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La Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (Renafam) ha logrado instalar su cruzada contra el aborto y el enfoque de género en el actual Parlamento. Se trata de una organización que participa en charlas y marchas de la mano de Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), y que siempre tuvo como objetivo promover iniciativas legislativas que exterminen lo que ellos llaman ‘ideología de género’.

A fines del 2018, por ejemplo, este grupo se pronunció a favor de un proyecto de ley que Fuera Popular impulsó en bloque para excluir de las políticas públicas «todo término que haga referencia a la ideología de género”. Hoy los miembros de la Renafam operan en el Congreso como asesores, gracias al patrocinio del congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

 

EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Paola Martínez Paitan es, según sus redes sociales, directiva de la Renafam. Y como tal es una de las caras más visibles de la organización, junto a Alejandro Muñante. Al igual que él, también figura como miembro de Acción Cristiana, un movimiento político fundado por los pastores Julio y Christian Rosas, dos de los principales representantes de CMHNTM. En esta agrupación política tiene el cargo de “coordinadora de familia”.

Desde el 2 de septiembre del año pasado, Martínez Paitan trabaja como asesora de la Comisión de Educación, que preside el legislador celeste Esdras Medina. Ella es, de lejos, el rostro femenino más conocido de la Renafam, y ha acompañado a Alejandro Muñante en varias marchas y eventos de CMHNTM. También ha sido vocera de la red en charlas contra del enfoque de género y el aborto.

En septiembre del 2018, por ejemplo, la Renafam anunció una serie de conferencias en todo el país sobre temas como “el seudo derecho al aborto y el gran negocio detrás de su legalización”, “el derecho de los padres frente a la imposición del género en la educación” o “el matrimonio homosexual y la consecuente adopción de menores como agentes destructores de la familia”. Como una de sus ponentes estrella aparece Martínez.

 

La gira de charlas que ofrecía Renafam en el año 2018 con De Lama y Martínez como ponentes principales.

 

“La decisión de contratar a la abogada Paola Martínez fue del presidente de la comisión de Educación” asegura Alejandro Muñante a Sudaca. Esdras Medina, colega de bancada de Muñante y quien encabeza ese grupo de trabajo, responde que la contrató “por ser una buena abogada que ha trabajado en la Contraloría”.

Medina también precisa que Martínez apoya a la comisión en temas relacionados a la educación básica regular. “Ella solamente da su opinión jurídica, pero no determinamos [decisiones] sobre su opinión. También mandamos [consultas] a los entes reguladores como el Minedu y otras instituciones competentes para algunos dictámenes”, alega el parlamentario. Sin embargo, vale recordar que Medina ya ha ignorado antes la posición de quienes no coinciden con él en un tema, como en el caso de la Universidad Nacional de Piura que reportó Sudaca.

Y de por sí, el trabajo de la Comisión de Educación evidencia qué opiniones pesan más cuando se abordan proyectos sobre la currícula escolar o la reforma universitaria. Para muestra: una de las últimas iniciativas con dictamen aprobado en comisión es el proyecto de ley 904/2021, que presentó el mismo Medina. Esta iniciativa busca que los padres de familia sean consultados obligatoriamente sobre el contenido educativo y la currícula escolar que elabora el Minedu. También se establecen sanciones para los funcionarios que no acaten la norma.

Para elaborar el dictamen, Medina solicitó opinión a representantes de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), la Coordinadora Regional por la Vida (Corvida), la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) y el Minedu. Pero la agenda detrás del texto estaba clara desde un inicio. En una reciente entrevista con el programa “Patri-Arcadio”, Paola Martínez manifestó su simpatía por el proyecto. “Sí creemos que es conveniente [tener educación sexual], pero no desde la mirada del género, que no busca solucionar, sino más bien busca envolver a los adolescentes en un círculo vicioso”, agregó.

Más adelante agregó: “[Hoy] se da un abanico de posibilidades que no hace a los jóvenes valorar que tal vez deban esperar para iniciar una relación sexual. Eso debería hacer el Minedu, en colaboración con las Apafas y padres de familia. Lamentablemente no se hace por el financiamiento de las ONG […]  Por eso han hecho todas estas movidas estos días, porque saben que con ese proyecto de ley van a temblar”.

Pese a ello, Medina descarta la participación de su asesora en la iniciativa legislativa. “Ahí ella nada tiene que ver, porque ese proyecto sale de mi despacho. No es descabellado: solo busca que los padres sean veedores, no que opinen pedagógicamente porque no son especialistas”, explica.

Con el dictamen aprobado, queda ver el apoyo que tendrá el proyecto en el Pleno, donde ya se respaldaron iniciativas impulsadas por la Comisión de Educación que merman la autonomía de la Sunedu. Este es otro frente al que los miembros de la Renafam le han puesto especial interés. “Queremos calidad educativa, pero con autonomía universitaria. Hoy Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular vienen golpeando a la mafia caviar, enquistada en la Sunedu, hoy se recuperará la Autonomía Universitaria», señaló Paola Martínez hace unos días, a través de su cuenta de Twitter.

 

MÁS ASESORES

Alejandro Muñante, junto a otros miembros de la Renafam, ha dado charlas alrededor del país en contra del enfoque de género, ha aparecido en diversos medios de comunicación defendiendo el mensaje ‘provida’ de CMHNTM y ha participando activamente de sus movilizaciones.

Como congresista, ha firmado varios proyectos de ley en esa línea. Uno es el de la pastora Milagros Aguayo, que busca reconocer en el Código Civil que la vida humana comienza desde la concepción. Y también respalda proyectos presentados por Esdras Medina en la Comisión de Educación, como el que busca recomponer el consejo directivo de la Sunedu para que sea controlado por las universidades.

Desde sus primeros días como congresista, en julio del 2021, el parlamentario celeste contrató en su despacho a sus colegas de Renafam Jorge De Lama Vargas, como asesor principal, e Isabel Soto Bardales, como asesora II.

De Lama es, según su LinkedIn, vicepresidente y coordinador académico de la Renafam desde sus inicios en el 2017. También comparte espacios con Muñante en Acción Cristiana. En esta agrupación, De Lama es coordinador del comité político y Muñante coordinador nacional.

 

Una de las charlas que dictaron juntos Muñante y De Lama con el sello de CMHNTM»

 

De Lama también ha acompañado a Muñante en entrevistas para promocionar la Renafam. En mayo del 2017, ambos aparecieron en Bethel TV –canal de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial– y De Lama dejó claro el objetivo de la organización: “Nosotros podemos trasladar, la Renafam lo va a hacer, al Congreso propuestas legislativas para que estos vacíos que generan “confusión” [se llenen]”. Hoy, lo hace desde el despacho congresal de su compañero de lucha.

De Lama también ha brindado charlas junto a Muñante para hablar del enfoque de género en los textos escolares. En el 2019, por ejemplo, dieron ponencias en ciudades como Ayacucho e Iquitos. Ese mismo año, se volvieron a hacer presentes en la marcha nacional de CMHNTM con el objetivo de “asegurar el libre ejercicio del derecho a la protesta de todos los ciudadanos participantes” portando sus medallas de abogados en la manifestación.

En la misma senda está Isabel Soto. Abogada de profesión, lleva trabajando en el Congreso desde el 2016, según su LinkedIn, aunque no precisa en qué dependencias. Hoy está en el despacho de Muñante. Ella, al igual que De Lama, aparece en varias fotografías de la Renafam (junto al congresista) en las marchas de CMHNTM.

Soto firma como miembro de la red en diversas columnas de opinión publicadas en el portal de la Coordinadora Nacional Pro Familia (Conapfam), organización también vinculada a Christian Rosas, vocero de CMHNTM. Algunas de ellas tienen títulos como “El enfoque de género desfigura a las mujeres” o “Perú, ¿país soberano?”. En estas, critica la implementación del enfoque de género y la despenalización del aborto, y también apunta su artillería contra las mujeres trans.

 

Miembros
Renafam en la marcha nacional de CMHNTM del 2018. De izquierda a derecha: Isabel Soto, Jorge De Lama, Alejandro Muñante y Paola Martínez.

 

Consultado por Sudaca sobre la contratación de sus colegas de la Renafam, el congresista Muñante contesta que “mientras el personal de confianza cumpla con los requisitos para ser asesores de un despacho congresal, todo es correcto”. “Y de hecho, ambos son profesionales con experiencia en la asesoría parlamentaria”, apunta.

Y agrega que, a diferencia de los ‘caviares’, “la defensa de la vida y la familia no es una agenda que pretenda subvertir el Estado, es una acción que se enmarca dentro de los derechos humanos reconocidos”. La agenda ultraconservadora avanza a paso firme en las entrañas del Parlamento.

 

 

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CMHNTM, Renafam, SUNEDU

La comisión de Educación del congreso le dió un duro golpe a la la educación superior y hoy Oswaldo Zegarra – Superintendente de SUNEDU – defiende la reforma universitaria. Además, conversamos con Javier Díaz Albertini – sociólogo de la Universidad de Lima- sobre los posibles motivos que llevan al Presidente a rodearse de personajes cuestionados. Y Jenny Llanos llega con una edición más de Golpes bajos

 

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SUNEDU

Las autoridades una vez más demuestran el poco interés que tienen en lograr cambios favorables y sostenidos para alcanzar una educación de calidad y una sociedad más igualitaria. A puertas de cerrar la actual legislatura el Congreso de la República, mediando una perversa alianza entre la derecha más reaccionaria y la izquierda patriarcal se trajeron abajo la reforma universitaria, con la excusa de devolverle “autonomía” a las universidades, le devuelven – en realidad- la libertad a estas para hacer de la educación un negocio sin ninguna clase de ética ni fiscalización.

Pero no solo este escenario amenaza la educación, también lo hace el Proyecto Legislativo 904/2021, presentado por el congresista Edras Medina del grupo parlamentario Renovación Popular, denominado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”; pero que en realidad busca desconocer la autonomía del Ministerio de Educación y hacer depender a este de la opinión y conformidad de los padres y madres de familia. Tal como suena, la educación de los niños estaría definida por algunas organizaciones de padres/madres quienes podrán vetar contenidos sin mediar aquí los criterios de especialistas en temas de educación.

 

Esta propuesta, que es bien vista por los sectores más conservadores (antiderechos) del congreso, distorsiona el derecho a participar de los padres/madres de familia en el proceso educativo, que por cierto se encuentra ya establecido a través de las APAFAS y de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI).

 

¿Què hay detrás de esta propuesta?, el interés de grupos parlamentarios vinculados a sectores fundamentalistas que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. A estos operadores de la discriminación no les interesa la calidad educativa, les importa mantener los cimientos de una sociedad excluyente y tutelar, que reproduzca la discriminación. Utilizando discursos tendenciosos, como “la defensa de la familia” o su oposición a una supuesta “ideología de género” mal informan, generan miedo y ahora operan a nivel del ejecutivo y el legislativo para fortalecer una agenda perversa que sostenga la desigualdad..

 

Diversas instancias se han pronunciado con preocupación frente a la probable aprobación de una iniciativa legislativa contraria a los compromisos del Estado Peruano en materia de educación e igualdad. Se han manifestado la Defensoría del Pueblo, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones de jóvenes y del derecho a la educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, así como instancias de la cooperación internacional.

 

Este escenario de riesgo se agrava tras la reciente designación de Kathy Ugarte, congresista de Perú Libre, como Ministra de la Mujer; la nueva titular del sector se ha opuesto públicamente al enfoque de igualdad de género y ahora lidera el ente rector de las políticas de género, una paradoja peligrosa que hace temer retrocesos que repercutirán en la vida y bienestar de millones de mujeres y niñas.

 

El escenario es adverso, a nivel del legislativo y también del ejecutivo, el presidente Pedro Castillo  ha demostrado su nulo compromiso con los derechos de las mujeres y ayer envió un mensaje claro de oposición a los avances en materia de igualdad. Se anuncian tiempos de muchos retrocesos que solo podrán ser bloqueados con una clara y contundente respuesta ciudadana.

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Congreso, SUNEDU

Para el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, fue «una celada». Para los congresistas a los que no les gusta la reforma, un festival. La última sesión ordinaria de la Comisión de Educación, el pasado martes 18, tuvo como gran punto de agenda lo ocurrido en las elecciones rectorales de la Universidad Nacional de Piura (UNP) en 2019. Un proceso manchado, a todas luces, por irregularidades. Pero los legisladores no tenían ninguna intención de verlas. 

En aquellos comicios, hace tres años, se incorporaron estudiantes al padrón cuando este ya había sido publicado, los alumnos de posgrado fueron excluidos, se instalaron mesas incompletas, otras fuera de hora, y no se informó correctamente que se habían cambiado los límites para el ingreso, lo que ocasionó sospechosos reemplazos entre miembros de mesa. La mayoría de estos hechos ocurrió en la etapa más candente: la segunda vuelta. 

La Defensoría del Pueblo, una entidad autónoma, fue la que dio la primera alarma. El 2 de enero del 2020 le recomendó a la Sunedu iniciar un proceso administrativo sancionador contra la universidad piurana. Como resultado, la superintendencia multó a la UNP con S/87.351,07 y solicitó repetir el proceso mediante una resolución de su consejo directivo. También se negó a inscribir al candidato ganador de esa contienda, el señor Santos Montaño.

Pero pese a la pila de cuestionamientos, varios miembros de la Comisión de Educación decidieron tomar partido por el bando que, desde entonces, pide que se reconozcan como válidas esas elecciones. ¿Por qué? Para golpear a la Sunedu, alegando una supuesta «autonomía universitaria». 

 

Cargamontón parlamentario

La cita en el Congreso debía ser rutinaria, pero se volvió un callejón oscuro para Zegarra y sus funcionarios. En la Sunedu no sabían que Esdras Medina, presidente de la Comisión y congresista de Renovación Popular, había convocado también a Carlos Vargas León, subgerente de asistencia técnica de la ONPE, al propio Santos Montaño, rector ‘electo’ de la UNP, y a Manuel Castillo Venegas, su abogado. Todos, por supuesto, declararon en favor de la validez del proceso electoral universitario. 

Pero el mayor problema, en realidad, fue que no hubo nadie del otro lado. Medina ignoró los pedidos de Segundo Dioses, el excandidato al rectorado de la UNP que denunció las irregularidades del proceso, para estar presente en la comisión. El también profesor de economía había enviado una carta al congresista el último 12 de enero –6 días antes de la cita en la Comisión– pidiendo asistir. Sin embargo, no recibió respuesta.

Parte de la presentación de la Sunedu respecto al caso de las elecciones al rectorado en la Universidad de Piura del 2019.

Dioses también coordinó con el congresista piurano Wilmar Elera (Somos Perú) para que lo ayudara a que Medina le haga caso. El 14 de enero, dicho legislador envió un oficio reiterando el pedido del excandidato al rectorado para estar presente en la comisión de Educación. Tampoco fue atendido. 

En agosto del año pasado, Dioses y otros catedráticos de la universidad ya habían enviado un pliego de denuncias –incluyendo el fraude electoral– a la actual Comisión de Educación. El 19 de octubre, el grupo parlamentario recibió la documentación. No se sabe qué hizo con ella. 

“[Los congresistas] dicen que nadie se quejó. Es mentira. Nosotros somos quienes hemos hecho la denuncia. Nunca nos invitaron, decir que nadie ha reclamado, mientras que yo lo he demostrado con papeles [es una falta de respeto]. Una parte del Congreso está confundida y otra está aprovechándose de la situación”, afirma Dioses a Sudaca. Este medio buscó a Esdras Medina para recoger su versión, pero al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista. 

Esdras Medina, legislador de Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación. Foto: Congreso.

En la Comisión también ignoraron que Carlos Vargas León, el representante de la ONPE, reconoció que no vio directamente el caso. “A riesgo de equivocarme, pero no lo creo así porque la oficina regional de Piura es la que llevó a cabo la asesoría y nos manifestó que no hubo ningún reclamo sobre nuestra participación en el proceso electoral”, mencionó el funcionario. Vargas también explicó que la ONPE solo tuvo 15 días para acompañar el proceso. Aún así, los congresistas utilizaron su discurso para machacar a la Sunedu por “entrometerse con la autonomía universitaria”. 

Por eso, al darse cuenta de la emboscada, el superintendente Zegarra terminó retirándose de la sesión. “Antes de que nos presentemos, sin saber nosotros, presentan a un representante de la ONPE que nunca ha estado en Piura, pero pontificó que había sido hecho de la manera más pulcra. Nos hicieron sanguche. Yo tuve que retirarme porque no aguantaba”, le dijo al programa Si el río suena, de Sudaca. Y agregó: “Nos prepararon una celada. Los congresistas se despacharon contra la Sunedu como si ese fuese el motivo de la reunión”

Los congresistas que más escándalo hicieron fueron Alex Paredes, perulibrista y vicepresidente de la Comisión; Edgar Tello, también del lápiz; y Tania Ramírez, de Fuerza Popular. “¿Sancionar a la universidad, para qué? Aquí en la comisión son recurrentes las multas de Sunedu. Las instancias superiores no se crean para hacer uso y abuso del poder que se tiene. ¿Cuándo multamos a la Sunedu?, digo yo”, dijo Paredes. 

“Esta es una muestra de que la Sunedu no es una institución que regule la calidad universitaria y menos respete la autonomía. ¿Con qué cara se le puede defender?”, expresó Tello. “No es la primera vez que sucede que le quieren quitar la firma a un rector elegido por sus alumnos. Pareciera que quieren ser dueños de universidades para decidir quién entra y quién sale”, aseguró muy alterada Ramírez, quien también dirige un grupo parlamentario que investiga el licenciamiento universitario. Estos son apenas algunos ejemplos. 

 

Votaciones fraudulentas

En el 2019, las elecciones para el rectorado de la Universidad Nacional de Piura en 2019 fueron cuestionadas casi de inmediato. El primer reclamo fue por la modificación del padrón electoral. 

Tras haber excluido a los estudiantes de posgrado y a los “no regulares” –que cursan menos o más créditos de los permitidos–, el 10 de octubre el Comité Electoral realizó extraños cambios de última hora. Fue solo 5 días antes de la primera vuelta y para incorporar nuevos estudiantes de los Programas Especiales Descentralizados, de sus filiales en Sullana, Sechura y Paita. La lista oficial de votantes ya había sido aprobada un mes antes y publicada en el diario El Peruano. Con el cambio, el padrón pasó de tener 176 a 367 estudiantes en dichas sedes.

Pero fue en la segunda vuelta, que se hizo entre el 10 y 12 de diciembre, donde hubo más cuestionamientos. En la jornada electoral, un docente contratado fue presidente de la mesa de sufragio número 78, según la Defensoría y la Sunedu. Este hecho contradice la Ley Universitaria, que dice claramente en su artículo 66 que solo docentes ordinarios –o sea, contratados de manera permanente– y estudiantes matriculados forman parte del padrón electoral.

En la segunda vuelta también se instalaron mesas sin que todos sus miembros estuvieran presentes. En total, fueron 6 mesas las que se abrieron sin la presencia de secretarios y vocales, también de acuerdo a la Defensoría y la Sunedu. En las actas electorales no figuraban sus firmas. Sobre este punto, la UNP reconoció que la falta ocurrió por la presión de los electores para votar. También se instaló una mesa fuera de hora. Fue la número 6 y comenzó a funcionar a la 1 de la tarde, cuando el horario regular era de 9 a 12 del mediodía, de acuerdo al reglamento de las elecciones de la UNP.

Y al igual que ocurrió con el cambio del padrón, el Comité Electoral modificó el horario de ingreso de los presidentes de mesa un día antes de la segunda vuelta. El problema: no informaron correctamente de ello. El organismo decidió que los presidentes de mesa debían acercarse a las 7 am –con tolerancia de una hora– a sus locales de votación o serían reemplazados por otros docentes. Y ya sabemos cómo suelen acabar esos reemplazos voluntarios.

“Resulta necesario señalar que, en virtud del principio de publicidad, todos los actos deben ser informados a la comunidad universitaria a través de todos los medios de los que se disponga; sin embargo, en el caso concreto, se advierte que dichas actas no fueron publicadas, contraviniendo este principio”, se lee en el informe de Sunedu sobre el sospechoso cambio de horarios.

El docente y excandidato al rectorado, Segundo Dioses, fue quien dio la alerta de las irregularidades en las elecciones del 2019. Vídeo: ExpresiónLibre.

“Eso fue un vil fraude. No dejaron votar a los estudiantes de posgrado. Con eso ya era suficiente. Incluso tengo información de profesores de mi agrupación que no los dejaron entrar a los locales porque ya estaba gente de otro sitio. Cambiaron las reglas de juego a última hora”, revela Segundo Dioses a Sudaca, quien perdió la segunda vuelta solo por 29 votos. 

Pero en el Legislativo hicieron oídos sordos del fraude. “Yo nunca me imaginé que verían el caso en el Congreso, sinceramente. Todos nos alegramos porque pensamos que verían nuestra denuncia. Yo sí me incomodé, me sentí mal, un poco decepcionado”, asegura Dioses. 

Actualmente la universidad piurana se encuentra a cargo de Omar Vences Martínez, rector interino reconocido por Sunedu. Además, la UNP mantiene una acción contenciosa administrativa en el Juzgado Civil de Turno del Módulo Básico de Justicia de Castilla para revocar la multa impuesta y el pedido de nuevas elecciones. La demanda fue notificada a Sunedu el 22 de septiembre del año pasado. Desde entonces, están a la espera de nueva información sobre el estado del proceso judicial. 

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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