Hoy cumple dos años en el gobierno Dina Boluarte, luego de la sucesión presidencial acaecida después del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el inefable Pedro Castillo.
El balance no puede ser positivo. La relativa estabilidad que le ha dado al país, luego de la vorágine de desgobierno que exhibió su antecesor, no le otorga el certificado de buen gobierno a una gestión que más allá de la reactivación económica -que, además, no es mérito suyo- no tiene nada que exhibir, como no sea una ausencia absoluta de políticas públicas eficientes y un rosario de denuncias fiscales por inconductas o delitos cometidos.
No la quiere casi nadie. Apenas un ralo 3% de ciudadanos aprueba su gestión. De arranque, la mitad del país que votó por Castillo la aborrece por lo que considera una traición suya a la persona e ideario del Atila chotano. Y la otra, que al comienzo le otorgó cierta licencia, la ha ido abandonando al son de su desgobierno absoluto y su falta de solución a los principales problemas del país, entre ellos el de la galopante inseguridad ciudadana.
Es una buena lección, de paso, para los aspirantes a sentarse en el sillón de Pizarro del 2026 en adelante. Nuestro país ya no puede seguir siendo gobernado en piloto automático. Ya lo hizo por casi veinticinco años y ya vemos los resultados políticos, más allá de la bonanza económica del primer decenio del siglo.
Un gobernante que no emprenda hiperactivamente un despliegue de reformas urgentes caerá pronto en el mismo desprestigio que Boluarte. Se requiere un gobierno 24×7 que sea capaz de emprender varias reformas a la vez, y enrumbar al país por la senda del republicanismo liberal que nos toca como cifra clave para sacar el país del estancamiento en el que se halla postrado, y que lo aleje de los abismos de la amenaza izquierdista radical que se asoma al proceso electoral conposibilidades ciertas.
La remera blanco y negro reluce en los bares de Buenos Aires. Son más de 50 mil brasileños que invadieron la ciudad. La clase media y media-alta del país-continente, con gran poder adquisitivo, se concentra en los bares de Puerto Madero, Recoleta, entre otros. La proporción es mayoritaria, a favor de los torcedores del Fogao: 3×1. Las redes sociales se inundaron de historias intimas, anécdotas de los fanáticos que rompieron el chanchito, la cuenta de ahorros o la tarjeta de plástico para ser espectadores, privilegiados, de la Final.
Por otro lado, las redes sociales, dieron a conocer Casa a Massa, un bar temático – en pleno Buenos Aires – para los torcedores del Galo. Ploteado, carteles, accesorios e infinitas referencias al club de Minas Gerais. Sea el lugar que sea, los cariocas y mineiros vacían las pintas de cerveza, sin problemas, el plástico aguanta todo. Un Buenos Aires carísimo – ya no cae romper el billete de mil pesos, el real se devaluó – La posibilidad de obtener la Gloria, justifica todo.
El Monumental, se convirtió -por una tarde- en un Pacaembú, Maracaná, Morumbí o Mineirao. Las banderolas, típicas en el país vecino, los hinchas no cantan, gritan. Nerviosos, en estado etílico, eufóricos, llorosos, ansiosos. Los creyentes alzan la mirada al cielo y musitan la plegaria inentendible. También están los otros, los que se encomiendan al vudú y santería. Son muchísimos. No pueden faltar los inconfundibles cabuleros.
DOS
Tiene pinta de nerd, con lentes y un quepí que oculta su alopecia. Eso sí, el texano multimillonario, no viene con cojudeces, ni tiene un pelo de boludo. Ingresó en la industria del entretenimiento y animación digital.
– ¿Vieron esa sensacional peli donde Brad Pitt, pasó de anciano, adulto, joven y adolescente?
Esa era Digital Domain, la empresa del tejano-sheriff que produjo los efectos visuales. Por ende, hizo un billetón. Más tarde, se arriesgó creando un conglomerado, que adquirió varios clubes de futbol. El año pasado, ante la pecheada del Botafogo, denunció corrupción -en el Brasileirao- para favorecer al Palmeiras; provocando las iras de Leila Pereira. El presente año, invirtió fuerte, incorporando 6 jugadores nuevos. Por último, contrató a Arthur Jorge, el técnico portugués, que había clasificado al Braga a la Champions League.
Uno de los rasgos más relevantes de los norteamericanos, es el Marketing. Ellos lo crearon. John Textor, sabe venderse. Si bien no sabe un joraca de portugués – ni siquiera dice obrigado- es tribunero. Se juntó con la hinchada, en Buenos Aires, y los abraza; tiene gestos con sus cracks; verborrágico e infaltable, en la foto de premiación. Entró en la historia del Botafogo de Futebol e Regatas. Los hinchas, lógicamente, lo aman.
TRES
El técnico lusitano, ante la tempranísima expulsión, retraso a uno de sus mediocampistas y lo demás no lo modificó. Confió en sus muchachos. Incluso los delanteros tienen tareas defensivas. Un equipo ordenado, que durante los primeros 45 minutos no sintió el hombre de menos. Luiz Henrique demostró lo grande que es. El segundo tiempo, Milito reaccionó e hizo los cambios necesarios. Se dice que el 2-0, es el peor resultado del futbol. Y razón no les falta.
– ¿El Atletico Mineiro mereció el empate?
Sí, pero los goles se hacen, no se merecen. Muchos periodistas brasileños criticaron al técnico argentino por la posición de Scarpa. No estoy de acuerdo, es lagunero, se esperaba más de él.
El segundo tiempo, el Galo acorraló al rival.
– ¿Qué sucedió con la Estrella Solitaria?
Para los que no ven el Brasileirao, el martes 26 venció al Palmeiras, que estaba puntero, con todos los titulares. Victoria inapelable. Tuvo solo 3 días de descanso solamente. Increíble. Los últimos 45 minutos, el bajón físico fue evidente. De ahí, la importancia de contar con una plantilla larga. Y apareció Junior Santos, el goleador del Fogao. Ingresó fresco. Probó la individual y perdió. Intentó, nuevamente, y trocó en Pelé. Dejó en ridículo a Alonso y Battaglia. Tocó el cielo con las manos.
El team carioca fue motivo de memes, por la campaña del 2023. Sus hinchas sufridos, lo soportaron estoicamente. Ahora, demostraron que juegan el mejor futbol, no solo del Brasileirao –que lideran – sino del continente. El futbol siempre da revancha.
Por último, los torcedores cariocas, no solo volverán a los bares a celebrar, sino se adueñarán del Obelisco.
Hay vidas tan rocambolescas y aventureras que uno se pregunta si se trata de existencias reales o imaginarias. A veces la trayectoria de un hombre de carne y hueso puede igualarse a las peripecias del héroe más libresco que quepa soñar. El hecho de que vidas de esa naturaleza sean reales añade no solo más verosimilitud al relato que las contiene, sino además pone alerta a nuestros sentidos de una manera diferente a cómo lo harían, por ejemplo, Odiseo en su fabuloso retorno a Ítaca o Jan Valjean, el gran personaje de Los miserables.
Jacobo Hurwitz Zender fue un peruano real, protagonista de una biografía en la que los elementos esenciales fueron el secreto, el movimiento, la zozobra, la acción, los desplazamientos, las urgencias, es decir, una existencia excepcional. Esa debe haber sido la razón por la cual Hugo Coya, un experimentado escritor y periodista, debió sentirse atraído por este personaje y emprendiera el pormenorizado relato de este peruano de origen judío que figura en la lista de espías más influyentes en la historia de América Latina.
Coya dispone su relato de manera inteligente, en episodios que respetan cierta linealidad combinados con saltos al pasado que van desarrollando, a modo de rompecabezas, la intrincada trayectoria vital de Hurwitz. A estas alturas, querido lector, debe usted estarse preguntando quién era este señor. Permítame alcanzarle algunos datos. Nació en Lima en 1901, y ocupó el penúltimo lugar entre once hermanos descendientes de Natasius Hurwitz y Augusta Zender, dos inmigrantes judío alemanes.
Si podemos pensar que el sentido de la aventura está en los genes, pues, consideremos que el padre de Jacobo combatió nada menos que en la célebre Guerra de Secesión norteamericana, del lado de los norteños. Jacobo ingresó a la Universidad de San Marcos en 1918 y tenía inclinaciones literarias, prueba de ello es un libro de poemas suyo, titulado De la fuente del silencio, aparecido en 1924 y que recibiera un auspicioso comentario de José Carlos Mariátegui. Durante el tiempo que estuvo en San Marcos opera en él una transformación y va abandonando paulatinamente los dictados de sus creencias hebreas y, en su lugar, asoma la atractiva faz de un laico que abraza ideas marxistas y participa de los debates de su tiempo.
En 1924 ya es visto como un comunista radical y un operador político peligroso. Augusto B. Leguía ordena su deportación y recala en Cuba donde, aparentemente, comenzarían sus actividades como espía y orquestador de complots políticos, que alcanzarían un punto climático en el intento de asesinato del presidente de México Pascual Ortiz Rubio, precisamente el punto en el que Coya fija el inicio de su cautivante narración.
La disposición de los capítulos pretende abarcar un amplio arco temporal, mayormente situado en diversos momentos de la década de 1930 (que corresponde al atentado y a su prisión en una remota cárcel mexicana), con saltos al pasado que recrean otros episodios importantes de la vida Hurwitz, como los inicios de un vínculo con Mariátegui, el conocimiento de Haya de la Torre y, como nota de contexto, haberse enterado del sonado escándalo de la bailarina rusa Nora Rouskaya en el Presbítero Maestro, que despeinó a más de una encopetada dama limeña. Corresponde a cada lector colaborar en el ordenamiento temporal, algo que, en este caso concreto, se hace con placer.
La carcelería sufrida por Hurwitz en México es uno de los segmentos más interesantes del libro. Y no solamente porque allí, en la cruenta prisión de Islas Marías fuera salvajemente torturado, sino también porque en ese lugar surge la entrañable amistad entre el peruano y otro gran personaje, el mexicano José Revueltas, escritor y activista político, acusado de ser el instigador de los hechos ocurridos en 1968 en la Plaza de Tlatelolco.
La narración, además, plantea un recorrido que empieza, digamos, en el cenit de la existencia de Hurwitz y termina en 1973, con su muerte, que queda retratada en el inicio del capítulo 38: “Su cuerpo naufraga en un charco de sangre. Las ruedas que giraron bruscamente para esquivar un perro surgido en medio de la noche han ocasionado la volcadura del automóvil en que se encontraba. Sin cinturón de seguridad que lo contuviera, Jacobo ha sido expulsado del vehículo y permanece tendido sobre el empedrado de una calle del centro” (p.325).
Con un lenguaje preciso y una rigurosa investigación detrás, Hugo Coya nos obsequia la imperdible biografía de un peruano inverosímil que, sin embargo, fue más real que cualquiera de nosotros. Con esos materiales, el autor reconstruye una biografía útil para entender los avatares de una época irrepetible en nuestra historia.
Hugo Coya. El espía continental. Lima: Planeta, 2024.
Sheyla Cóndor tenía 26 años y una vida por delante. Desapareció un miércoles de noviembre y dejó tras de sí un vacío que su madre intentó llenar con preguntas. Preguntas que chocaron contra una pared de indiferencia en la comisaría de Santa Anita. «Seguro está con un noviecito», le dijeron, palabras que hoy resuenan como sentencia. No era la primera vez que el sistema le daba la espalda a una mujer; tampoco será la última, si seguimos permitiendo que esto ocurra.
La madre insistió, porque las madres siempre saben. Porque los silencios de sus hijas son gritos que las desvelan. Y aunque encontró pistas —mensajes, un nombre, una dirección—, el reloj seguía corriendo, y con cada minuto que pasaba, la posibilidad de un final diferente se desvanecía. Para la Policía, era solo otro caso más que esquivar. Para Elsa Torres, era su hija, su Sheyla, que no volvía a casa.
El hallazgo del cuerpo, días después, fue un golpe seco, brutal, que nadie debería experimentar. Encontrarla no fue un alivio; fue confirmar los peores miedos. Sheyla fue asesinada por Darwin Condori, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, alguien que debía proteger, pero que en cambio se convirtió en verdugo. El detalle macabro de cómo se ocultaron sus restos no es lo más indignante, aunque es insoportable. Lo peor es todo lo que pudo evitarse.
Condori no era un desconocido para las autoridades. Tres denuncias de abuso sexual ya pesaban sobre él. Tres mujeres que hablaron, que gritaron su dolor, y no fueron escuchadas. ¿Qué se necesita para que alguien así sea apartado de un uniforme? ¿Cuántos gritos ignorados, cuántas señales pasadas por alto? La respuesta está en el silencio cómplice de quienes prefirieron mirar hacia otro lado.
No fue solo un feminicidio; fue una cadena de traiciones. Una institución que debía proteger y falló. Un sistema que dejó a Sheyla sola. Una sociedad que aún permite que ser mujer sea una condición de riesgo. El destino de Sheyla estaba marcado desde el momento en que quienes tenían el poder de actuar eligieron no hacerlo.
Y cuando todo parecía insostenible, la tragedia se volvió aún más oscura. Darwin Condori apareció muerto en un hostal, con una carta cuyo contenido aún no conocemos. Un cierre que no es cierre, una verdad que parece querer ocultarse. Las imágenes de policías manipulando la escena, de nuevo, dejan más preguntas que respuestas. ¿Fue suicidio? ¿Fue un encubrimiento? ¿Quién más está detrás de todo esto? Porque no nos engañemos: este no es un crimen aislado. Es un reflejo de un sistema corrupto que no solo protege a los culpables, sino que perpetúa la violencia.
Sheyla ya no está. Su madre no podrá abrazarla de nuevo, ni verla cumplir sus sueños. Pero su nombre sigue resonando, convertido en bandera de indignación y lucha. En las calles de Comas, las marchas claman por justicia, no solo para Sheyla, sino para todas las mujeres que han sido olvidadas por un sistema que las desampara.
Esta historia no debe ser un cierre, sino un comienzo. El Perú no puede seguir siendo un país donde las denuncias son desestimadas, donde los feminicidas llevan uniforme, donde las madres lloran solas. Sheyla merece justicia, sí, pero también merece memoria. Porque su muerte no puede ser en vano. Porque ella, como tantas otras, debe ser el grito que despierte a un país que no puede seguir dormido.
No entiendo las razones según las cuales, bastará que Dina Boluarte convoque a elecciones para que, de inmediato, las hoy bancadas oficialistas aprovechen la ocasión para promover la vacancia presidencial y pretender construir ante la opinión pública una imagen de cierta distancia del régimen (ilusión vana, pero posible de existir).
¿Qué ganarían las bancadas oficialistas con ello? Si así ocurriese, ellas tendrían que tomar el Ejecutivo, reemplazando a Boluarte, y seguramente en ese escenario provocarían un estado de rechazo popular furibundo que los colocaría en peor situación que la que están ahora (lo de Merino podría ser un chancay de a medio si se le compara con lo que ocurriría si algún congresista del deslegitimado Parlamento actualocupa el sillón presidencial así sea por unos meses, previos a la convocatoria a elecciones).
Salvo que ocurra un escándalo de proporciones (lo de la nariz presidencial no alcanza ese perfil), lo más probable es que Dina Boluarte durehasta julio del 2026. Tendría que descubrirse a Cerrón en Palacio, a Nicanor siendo visitado por la presidenta, o aparecer audios comprometedores de la propia mandataria para pensar que la coalición parlamentaria que la sostiene le dará la espalda y promoverá su vacancia.
Keiko Fujimori confía en que igual mantendrá el piso de 10% que hoy tiene y que con eso -dada la fragmentación existente- le alcanzará para pasar a la segunda vuelta. Y César Acuña, algo más despistado, confía en sus bases regionales, cuando lo más probable es que su obsecuencia respecto del régimen de Boluarte haga que ni siquiera pase la valla electoral el 2026.
Es verdad que el pueblo peruano tiene mala memoria y que, iniciada la campaña, probablemente no tenga disponible en su alforja la emisión de un castigo cívico a los cómplices de la mediocridad obscena del régimen, pero el grado de deterioro y de irritación ciudadana existentes, hacen pensar que esta vez sí habrá escarmiento para los responsables del desmadre que vivimos.En todo caso, bien merecido se lo tienen.
Entre tanto, seguirá incólume el apoyo. La distancia se pretenderá marcar con algunas interpelaciones o censuras (Rómulo Mucho ya fue censurado y probablemente ocurra lo mismo con Demartini), pero de allí no pasará.
[Agenda País] Hace pocos días, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró ante la comisión de fiscalización del congreso que, efectivamente, la presidenta Dina Boluarte pasó por una cirugía facial en junio de 2023, que la alejó de actividades presenciales por casi dos semanas.
Hasta esa declaración, ningún ministro, ni la misma presidenta, habían comunicado este hecho y más bien, lo habían puesto en entredicho, como si nunca hubiese existido, a pesar que sí era de su conocimiento.
Nadie le puede reclamar a la presidenta Dina Boluarte que se haga una rinoplastia porque no puede respirar bien o que quiera hacerse unos retoques estéticos. Es lo más normal que tanto mujeres como hombres queramos vernos mejor y disimular un poco el paso de los años, con menos arrugas, sin bolsas debajo de los ojos o recuperar el cabello perdido de nuestras melenas juveniles.
Ese no es el problema. Pero hay dos problemas.
El primero, y el más importante, es la falta de transparencia. Los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de los ciudadanos y tienen que rendir cuentas de sus actos y con más razón quien ocupa el sillón presidencial, la máxima autoridad elegida por todos los peruanos.
No es la primera vez que este gobierno esconde pecadillos o trata de disimularlos como el famoso caso de los relojes Rolex. Que no eran imitación sino réplica, que lo compró con sus ahorros de toda la vida y finalmente, cuando no eran uno sino varios relojes, que se los prestó su wayki.
¿No era más fácil, desde el principio, decir que se los prestaron y que cometió un error al aceptarlos? Porque más que el hecho en sí, lo que más duele es que habiendo tanta pobreza en el Perú se tenga que recurrir a un ostentoso Rolex para demostrar poder.
¿Y no era también más sencillo anunciar que se ausentaba 2 o 3 días para hacerse una rinoplastia para poder respirar mejor, aunque de yapa la cirugía venía con su retoque más?
“ Ah la vanidad, mi pecado favorito”, diría Al Pacino encarnando a John Milton, el demonio, en el recordado film, “El Abogado del Diablo”.
El segundo problema es una posible infracción constitucional. El artículo 114 de nuestra Constitución Política dice claramente en su inciso 1, que, “ El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso”.
Una rinoplastia con retoques estéticos requiere de anestesia general y una recuperación lenta y dolorosa. Es decir, que la presidenta no solamente ha estado inconsciente algunas horas, sino que también ha estado bajo sedativos los días posteriores, lo cual la inhabilitó de ejercer sus funciones presidenciales.
La presidenta no estaba dormida, como quiere confundir a la población el ex magistrado Ernesto Blume, en una alocución radial de una realidad paralela, sino que, bajo los efectos de la anestesia, Dina Boluarte no podía ser despertada ni asumir ninguna función.
En los Estados Unidos de Norteamérica, el actual presidente John Biden, transfirió sus poderes presidenciales a la vicepresidenta Kamala Harris mientras se le practicaba una colonoscopía de rutina. Pasada la intervención que normalmente requiere un breve período de anestesia general, Biden recobró sus poderes. Así de simple.
No pienso que la circunstancia de no seguir el proceso constitucional lleve a una vacancia de la presidenta Boluarte, sería demasiado drástico, pero sí es una raya más al tigre la falta de criterio que ha tenido este gobierno en su estrategia de comunicación, como si los miedos a perder el poder justifiquen una falta de transparencia y medias verdades, que al final, son nada más que mentiras.
Reflexione presidenta Boluarte, enfrente con la verdad y comunique de manera directa a los ciudadanos, que, de seguir en el oscurantismo de la falta de transparencia, solo va a generar mayor desconfianza de un pueblo que solo quiere paz y bienestar.
El próximo gobierno tiene que tener en claro que son dos las grandes responsabilidades que debe asumir en caso de llegar al poder: reconstruir el Estado, que está hecho flecos, lo que implica prácticamente todo el sector público y sus prerrogativas (salud, educación, seguridad ciudadana, justicia, regionalización, etc.); y poner el pie en el acelerador en la conversión del Perú en una economía de mercado proinversión, capitalista a la vena.
Tenemos que recuperar los niveles de inversión privada de la época Fujimori-Toledo-García, que lamentablemente Ollanta Humala empezó a ralentizar, que implique la disminución extraordinaria de la pobreza que hubo, además del crecimiento y la reducción de las desigualdades.
Eso implica recuperar la autonomía profesional de los organismos reguladores (lo que, dicho sea de paso, se está haciendo con Osiptel ahora, es de horror), relanzar Proinversión, sacar adelante la cartera de proyectos mineros estancados a pesar de tener todos sus papeles en regla (incluidos sus estudios de impacto ambiental), seguir firmando acuerdos de libre comercio, reducir los costos laborales; emprender, en suma, una revolución capitalista.
Alan García se preguntaba por qué si su gobierno había sido tan exitoso en materia económica y había sacado de la pobreza a millones de peruanos, cuando se presentó a las elecciones del 2016 tuvo tan desastroso resultado. La razón se explica en su abandono de la primera tarea: la de reconstruir un Estado ausente para la mayoría de los peruanos, incapaz de proveerles de servicios públicos básicos. Junto con García, toda la transición post Fujimori adoleció de ello y eso explica, entre otras razones, el triunfo de Pedro Castillo el 2021.
Pero esa tarea es imposible sin los recursos fiscales que una dinámica acelerada de crecimiento capitalista puede proveer. El Perú tiene un potencial enorme. Si se desatan los nudos que amarran el flujo de inversiones privadas, podemos alcanzar tasas de crecimiento significativas, sin mayor sobresalto y así alcanzar el círculo virtuoso de enriquecimiento y reforma del Estado que se necesita para salir del statu quo inmóvil en el que nos encontramos desde el 2016 y que alimenta, justamente, a los candidatos disruptivos de izquierda.
Luego de recibir un duro castigo que le impedía contratar con el Estado, la empresa Telefónica del Perú intentó lograr una reducción. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado no le dio la razón a la multinacional y deberá cumplir los 36 meses de sanción.
En agosto del año pasado, una noticia causó gran impacto debido a que involucraba sanción a una de las empresas más importantes y con mayor presencia en el país desde hace varias décadas que había recibido una muy dura sanción. Según se pudo conocer por aquellas fechas, Telefónica del Perú había quedado impedida de contratar con el Estado por un periodo de tres años.
Sin embargo, la poderosa multinacional no se quedó de brazos cruzados e intentó librarse de esta penalidad. Pero, a finales del mes pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado cerró esa puerta para Telefónica. Sudaca tuvo acceso a resolución que detalla los argumentos de la empresa de telecomunicaciones que han sido descartados y la obligan a continuar cumpliendo la sanción original.
DIPLOMA FANTASMA
Esta considerable sanción llegó como resultado de una irregularidad detectada enlos documentos que fueron parte de la “contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático 0800”, un servicio que Telefónica le brindó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, por el cual, la empresa multinacional recibió el monto de aproximadamente cien mil soles en un proceso que data del año 2021.
En ese mismo año, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se comunicó con la Universidad Nacional del Callao para verificar que Jorge Luis Quispe Cruz, uno de los trabajadores involucrados en el proyecto, contaba con el “Diploma de Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica” que, supuestamente, había recibido en octubre de 1995.
Sorprendentemente, a los pocos días, la Universidad Nacional del Callao se pronunció y avisó que dicho diploma con esa fecha no existía y que, en los documentos correspondientes al año 1995, no figuraba ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz, quien había sido presentado como personal clave dentro de la propuesta de Telefónica. Pero, además, Quispe Cruz ni siquiera había tenido un paso por esta casa de estudios.
Ante esta insólita revelación, Telefónica había solicitado un periodo de cinco días para llevar a cabo una revisión interna y presentar los descargos. No obstante, luego de ese periodo no existió ninguna respuesta ante lo que fue considerado como una “vulneración al Principio de Presunción de Veracidad por parte del Contratista, por presentación de documentación falsa”.
Como consecuencia, y sumado a que existían antecedentes de sanciones administrativas, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que correspondía sancionar a la empresa Telefónica del Perú, en agosto del año 2023, impidiéndole contratar con el Estado por un periodo de treinta y seis meses.
NO SE RINDEN
La respuesta de la empresa de telecomunicaciones fue inmediata y presentaron un recurso de reconsideración en el mismo mes de agosto del 2023. No obstante, un mes después fue declarado infundado y, por lo tanto, la sanción entro en vigencia el día 20 de septiembre del año pasado.
Pero esta no fue la única vez que la poderosa trasnacional buscó evadir los tres años de sanción determinados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. A finales del mes julio del presente 2024, Telefónica del Perú realizó un nuevo intento para librarse de la sanción que se impuso en su contra.
Alegando que la Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente indicaba que el periodo mínimo de sanción ya no era de treinta y seis meses, como estaba estipulado en el momento que se cometió la infracción, sino que sólo corresponderían veinticuatro meses, Telefónica pretendía un cambio en la penalidad que recaía sobre ellos. No obstante, la nueva resolución, amparándose en que dicha ley se encontraba en vigencia mas no en aplicabilidad, declaró no ha lugar esta nueva solicitud presentada por la empresa.
Pero este no fue el punto final de la historia. En un nuevo intento de librarse de la sanción que se les impuso inicialmente, la empresa Telefónica del Perú volvió a la carga el 30 de septiembre, cuando interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución anteriormente mencionada teniendo como principal argumento que bastaba que la nueva ley esté vigente para que se pueda aplicar y, con ello, su tiempo de castigo se vea reducido.
Sin embargo, el resultado ha sido, nuevamente, adverso a los intereses de Telefónica. En esta nueva resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado le ha indicado a Telefónica del Perú no han aportado nuevos elementos que conduzcan a un desenlace distinto a los que habían obtenido anteriormente, como en la resolución del pasado mes de septiembre.
A ello se le ha sumado que la Ley General de Contrataciones Públicas, en la cual se pretendía amparar la multinacional de comunicaciones, le da la razón a la postura del Tribunal de Contrataciones del Estado y, con ello, sería imposible que la sanción de treinta y seis meses se modifique y se reduzca a veinticuatro meses sin poder contratar con el Estado.
El resultado de este nuevo intento de Telefónica de evitar cumplir con los tres años de sanción se pudo conocer el 18 de noviembre cuando la Resolución Nº 4552-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de reconsideración y dio por agotada la vía administrativa.
De esta manera, la historia parece haber concluido con una derrota para Telefónica que, increíblemente, a lo largo del caso intentó minimizar la gravedad de haber tenido a un trabajador sin la formación académicas que decía ostentar y al que, además, incluía como parte del personal clave, según se ha podido leer en los documentos de este caso que terminó con una poderosa empresa recibiendo una importante sanción.
Telefónica del Perú se comunicó con Sudaca e indicó que consideran como “una medida desproporcionada” la sanción impuesta por el Organismo Supervisor de Contrataciones y Compras del Estado (OSCE) debido a que el trabajador involucrado fue separado apenas se les informó de su situación y, además, “el servicio brindado al Ministerio de Trabajo se realizó de manera satisfactoria”. La empresa de telecomunicaciones agregó que ha recurrido al Poder Judicial con el objetivo de revertir la sanción.
Un nuevo ataque a la débil democracia que tenemos está por concretarse. Se ha agendado está semana en el Pleno del Congreso de la República la discusión del Dictamen que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo cual pone en grave riesgo el derecho a la libertadde asociación y participación.
Este dictamen acumula un conjunto de proyectos de ley (PL 06162, PL 06252, PL 07140, PL 07367 y PL 07354) paralimitar ycontrolar la actuación de las organizaciones ciudadanas.
Sebusca perseguir, hostigar y amedrentar a las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos y son incómodas para el proyecto autoritario que está en marcha en nuestro país.
La posible aprobación de esta propuesta normativa no solo afectará a las ONGs de derechos humanos, feministas y organizaciones ambientalistas; impactará gravemente en todas las organizaciones y asociaciones del país, así como pondrá barreras a la cooperación internacional en su conjunto.
Estas iniciativas vienen de sectores con una tradición autoritaria y posturas contrarias a la lógica de derechos como : Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular, entre otros.
Para justificar un atropello de esta magnitud se suele difundir que las organizaciones de la sociedad civil no son fiscalizadas, sin transparentar que en el Perú existen mecanismos de supervisión y monitoreo exigentes, que las organizaciones más atacadas cumplen a cabalidad.
Claramente no hay sustento técnico para estás propuestas, pues las mismas son parte de un plan para seguir debilitando el derecho a la libertad de asociación y de participación. Dimensiones claves para toda democracia.
Los sectores corruptos que imperan en el Congreso, quieren el campo libre para seguir avanzando sin cuestionamientos en la toma del Estado y en la perpetuación de desigualdades que permitan afianzar narrativas autoritarias.
Nada de derechos, nada de críticas, nada de ciudadanía. Ese es el plan.
Está en manos de la ciudadanía y de los pocos actores políticos éticos y serios que nos quedan, contribuir a bloquear el avance de la corrupción y de las mafias que buscan blindarse y generar condiciones para que la impunidad en el país se perpetúe.
Son tiempos complejos, en donde se ataca todo lo bueno, en dónde la indolencia prima y la indiferencia mata. No los dejemos seguir avanzando.
