Hoy, temprano, se produjo el allanamiento de las oficinas congresales y viviendas en Lima y sus ciudades de origen, de los seis congresistas de Acción Popular, considerados “Los Niños”, brazo congresal corrompido por el gobierno central para asegurar sus votos en el Legislativo, a cambio de prebendas, como participación en obras públicas del Ministerio de Transportes y de Vivienda.
Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López son los nombres de los presuntos sinvergüenzas que traicionaron la voluntad de sus electores para venderse al postor palaciego (se estima que son más, pero eso es materia de investigación). El tema es parte de las carpetas fiscales organizadas por la valiente Fiscal de la Nación Patricia Benavides, en el afán de descubrir toda la telaraña corrupta de la organización criminal que dirigiría el propio presidente Castillo (en ese sentido, se estima que hoy, más tarde, se presentaría la denuncia constitucional contra el primer mandatario ante el Congreso).
Una gran noticia para el país y la salud de la democracia sería que se corroborara que hubo corrupción detrás de los votos genuflexos de estos seis congresistas y otros más. No se habría visto semejante acto de inmoralidad pública desde la operación de los tránsfugas montada por Vladimiro Montesinos para asegurarle mayoría parlamentaria a Alberto Fujimori en el nefasto –y felizmente corto- mandato estrenado el 2000.
El Congreso haría bien en suspender en sus funciones a estos congresistas mientras dure la investigación, si acaso cabe hacer ello, para asegurar que la importante votación que se tendrá que desplegar a propósito de la acusación constitucional contra el presidente de la República, no esté manchada de corrupción de antemano.
Y ya se entiende la guerra política declarada por Palacio en contra de la Fiscal de la Nación. Han presentado una denuncia penal en el afán de amedrentarla y refrenar lo que saben que se les viene: una fundada acusación, con pruebas contundentes, de que el propio presidente Castillo ha sido el operador y gestor de la organización criminal que actuó en diversos frentes (no se sabe aún cuáles serán los casos que finalmente la Fiscalía de la Nación presentará ante el Congreso).
Se vienen tiempos políticos turbulentos. Desde Palacio se anuncia, inclusive, que se podría llegar al extremo de desacatar una decisión congresal adversa. Será ese el momento en que las instituciones del Perú deberán probar su real compromiso con la democracia.
