma.
Mientras el Jurado Nacional de Elecciones no resuelva las impugnaciones, la nueva dirigencia no podrá ser inscrita. ¿El partido que preside el Congreso de la República seguirá, por sexto año consecutivo, sin nuevos dirigentes?
Las declaraciones prontas de la premier Mirtha Vásquez restándole prioridad al controversial y confrontacional tema de la Asamblea Constituyente, primero, y, luego, su empoderamiento frente al propio Presidente respecto del caso del exministro del Interior, Luis Barranzuela, acreditan que estamos ante una presidenta del consejo de ministros plenipotenciaria y capaz de conducir el cargo que le corresponde.
Mejor que ella difícilmente vamos a encontrar en el espectro de la izquierda nacional y, claramente, supone un cambio cualitativo superior respecto del inefable gabinete Bellido. Por si no bastara ello, abona en su favor el hecho de que la facción cerronista del Congreso haya anunciado precozmente, sin siquiera escuchar sus planteamientos, que no le darán el voto de confianza el día de hoy.
La derecha se equivoca cuando actúa cerrilmente frente al gabinete Vásquez. Obviamente, jamás Castillo va a nombrar un gabinete del gusto de las derechas. Es un régimen de izquierda y eso no va a cambiar. No se va a producir la “humalización” del gobierno, eso ha quedado bastante más que claro desde un inicio. ¿Qué espera la derecha para dar su voto de confianza? ¿Qué comulgue al ciento por ciento con sus planteamientos? Eso ya no es oposición inteligente sino caprichosa cerrazón y necedad.
Ojalá el centro congresal -básicamente Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y Somos Perú-morados- sepa aquilatar los esfuerzos que a trompicones el gobierno ha hecho para mejorar el grado político del gabinete (la juramentación de Avelino Guillén en reemplazo de Luis Barranzuela, como titular del Interior, confirma el upgrade mencionado).
Ya será tarea posterior, y en eso no debe haber transacción, el retiro, mediante su censura, del filoMovadef ministro de Educación, quien además se va a volar la reforma magisterial y muestra severa incapacidad para proceder al reinicio de las clases presenciales en colegios públicos y privados. Esa debe ser la mejor labor opositora: no pisar el palito de la negatoria de la confianza (solo lo puede hacer dos veces) y ajustar al gobierno dentro de las atribuciones que el propio Legislativo tiene (entre ellas, la de sacar ministros sin idoneidad).
Posdata: hoy Sudaca cumple un año de haber salido a la luz pública. No podemos dejar pasar la fecha sin agradecer a los cientos de miles de seguidores que nos acompañan con visitas a nuestros informes y columnas, o reproduciendo nuestros podcasts y espacios audiovisuales. Un reconocimiento especial al muy buen equipo de prensa que me acompaña en esta tarea, que pronto traerá importantes novedades en su oferta periodística.
**Nota de edición: en una primera versión de este informe se dijo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la hoy encarcelada María Nina figuraban en las listas de Julio Chávez y Edmundo Del Águila, respectivamente. Los datos consignados fueron erróneos. Lo correcto es lo siguiente: ambas postulan independientemente a otros cargos internos en listas cuyas cabezas dieron apoyo político a Chávez y Del Águila. Ello, sin embargo, no las convierte en parte oficial de las fórmulas de dichos candidatos a secretarios generales. Pedimos disculpas a nuestros lectores.
Julio Chávez Chiong, el alcalde de San Martín de Porres, es uno de los favoritos para ser secretario general nacional de Acción Popular, el partido que hoy preside la Mesa Directiva del Congreso y del cual es militante desde 2004. En las próximas elecciones internas, sin embargo, su candidatura es cuestionada debido a recientes acusaciones de prácticas clientelistas.
La primera fue en 2019, cuando su esposa, la excongresista Leslye Lazo, postulaba como precandidata al Congreso en las elecciones complementarias del 2020. Con 427 votos, fue la segunda más votada en las internas de la lampa.
La cifra llamó la atención de algunos militantes, puesto que era la primera vez que la desconocida Lazo postulaba. Ricardo Torres, accionpopulista desde hace más de 15 años, le encuentra la siguiente explicación: “Tú vas a la municipalidad y vas a encontrar a muchos militantes laborando. Obviamente, cuando hay elecciones internas, él [Julio Chávez] dice ‘voten por mi esposa’. Por ello [Leslye Lazo] tuvo muy buenos resultados”.
Solo entre gerentes y subgerentes de la municipalidad de SMP -puestos de confianza designados por el alcalde-, hay actualmente 11 militantes de AP.
La maquinaria de la lampa en el municipio quedó en evidencia cuando los vecinos de San Martín de Porres denunciaron en redes sociales que una trabajadora de la comuna atendía en la mesa de partes con un polo del partido. Una fuente de alto nivel en la municipalidad confirmó a este medio la veracidad de la acusación. Esa ya era la época en que Leslye Lazo, esposa del alcalde, se postulaba como congresista de la República, cargo que finalmente asumió. Y está prohibido porque vulnera la neutralidad electoral.
Incluso se creó el grupo de WhatsApp llamado “Santander grupo 5” para coordinar la campaña de la excongresista, según documentos presentados el 23 de enero de 2020 ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción, una asociación de vecinos de SMP. “Les recuerdo amigos, debemos concientizarnos que estamos en etapa de campaña”, se puede leer -por ejemplo- en un mensaje enviado el 13 de octubre de 2019, días previos a las elecciones internas del partido.
En el grupo, según pudo corroborar Sudaca, estaban César Terrones Rojas, funcionario en una oficina de la municipalidad llamada Agencia de la Zona Comercial e Industrial, y Joseph Arriaga Castañeda, asistente de seguridad de la comuna.
Julio Chávez señala que ningún funcionario del municipio hace campañas proselitistas en horario de trabajo, pero “lo que hagan las personas en su tiempo libre es parte de su derecho de participar en política”. Asegura, además, que el JEE nunca le notificó sobre ninguna denuncia, “seguro porque las vio tan absurdas”. Lo cierto es que, a pesar de los chats y las fotos, esta fue archivada por el organismo electoral.
La que sí está abierta es una investigación fiscal contra el alcalde. El 28 de mayo del año pasado, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y la fiscalía anticorrupción de Lima Norte allanaron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas de víveres, las cuales debían destinarse a las familias de escasos recursos del distrito.
Las intervención se dio a raíz de la denuncia de Jorge Maturrano Infantas, presidente del ya mencionado Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción. ¿Los motivos? Una presunta sobrevaloración en los precios de los víveres y que las canastas no habrían llegado a todos sus destinatarios.
Julio Chávez dice que aquella intervención fue parte de un show mediático y trae a colación al caído en desgracia Martín Vizcarra: “Siguiendo una consigna de persecución política del vizcarrismo. Lo único que hicieron fue ir a hacer un show mediático […] para distraer la atención de la opinión”.
Chávez echó mano del procurador de la municipalidad, Oscar Siuce Contreras, para salir del apuro. Siuce pidió ese año al Poder Judicial que se declare nulo aquel allanamiento y acusó al fiscal encargado, Marco Antonio Carrasco Campos, de actuar de manera arbitraria. Pero su pedido no prosperó. El caso se sigue investigando en el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte.
Siuce Contreras es, cómo no, militante de AP desde el 2005. En estos últimos comicios nacionales -donde Leslye Lazo fue elegida, esta vez como Parlamentaria Andina-, el procurador aspiró a ocupar una curul en el Congreso por Lima Metropolitana con el N°3. No tuvo la misma suerte que su correligionaria.
Jorge Quintana, quien apoya abiertamente la campaña del Julio Chávez, lleva entre su lista a Leslye Lazo (esposa de Chávez) y Oscar Siuce (procurador del municipio donde Chávez es alcalde).
Siuce sigue siendo procurador en la comuna y es parte de la Lista N°1 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima, que lidera el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana. En la misma lista figura Leslye Lazo, para la vicepresidencia general y la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para el cargo de secretaria de coordinación. Quintana ha brindado su apoyo a la candidatura nacional de Chávez Chiong, aunque pesa sobre él una tacha de parte del Comité Electoral de su propio partido.
EDMUNDO DEL ÁGUILA MOROTE
El otro favorito es Edmundo del Águila Morote. Militante con 60 años en el partido, anteriormente ya ocupó ese cargo. El 2019, Del Águila ya postulaba a la secretaría nacional en un proceso que luego fue evacuado por la crisis política que se desató con el cierre del Congreso. Una de las promotoras de su campaña fue la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina Garnica, quien hace menos de un mes fue detenida junto a su pareja. La fiscalía los sindica como líderes de la organización criminal ‘Los elegantes de San Jhon’.
Ese 2019, Nina realizó un viaje a Ica junto a Del Águila Morote. “Nosotros los alcaldes tenemos una gran responsabilidad y es enarbolar esa honestidad y ese trabajo que Fernando Belaúnde Terry nos enseñó. Hoy, en aras de unas siguientes elecciones, estamos acompañando al ingeniero Edmundo del Águila en esta tarea de unidad […] por eso nos hemos sumado a esta candidatura”, dijo la alcaldesa ante la prensa local.
En la investigación fiscal que enfrentan Nina y su pareja -que hoy pasan sus días en prisión preventiva-, se señala que la alcaldesa usó recursos del municipio para apoyar a postulantes al Congreso y precandidatos a la presidencia en las elecciones internas de AP, en noviembre del 2020. Uno de ellos fue Edmundo del Águila Herrera, hijo del ahora postulante a secretario nacional.
Según el expediente fiscal, Nina habría colocado el rostro de Del Águila hijo en la cuponera de los tributos municipales del 2020. En su momento, el aludido negó cualquier irregularidad, pero admitió que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, respondió.
Similar apoyo habrían recibido el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo y el propio Walter Huamán, esposo de la alcaldesa, quien tentó una curul en las pasadas elecciones. Este último no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores, de acuerdo a información fiscal.
Consultado al respecto, Del Águila Morote no quiso dar ninguna respuesta sobre su vínculo con la alcaldesa. “No voy a opinar porque estoy en pleno proceso electoral y mi campaña es en búsqueda de la unidad, entonces no voy a decir nada que atente contra mi propia política de unidad en el partido”, respondió.
El alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, ha apoyado abiertamente la candidatura de Edmundo del Águila.
Nina Garnica figura en la lista N°2 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima. Postula al cargo de secretaria de cooperación popular. Encabeza esta lista Carlomagno Chacón, que a la luz de las fotografías que ha compartido en redes sociales, ha manifestado su apoyo a la candidatura nacional de Del Águila Morote.
Las elecciones en el partido de la lampa se llevarán a cabo el 25 de septiembre. Además de Chávez y Del Águila, también postulan -aunque con menor expectativa- José Ventosilla Ñáñez, militante desde 2009, y Rafael Vásquez Neyra, anterior secretario nacional durante 2015-2016. Las bases clientelares, como ya parece costumbre en Acción Popular, podrían jugar un papel decisivo.
*Fotoportada: Darlen Leonardo / Foto: La República
Luego de semanas de tensión con el Legislativo, Guido Bellido obtuvo luz verde para su Gabinete. Fueron 10 horas de exposiciones y supuesto debate en el Pleno, en el que algunos congresistas tomaron decisiones sobre la hora. El resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones.
Hasta hace diez días, la posición de Acción Popular, la bancada que preside la Mesa Directiva, era incierta. Pero según una fuente con conocimiento del tema, un asesor de la lampa se reunió con Guido Bellido al final de la semana pasada. En el encuentro, el primer ministro se habría asegurado que por lo menos 12 de los 16 congresistas accionpopulistas le otorgarían la confianza.
La fuente apunta que aquel emisario fue Yonhy Lescano, excandidato presidencial y ahora asesor del parlamentario Carlos Zeballos (Puno). Consultado por Sudaca, Lescano confirma que, días antes de la presentación del Gabinete ministerial en el Parlamento, visitó a Guido Bellido, pero asegura que no hablaron “específicamente” de la cuestión de confianza y que no hubo “coordinación” al respecto.
Lo concreto es que, terminado el primer día de debate, los parlamentarios de la lampa ya tenían claro que la intención de la mayoría de la bancada era votar en bloque a favor de la confianza y, según el legislador Elvis Vergara, “dar tranquilidad y estabilidad al país”.
Muy al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, los 12 congresistas de AP presentes en el hemiciclo votaron en bloque a favor de la confianza. No hubo disidentes, aunque sí una clara omisión. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Maricarmen Alva, quien ha sido una de las más críticas del gobierno de Castillo, fue la única que no emitió su voto.
La única congresista presente en el hemiciclo que no votó fue la presidenta del Congreso Maricarmen Alva.
Consultada por el motivo de esa actitud, Alva respondió que “la presidenta del Congreso no vota, solo cuando hay empate y debe dirimir… Merino nunca votó, ni el día de la vacancia”. Sin embargo, de acuerdo al Reglamento del Congreso, ella no contaba con ningún impedimento para hacerlo. José Cevasco, exoficial mayor del Congreso por varios años, es enfático al señalar que Alva sí podía y debía votar.
Otra bancada cuya postura fue definitiva para inclinar la balanza fue la del partido de César Acuña. A pesar de ser parte de la oposición, la manera en la que sus congresistas votarían dejaba dudas. Hasta ayer en la mañana, cuando se alcanzó la certeza absoluta: 13 parlamentarios le darían su confianza a Bellido y dos se la negarían.
Para llegar a este apoyo casi total al Gabinete, Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, cuenta que su bancada participó de varias reuniones partidarias en las que se conversó sobre el tema. En algunas de ellas estuvo presente su líder César Acuña, quien -según Camones- manifestó estar a favor de darle la confianza a Bellido. Pero no fueron las únicas reuniones que tuvieron los de Alianza para el Progreso (APP).
Dos semanas antes de la presentación del Gabinete, los voceros de la bancada se reunieron con Guido Bellido. También visitaron los Ministerios de Economía y Transportes. ¿De qué se habló? Según Camones, su bancada pidió, por ejemplo, que se reevalúe la designación de los ministros cuestionados. Bellido -asegura- respondió que “esperen hasta escucharlo y que más adelante tal vez se tomaba la decisión”. Esto habría sido una de las razones para no tomar una postura con anticipación.
La versión de algunos congresistas es que la decisión de dar la confianza se tomó el mismo jueves, después de escuchar el discurso del premier. “Durante el receso parlamentario [del primer día], estuvimos almorzando y comentando el tono conciliador de Guido Bellido y la omisión del tema de la Asamblea Constituyente”, dice el parlamentario Eduardo Salhuana.
Camones asegura que la decisión de APP no significa, ni de lejos, un cheque en blanco, y que tendrán bajo lupa las carteras de Salud, Educación y Economía. Además, afirma: “Esperamos que se den los cambios en el Gabinete luego de haberles dado la confianza”.
OBEDIENCIA Y DESACATO
Si el jueves APP y AP ya habían decidido sumarse a los votos a favor del Gabinete de Bellido, dentro de la bancada conformada por Somos Perú y el Partido Morado no había certeza de qué decisión tomarían estos últimos en la votación de ayer.
Fuentes de Somos Perú aseguran que estaban convencidos de que sus pares morados votarían por la abstención o se sumarían a su decisión en bloque de dar la confianza. Esto último, siempre y cuando Bellido los convenciera con su última intervención del viernes.
Para su sorpresa, sin embargo, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga-Trillo votaron en contra, al igual que las bancadas de la oposición más radical como Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.
Pero esta decisión de la bancada no fue de última hora. Al interior del partido se había expresado la voluntad de que no se le otorgue la confianza al Gabinete desde el 29 de julio, el día que juramentó Bellido. “El equipo de gobierno del Presidente Pedro Castillo no puede estar liderado por una persona que no cree en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo”, se lee en un comunicado del Comité Político.
El Partido Morado exige que el Congreso no de confianza al gabinete liderado por Guido Bellido. pic.twitter.com/JmYPR5LNO2
Días después, desde el partido también cuestionaron las decisiones de sus tres congresistas de unirse a Somos Perú. Este tipo de decisiones, se lee en otro documento, “deben ser coordinadas con el Comité Político”.
Y finalmente la presión funcionó. Fuentes del Partido Morado apuntan, además, que esta decisión podría responder a una estrategia de alguno de los congresistas, quienes tendrían intención de participar de las próximas elecciones internas del partido -si es que este mantiene su inscripción-, por lo que lo más conveniente era alinearse con la postura ideológica de este.
Del lado de Somos Perú, el apoyo al Gabinete Bellido se saldó con una disidencia. El jueves, al terminar el debate, Héctor Valer contó a Sudaca que en su bancada había un preacuerdo mayoritario para que den el voto de confianza, pero que no estaba decidido completamente. “Yo sí pienso votar a favor, pero soy disciplinado, y si la bancada dice que no, haré caso”, aseguró.
Aunque el viernes en la mañana se mantenía el convenio para que los seis parlamentarios de SP votarían a favor, inesperadamente la congresista Kira Alcarraz, decidió hacerlo en contra. Rompió, así, el bloque.
Según una fuente del mismo partido, el motivo del voto de la congresista Alcarraz fue “un desencuentro con el primer ministro”. Y es que el martes Guido Bellido habría citado a Alcarraz para conversar sobre algunos temas de interés de la congresista. Sin embargo, no fue atendida, lo que generó su incomodidad.
Valer dice también que desde la bancada de la ultraconservadora Renovación Popular se acercaron a conversar con ellos para convencerlos de votar en contra, pero que finalmente decidieron apostar por la gobernabilidad. Esta vez, la oposición más radical no ganó. Pero la victoria del Gabinete sigue siendo muy frágil.
María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción.
De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.
La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.
Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político.
El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.
Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.
La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».
Redes clientelares
María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.
Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.
Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.
Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”.
Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.
Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.
Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.
Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.
Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales.
“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.
El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.
Cobro de cupos
“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.
Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.
La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.
Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.
En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre.
Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.
Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.
“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”
Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.
La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.
Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.
Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.
Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.
