Un nuevo ataque a los derechos de las mujeres y a la institucionalidad se viene gestando. La posible desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disfrazada de fusión con el MIDIS, para – supuestamente – “optimizar el Estado”, es un golpe directo a los principios democráticos.
Las demandas de igualdad de género, así como la exigencia de derechos incomoda a un gobierno que ha claudicado ante sectores mafiosos, fundamentalistas y corruptos. Están tomando el Estado y las resistencias no alcanzan.
El Ministerio de la Mujer, inicialmente creado como PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano), hace 27 años, ha pasado por varios cambios y siempre estuvo bajo amenaza.
En estos años, el sector ha desempeñado un rol clave en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con un énfasis en la atención la violencia de género que afecta a las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Es el ente rector de las políticas de igualdad y tiene como responsabilidad monitorear e impulsar la implementación de estas en todos los sectores del Estado. Labor nada fácil en una sociedad profundamente machista y en donde las resistencias no han cesado.
El MIMP, como otros sectores, tiene sus debilidades por lo que siempre ha sido una demanda de las organizaciones defensoras de derechos humanos y del ámbito internacional, el fortalecimiento presupuestal de esta cartera, la reforma integral de sus servicios y la mejora de las capacidades de su funcionariado.
Sin embargo, así como tiene debilidades, tiene logros; por ejemplo: la gestión del Programa Aurora, que cuenta con Centros de Emergencia Mujer en todo el país (433), CEM Comisaría , la línea 100 y el servicio de atención rural; el registro y visibilización del feminicidio, la Ley 30364, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promover y monitorear el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), el Programa Presupuestal Orientado a Resultados “Reducción de la Violencia contra la Mujer”, Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres Libres de Violencia, la Política Nacional de Igualdad de Género, la creación de la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres; entre otras medidas y normas de relevancia y apoyo para que las mujeres del país, especialmente las más vulnerables cuenten con mejores condiciones para ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia.
No es perfecto, siempre lo hemos dicho, por lo que el mandato del Estado es fortalecer las medidas para alcanzar igualdad, no desaparecer los mecanismos que hacen posible las políticas en este campo.
Con la “fusión” se vulnera el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes; pero también el de otras poblaciones vulnerables como los niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes.
No solo va a debilitar la atención de la violencia contra las mujeres y desaparecer las políticas de igualdad; también se afectará los programas sociales que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), estancando procesos y entrampando decisiones, lo que afectará a las poblaciones en pobreza o pobreza extrema.
Estos han sido años agotadores defendiendo lo avanzado, tratando de dar un paso más frente al descaro de quienes solo ven por sus intereses. Quedará en la historia que en el gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer presidenta del país, se dieron los más grandes retrocesos en materia de igualdad y de institucionalidad de derechos. Quienes la acompañan son cómplices. La historia se las y los recordará.
No hay democracia sin igualdad, y, no hay igualdad sin democracia.
