Dos grandes, enormes e inocultables falencias demostró el discurso de la presidenta Boluarte respecto de su balance de seis meses de gestión, efectuado hace unas horas en mensaje a la nación.
Primero, no logra entender las insoslayables responsabilidades que le corresponden a su gobierno en la muerte de decenas de compatriotas en las protestas violentas ocurridas entre diciembre y enero últimos. Claramente hubo allí excesos extrajudiciales y, por ende, responsabilidades que corresponde asumir.
El gobierno de Dina Boluarte, con lamentable complicidad de la Fiscalía de la Nación, está queriendo echarle tierrita al tema y no se percata de que mientras no haya una respuesta cabal de responsabilidades penales y políticas, y eventuales compensaciones, ese tema seguirá horadando la credibilidad del régimen y su propia legitimidad, en particular en las zonas donde mayores muertes se produjeron (su bajísima aprobación se debe, sin duda, a ello).
Pretender, como hace Boluarte, echarle la culpa de lo sucedido al expresidente Castillo es un despropósito. No me cabe duda de que las huestes castillistas tuvieron mucho que ver con la violenta asonada, pero aún si ello se corroborara, no reduciría un ápice la responsabilidad de quienes cometieron graves excesos represivos.
Y el otro gran tema, ausente también de su discurso, es el de la inversión privada. Fue abundante en listar proyectos públicos y en gasto estatal, pero casi no dijo palabra respecto de cómo piensa hacer para levantar la gran fuente de inversión del país, la verdadera generadora de empleo y de reducción de la pobreza.
Como lo escribimos ayer, hay, más bien, una suerte de vizcarrización del régimen en materia económica, es decir una voluntad inerte para no mover un centímetro las instancias del sector público responsables de dar pase a que la inversión privada fluya.
Hay muchos proyectos parados, sobre todo en el sector minero y energético, que necesitan el empujón o el aval del gobierno para proseguir o iniciar sus actividades. Y los funcionarios de segundo nivel, responsables de facilitarlo, han optado, al parecer, por hacerse de la vista gorda y por el inmovilismo, tratando irracionalmente de conservar sus puestos, creyendo que cualquier ola que se levante les traerá consecuencias administrativas por afectar la marcha inerte del régimen, que prefiere no hacer nada que le altere el estado de sitio.
